Paulita Olidia Avendaño Vazquez

Expediente 629/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
629/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
24/11/2016

Partes del expediente

  • Paulita Olidia Avendaño Vazquez
  • Francisco de Jesús Avendaño Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte promovente, no impugnó el auto en el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En el caso, toda vez que se tuvo por desechada la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de cinco años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista de la determinación de trece de octubre de dos mil dieciséis, al no haber comparecido a notificarse de manera personal. Auto de 13-10-16 Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por ***, con el cual desahogan los requerimientos que se le formularon mediante proveído de veintisiete de septiembre del presente año (fojas 43 a 47). II. Precisión del acto reclamado y fecha de conocimiento. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente hace consistir en los actos reclamados los siguientes: "4. A la primera autoridad señalada como responsable JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACUÑA, COAHUILA, Le reclamamos el ilegal auto de fecha cuatro de diciembre del dos mil quince foja 226 en el expediente Civil NO.750/2003 mediante el cual se ordena la admisión del Incidente de partición de la masa hereditaria resuelta bajo el número estadístico 5/2016 en el Juzgado de Primera Instancia Civil la substanciación del proceso, admisión de pruebas e ilegal valoración de las mismas, y la emisión de la sentencia definitiva de partición número 5/2016 relativo a dicho expediente, así como la posible e ilegal escrituración inequitativa de los derechos hereditarios de nuestros padres los CC. Francisco de Jesus Avendaño Ruiz e Hilda Romelia Vásquez Medina, pues con la muerte de los mismos todos los herederos adquirimos la calidad de copropietarios y el Juez de la causa pretende individualizar la propiedad, pasando por alto la proporción alícuota de la indivisibilidad de la propiedad¡ en dicha sentencia y los cuales corresponden al inmueble que se describe como lote 17, manzana 63, zona 6, con una superficie de 1463 metros cuadrados, ubicado en la calle Donato Guerra(actualmente calle Cuauhtémoc) numero 1620 norte de la Ciudad de Acuña, Coahuila, con las medidas y colindancias siguientes: al Noreste 40.65 metros y colinda con calle Rivera del rio Bravo, al sureste 40.00 metros y colinda con lote 18; al suroeste 26.14 metros y colinda con calle Donato guerra y lote 19 y al noroeste 50.60 con lote 27, con una superficie de 1,463.00 metros cuadrados inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la misma ciudad de Acuña, Coahuila, bajo la partida número 9343, libro 18 A, Sección I de fecha 5 de Noviembre de 1990 a nombre de nuestra madre Hilda Romelia Vázquez Medina y del que nos aludimos violentados en nuestros derechos como legítimos herederos de los bienes inmuebles, según consta en el peritaje de fecha 26 de Septiembre de 2016, emitido por el Arquitecto Irineo D. Castañeda Galván, perito en la materia y que exhibe a este Tribunal anexo a esta demanda de garantías y de ser ejecutados son actos que modifican crean y extinguen situaciones jurídicas, afectando los derechos de los suscritos, pues podría entenderse dicha sentencia si todos los herederos la firmásemos y la sometiéramos al juzgador, pues sería nuestra voluntad superior y en cierta forma fictamente repudiando la parte proporcional, situación que no aconteció, tal como lo establece el artículo 1115 del Código de Procedimientos Civiles de Coahuila vigente, Violentado, pues arbitrariamente se distribuyó a los intereses de los promoventes de la partición que ventajosamente y a su arbitrio violaron el debido proceso, pues carecían de la dirección y arbitrio del Juez quien está obligado en todo momento a vigilar el debido proceso. Trasgrediendo con su actuar el Juez y secretario de acuerdos el artículo 12 del Código Procesal Civil vigente. Pues dicho actuar del Juzgador nos acarea conflictos a los copropietarios es decir el juzgador al no tomarnos en cuenta en su conjunto, pues nuestra hermana Hilda Romelia Avendaño Vázquez ha hecho uso y disfrute del bien que se le adjudicó en la repartición, ha rentado dicha propiedad por años para ser exactos desde el 2003 y pues las ganancias correspondientes a la masa hereditaria, y el juez de la causa no le requirió de conformidad con el artículo 1111 del Código en comento; actualmente hemos estado siendo molestados por la misma, pues pretende despojarnos del uso del servicio del agua potable y de la entrada a la propiedad, aunado que el juez de la causa no ha ordenado que se ejecute la sentencia, pues dicha repartición es inviable y poco distributiva en sus medidas y colindancias por lo que de ejecutarse nos acarrearía problemas de difícil reparación; es por lo anterior que acudimos a esta H. Autoridad para que se nos protejan nuestros derechos humanos y garantías consagradas en nuestra carta magna. 