Paulo Javier Rodriguez Cantellano
Expediente 118/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 39 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 27/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Paulo Javier Rodriguez Cantellano
- Agente del Ministerio Público Adscrito A la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B" de la Fisclía General del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (fojas 478 a 480), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del treinta y uno de octubre al veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para realizar la devolución de documentos originales, en virtud de que no obra alguno en el presente expediente. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B" de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el anexo I que se formó con copia certificada de la carpeta de investigación CDI 1/2017/DGIHC-B de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada mediante proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 464), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual no fue desahogada por la parte quejosa, dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 257 a 283), se concedió el amparo a Paulo Javier Rodríguez Cantellano para que la agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B" de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado, porque el acto reclamado atenta contra las garantías y derechos fundamentales consagrados en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B", una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, deberá realizar lo siguiente: 1. DEJAR INSUBSISTENTE el acuerdo pronunciado el nueve de enero de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación NIC CDI: 1/2017/DGIHC-B, mediante el cual se ordenó asegurar, entre otros documentos, los protocolos relativos a los volúmenes CCXXXVIII y CCXLVI, de la Notaria Pública Número Uno de Tepeaca, Puebla, de la que es titular el aquí quejoso. 2. En su lugar, CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DEBERÁ EMITIR UN NUEVO PROVEÍDO, en el que reitere las consideraciones que no fueron materia de esta concesión (por no haberse combatido); y de manera fundada y motivada, resuelva sobre el aseguramiento de los protocolos indicados. En la inteligencia de que, en caso, de que estime procedente decretar nuevamente su aseguramiento, la responsable deberá exponer si son instrumento, objeto o producto del delito (o, en todo caso si reúnen más de una esas calidades), o si en ellos existen huellas del delito o pudieran tener relación con aquél y las razones que la llevaron a esa conclusión; esto es, las circunstancias especiales o causa inmediatas que tomó en cuenta para ubicarlos en cualquiera de las hipótesis indicadas y los datos de prueba que sustenta su conclusión. 3. NOTIFICAR ese nuevo acuerdo de manera personal al hoy inconforme. Cabe indicar, que para cumplimentar el fallo protector, el representante social queda constreñido a atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia." Inconforme con dicha resolución la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B" de la Fiscalía General del Estado de Puebla interpuso recurso de revisión (fojas 309 a 316), al cual se adhirió el peticionario de amparo (fojas 331 a 334); medios de impugnación que correspondieron al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; autoridad que los radicó con el número R-209/2018 de su índice (foja 372), los admitió a trámite; y, por ejecutoria de trece de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 379 a 417), confirmó la sentencia sujeta a revisión; por lo que en acuerdo de veintiséis de septiembre del presente año (fojas 418 y 419), se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por oficio DGIHC-B/80/2018 de dos de octubre de dos mil dieciocho (foja 440), la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B" de la Fiscalía General del Estado de Puebla remitió copia autorizada de la resolución emitida el veintiocho de septiembre del año que transcurre y su notificación al quejoso (fojas 442 a 451), con la que pretendió cumplir con la sentencia de amparo. Sin embargo, del análisis de dicha determinación ministerial, este juzgado advirtió que la autoridad responsable citada no observó los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, en virtud de que emitió una resolución en el mismo sentido que la reclamada pero no purgó los vicios destacados en el fallo protector, por lo que en acuerdo de tres de octubre del año actual (fojas 452 a 454), se requirió nuevamente a la representante social responsable para que dejara sin efecto la resolución reclamada, así como la diversa con la que pretendió cumplir la sentencia protectora y en su lugar dictara otra resolución en la que observara todos los efectos de la ejecutoria de mérito. En cumplimiento a lo anterior, por oficio DGIHC-B/84/2018 de cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 457) la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B" de la Fiscalía General del Estado de Puebla remitió copia autorizada de la resolución emitida el cuatro de octubre de la presente anualidad, en la carpeta de investigación 01/2017/DGIHC-B de su índice, así como su notificación al quejoso (fojas 459 a 463). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B" de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó lo siguiente: 1. En determinación ministerial de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dejó sin efecto el acuerdo de nueve de enero de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación NIC CDI: 1/2017/DGIHC-B, mediante el cual aseguró, entre otros documentos, los protocolos relativos a los volúmenes CCXXXVIII y CCXLVI, de la Notaria Pública Número Uno de Tepeaca, Puebla, de la que es titular el aquí quejoso; así como la diversa resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, con la que pretendió cumplir con la sentencia de amparo (fojas 460 y 461). 2. Dictó otra resolución en sentido diverso que la reclamada, en virtud de que la representante social responsable determinó que ya no es necesario conservar los protocolos relativos a los volúmenes CCXXXVIII y CCXLVI, de la Notaria Pública Número Uno de Tepeaca, Puebla, de la que es titular el aquí quejoso, en virtud de que practicó las diligencias necesarias respecto de dichos documentos, por lo que ordenó devolverlos a Paulo Javier Rodríguez Cantellano, para lo cual, citó al quejoso de mérito para que compareciera ante la autoridad responsable a las doce horas del ocho de octubre de dos mil dieciocho, para hacerle entrega personal de los documentos descritos (foja 461). 3. El cinco de octubre de dos mil dieciocho, notificó dicha resolución al quejoso (foja 462), por conducto de Ricardo Gil García (quien aparece como autorizado de la parte quejosa para recibir notificaciones en la demanda de garantías). