Paulina Entzin López

Expediente 1222/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1222/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2017

Partes del expediente

  • Paulina Entzin López

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 1222/2017 M3-A#.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. Causa estado. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 8 a 13), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Paulina Entzin López, transcurrió sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. Publicación de datos personales. Como esta última no hizo manifestación alguna respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo solicite, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tiene el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y, de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la resolución dictada, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de dicha parte, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 1222/2017 3A" San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio 31299, signado por el juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, por el cual devuelve diligenciado el exhorto números de orden y origen 378/2017, del índice de este Juzgado. ...como lo solicita la autoridad oficiante, acúsese recibo vía electrónica para los efectos legales a que haya lugar. ... dése de baja en el libro de Juzgado, relativo a las comunicaciones oficiales que se llevan en este órgano jurisdiccional. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que del dieciséis al veintiuno de noviembre del año en curso, transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que señalara domicilio en la ciudad de Oaxaca de Juárez, para oír y recibir notificaciones, por haber quedado notificada el catorce de este mes (foja 35), sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete (foja 12 reverso) y, con fundamento en el numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar las determinaciones que le corresponda en este juicio por medio de lista de acuerdos que se publique en este Juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    PRAL. 1222/2017 M3-A#.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil diecisiete. Demanda de amparo y registro. Incorpórese a los autos la copia simple del oficio SGAVIII TER-34577/2017, signado por el actuario judicial de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México, con el que remite copia simple del auto de once de septiembre de este año (sic) y el original de la demanda de amparo signada por Paulina Entzin López, contra actos del gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez; lo anterior, toda vez que determinó carecer de competencia para conocer de ese juicio de amparo; consecuentemente, con apoyo en los numerales 37 y 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia para conocer de ese asunto. Acúsese recibo, fórmese expediente impreso y electrónico; anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1222/2017. Previo a la admisión de demanda de amparo, cabe destacar que de su estudio integral, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "PRIMER ACTO RECLAMADO: El CAMBIO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRADICIONAL POR UNO MODERNO DENOMINADO DIGITAL y/o ELECTRÓNICO, dictado en mi contra por la única responsable, con la amenaza de la suspensión del suministro de Energía Eléctrica que pretende efectuar esta, si no acepto dicho cambio; Esto, sin ninguna justificación lógica-jurídica; Violando todos mis Derechos y Garantías Individuales a las que como persona física y a la vez usuaria de un servicio, tengo. SEGUNDO ACTO RECLAMADO: La ORDEN DE PAGO INJUSTIFICADO y SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA dictada en mi contra por la única responsable, sin que yo haya cometido falta alguna que amerite tal acción; Precisando a su Señoría que existe, por parte de la señalada como responsable, falta de equidad y proporcionalidad con relación entre el proveedor y el consumidor en cuanto a la determinación y cuantificación del consumo de energía eléctrica, supuestamente consumida en mi domicilio, así como el cobro excesivo por el supuesto consumo de la energía eléctrica; Esto dado a la aplicación de supuestas nuevas tarifas y la lectura arbitraria que se hace en mi domicilio, por parte de la señalada como responsable, quién se basa únicamente en el conocimiento técnico de este, sin consultarme, siendo esto último, Acto de Tracto Sucesivo, que por tratarse de hechos continuos, se actualiza cada bimestre. Precisando que he venido pagando, sin justificación alguna, fuera de toda lógica-jurídica-administrativa y por cualquier arista que se vea, un recibo de energía eléctrica con cantidades excesivas, fuera de mi alcance, el cual, además, según la Comisión Federal de Electricidad, adolece de PAGOS PENDIENTES, los cuales NO ESTOY DISPUESTO A PAGAR, porque resultan a todas luces impagables." Asimismo, manifiesta que se enteró de esos actos reclamados el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis; en tanto que, en el acuerdo de dieciocho de septiembre de este año, dictado en el expediente varios 00768/2017-VDA de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hizo constar que, además de otras demandas, la promovida por la aquí quejosa Paulina Entzin López, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de ese Tribunal, el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja 2). Improcedencia de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que, en la especie, se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, de la Ley de Amparo que, en su orden y en la parte sustancial, establecen: "ARTÍCULO 61 El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.- Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.)". Ello, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, debe considerarse actualizada la prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, dado que es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de amparo; como así lo ilustra la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, Octubre de 2010, página 3028, registro 163630, cuyo rubro y texto son como sigue: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." En efecto, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis; por tanto, el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, inició el dos de enero de dos mil diecisiete y concluyó el veinte de enero de dos mil diecisiete. Lo anterior, encuentra sustento en los artículos 17, párrafo primero, y 18 de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Lo resaltado es de este Juzgado). Por lo anterior, es posible afirmar que la parte quejosa tuvo conocimiento en la fecha que cita -veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis-, por lo que el plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a transcurrir el dos de enero de este año; de ahí que los días hábiles que transcurrieron son: (1) dos, (2) tres, (3) cuatro, (4) cinco, (5) seis, (6) nueve, (7) diez, (8) once, (9) doce, (10) trece, (11) dieciséis, (12) diecisiete, (13) dieciocho, (14) diecinueve y (15) veinte de enero de dos mil diecisiete; por tanto, si la demanda de amparo origen de este expediente fue presentada el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y recibida el seis de noviembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca; es inconcuso que la demanda de amparo fue presentada cuando ya había fenecido el término legal para su presentación. No obsta que la parte quejosa, al precisar su segundo acto reclamado, refiera que la aplicación de nuevas tarifas y lectura arbitraria de la luz que se realiza en su domicilio por parte de la autoridad responsable, se trate de un acto de tracto sucesivo, por tratarse de hechos continuos y que se actualiza cada bimestre; ya que el artículo 18 de la Ley de Amparo no señala, como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, esto es, no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, por lo que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días. Sirve de apoyo la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, Octubre de 2005, página 2336, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley." Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 30, Informe 1948, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE TRACTO SUCESIVO. El quejoso no desconoce el hecho, comprobado en autos por las constancias que menciona el fallo que se revisa, de que desde el 19 de junio de 1946, conoció el acto reclamado de la citada autoridad; y ese acto no es de tracto sucesivo, como lo sostiene el agravio que se resuelve, porque siga causando perjuicios para el futuro, sino que tuvo su realización y surtió los efectos jurídicos que le son inherentes, desde que se hizo saber al agraviado, sin necesidad de nueva intervención de la autoridad, ni de la concurrencia de algún nuevo hecho o requisito posterior. Por lo tanto y estableciendo la Ley de Amparo, en su artículo 21, que el término para la interposición de la demanda será de quince días, a partir del siguiente en que el afectado se hubiere mostrado sabedor del acto reclamado, es indudable que, por no haberse acatado la prevención, la acción intentada resultó extemporánea, siendo el caso de confirmar el sobreseimiento que dictó el inferior. En consecuencia, se desecha, de plano, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo promovida por Paulina Entzin López, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal. Domicilio y notificación. Toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Primavera, esquina calle Roble, ciento treinta y cuatro (134), fraccionamiento "El Bosque", de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 116 de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto, vía electrónica (SISE), al juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales, en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda, con una copia autorizada de este auto, tenga a bien a) notificar a la quejosa Paulina Entzin López, en el domicilio aludido en líneas precedentes, y b) lo requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su notificación señale domicilio en esta población o zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, para recibir notificaciones; con apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le realizarán mediante lista de acuerdos, en términos del precepto 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en cita, y para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de esta resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de la parte quejosa, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese, mediante exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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