Paulina Tellez Gonzalez
Expediente 967/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 967/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Paulina Tellez Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el doce de marzo pasado. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo a los oficios por medio del cual se notificó la resolución de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por la autoridad señalada como responsable. Y en relación a las citadas autoridades señaladas como responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente los actos que de ella se hayan reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto por lo que corresponde a ésta, toda vez que el fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 1783/2021-I-A, promovido por Félix Domingo Marrufo López. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnado el día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, Félix Domingo Marrufo López solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Juez Trigésimo Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que quedó registrada con el número 1783/2021-I-A; de igual forma, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo este día en términos del acta que antecede. TERCERO. Emplazamiento de la parte tercero interesada. Por acuerdo de once de marzo de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a juicio a la tercero interesada BANCO VE POR MÁS, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; lo que se realizó mediante exhorto (foja 117). CUARTO. Prevención para ampliación de demanda. Por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar también como acto reclamado el emplazamiento que se le efectuó en el Juicio Oral Mercantil 169/2021; lo anterior, ya que de su demanda de amparo se advirtieron alegaciones de que no había sido oída ni vencida en el juicio de origen. QUINTO. Demanda por no ampliada. Mediante acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por no ampliada la demanda de amparo; ya que la parte quejosa no desahogó la prevención a que se hizo referencia en el antecedente cuarto, no obstante estar debidamente notificada y haber transcurrido el término que se le señaló para tal efecto (foja 134). C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, ostentándose persona extraña a juicio por equiparación, reclama: La orden de embargo, bloqueo, cancelación o suspensión de la cuenta 4064300304, con clabe interbancaria 021918040643003045 y número de cliente 46519260, de la Institución Bancaria HSBC, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, a nombre del quejoso; y como consecuencia, la imposibilidad de disponer de los fondos en ella contenidos. TERCERO. Existencia de actos. Es cierto el acto que se reclama del Juez Trigésimo Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; ya que así lo confirmó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil oral 169/2021, que el Juez responsable remitió como justificación de su informe; las que tienen valor probatorio pleno por ser documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2° de la Ley de Amparo; aunado a que no fueron objetadas por las partes. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al análisis de fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y estudio preferente en el juicio; como establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII; en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario; ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" Del primer precepto transcrito, se colige que además de las causales contenidas de la fracción I a la XXII del artículo 61 de la Ley de la materia, la improcedencia del juicio también puede derivar de alguna otra disposición contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107 de la Ley de la materia, establece aquellos supuestos en los que procede el juicio de amparo en la vía indirecta, entre ellos, el contenido en su fracción VI, a saber, actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; cuya interpretación en sentido contrario permite establecer que si el acto reclamado afecta la esfera jurídica de una persona que se ostenta extraña, pero se advierte que no le reviste tal carácter, la acción pudiera tornarse improcedente. En ese sentido, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del precitado artículo, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones que la originan; concepto en el que también queda incluida la parte que no fue emplazada o que fue llamada incorrectamente. A esta última persona se le conoce como "tercero extraño equiparado o por equiparación", pues es parte formal en el juicio o procedimiento, pero no fue emplazado o su emplazamiento se hizo de forma incorrecta. Es aplicable, por identidad, la jurisprudencia P./J. 7/98, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia (s): Común, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 56, con registro digital 196932, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En el caso, a la parte quejosa no le reviste el carácter de extraña, como ostenta; para evidenciar lo anterior, es menester destacar que de las constancias del juicio origen 169/2021, se advierte lo siguiente: Auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el que el Juez responsable admitió a trámite, en la vía ejecutiva mercantil oral, la demanda que promovió BANCO VE POR MÁS, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple contra diversas personas, entre ellas, el aquí quejoso Félix Domingo Marrufo López; la que registró con el número de expediente 169/2021. De igual forma, se aprecia que, al tener los demandados su domicilio fuera del lugar de jurisdicción del Juzgado de origen, el Juez ordenó emplazarlos mediante exhorto, para lo cual, solicitó al Juez exhortado, que en auxilio de sus labores, comisione a un ministro ejecutor a