Paulo Javier Rodriguez Cantellano

Expediente 817/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 34 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
817/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla
  • Paulo Javier Rodriguez Cantellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 817/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Paulo Javier Rodríguez Cantellano; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado electrónicamente el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que la misma contó con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, Paulo Javier Rodríguez Cantellano, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos del 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades. La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 817/2021; y, en esa misma data, se admitió la demanda de mérito, formándose a su vez, por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, se fijaron las diez horas con treinta y cuatro minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, así como de la revisión de los informes justificados y diverso aclaratorio rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso particular, Paulo Javier Rodríguez Cantellano, en esta instancia constitucional, reclama lo siguiente: - Las órdenes de comparecencia, presentación o aprehensión decretadas en su contra, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega 30 2 Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega 34 3 Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega 29 4 Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega 33 5 Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega 35 6 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán, Puebla. Niega 52 7 Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. Niega 45 8 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Alatriste (con cabecera en Chignahuapan), Puebla. Niega 94 9 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula (con cabecera en ciudad Serdán), Puebla. Niega 73 10 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla. Niega 72 11 Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Niega 36 12 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla. Niega 77 13 Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Niega 78 14 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos (con cabecera en Libres), Puebla. Niega 53 15 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla. Niega 103 16 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tecali, Puebla. Niega 44 17 Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. Niega 40 18 Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. Niega 93 19 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tetela, Puebla. Niega 106 20 Juzgado de lo Civil y lo Penal del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla. Niega 58 21 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla. Niega 54 22 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla. Niega 107 23 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla. Niega 113 24 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla. Niega 83 25 Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega 39 Las autoridades responsables señaladas en la tabla anterior, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Paulo Javier Rodríguez Cantellano, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción..Así lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Zeus Islas González, secretario quien autoriza y da fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 817/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Paulo Javier Rodríguez Cantellano; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado electrónicamente el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que la misma contó con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, Paulo Javier Rodríguez Cantellano, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos del 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades. La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 817/2021; y, en esa misma data, se admitió la demanda de mérito, formándose a su vez, por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, se fijaron las diez horas con treinta y cuatro minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, así como de la revisión de los informes justificados y diverso aclaratorio rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso particular, Paulo Javier Rodríguez Cantellano, en esta instancia constitucional, reclama lo siguiente: - Las órdenes de comparecencia, presentación o aprehensión decretadas en su contra, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega 30 2 Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega 34 3 Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega 29 4 Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega 33 5 Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega 35 6 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán, Puebla. Niega 52 7 Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. Niega 45 8 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Alatriste (con cabecera en Chignahuapan), Puebla. Niega 94 9 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula (con cabecera en ciudad Serdán), Puebla. Niega 73 10 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla. Niega 72 11 Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Niega 36 12 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla. Niega 77 13 Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Niega 78 14 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos (con cabecera en Libres), Puebla. Niega 53 15 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla. Niega 103 16 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tecali, Puebla. Niega 44 17 Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. Niega 40 18 Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. Niega 93 19 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tetela, Puebla. Niega 106 20 Juzgado de lo Civil y lo Penal del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla. Niega 58 21 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla. Niega 54 22 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla. Niega 107 23 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla. Niega 113 24 Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla. Niega 83 25 Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega 39 Las autoridades responsables señaladas en la tabla anterior, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Paulo Javier Rodríguez Cantellano, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción..

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y del estado procesal de autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra fijada para las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; no obstante, resulta evidente que no podrá celebrarse en esa fecha dado a que no median los ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa se imponga del contenido de los informes justificados aportados por las responsables. Lo anterior, pues la notificación a la parte quejosa del informe justificado correspondiente a la autoridad responsable 23. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, fue generada automáticamente el catorce de octubre de dos mil veintiuno, de ahí que dicho término (ocho días), transcurrirá del quince al veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, En ese sentido, se ordena el diferimiento de la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con treinta y cuatro minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno para su celebración. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveídos de primero, nueve y diez de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables: 5. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, 10. Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, 12. Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla y 13. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, quienes negaron el acto reclamado por Paulo Javier Rodríguez Castellano y/o Castellanos, cuando el aquí quejoso es Paulo Javier Rodríguez Cantellano; sin embargo, se estima que se trata de un error mecanográfico. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.3/2004, de la literalidad siguiente: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe la necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite el número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden". Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil veintiuno. I. INFORME JUSTIFICADO. Intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable: 23. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. II. DIFERIMIENTO ANTICIPADO. Finalmente, se advierte que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las nueve horas con veintidós minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, resulta evidente que no habrán transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a las partes en este asunto con el informe justificado de la autoridad responsable: 23. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, la audiencia constitucional antes indicada, se difiere anticipadamente y, en su lugar, se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

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