Paulo Martínez Quiroz y Otros.

Expediente 756/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
756/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/09/2021

Partes del expediente

  • Paulo Martínez Quiroz y Otros.
  • Paulo Martínez Quiroz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    PRAL 756/2021-4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de agosto de este año, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. V. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VI. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. VII. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. VIII. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. IX. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. X. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 756/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de julio del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y, turnada a este órgano jurisdiccional el trece siguiente, 1) Paulo Martínez Quiroz y 2) Adrián Eduardo Martínez Bende, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, consistente en el auto de admisión de la demanda en el que se señala una fecha muy lejana para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones; en el expediente laboral J.32/323/2021. 1.2. La parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de catorce de julio de dos mil veintiuno se ordenó formar expediente impreso y electrónico; registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 756/2021; se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado. Tercero. Cita para audiencia. En proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos que anteceden; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49, 50 y 61 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, y la omisión se reclama de una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo y demás constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto los siguientes: De la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca: - El auto de admisión de la demanda que señaló como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones las diez horas del siete de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral J.32/323/2021, de su índice. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, y precisó que en el auto de admisión de la demanda señaló como fecha para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones las diez horas del siete de diciembre de dos mil veintiuno en el expediente laboral J. 32/323/2021 de su índice. Para acreditarlo remitió copias certificadas de diversas constancias de dicho expediente. Mismas a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Cuarto. Causal de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público. Se estima que la hipótesis de improcedencia que se actualiza es la relativa a la cesación de efectos por sustitución procesal, que enseguida se analizará: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo se está en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. El criterio en mención se encuentra inmerso en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio constitucional, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, puede consultarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Una vez que ha sido entendido lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha conferido al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado", se puede determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo contra uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Ahora, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a su vez, da la pauta para que los efectos del acto reclamado cesen, en los supuestos en que: Los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; hipótesis en la que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, Se da la sustitución de los actos procesales que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los citados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado cesan hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal se origina con el ejercicio de los medios de defensa en el proceso, dado que conllevan un nuevo análisis de la cuestión planteada que puede realizarse por la propia autoridad de origen, o bien, por el superior jerárquico o autoridad que cuenta con la jurisdicción originaria para resolver. Al respecto, cabe señalar que la Primera Sala y la otrora Tercera Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación han establecido -en criterios orientadores- que se actualiza la cesación de efectos por la sustitución procesal de actos. Algunos ejemplos de esos supuestos se precisan en las tesis siguientes: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Ahora, debe significarse que cualquier procedimiento se conforma por una serie de trámites y de actos concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado opte por combatir en la vía constitucional una determinación de alguna autoridad y ese acto se vea sustituido por otro, porque en razón del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y en la ejecutividad del acto atacado es indudable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En respaldo de las consideraciones anteriores se invoca, por analogía, la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Así como, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En el caso, atendiendo la etapa procesal en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento laboral, es inconcuso que cesaron los efectos por sustitución procesal, pues se extinguió la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con el acto reclamado en este juicio (auto de admisión de la demanda que señaló como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones las diez horas del siete de diciembre de dos mil veintiuno), ya que la Junta responsable 1] emitió otro auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, en el que dejó sin efectos la hora y día señalado para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en el expediente laboral J. 32/323/2021, de su índice y 2] señaló las nueve horas del veintiocho de septiembre del dos mil veintiuno para que tenga lugar la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Asimismo, como la autoridad responsable al rendir su informe justificado informó que se encontraba pendiente la notificación del proveído de trece de agosto del año en curso a las partes, este Juzgado dio vista a los quejosos 1) Paulo Martínez Quiroz y 2) Adrián Eduardo Martinez Bende con dicho informe y anexos, para que tuvieran conocimiento del citado auto trece de agosto del año en curso dictado el expediente laboral J. 32/323/202; del cual quedaron notificados el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Así, es inconcuso que en el momento en que la autoridad responsable dictó nuevo proveído de fecha trece de agosto del año en curso, por el cual señaló las nueve horas del veintiocho de septiembre del dos mil veintiuno para que tenga lugar la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, es decir, una fecha más cercana a la señalada en el auto de admisión reclamado, dejó sin efectos la hora y día señalado para la celebración de la citada audiencia en el expediente laboral J. 32/323/2021, de su índice; es decir, se emitió nueva determinación que sustituyó el acto reclamado en esta instancia constitucional. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, se sobresee en este juicio de amparo promovido por 1) Paulo Martínez Quiroz y 2) Adrián Eduardo Martinez Bende, con apoyo en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por 1) Paulo Martínez Quiroz y 2) Adrián Eduardo Martinez Bende, contra el acto reclamado a la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, consistente en el auto de admisión de la demanda que señala una fecha muy lejana para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones; en el expediente laboral J. 32/323/2021, de su índice, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    pral. 756/2021 mesa 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por la presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que rinde informe justificado; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 2. Pruebas. Toda vez que la autoridad responsable remite copia certificada de diversas constancias del expediente laboral J.32/323/2021; en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba documental, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio. Notifíquese. .

