Paulina Guadalupe Gómez Miranda

Expediente 648/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
648/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Paulina Guadalupe Gómez Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio que remite el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada por ese Alto Tribunal, en el conflicto competencial 7/2021. 2. Acuerdo. De la ejecutoria de mérito se advierte que la superioridad resolvió: PRIMERO. Es competente la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, para conocer de la demanda de amparo promovida por P.G.G.M., contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, consistentes en las omisiones de una efectiva ejecución del "Programa Prensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad"; y, de adaptar las Reglas de Operación durante la pandemia, originada con motivo del SARS-CoV2 (Covid-19). SEGUNDO. Con testimonio de la presente resolución remítase el juicio de amparo a la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad. TERCERO. Envíese copia autorizada de la presente resolución al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras. 2.1 Acuse. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y acúsese el recibo correspondiente. 3. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido, toda vez que este expediente se considera un expediente auxiliar de conformidad con la fracción XIX del numeral 3°, en razón que es un cuaderno de antecedentes que contiene actuaciones procesales vinculadas al procedimiento que conoció este órgano jurisdiccional, pues, se resolvió el asunto planteado por haberse declarado este Juzgado legalmente incompetente para conocer del mismo. 3.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3°, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente expediente judicial se trata de un cuaderno de antecedentes creado con motivo a la incompetencia dictada en auto inicial, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, se encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a) del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 3.2 Destino. Por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. 3.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 351 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, mediante el cual comunica que se rechazó la competencia planteada por este juzgado de Distrito el veintiuno de octubre de dos mil veinte, por los motivos que refiere. 2. Conflicto competencial. Al respecto, este órgano jurisdiccional reitera que carece de competencia para conocer de la demanda de garantías por las consideraciones aducidas en el citado proveído para declinar la misma, toda vez que si bien los actos reclamados consistentes en: Del titular del Ejecutivo Federal, la difusión y emisión de lineamientos, anuncios y acciones tendientes a establecer la operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Bajo el entendido de que si bien ha realizado actos de promoción, difusión, y esfuerzos políticos desde el once de enero de dos mil diecinueve e inclusive desde la toma de poder en el cargo, dichos beneficios sociales (ahora de rango constitucional y ya antes convencional) no se han visto reflejados en la hoy quejosa. (.) Así también se le hace responsable de la omisión de adaptar las Reglas de Operación del señalado Programa durante la vigencia de la Pandemia que atravesamos, a efecto de favorecer a las Personas con Discapacidad que no gozan del beneficio que confiere el mandato constitucional. De la Secretaría del Bienestar, la creación en el año dos mil diecinueve del "Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad", así como la posterior emisión del "Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente" de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, abrogado y sustituido en cinco de febrero de dos mil veinte, para gozar de vigencia las "Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el Ejercicio Fiscal 2020", cuya constitucionalidad se cuestiona, así como su efectividad, ya que durante todo el año de dos mil diecinueve y lo transcurrido en la presente anualidad, el hoy quejoso no se ha visto beneficiado por dicho programa, no obstante de haber sido supuestamente sondeado para tal propósito. Igualmente, se le hace responsable de la omisión consistente en no adecuar las Reglas de Operación en vista de las circunstancias económicas y de sanidad que atraviesa la nación, a la luz del mandato constitucional que sustenta el apoyo del hoy quejoso a la protección social, y a efecto de garantizar el cometido durante la vigencia de la pandemia que atravesamos hoy en día. De los Servidores Públicos de la Secretaría de Bienestar el haber realizado actos supuestamente tendientes a ejecutar del "Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad", siendo el de acudir a la localidad del (sic) hoy quejoso (sic) a recabar información para confirmar que pueda ser beneficio del "Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad", labor insuficiente infructuosa, ya que la hoy promovente no ha visto beneficio alguno del ya mencionado programa. Son actos de naturaleza omisiva, lo cierto es que una eventual concesión de amparo, constreñirá a la responsable a la realización de tales actos en cumplimiento al fallo protector, y que son de carácter material, no de índole declarativa o formal. Máxime que conforme a lo dispuesto en el marco jurídico aplicable al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, se insiste, de obtener la quejosa un fallo favorable, la autoridad quedará constreñida a llevar a la práctica actos para incorporarla de manera definitiva al programa de referencia. De ahí que los actos reclamados sí son de efecto positivo y, por ende, requerirán de ejecución material, pues precisamente la ejecución de tales actos es la pretensión final de la parte quejosa, lo que se traduce en hacer efectivo el derecho a la protección social contemplado en el artículo 4º constitucional, el cual, en todo caso, dadas sus condiciones y domicilio de residencia, tendrá que ocurrir en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 3. Remisión de autos. En consecuencia, al existir contienda de competencia entre esta autoridad judicial con el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, para conocer del juicio de amparo en cuestión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de Ley de Amparo, se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, con sede en aquella ciudad capital, para que decida a cuál de los dos juzgados corresponde conocer del asunto. