Paulino Leon Garcia Selvas

Expediente 191/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
191/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Paulino Leon Garcia Selvas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VIII. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos los oficios del [1] Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, [2] Encargada del Área de Seguridad Separos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, [3] Fiscal General del Estado, y [4] Fiscal Regional Metropolitano, por medio de los cuales solicitan se les conceda prórroga para remitir las constancias solicitadas mediante requerimiento formulado por este juzgado en acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede la prórroga solicitada por lo cual se requiere a las autoridades responsables [1] Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, [2] Encargada del Área de Seguridad Separos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, [3] Fiscal General del Estado, y [4] Fiscal Regional Metropolitano, para que en un término de diez días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de este auto, exhiban las constancias solicitas por este juzgado; quedando subsistente el apercibimiento decretado por este juzgado mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional mediante el cual desahoga la vista ordenada por este juzgado ordenada en acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés En relación a lo anterior, agréguese a los autos el escrito de cuenta y como lo refiere el representante social, en el presente expediente la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía Regional Metropolitana, Dulce María Soledad Jacobo Camacho, mediante el diverso oficio presentado ante este juzgado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, informó la apertura de la carpeta de investigación ******************** por el delito de tortura cometido en agravio del quejoso ********************. En esas condiciones, atendiendo al efecto identificado en la sentencia dictada en el presente juicio y confirmada por la superioridad con el punto cuarto, notifíquese mediante oficio y con copia de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto ********************, a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía Regional Metropolitana, Dulce María Soledad Jacobo Camacho, para que conforme a los atributos que le otorga el artículo 21 constitucional y que en uso de sus facultades tome las medidas necesarias; en la inteligencia de que será bajo su más estricta responsabilidad dar seguimiento a las acciones que deban tomarse, para investigar los malos tratos y tortura que refiere el quejoso y en su caso, iniciar las acciones penales correspondientes, debiendo informar respecto al resultado de dicha investigación a este órgano jurisdiccional. Notifíquese. EDC

