Paulino Alejandro Ruiz Guzman
Expediente 162/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2018
Partes del expediente
- Paulino Alejandro Ruiz Guzman
Actuaciones
- Principal
En uno de marzo de dos mil dieciocho, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; uno de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 9 a 13), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TRECE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, ciudad. 2. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 162/2018-XII. DESECHAMIENTO En el caso, la parte quejosa reclama: "ACTO RECLAMADO.- Lo hago consistir en la resolución interlocutoria de fecha 22 de enero del 2018, dictada por la Junta Especial No. 03 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, en los autos del Juicio Laboral Número ******, con motivo del "Recurso de Revisión en contra de Actos de Ejecución de la Actuaria Lic. Carla Alejandra Moreno Anaya", promovida por el LAE *****, en su carácter de apoderado y representante legal de la demandada ******. Ahora, este juzgado de distrito, debe analizar la procedencia de la demanda de amparo, tal como dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: **** En efecto, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte, se concluye que respecto de los actos reclamados previamente transcritos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. Los numerales antes citados por su orden disponen: **** De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; en efecto, por lo que respecta a los actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo indirecto contra la última resolución dictada en dicha etapa, entendiéndose como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso y trasciendan al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución de sentencia, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. En ese contexto, resulta procedente precisar que en el caso, del escrito de demanda se advierte lo siguiente: Por ocurso de nueve de diciembre de dos mil quince, la parte demandada *****, por conducto de su apoderado legal, interpuso recurso de revisión en contra de los actos de ejecución del actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, dentro del juicio laboral ******. Seguido el juicio laboral en sus etapas, el veintidós de enero de dos mil dieciocho, se emitió la resolución interlocutoria del recurso de revisión en contra de los actos de ejecución de la actuaria adscrita a la junta responsable, en la que se advierte que en diligencia de requerimiento de pago y embargo de cuatro de diciembre de dos mil quince, la actuaria al constituirse a la institución bancaria a trabar legal y formal embargo de la cuenta bancaria a nombre de la demandada, trasgrede con las formalidades del procedimiento de embargo, establecidas en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, pues omite poner a disposición del Presidente de la Junta, el dinero embargado, para que este a su vez, resuelva de inmediato el pago de la parte actora. Resolución esta última, que constituye el acto reclamado. De lo expuesto se observa que el acto que por esta vía se combate está dirigido a dar cumplimiento a la sentencia definitiva, es decir, el fin que buscan es lograr el cumplimiento del mismo, por ende, no constituyen la última resolución dictada en la fase de ejecución de sentencia del juicio de origen, pues resulta evidente que en el caso los actos reclamados se encuentran en esa etapa. Con base en lo anterior, se afirma que los actos reclamados en la demanda que se analiza no son de los previstos por el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, pues el numeral mencionado acota la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados fuera de juicio o en su ejecución mediante los cuales la responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para llevar a cabo el cumplimiento u ordene el archivo definitivo del expediente. Así, cuando se reclama un acto dictado en etapa de ejecución, como sucede en la especie, no procede la acción constitucional en su contra, ya que la intención del legislador, contenida en el citado numeral, es que las sentencias y los laudos firmes sean cumplidos sin que la promoción de múltiples amparos obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia, que establece: **** Supuesto normativo que no se actualiza en relación con el acto reclamado en este juicio, en virtud de que no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de laudo. Finalmente, como ya se precisó, el acto reclamado lo constituye la resolución de veintidós de enero de dos mil dieciocho, dictada en el juicio laboral ****, con motivo del recurso de revisión en contra de actos de ejecución de la actuaria adscrita a la junta responsable, a fin de dar cumplimiento al laudo dictado en el mencionado expediente. Entonces, los actos reclamados no constituyen la conclusión del citado procedimiento, ya que sus efectos y consecuencias únicamente se traducen en el embargo de una cuenta bancaria, con motivo de la ejecución del laudo del juicio laboral de origen en el cual el demandante del amparo ******, es parte actora, sin embargo, tal cuestión es un acto íntimamente relacionado con la etapa de ejecución del laudo en que se encuentra el juicio de origen, por lo que una vez que se dicte la última resolución en dicha etapa, podrá impugnar tal determinación y hacer valer como violación procesal el embargo reclamado. Además, el acto reclamado no guardan autonomía propia y destacada en relación al procedimiento de ejecución de sentencia, para que sea procedente el amparo biinstancial, en virtud de que está vinculado con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada por la junta correspondiente, cuyo cumplimiento se pretende, que no es ajeno a la cosa juzgada. Aunado a lo anterior, debe decirse que el acto reclamado tampoco es un acto que afecte de manera directa derechos sustantivos, protegidos por la Carta Magna o los instrumentos internacionales ratificados, como pueden ser, verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la dignidad humana, la propiedad, la posesión, etcétera. Es aplicable a lo anterior en lo conducente y a contrario sensu, la jurisprudencia, cuyo texto y rubro dice: **** En consecuencia, al haberse actualizado las causas de improcedencia que se deducen de la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo vigente, con fundamento en el artículo 113, de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el precepto 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, de la siguiente literalidad: **** y expedita". Es aplicable también, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo V, página 608, mayo de 1997, que dispone: **** Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad y autorizando con las facultades restringidas que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que cita, toda vez que sus cédulas no se encuentran en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. **** En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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