5. El ilegal auto de fecha dos de octubre de dos mil quince, donde se remueve a la quejosa Paulita Olidia, sin la presencia de los quejosos y así mismo la ausencia del ministerio público, pues este representa a los ausentes, violentando el juzgador nuestros derechos y el debido proceso, pues debería suspenderse la audiencia, ya que no se encontraban presentes todos los herederos y en ausencia de estos el ministerio público, violentando el artículo 1054 Fracción II, fojas 208 y 209, anexos en copia simple a la presente demanda de garantías. 6. El ilegal auto de fecha tres de agosto de dos mil quince, donde se admite el incidente de remoción de albacea, sin sustanciarlo, pues de los mismos autos se desprende que solo son dos bienes inmuebles y que no hay joyas dinero, frutos, por lo que la promovente de manera infundada tramita el improcedente recurso y el juez de la causa lo admite indebidamente, a sabiendas que no hay rendición de cuentas, pues a la nueva albacea como obra en autos desde su nombramiento jamas rinde cuentas, pues no las rinde porque no las hay, mas sin embargo a la quejosa Paulita Olidia Avendaño Vazquez si fue removida por el juez de la causa por este motivo, actuando parcialmente, como de los mismos autos se desprende del Exp 750/2003. Máxime que la nueva albacea y última tiene arrendando el inmueble que ella misma se adjudicó desde el 2003 sin rendir cuentas a la suscrita en su momento ni a la autoridad. 7. El ilegal auto de fecha 29 de Octubre del año dos mil catorce donde la abogada de la contra parte se ostenta como abogada de la quejosa la ***, visible a fojas 182 y 183, y en ningún momento obra en autos que la abogada la ***defensora de oficio tenga ese carácter, sin embargo el juez de la causa admite su intervención, es apreciable que dicha profesionista litiga a su albitrio, pues en los autos se aprecia sus mismos formatos de las dos partes, aunado lo anterior el juzgador la autoriza sin acreditar el carácter de abogada patrona de la quejosa ***, copia simple que se anexa de dicho auto a la presente demanda de garantías.". Asimismo, del escrito aclaratorio manifestó como actos reclamados los siguientes: "QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, nos permitimos precisar a esta autoridad y a fin de dar cumplimiento con la prevención marcada con el inciso (a).- Los actos que se reclaman a cada autoridad responsable Primera Autoridad Responsable.- JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA. Son los vertidos en nuestro apartado de demanda de garantías señalados como actos reclamados y enumerados con los números 4, 5, 6 y 7, permitiéndonos precisar el numeral número 4 bajo los siguientes términos: En el acto reclamado marcado con número 4 se reclama al juez de primera instancia en materia civil del distrito judicial de Acuña, Coahuila: a).- La ilegal auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince foja 226 en el expediente civil número 750/2003, mediante el cual se ordena la admisión del incidente de partición. b).- La ilegal sentencia de partición número 5/2016 del expediente en cuestión 750/2003, ya que de ejecutarse nos acarearía daños de difícil reparación, ambos actos plasmados en el numeral marcado con el número 4 y que en este acto se particularizan, para mejor proveer. Segunda autoridad responsable, actuarios de Primera instancia Civil del distrito Judicial de Ciudad Acuña, Coahuila se les reclama: Los actos marcados con el numeral 5 y 6 la ilegal notificación de los autos de fecha dos de Octubre de dos mil quince y el auto de fecha tres de agosto de dos mil quince ambos descritos en los actos reclamados 5 y 6." A su vez, en respuesta a la prevención identificada bajo el inciso c), referente a la fecha en que tuvo conocimiento de los actos que reclama, señaló lo que a continuación se transcribe: "Bajo protestad de decir verdad manifestamos que tuvimos conocimiento de todos y cada uno de los actos que reclamamos el último día para apelar la sentencia en fecha 26 de Febrero de 2016 y en vista de esa premura y de no tener la oportunidad de defendernos en su momento oportuno es que conociendo las irregularidades que se consignan en el expediente 750/2003, es que acudimos al amparo y protección de la Justicia Federal, y por desconocimiento de los términos y fechas no tuvimos la oportunidad de promover el amparo directo. Se nos tenga por dando cumplimiento a la prevención marcada con la letra c)." III. Se desecha demanda de amparo indirecto. Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El precepto 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: *** Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos noventa y ocho, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: *** Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: *** En el caso concreto, del análisis del presente juicio de amparo quien resuelve, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior, resulta necesario traer a colación el contenido del numeral invocado, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos...". De igual manera, cabe destacar que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Los preceptos legales transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. Así las cosas, el primer párrafo del ordinal referido en primer término, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija aquel acto; o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, en su caso, al día siguiente en que el promovente se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, prevé las excepciones a la regla general, esto