Paulino Chan Batun

Expediente 47/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
47/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • Paulino Chan Batun

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho plazo transcurrió del trece al diecinueve de abril del año en curso. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del citado precepto, a al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio 469/2021, signado por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Tizimín, y anexo que acompaña, con el que devuelve el despacho número de orden 6/2021-III-B, de quince de enero de dos mil veintiuno, del índice de este Juzgado, relativo a la notificación del auto de la misma fecha, al quejoso PAULINO CHAN BATÚN. Dese de baja en el Libro de Gobierno respectivo que se lleva en este Juzgado, el despacho de mérito. Ahora bien, toda vez que de la razón actuarial levantada por el fedatario adscrito al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, residente en Tizimín, por las razones que expone, se desprende la imposibilidad de llevar a cabo la encomienda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación correspondiente al proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes, incluyendo la del presente acuerdo, aún las de carácter personal, se practiquen a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Mérida, Yucatán, quince de enero de dos mil veintiuno. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por PAULINO CHAN BATÚN, en contra del acto que reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Jefe de Departamento de Jubilados y Pensionados del referido Instituto, ambos con sede en esta ciudad; que hace consistir en: La resolución contenida en el oficio ISS/SPGF/JP/1858/2020, de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual se declaró que no procede constituir su reserva de aportaciones para jubilación, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter Estatal. RADICACIÓN. Al respecto, SE ACUERDA: fórmese expediente, regístrese con el número 47/2021-III-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. De la transcripción anterior se desprende que regula el principio de definitividad respecto de actos reclamados de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley aplicable establezca para atacarlos, con la finalidad de modificarlos, revocarlos o nulificarlos. Lo anterior, siempre y cuando la ley que contemple esas vías suspenda los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Por lo que, existiendo dichos medios ordinarios de impugnación sin que en su oportunidad sean interpuestos por el quejoso, el amparo es improcedente. Lo anterior obedece a la naturaleza del juicio de amparo, ya que es una vía extraordinaria, sui generis, para invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia; lo cual significa que sólo prospera cuando ya se han recorrido todas las jurisdicciones y competencias ordinarias, en virtud del ejercicio de los recursos legales que procedan. Por consiguiente, si existiese la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso o medio ordinario de defensa, y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría el segundo, al convertirlo en otro medio común de defensa; lo anterior es así, ya que si el juicio de amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la pretendida actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es inconcuso que, antes de intentarlo, la parte quejosa deba agotar los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación secundaria aplicable. Así, agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. En el caso particular, el peticionario de amparo aduce como antecedentes del acto reclamado que solicitó al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, la oportunidad de constituir su reserva de aportaciones, por considerar que conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter Estatal, a fin de tener derecho a una pensión o jubilación; lo que considera violatorio de sus derechos fundamentales porque el derecho a una pensión o jubilación es imprescriptible. De lo anterior se desprende que el acto reclamado se traduce en la determinación que niega al quejoso constituir la reserva de aportaciones que solicitó en términos del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter Estatal, lo cual representa un tema de legalidad, pues si la intención del quejoso al promover la protección constitucional, es que se determine su derecho a constituir una reserva con sus aportaciones, para obtener una pensión o jubilación, para dicho propósito debió de haber interpuesto juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. En este orden de ideas, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en sus artículos 2 y 4 establecen lo siguiente: "Artículo 2. Objeto del tribunal El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán es un organismo constitucional autónomo, máxima autoridad en materia contencioso administrativa, fiscal y de responsabilidades administrativas, dotado de plena jurisdicción, autonomía e independencia para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, que tiene por objeto conocer, resolver y dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública centralizada y paraestatal del estado y sus municipios, y los particulares; así como respecto de las faltas administrativas graves que correspondan a los servidores públicos y a particulares relacionados con hechos de corrupción que constituyan faltas administrativas graves, en términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas." "Artículo 4. Competencia El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: I.- Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública y los particulares. II.- Los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales. III.- Los juicios que se promuevan en contra de los actos de naturaleza fiscal que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado y de los municipios. IV.- Los juicios contra resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o fiscales del Poder Ejecutivo del estado y de los municipios en los recursos ordinarios establecidos por las leyes y reglamentos respectivos. V.- Los juicios de impugnación contra las resoluciones de responsabilidad por faltas administrativas no graves sancionadoras dirigidas a servidores públicos del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos constitucionales autónomos, en los términos de la ley en la materia. VI.- Los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la ley fija. VII.- El recurso de reclamación, en términos de su reglamento interior, en contra de los autos de admisión o desechamiento de la demanda ante el tribunal o de su ampliación y del auto que admita o deseche la contestación o su ampliación, así como del que admita o rechace pruebas. VIII.- Los juicios que promueva la Administración Pública estatal o municipal, o sus autoridades, para que sean modificadas las resoluciones administrativas o fiscales favorables a un particular, provenientes de autoridades diferentes a este tribunal, en términos del reglamento respectivo. IX.- La imposición, en los términos que disponga la ley, de las sanciones a los servidores públicos por responsabilidades administrativas graves, con excepción de los servidores públicos del Poder Judicial, y a los particulares que participen en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales. X.- El recurso de apelación, revisión y reclamación, y demás medios de inconformidad de su competencia, de los que conocerá en términos de la normativa que los establece, en los de esta ley y el reglamento interior del tribunal. XI.- Los medios de impugnación que establezca la ley que organiza y reglamenta el funcionamiento de los ayuntamientos, en caso de que los municipios no cuenten con tribunales de lo contencioso administrativo propios en términos del artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. XII.- La impugnación de multas derivadas de procesos de ejecución de medidas de apremio según lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. XIII.- La impugnación de las resoluciones, en términos del artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. XIV.- Las suspensiones del acto impugnado, por cuerda separada a cargo del magistrado presidente, en términos de esta ley, de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán y demás normativa aplicable. XV.- El incumplimiento de las sentencias del tribunal, conforme a lo que establezca el reglamento interior y demás normativa aplicable. XVI.- Los juicios que se promuevan contra los decretos y acuerdos de carácter general a nivel local, dictados por la Administración Pública, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. XVII.- Los demás juicios o procedimientos que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas impuestas con base en la normativa en materia de responsabilidades de servidores públicos, así como aquellas que las leyes consideren como competencia del tribunal. Las sentencias del tribunal serán definitivas e inatacables a excepción de aquellas sobre las que sea procedente el recurso de apelación o de revisión en términos de los artículos 216 y 221 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en todo caso deberán acatarse en sus propios términos y contarán con fuerza ejecutiva para lograr su cumplimiento. Para efectos de resolución de los recursos de revisión y apelación previstos en la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas, el pleno del tribunal se integrará con los magistrados titulares, con excepción de aquel que haya fungido como magistrado ponente, quien será suplido, en términos del artículo 29 de esta ley. Esta instancia constituye un (sic) nueva oportunidad de reflexión, análisis y valoración para los magistrados del tribunal, por lo que, para garantizar que sea un medio de defensa eficaz y el acceso a un recurso efectivo, gozarán de absoluta libertad para emitir sus opiniones personales y votos particulares o razonados sin que por ello puedan ser reconvenidos o incurran en responsabilidad." Asimismo, el artículo 1° de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, establece: "ARTÍCULO 1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los juicios por responsabilidad administrativa se substanciarán conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Para los efectos de esta ley se entenderá por Tribunal al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y por Magistrado al Magistrado que se encuentre en función de ponente para la sustanciación de cada asunto en concreto." Ahora bien, de la recta interpretación de los preceptos invocados en párrafos precedentes, de los actos reclamados y antecedentes de los mismos, se colige que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, es competente legalmente para conocer y resolver juicios contenciosos administrativos contra cualquier acto administrativo dictado, ordenado, ejecutado o que se trate de ejecutar por las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales, en agravio