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido de la Secretaria Siva Visnú López González, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.SvlgPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a uno de julio de dos mil veintiuno. 1. Recepción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, mediante el cual comunica que se rechazó la competencia planteada por este juzgado de Distrito el veintiuno de octubre de dos mil veinte, por los motivos que refiere. 2. Conflicto competencial. Al respecto, este órgano jurisdiccional reitera que carece de competencia para conocer de la demanda de garantías por las consideraciones aducidas en el citado proveído para declinar la misma, toda vez que si bien los actos reclamados consistentes en: Del titular del Ejecutivo Federal, la difusión y emisión de lineamientos, anuncios y acciones tendientes a establecer la operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Bajo el entendido de que si bien ha realizado actos de promoción, difusión, y esfuerzos políticos desde el once de enero de dos mil diecinueve e inclusive desde la toma de poder en el cargo, dichos beneficios sociales (ahora de rango constitucional y ya antes convencional) no se han visto reflejados en la hoy quejosa. (.) Así también se le hace responsable de la omisión de adaptar las Reglas de Operación del señalado Programa durante la vigencia de la Pandemia que atravesamos, a efecto de favorecer a las Personas con Discapacidad que no gozan del beneficio que confiere el mandato constitucional. De la Secretaría del Bienestar, la creación en el año dos mil diecinueve del "Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad", así como la posterior emisión del "Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente" de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, abrogado y sustituido en cinco de febrero de dos mil veinte, para gozar de vigencia las "Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el Ejercicio Fiscal 2020", cuya constitucionalidad se cuestiona, así como su efectividad, ya que durante todo el año de dos mil diecinueve y lo transcurrido en la presente anualidad, el hoy quejoso no se ha visto beneficiado por dicho programa, no obstante de haber sido supuestamente sondeado para tal propósito. Igualmente, se le hace responsable de la omisión consistente en no adecuar las Reglas de Operación en vista de las circunstancias económicas y de sanidad que atraviesa la nación, a la luz del mandato constitucional que sustenta el apoyo del hoy quejoso a la protección social, y a efecto de garantizar el cometido durante la vigencia de la pandemia que atravesamos hoy en día. De los Servidores Públicos de la Secretaría de Bienestar el haber realizado actos supuestamente tendientes a ejecutar del "Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad", siendo el de acudir a la localidad del (sic) hoy quejoso (sic) a recabar información para confirmar que pueda ser beneficio del "Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad", labor insuficiente infructuosa, ya que la hoy promovente no ha visto beneficio alguno del ya mencionado programa. Son actos de naturaleza omisiva, lo cierto es que una eventual concesión de amparo, constreñirá a la responsable a la realización de tales actos en cumplimiento al fallo protector, y que son de carácter material, no de índole declarativa o formal. Máxime que conforme a lo dispuesto en el marco jurídico aplicable al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, se insiste, de obtener la quejosa un fallo favorable, la autoridad quedará constreñida a llevar a la práctica actos para incorporarla de manera definitiva al programa de referencia. De ahí que los actos reclamados sí son de efecto positivo y, por ende, requerirán de ejecución material, pues precisamente la ejecución de tales actos es la pretensión final de la parte quejosa, lo que se traduce en hacer efectivo el derecho a la protección social contemplado en el artículo 4º constitucional, el cual, en todo caso, dadas sus condiciones y domicilio de residencia, tendrá que ocurrir en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 3. Remisión de autos. En consecuencia, al existir contienda de competencia entre esta autoridad judicial con el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, para conocer del juicio de amparo en cuestión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de Ley de Amparo, se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, con sede en aquella ciudad capital, para que decida a cuál de los dos juzgados corresponde conocer del asunto.

  3. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. 1.1 Acuerdo. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el ocho del presente mes y año, se proveyó lo conducente.

  4. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. 1.1 Acuerdo. Se tiene a la citada dependencia informando que el veinte de noviembre de dos mil veinte, recibió vía estafeta el juicio de amparo 648/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, y fue turnado para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo. 1.2 Requerimiento. En consecuencia, de la manera más atenta se solicita al citado órgano jurisdiccional, para que informe a este juzgado de Distrito la determinación adoptada respecto a la incompetencia planteada en este juicio de amparo 648/2020, promovido por P.G.G.M., así como el acuse de recibo correspondiente.

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