es: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, el acto reclamado en la demanda de amparo no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17; por ende, debe atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del consabido artículo. Bajo esa guisa, resulta inconcuso que el solicitante del amparo, contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de la Materia. Se arriba a dicha determinación, pues resulta inconcuso que el acto de autoridad que se refuta de inconstitucional, como ya se dijo, no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se está impugnando una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, tampoco, se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, ni se trata de aquellos actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni mucho menos, se trata de un acto reclamado que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Una vez precisado lo anterior, se reitera, la parte quejosa contaba con el término de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la ley de la materia, concatenado con el diverso 18 del citado cuerpo de leyes, en el cual se previenen diversas hipótesis a partir de las cuales inicia el lapso de tiempo para la presentación de la demanda de amparo, esto es, aquélla debe presentarse dentro del término de quince días. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de dos mil diez, página mil novecientos treinta y uno, materia común, registro 165582, que a la letra dice: **** Se destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse oportunamente la demanda de amparo, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable, en virtud de la que, en fecha precisa, haga saber al agraviado el acto reclamado; en la inteligencia, que las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto la parte quejosa no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda forma de computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha, de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo los conoció en forma directa, plena y completa; es decir, de manera integral, según lo sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y uno, consultable en la página ciento cincuenta, registro 222086, que dice: *** Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos, implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la que manifiesta que sabe de la existencia del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque supone la fecha en que se ostenta sabedor de que el acto reclamado le perjudica. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedora del mismo, de tal manera que basta con que el solicitante de amparo, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la parte quejosa se hizo sabedor del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193-198 primera parte, página setenta y uno, con número de registro 232213, que se lee como sigue: *** Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se observa que no guardan un orden de preferencia; por tanto, la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral, lo que autoriza afirmar que aún cuando exista manifestación expresa de la parte quejosa en cuanto a la fecha de conocimiento del acto reclamado o bien, constancia de notificación respectiva, de la resolución o acuerdo que se reclame, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedora de los mismos; según lo confirma el criterio aislado emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 217-228 cuarta parte, página ciento cinco, registro 239520, materia común, que dice: *** Tiene aplicación la jurisprudencia 1ª./J 30/2007, que resolvió la contradicción de tesis 24/2006-PS, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y seis, tomo XXV, mayo de dos mil siete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 172550, que establece: *** Precisado lo anterior, en la especie la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó en su escrito aclaratorio de demanda que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, manifestación que se estima legal y, por ende, válida para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, en virtud de que esa confesión hace prueba plena de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. En razón de lo expuesto, cabe precisar que el término para impugnar el acto reclamado transcurrió al día siguiente hábil de que se ostentó saber de ellos, es decir, del veintinueve de febrero al dieciocho de marzo de dos mil dieciséis; sin contar para dicho cómputo los días inhábiles, a saber, veintisiete y veintiocho de febrero, cinco, seis, doce y trece de marzo de dos mil dieciséis, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, resulta irrefutable que al haberse presentado la demanda de amparo que dio origen al presente juicio hasta el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues la demanda se promovió fuera del término de quince días a que se refiere el ordinal 17 del ordenamiento legal en cita, dado que el cómputo para la presentación de la misma transcurrió en exceso, tal y como se aprecia del cómputo supraindicado. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. III. Protección de datos personales. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , difundida mediante el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente.