de personas físicas o morales. Así, es pertinente indicar que por acto administrativo debe entenderse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado o del Municipio en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad; es decir, crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general. Conforme a las precisiones anteriores, el suscrito estima que la presente demanda de amparo es improcedente, porque cuando la ley concede a las partes, recursos o medios de defensa legal, como en el presente caso, a fin de que el acto administrativo dictado, ordenado, ejecutado o que se trate de ejecutar por las autoridades de la Administración Pública Estatal, en agravio de personas físicas o morales, se modifique, revoque o nulifique, antes de acudir al juicio de amparo, se deben agotar tales recursos o medios de defensa legal. Lo anterior es así, en virtud de que en contra del referido acto reclamado por la quejosa, procede un medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el cual lo constituye el juicio contencioso administrativo que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán. Además debe señalarse que el medio ordinario de defensa antes referido exige los mismos requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo señala en sus artículos 128, 129, 132 y 135, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, procede la suspensión del acto, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, ya que en el caso particular no tiene porqué garantizarse el interés fiscal, dada la esencia del acto que se combate, habida cuenta que no se trata de contribuciones, requisitos que son en todo caso los que también establecen los tres preceptos citados de la Ley de Amparo. En estas condiciones, es claro que la suspensión del acto que reclama el quejoso, la puede solicitar al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Por tanto, al ser el actos reclamado por la parte quejosa un acto administrativo que se ejecutó en agravio del promovente, el cual debe impugnarse mediante el juicio contencioso administrativo antes de acudir a este juicio de amparo, para lograr su modificación, revocación o nulidad, cuya ejecución puede suspenderse, sin que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo; hace que la presente demanda de amparo sea improcedente, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no agotó tal medio de defensa legal, antes de instar el presente juicio de amparo, es decir, no agotó el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad." De igual manera apoyo a lo anteriormente considerado la tesis sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATAN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por PAULINO CHAN BATUN, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del aludido ordenamiento legal. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora bien, toda vez que se advierte que el promovente del amparo tiene su domicilio fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, tercer párrafo del artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la referida Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Tizimín. Lo anterior, para que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva comisionar a uno de los actuarios de su adscripción, a fin de que notifique el presente proveído, al aquí quejoso PAULINO CHAN BATUN, en el domicilio ubicado en: Predio número trescientos cincuenta y seis, de la calle cuarenta y nueve, entre cuarenta y seis y cuarenta y ocho, de Tizimín, Yucatán. Para lo cual deberá hacerle entrega de copia autorizada del presente acuerdo; asimismo, le requiera para que en el momento de la notificación o dentro del plazo de tres días hábiles computados a partir de que surta efectos la misma, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Mérida, Yucatán, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso en ese órgano jurisdiccional. De igual forma, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria la notificación personal que en el caso se ordena. A fin de no retardar la encomienda en el presente despacho, se faculta al actuario correspondiente para que, en caso de que al constituirse al domicilio señalado, éste no sea correcto y fuere informado de algún domicilio diverso, practique en éste la diligencia ordenada, debiendo asentar en cualquier caso la razón que correspondiere. Asimismo, se otorga plenitud de jurisdicción al referido juez para el cumplimiento de lo solicitado y para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para su total desahogo. Hecho lo anterior, y una vez diligenciada la encomienda, devuelva a este juzgado el despacho de mérito. AUTORIZADO. Téngase como autorizado de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, a Antonio Sebastián Gamboa Castro, con las limitantes que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta que acredite ante este Juzgado Federal, encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Para lo cual, deberá no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXHORTACIÓN AL TRÁMITE DE "JUICIO EN LÍNEA". Además, en atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I del multicitado Acuerdo General 21/2020, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020; para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21/2020, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020, eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente y regístrese. Notifíquese por lista de estrados y cúmplase.

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