  4. Principal

    pral 756/2021 mesa 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por***, por propio derecho, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, depositada el doce de julio del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional el trece siguiente; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 756/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. 4. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión relativo, por no solicitarlo expresamente la parte quejosa. 5. Petición de informe justificado. Pídase informe justificado a la (s) autoridad (es) responsable(s), la(s) que deberá(n) rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba(n) la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) acompañe(n) copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; y b) que las copias sean íntegras y legibles. 5.1 Medios habilitados a las responsables para remitir comunicaciones. Con fundamento en los artículos 4 y 17 de la Constitución Federal; 3, 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo; 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus covid19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, así como presentar promociones físicamente, se requiere a las responsables que: a) envíen comunicaciones oficiales, b) reciban toda clase de notificaciones y c) acusen recibo de las que sean remitidas por este órgano jurisdiccional, mediante oficio con firma electrónica digitalizada, a través del siguiente correo electrónico institucional del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca: 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx Asimismo, se hace de su conocimiento que de existir imposibilidad para remitir vía electrónica algún oficio o constancias relativas, podrán presentarlo por conducto en el buzón judicial que se instaló en el edificio sede de este órgano jurisdiccional, dentro del horario que establece la fracción I del artículo 10 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. 5.2. Apercibimiento. 5.2.1. Con los propios fundamentos legales invocados, apercíbase a la(s) responsable(s) que, de no cumplir con lo anterior, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado (quince días) o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la resolución del juicio constitucional, o de no comunicar el cambio de situación jurídica de la parte quejosa, o de causales notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le (s) impondrá multa equivalente al importe de cien días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha de este auto. 5.3. Datos reservados. Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 17, 97, 99, 107, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) que, para el caso de exhibir documentación o información que tenga(n) el carácter de reservada o confidencial, la envíe(n) en sobre cerrado con la leyenda respectiva, como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su conservación, para lo cual expresará(n) las razones que lo justifiquen y el plazo de reserva; en tal caso, deberá(n) emitir la versión pública de las constancias que tomó(aron) en cuenta para emitir los actos reclamados. 5.3.1. Además, se hace del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de que exhiba alguna prueba documental, deberá indicar expresamente si contiene información confidencial o que deba tener un tratamiento especial, argumentando los motivos y fundamentos en los que se sustente su dicho, así como exhibirlas en sobre cerrado, a fin de proveer lo procedente. 5.4. Informe de diverso juicio de amparo. Se solicita a la(s) responsable(s) comunique(n) si la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo en relación con el acto reclamado o en el proceso penal del que deriva dicho acto; en su caso, precise(n) el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de expediente. 5.5. Causa de improcedencia. Con apoyo en el numeral 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que comuniquen cuando cesen o hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento. 6. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con catorce minutos del diez de agosto de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo. 7. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba de la quejosa, la siguiente: - Instrumental pública de actuaciones. - Presuncional en su doble aspecto legal y humana. Respecto a estas dos últimas pruebas se tienen por admitidas; por tanto, al no tener vida propia, llegado el momento procesal oportuno, se tomarán en consideración la totalidad de las actuaciones de este juicio y se deducirán las presunciones que en su favor se aprecien; como así lo ilustra la tesis XX. 305 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV, Enero de 1995, página 291, registro 209572, de rubro siguiente: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS". Por otra parte, respecto a la documental privada que dice ofrecer, no se tiene por admitida, al no exhibir documento alguno anexo a su demanda de amparo. 8. Intervención a la fiscal adscrita. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, otórguese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde y hágase de su conocimiento que la copia de la demanda de amparo y anexos quedan a su disposición en la actuaría de este Juzgado. 9. Forma de notificación a la fiscal adscrita y autoridades. Se ordena que las notificaciones que deban practicarse a a) la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional, b) autoridades responsables, c) autoridades que tengan el carácter de terceros interesados y d) autoridades que, sin tener este último carácter, deban tener intervención en este juicio de amparo, se realicen preferentemente vía correo electrónico, para lo cual, el (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado deberá enviar el oficio digitalizado mediante la utilización de la firma electrónica, y cerciorarse de las direcciones de correo electrónico de los destinatarios, para posteriormente elaborar la razón en la que conste nombre y cargo de la persona que reciba las comunicaciones oficiales que se envíen; en su caso, deberá observarse el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus sars-cov2 (covid 19)", emitido el diecisiete de abril de dos mil veinte por la Secretaría de la Función Pública. Además, se faculta al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que consulte los concentrados de correos electrónicos institucionales de las dependencias federales y de las entidades federativas, autorizados por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efectos de la práctica de notificaciones en términos de los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo. O, en su caso, para que verifique en el portal de servicios en línea si la autoridad responsable tiene celebrado convenio de interconexión pues, de ser así, podrá realizar la notificación por ese medio. Sin que ello implique la restricción para la práctica de notificaciones por oficio vía acelerada, ordinaria o personales, siempre y cuando sea necesario para la eficacia de la notificación. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades de los tres niveles, federal, estatal o municipal, que deseen incorporarse a dicho directorio, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. *** *** . Notifíquese, y cúmplase respecto de la parte tercera interesada. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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