  3. Principal

    notificación personal

  4. Principal

    El día de hoy queda notificada la parte promovente Francisco de Jesús Avendaño Vázquez por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio de amparo 629/2016 que dice: ". Se presenta demanda. Vista la demanda de amparo promovida por *** y ******, contra actos de la autoridad responsable denominada Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, y otra autoridad. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 629/2016, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). III. Prevención. Ahora bien, respecto a la solicitud de los promoventes en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca el artículo 114, que establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". El normativo anterior dispone previo a acordar sobre la admisión de la demanda, estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren irregularidades en el mismo. Así, del estudio integral de la demanda que se provee, se advierte la falta de requisitos formales, los cuales son necesarios para el análisis de la viabilidad de la admisión de la demanda. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia número I.4o.C. 26 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página sesenta y tres, tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 220365, que establece: *** Por lo tanto, a efecto de estar en aptitud de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II, y IV, en relación con el numeral 108 , fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad: a) Precise el acto que reclama a cada autoridad responsable. Lo anterior es así, en virtud de que en el apartado correspondiente del escrito de demanda, señala como acto reclamado lo que a continuación se transcribe: "4. A la primera autoridad señalada como responsable JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACUÑA, COAHUILA, Le reclamamos el ilegal auto de fecha cuatro de diciembre del dos mil quince foja 226 en el expediente Civil NO.750/2003 de mediante el cual se ordena la admisión del Incidente de partición de la masa hereditaria resuelta bajo el número estadístico 5/2016 en el Juzgado de Primera Instancia Civil la substanciación del proceso, admisión de pruebas e ilegal valoración de las mismas, y la emisión de la sentencia definitiva de partición número 5/2016 relativo a dicho expediente, así como la posible e ilegal escrituración inequitativa de los derechos hereditarios de nuestros padres los CC. Francisco de Jesus Avendaño Ruiz e Hilda Romelia Vásquez Medina, pues con la muerte de los mismos todos los herederos adquirimos la calidad de copropietarios y el Juez de la causa pretende individualizar la propiedad, pasando por alto la proporción alícuota de la indivisibilidad de la propiedad¡ en dicha sentencia y los cuales corresponden al inmueble que se describe como lote 17, manzana 63, zona 6, con una superficie de 1463 metros cuadrados, ubicado en la calle Donato Guerra(actualmente calle Cuauhtémoc) numero 1620 norte de la Ciudad de Acuña, Coahuila, con las medidas y colindancias siguientes: al Noreste 40.65 metros y colinda con calle Rivera del rio Bravo, al sureste 40.00 metros y colinda con lote 18; al suroeste 26.14 metros y colinda con calle Donato guerra y lote 19 y al noroeste 50.60 con lote 27, con una superficie de 1,463.00 metros cuadrados¡ inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la misma ciudad de Acuña, Coahuila, bajo la partida número 9343, libro 18 A, Sección I de fecha 5 de Noviembre de 1990 a nombre de nuestra madre Hilda Romelia Vázquez Medina y del que nos aludimos violentados en nuestros derechos como legítimos herederos de los bienes inmuebles, según consta en el peritaje de fecha 26 de Septiembre de 2016, emitido por el Arquitecto Irineo D. Castañeda Galván, perito en la materia y que exhibe a este Tribunal anexo a esta demanda de garantías y de ser ejecutados son actos que modifican crean y extinguen situaciones jurídicas, afectando los derechos de los suscritos, pues podría entenderse dicha sentencia si todos los herederos la firmásemos y la sometiéramos al juzgador, pues sería nuestra voluntad superior y en cierta forma fictamente repudiando la parte proporcional, situación que no aconteció, tal como lo establece el artículo 1115 del Código de Procedimientos Civiles de Coahuila vigente, Violentado, pues arbitrariamente se distribuyó a los intereses de los promoventes de la partición que ventajosamente y a su arbitrio violaron el debido proceso, pues carecían de la dirección y arbitrio del Juez quien está obligado en todo momento a vigilar el debido proceso. Trasgrediendo con su actuar el Juez y secretario de acuerdos el artículo 12 del Código Procesal Civil vigente. Pues dicho actuar del Juzgador nos acarea conflictos a los copropietarios es decir el juzgador al no tomarnos en cuenta en su conjunto, pues nuestra hermana Hilda Romelia Avendaño Vázquez ha hecho uso y disfrute del bien que se le adjudicó en la repartición, ha rentado dicha propiedad por años para ser exactos desde el 2003 y pues las ganancias correspondientes a la masa hereditaria, y el juez de la causa no le requirió de conformidad con el artículo 1111 del Código en comento; actualmente hemos estado siendo molestados por la misma, pues pretende despojarnos del uso del servicio del agua potable y de la entrada a la propiedad, aunado que el juez de la causa no ha ordenado que se ejecute la sentencia, pues dicha repartición es inviable y poco distributiva en sus medidas y colindancias por lo que de ejecutarse nos acarrearía problemas de difícil reparación; es por lo anterior que acudimos a esta H. Autoridad para que se nos protejan nuestros derechos humanos y garantías consagradas en nuestra carta magna. 