efecto de que se constituya en el domicilio del aquí quejoso y le requiera el pago de la cantidad reclamada de $1,767,540.00 (un millón setecientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta pesos, sin centavos, moneda nacional) y, en caso de no hacerlo, proceda a embargarle bienes suficientes; previniéndolo para que en el término de ocho días conteste su demanda y señale domicilio para oír y recibir notificaciones; entre otras cosas (fojas 33 a 39). Constancia de notificación personal de nueve de junio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que la actuaria adscrita al órgano al que correspondió diligenciar el exhorto de mérito, Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, se constituyó en el predio que señaló la parte actora y practicó la diligencia que se le encomendó, con el aquí quejoso Félix Domingo Marrufo López, quien, bajo protesta de decir verdad, manifestó llamarse como se precisó, y se identificó con su credencial para votar, cuya fotografía correspondía con sus rasgos fisionómicos, según lo asentado por la actuaria. Así mismo, se aprecia que la funcionaria judicial leyó al quejoso diversos autos, le puso a la vista copia simple del documento base de la acción (pagaré) y le requirió que en el acto pague la cantidad reclamada, o en su defecto, señale bienes para embargar; y al manifestar el quejoso que no lo haría, la parte actora, en uso de su derecho, señaló diversos bienes, entre ellos, las cantidades que se encuentren en cuentas de cheques, ahorro, depósitos, inversiones y demás del demandado quejoso. Decretado el embargo, se advierte que la actuaria emplazó a juicio al aquí quejoso, corriéndole traslado con todos los documentos que precisó en el acta de diligencia y, en cumplimiento de lo que ordenó el Juez de origen, le hizo saber del término que tenía para contestar la demanda, el requerimiento de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, y el hecho de que conforme al artículo 1390 bis 10 del Código de Comercio, únicamente corresponde notificarle de manera personal el emplazamiento a juicio (fojas 43 y 45). Acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual, la autoridad responsable tuvo por recibido el exhorto en comento y, en atención a que se decretó embargo sobre las cuentas de inversión y ahorro del aquí quejoso, giró oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que retenga el dinero que se encuentre depositado en las cuentas bancarias a nombre de los demandados, entre ellos, el aquí quejoso Félix Domingo Marrufo López, hasta por la cantidad de $1,767,540.00 (un millón setecientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta pesos, sin centavos, moneda nacional) (fojas 60 y 61). De los antecedentes previamente narrados, se advierte que existe un juicio ejecutivo mercantil oral, radicado con el número 169/2021, que se sigue contra Félix Domingo Marrufo López y otros; por lo que el aquí quejoso es parte de la contienda. De igual forma, se aprecia que el nombrado quejoso fue emplazado a tal juicio el nueve de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, en su demanda de amparo, comparece ostentándose persona extraña a juicio, pues bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se le ha dado a conocer, ni notificado, mandamiento de autoridad competente en el que se le informe el motivo, causa o razón particular por la que su cuenta bancaria fue bloqueada; lo que alega viola sus derechos fundamentales de debido proceso, audiencia, legalidad y seguridad jurídica, por cuanto no ha sido oído ni vencido en juicio. Ahora bien, no obstante el desconocimiento total que el quejoso aduce tener, las documentales de autos desvirtúan tal aseveración, ya que obra una constancia de notificación de la que se advierte que desde el nueve de junio de dos mil veintiuno, el aquí quejoso Félix Domingo Marrufo López, previa manifestación de que no pagaría lo requerido y embargo que se le hiciera de sus bienes, entre ellos, cuentas bancarias, se le emplazó a juicio con los requerimientos y apercibimientos correspondientes respecto a la contestación de la demanda y el señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones, entre otros. De ahí que no puede considerarse a Félix Domingo Marrufo López como persona extraña a juicio por equiparación, ya que con anterioridad a la promoción del presente asunto supo de la existencia del procedimiento de origen, por cuanto fue emplazado a aquél; lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado desvirtúa el carácter de persona extraña a juicio, pues el hecho de que el quejoso conozca de la existencia del procedimiento en que funge como parte y haya sido emplazado a aquél, conlleva a que no pueda considerársele extraño. Lo que el Alto Tribunal estimó así, ya que el afectado, al haber tenido conocimiento del procedimiento ordinario, quedó en aptitud de comparecer para hacer valer lo que conforme a su derecho correspondiera y defenderse con los medios legales procedentes. Consideraciones, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación materializó en la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), Décima Época, Materias(s): Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729, con registro digital: 2004274, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Con este criterio, la Primera Sala del Máximo Tribunal interpretó el diverso sostenido en la ahí citada jurisprudencia P./J. 39/2001 del Pleno y, entre diversos supuestos, destacó que para perder el carácter de persona extraña a juicio por equiparación, es necesario que el conocimiento de la existencia del procedimiento se dé antes de que se dicte sentencia, o bien, que se haya practicado directamente con el quejoso una notificación personal que genere certeza de tal conocimiento; lo que acontece, pues se advierte que al quejoso se le hizo una notificación personal