  2. Principal

    MESA I.-Vista la demanda de amparo promovida por ********************quien se ostenta como apoderado legal de ***, contra actos de la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 191/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).***DESECHAMIENTO***En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento.****************************************Al respecto, el numeral en comento dispone:****************************************"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."****************************************El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido.****************************************Sirve de apoyo en cuanto al criterio la jurisprudencia, I.13o.A. J/6, sustentada por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, que a la letra dice:****************************************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita."****************************************Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que en esencia el acto reclamado que señala la parte quejosa consiste en:****************************************La omisión de llevar a cabo el procedimiento de ejecución, como consecuencia de no acordar su escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio laboral ********************.****************************************En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.****************************************Así, de acuerdo al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso; entendiéndose por aquellos actos cuyas consecuencias necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho. ****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, registro 163152, del tenor siguiente:****************************************"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto."****************************************En el caso, el acto que reclama la parte quejosa consistente en la omisión de llevar a cabo el procedimiento de ejecución, esto al no acordar su escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio laboral ********************, por lo que para efectos de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto debe determinarse si existe una abierta dilación o paralización del procedimiento.****************************************Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 192/2021, determinó que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) no resulta aplicable para determinar si existe una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral contra actos en la etapa de ejecución de laudo; asimismo, señaló que corresponde al juzgador ponderar cuándo existe una abierta dilación, para lo cual deberá considerar lo siguiente: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal de las partes; c) la conducta de la autoridad y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo.****************************************Ahora, de lo expuesto por la parte quejosa en el escrito de demanda y de sus anexos, se advierte que el seis de julio de dos mil veintidós, se dictó el laudo en el juicio laboral de origen ********************, por lo que al quedar firme y al no haber dado cumplimiento voluntario la parte demandada -aquí tercera interesada- el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, el promovente solicitó por primera vez el cumplimiento al laudo dictado en autos.****************************************Por tanto, este juzgado de Distrito estima que en el caso no existe una abierta dilación que haga procedente el amparo, pues aún cuando la parte actora solicitó la ejecución forzosa del laudo y, según sus manifestaciones, la responsable no ha emitido el acuerdo correspondiente, se trata de su primer solicitud de ejecución; se dice lo anterior, toda vez que de la documental que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, consistente en el acuse de recibo del escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se advierte que el veintiséis de enero de dos mil veintitrés se resolvió el juicio de amparo directo promovido contra el laudo dictado en el juicio de origen.****************************************Aunado a que únicamente han transcurrido siete días naturales de dilación, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de cuarenta y ocho horas con que cuenta la responsable para acordar la solicitud de la parte actora.****************************************En efecto, la parte quejosa reclama la omisión de acordar su escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio laboral ******************** y con ello realizar actos tendientes al requerimiento de pago y embargo, por tanto, tomando en consideración que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que la Junta dictará sus resoluciones dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito; entonces, dicho término feneció el dos de febrero del año en curso.****************************************Por lo que a la fecha de la presentación de la demanda (nueve de febrero de dos mil veintitrés) sólo han transcurrido siete días de dilación, de ahí que a criterio de este juzgador, en el caso no existe una abierta dilación en la etapa de ejecución, ni una afectación que haga procedente el amparo.****************************************Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 11, marzo 2022, tomo III, página 1927, registro digital 2024318, que señala:****************************************"DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.********************Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia.********************Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia.********************Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales."****************************************Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ********************quien se ostenta como apoderado legal de************************************************************CONSULTA Y NOTIFICACIÓN POR USUARIO****************************************Asimismo, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por el artículo 40 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos por contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se faculta a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Actuario adscritos, a efecto de que permitan al ocursante la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, así como se realicen las notificaciones que en el mismo se ordenen, aún las de carácter personal, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "************************************************************Ahora, en relación al domicilio que señala para el efecto de oír y recibir notificaciones, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a tenerlo por designado, en razón de que solicitó que las notificaciones se le realizaran vía electrónica, por lo que no pueden subsistir ambos medios de notificación.********************AUTORIZADOS****************************************Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas en los términos que refiere a las personas que designa, por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral.****************************************REPRODUCCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS****************************************Respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables.****************************************Lo anterior, con apoyo en la tesis .1o.A.33 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2013107, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, página 2378, y que es del tenor literal siguiente:****************************************"INFORMACIÓN CLASIFICADA. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE PERMITIR SU CONSULTA NO SE ACTUALIZA CUANDO EL SOLICITANTE NO ES PARTE EN EL ASUNTO DE QUE SE TRATE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, página 218, estableció que cuando se remita información clasificada -reservada o confidencial- y exista razón fundada para que alguna o todas las partes del juicio la conozcan, previo análisis que de ella se haga, los Jueces constitucionales podrán permitir el acceso total o parcial, bajo su más estricta responsabilidad, a fin de que aquéllas puedan exponer sus pretensiones y hacer valer en juicio lo que a su derecho e interés convengan, siempre y cuando el órgano jurisdiccional considere que, para efectos del juicio de amparo, dicha información clasificada se puede dar a conocer en atención a la debida defensa de las partes; de ahí que si el quejoso reclamó, por ejemplo, el resultado de un procedimiento de investigación en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos y, de acuerdo con las manifestaciones de la autoridad, aquél no interpuso la queja que dio lugar a su sustanciación ni tuvo intervención en el asunto, es evidente que pretende imponerse del contenido de ese expediente, a pesar de que no se trata del servidor público contra el cual se instruyó el procedimiento, inclusive, aun de ser quien presentó la queja que lo originó, es criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal que carece de interés jurídico para impugnar en amparo las actuaciones practicadas para determinar la improcedencia o falta de elementos para fincar responsabilidad administrativa al funcionario denunciado. Por tanto, la restricción que se establezca al acceso a esa información clasificada no está encaminada a impedir la defensa adecuada del quejoso, sino a garantizar la protección de datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado a personas que no guardan relación con el asunto, pues la obligación del Juez de Distrito de permitir su consulta no se actualiza cuando el solicitante no es parte en el asunto de que se trate."****************************************Asimismo, en la tesis I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2008986, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, abril de 2015, Tomo II, página 1830, que dice:****************************************"REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran."****************************************HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES****************************************Se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República y 21 de la Ley de Amparo.****************************************HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA****************************************En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la ley de la materia, desde este momento se faculta a los actuarios de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto.****************************************EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA"****************************************De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. ****************************************Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. ****************************************En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes.****************************************Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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