5. El ilegal auto de fecha dos de octubre de dos mil quince, donde se remueve a la quejosa Paulita Olidia, sin la presencia de los quejosos y así mismo la ausencia del ministerio público, pues este representa a los ausentes, violentando el juzgador nuestros derechos y el debido proceso, pues debería suspenderse la audiencia, ya que no se encontraban presentes todos los herederos y en ausencia de estos el ministerio público, violentando el artículo 1054 Fracción II, fojas 208 y 209, anexos en copia simple a la presente demanda de garantías. 6. El ilegal auto de fecha tres de agosto de dos mil quince, donde se admite el incidente de remoción de albacea, sin sustanciarlo, pues de los mismos autos se desprende que solo son dos bienes inmuebles y que no hay joyas dinero, frutos, por lo que la promovente de manera infundada tramita el improcedente recurso y el juez de la causa lo admite indebidamente, a sabiendas que no hay rendicion de cuentas, pues a la nueva albacea como obra en autos desde su nombramiento jamas rinde cuentas, pues no las rinde porque no las hay, mas sin embargo a la quejosa Paulita Olidia Avendaño Vazquez si fue removida por el juez de la causa por este motivo, actuando parcialmente, como de los mismos autos se desprende del Exp 750/2003. Máxime que la nueva albacea y ultima tiene arrendando el inmueble que ella misma se adjudicó desde el 2003 sin rendir cuentas a la suscrita en su momento ni a la autoridad. 7. El ilegal auto de fecha 29 de Octubre del año dos mil catorce donde la abogada de la contra parte se ostenta como abogada de la quejosa la C Paulita Olidia, visible a fojas 182 y 183, y en ningún momento obra en autos que la abogada la C.Guadalupe Galvan Ortiz defensora de oficio tenga ese carácter, sin embargo el juez de la causa admite su intervención, es apreciable que dicha profesionista litiga a su albitrio, pues en los autos se aprecia sus mismos formatos de las dos partes, aunado lo anterior el juzgador la autoriza sin acreditar el carácter de abogada patrona de la quejosa ***, copia simple que se anexa de dicho auto a la presente demanda de garantías.". Al respecto debe decirse que de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo solo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los término en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicio de garantías. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochocientos setenta y uno, tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 202853, de rubro y texto: *** b) Señale la etapa procesal en la que se encuentra el Juicio Civil 750/2003, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Sobre el tema cobra aplicación la jurisprudencia 1ª./J. 64/2015, de la Primera Sala, consultable en la página setecientos setenta y tres, libro 24, noviembre de dos mil quince, tomo I, Décima Época, con registro electrónico 2010471, que dice: *** c) Refiera la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de los actos que reclama. Lo anterior, en virtud que del escrito de demanda no se advierte. Sobre el tema sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 334/2013, consultable en la página mil setenta y nueve, Libro 3, Febrero de dos mil catorce, Tomo II, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, con número de registro 2005636 , del rubro y texto: *** Por tal razón, es necesario que los peticionarios de amparo den cumplimiento a lo antes descrito para iniciar el trámite de este juicio constitucional; asimismo, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberán acompañar las copias necesarias -ocho- del escrito con el que desahoguen dicha prevención, para correr traslado a las partes. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis número P/J.36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y nueve, tomo XIII, Abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario, a la letra dice: *** Con el apercibimiento que de no cumplir con las prevenciones realizadas, exhibiendo las copias del escrito en que la desahogue para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . VI. Domicilio y autorizado. Se tiene como autorizado en los amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, y únicamente para oír y recibir notificaciones a *** VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona al oficial administrativo correspondiente para realizar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones de sentencias y toda información relacionada con el expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes"; lo anterior, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.

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