en un estadio inicial, de emplazamiento, donde aún no se había dictado sentencia, y ésta da certeza del conocimiento previo del sumario. Por consiguiente, si el quejoso fue emplazado a juicio desde el nueve de junio de dos mil veintiuno, es evidente que desde dicha data estuvo en aptitud de comparecer a manifestar lo que a su derecho correspondiera; o en su defecto, impugnar la diligencia de nueve de junio del año pasado, en la que se trabó embargo sobre los importes y cantidades que se encuentren en sus cuentas de cheques, ahorro, depósitos o inversiones; o bien, el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en el que la responsable giró oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de retener el dinero de las cuentas bancarias y de inversión a nombre del aquí quejoso; lo que no realizó, no obstante haber sido notificado del embargo de sus cuentas y valores en la diligencia de exeqüendo, y haber quedado enterado del procedimiento que se seguía en su contra. Lo anterior, sin que sea impedimento que el artículo 1390 Bis del Código de Comercio señale que contra las resoluciones pronunciadas en un juicio oral mercantil no proceda recurso ordinario, ya que en este caso, el quejoso, además de haber podido comparecer a manifestar lo que a sus intereses conviniera, estuvo en aptitud de impugnar mediante juicio de amparo indirecto, la diligencia de embargo o el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dentro del término que prevé la Ley de Amparo; o bien, proceder al pago de lo reclamado a efecto de que se levante el embargo sobre su cuenta bancaria. Apoya las consideraciones anteriores, la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, Constitucional, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, con Registro digital: 2000293; del texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Así como, por analogía, en lo conducente la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 168011, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia(s) Laboral, Tesis 2a./J. 198/2008, en la página 698, cuyo rubro y texto señalan: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Por lo antes expuesto, es evidente que al quejoso no le reviste el carácter de persona extraña a juicio por equiparación, ya que fue emplazado al juicio de origen y estuvo en aptitud de comparecer a defender sus intereses. Por ello, al haber quedado acreditada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio; con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste de oponerse a la publicación de sus datos personales. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde con lo establecido por los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Félix Domingo Marrufo López, contra el acto que reclamó del Juez Trigésimo Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se advierte que hasta la presente fecha la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Salud con sede en la Ciudad de México, con sede en la Ciudad de México, no ha rendido su informe previo, como tampoco obra el acuse correspondiente al oficio mediante el cual le fue requerido. Sin embargo, el domicilio de dicha autoridad se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y por la distancia existe la posibilidad de que se encuentren en tránsito postal para su entrega, el informe previo correspondiente. En consecuencia, se difiere la audiencia incidental que debería tener verificativo el día de hoy y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva hora y fecha para su celebración. En el entendido que no obstante que el artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que la audiencia incidental deberá celebrarse dentro de los cinco días de promovida la suspensión, sin embargo, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad responsable se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y que por la distancia no es factible que rinda su informe previo en el término de cuarenta y ocho horas que le fue concedido, se fija la aludida audiencia en la fecha indicada a fin de evitar posteriores diferimientos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el escrito recibido vía electrónica, mediante el uso de la FIREL de ********************autorizada en términos amplios de la parte quejosa, en el que solicita que se requiera a las responsables vinculadas al cumplimiento de la suspensión aquí concedida a la parte quejosa, la ejecución de la medida suspensional. En este sentido, realiza las siguientes peticiones: Que se gire oficio al Secretario de Salud del Estado de México y Director General del Instituto de Salud del Estado de México, con sede en Toluca, para que informe cuál es el procedimiento que lleva a cabo para aplicar la vacuna en la población infantil de entre cinco y once años en el caso, y se le cuestione cuántos menores en ese rango de edad han sido vacunados al presente en sus primeras y segundas dosis, y si la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios o la Secretaría de Salud Federal, han emitido instrucción a favor o en contra del procedimiento que por iniciativa y en apego al cumplimiento de las órdenes judiciales, así como de la necesidad de proteger la salud de sus ciudadanos han dictaminado para la aplicación de dichas vacunas. Se imponga una multa a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la suspensión, como medida de apremio, para que realicen la gestiones pertinentes de forma inmediata, para adquirir la vacuna Pfizer BioNtech de 10mcg directamente con la farmacéutica, considerando que actualmente se cuenta con autorización sanitaria para importarla, comercializarla y aplicarla en el país y que los gobiernos de la entidades y los integrantes del Sistema Nacional de Salud son competentes para celebrar contratos con dichas farmacéuticas. Se conmine a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la