Paulino Leon Garcia Selvas

Expediente 534/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
534/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Paulino Leon Garcia Selvas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que la promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de ********************, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no obran documentos originales, ni se formó incidente de suspensión ni tomo de pruebas por separado. Notifíquese. JRL

  2. Principal

    MESA IX.- Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito con evidencia criptográfica de ***, quien se ostenta como apoderado legal de ***, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO DE DEMANDA En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. [...] Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado que combate la parte quejosa consiste en: La omisión de llevar a cabo la ejecución del laudo emitido dentro del juicio laboral ***. En consecuencia, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues se estima se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: [...] Del primer artículo transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por otra parte, el segundo de los preceptos señalados establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. En esos términos, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, los Juzgados de Distrito se encuentran obligados a aplicarla, atento a su carácter obligatorio, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, lo cual no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida no aplicarla. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversos criterios jurisprudenciales en los que estableció que el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el numeral 945 de la Ley Federal del Trabajo previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. En el criterio citado, estableció que de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de la Junta responsable de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por la quejosa y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. [...] Además, los numerales 843 y 950 de la Ley Federal del Trabajo respecto a la ejecución de los laudos en materia laboral, establecen lo siguiente: [...] De los citados preceptos se desprende que la Ley Federal del Trabajo, regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación de proveer al dictado de las medidas necesarias para la ejecución de los laudos; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento. Asimismo, se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución. Por las razones apuntadas determinó que no podría concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente responsable para que, una vez transcurridas las setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo, pues indefectiblemente se necesita la participación e impulso del procedimiento de ejecución por la parte quejosa. [...] Expuesto lo anterior, como se precisó en párrafos precedentes, el acto reclamado consistente en la omisión de llevar a cabo la ejecución del laudo, constituye un reclamo genérico que, en atención a la etapa en que se encuentra el juicio, motiva al desechamiento de la demanda de que se trata. [...] Así las cosas, atento a lo expuesto se concluye que el acto reclamado en estudio, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ****, quien se ostenta como apoderado legal de ****. Finalmente, por lo que hace a la manifestación vertida por el promovente, en el sentido de que este órgano jurisdiccional omitió pronunciarse sobre la suspensión provisional solicitada, dígasele que la apertura del incidente de suspensión a petición de parte, procede únicamente en los casos en que se admita la demanda de amparo; ello, al no actualizarse ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, en el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. JRL

  3. Principal

    MESA IV.-Vista la demanda electrónica de amparo promovida por ***, contra actos de la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el expediente 534/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. PREVENCIÓN Ahora, tomando en consideración que el artículo 114 de la Ley de Amparo prevé los supuestos en que el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente de la demanda de amparo cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. Se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la misma ley. No se hubiese acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o esté resulte insuficiente. No se hubiese expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubiesen exhibido las copias necesarias de la demanda. En cualquiera de los supuestos que anteceden o la combinación de ellos, el Juez dictara un auto en el que expresará las irregularidades o deficiencias que deba subsanar el promovente para que satisfaga los requisitos omitidos, haga las aclaraciones correspondientes o presente las copias necesarias, lo cual deberá efectuar la parte quejosa dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de dicho auto según lo previsto por la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, y lo apercibirá de que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. En consecuencia, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del mismo, realice lo siguiente: ÚNICO. Con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, precise el acto o actos que reclama específicamente en esta instancia constitucional; esto es, si combate: La omisión de llevar a cabo la ejecución del laudo emitido dentro del juicio laboral 01/601/18-III; o bien, La omisión de acordar sus escritos presentados el treinta y uno de enero y dieciocho de abril, ambos de dos mil veintitrés, en el juicio laboral de origen. Toda vez que en su escrito inicial de demanda, específicamente en el rubro de "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE LA AUTORIDAD SE RECLAME.," señala que combate: ".la denegación de impartición de justicia por parte de la responsable PRESIDENTA EJECUTORA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS en impedir que la quejosa pueda ejecutar la sentencia o laudo obtenido conforme al artículo 17 Constitucional el obtener la plena ejecución del laudo, lo cual se ha negado, porque ha dilatado la secuencia del procedimiento coartando su derecho a ejecutar ya que ha omitido llevar a cabo las medidas de apremio a fin de hacer valer las determinaciones emitidas por la propia." Sin embargo, en el segundo punto de sus antecedentes, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el treinta y uno de enero y dieciocho de abril, ambos de dos mil veintitrés, solicitó la ejecución del laudo, sin que hasta la fecha la Junta responsable haya emitido acuerdo al respecto. Lo anterior, para estar en condiciones de proveer lo conducente en cuanto al trámite del juicio de amparo, toda vez que no se advierte con claridad el acto que por esta vía reclama. APERCIBIMIENTO En consecuencia, se le apercibe que de no dar cumplimiento en su integridad a lo ordenado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 114, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas en los términos que refiere a las personas que designa, por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por el artículo 40 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos por contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se faculta a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Actuario adscritos, a efecto de que permitan al ocursante la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "cesarluquin". AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN DE LOS AUTOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Lo anterior, con apoyo en la tesis .1o.A.33 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2013107, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, página 2378, y que es del tenor literal siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE PERMITIR SU CONSULTA NO SE ACTUALIZA CUANDO EL SOLICITANTE NO ES PARTE EN EL ASUNTO DE QUE SE TRATE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, página 218, estableció que cuando se remita información clasificada -reservada o confidencial- y exista razón fundada para que alguna o todas las partes del juicio la conozcan, previo análisis que de ella se haga, los Jueces constitucionales podrán permitir el acceso total o parcial, bajo su más estricta responsabilidad, a fin de que aquéllas puedan exponer sus pretensiones y hacer valer en juicio lo que a su derecho e interés convengan, siempre y cuando el órgano jurisdiccional considere que, para efectos del juicio de amparo, dicha información clasificada se puede dar a conocer en atención a la debida defensa de las partes; de ahí que si el quejoso reclamó, por ejemplo, el resultado de un procedimiento de investigación en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos y, de acuerdo con las manifestaciones de la autoridad, aquél no interpuso la queja que dio lugar a su sustanciación ni tuvo intervención en el asunto, es evidente que pretende imponerse del contenido de ese expediente, a pesar de que no se trata del servidor público contra el cual se instruyó el procedimiento, inclusive, aun de ser quien presentó la queja que lo originó, es criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal que carece de interés jurídico para impugnar en amparo las actuaciones practicadas para determinar la improcedencia o falta de elementos para fincar responsabilidad administrativa al funcionario denunciado. Por tanto, la restricción que se establezca al acceso a esa información clasificada no está encaminada a impedir la defensa adecuada del quejoso, sino a garantizar la protección de datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado a personas que no guardan relación con el asunto, pues la obligación del Juez de Distrito de permitir su consulta no se actualiza cuando el solicitante no es parte en el asunto de que se trate." Asimismo, en la tesis I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2008986, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1830, que dice: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la ley de la materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales cono ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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