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- se notifica por medio de lista a la parte quejosa la resolución de veintitrés de octubre de 2018 que en lo conducente dice: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada mediante proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 464), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual no fue desahogada por la parte quejosa, dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 257 a 283), se concedió el amparo a Paulo Javier Rodríguez Cantellano para que la agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B" de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado, porque el acto reclamado atenta contra las garantías y derechos fundamentales consagrados en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B", una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, deberá realizar lo siguiente: 1. DEJAR INSUBSISTENTE el acuerdo pronunciado el nueve de enero de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación NIC CDI: 1/2017/DGIHC-B, mediante el cual se ordenó asegurar, entre otros documentos, los protocolos relativos a los volúmenes CCXXXVIII y CCXLVI, de la Notaria Pública Número Uno de Tepeaca, Puebla, de la que es titular el aquí quejoso. 2. En su lugar, CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DEBERÁ EMITIR UN NUEVO PROVEÍDO, en el que reitere las consideraciones que no fueron materia de esta concesión (por no haberse combatido); y de manera fundada y motivada, resuelva sobre el aseguramiento de los protocolos indicados. En la inteligencia de que, en caso, de que estime procedente decretar nuevamente su aseguramiento, la responsable deberá exponer si son instrumento, objeto o producto del delito (o, en todo caso si reúnen más de una esas calidades), o si en ellos existen huellas del delito o pudieran tener relación con aquél y las razones que la llevaron a esa conclusión; esto es, las circunstancias especiales o causa inmediatas que tomó en cuenta para ubicarlos en cualquiera de las hipótesis indicadas y los datos de prueba que sustenta su conclusión. 3. NOTIFICAR ese nuevo acuerdo de manera personal al hoy inconforme. Cabe indicar, que para cumplimentar el fallo protector, el representante social queda constreñido a atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia." Inconforme con dicha resolución la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B" de la Fiscalía General del Estado de Puebla interpuso recurso de revisión (fojas 309 a 316), al cual se adhirió el peticionario de amparo (fojas 331 a 334); medios de impugnación que correspondieron al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; autoridad que los radicó con el número R-209/2018 de su índice (foja 372), los admitió a trámite; y, por ejecutoria de trece de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 379 a 417), confirmó la sentencia sujeta a revisión; por lo que en acuerdo de veintiséis de septiembre del presente año (fojas 418 y 419), se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por oficio DGIHC-B/80/2018 de dos de octubre de dos mil dieciocho (foja 440), la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B" de la Fiscalía General del Estado de Puebla remitió copia autorizada de la resolución emitida el veintiocho de septiembre del año que transcurre y su notificación al quejoso (fojas 442 a 451), con la que pretendió cumplir con la sentencia de amparo. Sin embargo, del análisis de dicha determinación ministerial, este juzgado advirtió que la autoridad responsable citada no observó los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, en virtud de que emitió una resolución en el mismo sentido que la reclamada pero no purgó los vicios destacados en el fallo protector, por lo que en acuerdo de tres de octubre del año actual (fojas 452 a 454), se requirió nuevamente a la representante social responsable para que dejara sin efecto la resolución reclamada, así como la diversa con la que pretendió cumplir la sentencia protectora y en su lugar dictara otra resolución en la que observara todos los efectos de la ejecutoria de mérito. En cumplimiento a lo anterior, por oficio DGIHC-B/84/2018 de cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 457) la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B" de la Fiscalía General del Estado de Puebla remitió copia autorizada de la resolución emitida el cuatro de octubre de la presente anualidad, en la carpeta de investigación 01/2017/DGIHC-B de su índice, así como su notificación al quejoso (fojas 459 a 463). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B" de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó lo siguiente: 1. En determinación ministerial de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dejó sin efecto el acuerdo de nueve de enero de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación NIC CDI: 1/2017/DGIHC-B, mediante el cual aseguró, entre otros documentos, los protocolos relativos a los volúmenes CCXXXVIII y CCXLVI, de la Notaria Pública Número Uno de Tepeaca, Puebla, de la que es titular el aquí quejoso; así como la diversa resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, con la que pretendió cumplir con la sentencia de amparo (fojas 460 y 461). 2. Dictó otra resolución en sentido diverso que la reclamada, en virtud de que la representante social responsable determinó que ya no es necesario conservar los protocolos relativos a los volúmenes CCXXXVIII y CCXLVI, de la Notaria Pública Número Uno de Tepeaca, Puebla, de la que es titular el aquí quejoso, en virtud de que practicó las diligencias necesarias respecto de dichos documentos, por lo que ordenó devolverlos a Paulo Javier Rodríguez Cantellano, para lo cual, citó al quejoso de mérito para que compareciera ante la autoridad responsable a las doce horas del ocho de octubre de dos mil dieciocho, para hacerle entrega personal de los documentos descritos (foja 461). 3. El cinco de octubre de dos mil dieciocho, notificó dicha resolución al quejoso (foja 462), por conducto de Ricardo Gil García (quien aparece como autorizado de la parte quejosa para recibir notificaciones en la demanda de garantías). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a las presentes actuaciones el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B" de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el que remite copia cotejada de la entrevista e identificación practicada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, al aquí quejoso Paulo Javier Rodríguez Cantellano, dentro de la carpeta de investigación NIC CDI: 01/2017/DGIHC-B; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud que en auto de nueve de los referidos mes y año (foja 464), se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. CÚMPLASE.
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