suspensión a que ejecuten el fallo protector, al recibir el informe de la autoridad sanitaria precisada en el punto 1, que las ha cumplido en su demarcación territorial. Se imponga una multa como medio de apremio a la autoridad responsable, Secretario de Salud, para que cumpla con el fallo protector en un término prudente, conminándolo con aumentar el monto de la multa en caso de no cumplir con el plazo establecido por este Juzgado. Al efecto, se acuerda: Por lo que toca a la solicitud planteada en el punto 1, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que la información relativa a la aplicación de vacunas a menores de entre cinco y once años, por parte del Secretario de Salud en el Estado de México y Director General del Instituto de Salud del Estado de México, resulta totalmente improcedente. Lo anterior, pues como ha quedado establecido en estos autos, es a través del Operativo Correcaminos, la estrategia multisectorial del Gobierno de México, para coordinar la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, en nuestro país, la cual tiene como objetivo lograr la cobertura de vacunación de toda la población mexicana (susceptible a recibir la vacuna) de manera eficaz y eficiente. Siendo que, la Coordinación General del Operativo está a cargo de la Presidencia de la República; y el Titular del Sistema Nacional DIF, funge como Secretaría Técnica de la coordinación presidencial. También se desprende que la dirección técnica del operativo, estará a cargo de la Secretaría de Salud Federal a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud. Que en cada entidad federativa contará con una persona "Coordinadora Estatal Correcaminos", designada por la Secretaría de Salud Federal, y estarán bajo la coordinación de dicha Secretaría y de la Coordinadora Presidencial. La coordinación nacional y las entidades responsables, tendrán las facultades y/o atribuciones que enumera dicho programa. Entre ellas, se destaca en el particular, la gestión y facilitación para la búsqueda y definición de proveeduría con las compañías farmacéuticas globales: Secretaría de Relaciones Exteriores. También señala que la coordinación estatal correcaminos será la responsable de la coordinación operativa de la estrategia federal de vacunación en cada una de las entidades federativas y definirá los planes de distribución en la entidad de acuerdo con los lineamientos federales. La persona designada como "Coordinadora estatal correcaminos" será la encargada de la conformación de equipos estatales con los enlaces de Bienestar, Fuerzas Armadas y enlaces institucionales de salud constituido en los Comités Estatales de Vacunación (COEVA) para la definición y seguimiento técnico de los sitios de vacunación y proceso de vacunación con la vigilancia de los procedimientos técnicos establecidos por la Secretaría de Salud Federal. Los servicios estatales de salud, específicamente los responsables del programa de vacunación y los enlaces institucionales de los COEVA, fungirán como apoyo técnico en la recepción y conformación de paquetes por unidad de vacunación. Dispone también que la persona designada como responsable de la coordinación estatal correcaminos fungirá como única vía de comunicación entre la coordinación federal y las autoridades locales, y establece cuáles son sus responsabilidades. De ahí que al existir una estrategia claramente establecida para la obtención de las vacunas contra la Covid-19, es que, se reitera, no es el caso acordar de conformidad lo solicitado por la ocursante, en el sentido de requerir al Secretario de Salud en el Estado de México y Director General del Instituto de Salud del Estado de México, la información relativa a la aplicación de vacunas por su parte en el Estado donde ejerce su jurisdicción. Máxime, que en el caso, no se trata de autoridades vinculadas al cumplimiento de la presente suspensión, y a nada práctico llevaría hacer del conocimiento de las autoridades efectivamente vinculadas al cumplimiento de la misma, la existencia de dichos precedentes, pues lo cierto es que las referidas autoridades se encuentran obligadas al cumplimiento de dicha medida cautelar, en los términos de la misma. Ahora bien, por lo que toca a las restantes solicitudes formuladas en el escrito de cuenta, previo a proceder a la imposición de multa alguna o bien conminar a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la medida cautelar, requiérase al Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, así como al COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, con sede en Yucalpetén, Progreso, Yucatán (********************, a fin de que dentro del término de tres días siguientes al en que reciban la notificación del presente proveído, informen a este Juzgado las gestiones realizadas en cumplimiento a la medida cautelar, debiendo precisar los actos que han llevado a cabo con el fin de cumplimentar la suspensión ordenada en autos. Esto es, para que con la debida prontitud, lleven a cabo la aplicación del esquema de vacunación a la parte menor quejosa en los términos descritos, esto es, dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda debe realizarse entre las cuatro y ocho semanas; de la vacuna Pfizer que corresponda de acuerdo a su edad. Lo anterior, de no existir riesgo alguno a su salud y que por su edad le corresponda. Por otra parte, de igual manera se requiere al Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, informe a este juzgado si en otras entidades federativas han procedido a la aplicación de vacunas a los menores comprendidos en dicho rango de edades, así como si existe algún impedimento en el Estado de Yucatán, para que procedan a su aplicación, y de ser así lo justifique legalmente. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo26 de la Constitución. Notifíquese y cúmplase.
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