Paul Alejandro Díaz Morales

Expediente 917/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
917/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • Paul Alejandro Díaz Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el ocurso firmado por el quejoso ****; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de la materia, se provee: Como lo solicita el promovente, expídanse las copias certificadas a que hace referencia, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, teniéndose por autorizadas para recibirlas a las personas que designa, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este juzgado en día hábil, preferentemente dentro del horario de diez a trece horas. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se ordena depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido.En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se ordena depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo número 917/2018-II, promovido por ***; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparos y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, turnado en esa propia data, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad, *** por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Delegado Estatal de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Chiapas y Jefe del Área de Recursos Humanos de la Delegación Estatal de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Chiapas, residentes en esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA LE RECLAMO LA ORDEN A LA SEPARACIÓN DEL CARGO QUE EL SUSCRITO DESEMPEÑÓ Y DE LA NEGATIVA DE PAGO DE MI SALARIO TRABAJADO QUE ME CORRESPONDE POR LEY, HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2018. Y DE LA AUORIDAD EJECUTORA LE RECLAMO LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LA SEPARACIÓN DEL CARGO QUE DESEMPEÑÉ Y LA CONFIRMACIÓN DE LA NEGATIVA DE PAGO CORRESPONDIENTE A MI SALARIO LABORADO QUE ME CORRESPONDE." Actos que el promovente estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las garantías para su protección, contenidas en los artículos 14 y 16 de la citada legislación. SEGUNDO. Mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil dieciocho (fojas 11-13), se admitió la demanda de que se trata y se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en los términos que constan en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas; es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; así como los numerales 48 y 52, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, el segundo en relación a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito de este vigésimo circuito; al reclamarse actos de materia administrativa, en los que se ordena la separación del cargo que desempeñaba en esta ciudad, ante las autoridades responsables ubicadas en el territorio en el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, número de registro electrónico 192097, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Del análisis integral de la demanda de amparo y de los elementos que obran en este sumario, se puede llegar al convencimiento de que el quejoso aduce haber laborado para la Delegación Estatal de Prospera Programa de Inclusión Social, con el cargo de apoyo jurídico y reclama de las autoridades responsables lo siguiente: La orden de separación del cargo que desempeñaba y la negativa de pago de su salario hasta el quince de julio de dos mil dieciocho, así como la falta de notificación de los mismos. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto que se atribuye a las autoridades responsables Delegado Estatal de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Chiapas y Jefe del Área de Recursos Humanos de la Delegación Estatal de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Chiapas, residentes en esta ciudad, pues si bien al rendir su respectivo informe con justificación negaron la existencia del mismo, posteriormente realizaron diversas manifestaciones que evidencian su certeza, pues manifestaron que el quejoso era personal contratado por honorarios, y que fue separado de su cargo. Se invoca en apoyo a lo expuesto, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. PROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, registro electrónico 176291, que expresa lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la interpretación conjunta de ambos preceptos se advierte que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por éste el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad", que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general. Pues bien, primeramente debe señalarse que conforme al análisis estructural de la iniciativa de la nueva Ley de Amparo y de su proceso legislativo, es de concluir que en éstos se mantiene como elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo los "actos de autoridad", pues, aunado a lo indicado respecto al proceso legislativo, dicha norma no debe analizarse en forma aislada, sino vinculada al sistema y principios constitucionales a los que pertenece, regulados en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el numeral 103 de la Carta Magna dispone: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal". A lo anterior, debe resaltarse que el artículo 107 constitucional, igualmente constituye la columna rectora del juicio de amparo, tampoco incluyó como actos combatibles en el juicio constitucional los actos propios de particulares. Por consiguiente, debe resaltarse que si los dispositivos 103 y 107, de la Constitución Federal, establecen los principios constitucionales en el juicio de amparo, consistentes en mandatos de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas que disponen estrictamente que el juicio de amparo procede contra "actos de autoridades". Al respecto, debe decirse que de acuerdo con la descripción que da el artículo 5°, fracción II, de la citada ley, señala que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y, en lo relativo a dicho tema, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia definida han establecido que para los efectos del juicio de amparo, tienen el carácter de actos de autoridad aquéllos emitidos por funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado. Lo anterior, quedó establecido en la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, página 118, registro electrónico 199456, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Igualmente, resulta aplicable la tesis jurisprudencial 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, registro electrónico 161133, que a la letra dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Precisado lo anterior, procede determinar ahora si el acto reclamado, consistente en la orden de separación del cargo que desempeñaba y la negativa de pago de su salario hasta el quince de julio de dos mil dieciocho, así como la falta de notificación de los mismos, encuadra o no en los parámetros descritos y, si por ende, es o no impugnable a través del juicio de amparo. Así, de los antecedentes narrados por el quejoso en su demanda, se desprende que bajo protesta de decir verdad manifestó que desde el mes de abril de dos mil dieciséis prestaba sus servicios para las autoridades que señaló como responsables, con el cargo de apoyo jurídico, con número de empleado ***; empero, con fecha dieciséis de julio del año en curso, vía telefónica le informaron que por instrucciones del Delegado de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Chiapas, ya no laboraba para la citada Institución. En ese sentido, las afirmaciones antes precisadas, se traducen en una confesión expresa en términos del numeral 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuyo valor probatorio es pleno, conforme lo dispuesto por el numeral 200 de ese ordenamiento legal, por tratarse de un hecho que le es propio al solicitante de amparo. Por su parte, las responsables corroboraron lo anterior al rendir su informe con justificación, pues fueron uniformes al manifestar que el quejoso era personal contratado por honorarios, y que fue separado de su cargo. Así, de lo expuesto se obtiene que el acto reclamado en estudio no tiene equivalencia con actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues, el actuar que se le reclama a los entes señalados como responsables, deriva de un plano de coordinación o de igualdad entre particulares, según se explica. En efecto, de las manifestaciones del solicitante del amparo y las vertidas por las responsables al rendir su informe justificado, se observa claramente que las autoridades señaladas como responsables actúan en su calidad de patrones. Es decir, con las autoridades señaladas como responsables el quejoso tiene una relación laboral, en tanto que refiere ser trabajador adscrito a la Delegación Estatal de Prospera Programa de Inclusión Social. Por tanto, al derivar los actos de reclamo de relaciones entre particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo, al no constituir actos unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; ni están realizados en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. En esa línea de pensamiento, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y el patrón, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no en este órgano de control constitucional. Por tanto, es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclama un acto de esta especie resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Tomo III, Décima Época: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Luego, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Finalmente, es de señalarse que este Juzgador Federal se encuentra impedido para analizar el fondo del asunto, dado el sobreseimiento que en este caso se decretó. Sustenta lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SEXTO. CAPTURA DE SENTENCIA. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 , del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, PROMOVIDO POR ***¨*, contra los actos reclamados del Delegado Estatal de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Chiapas y Jefe del Área de Recursos Humanos de la Delegación Estatal de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Chiapas, residentes en esta ciudad, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta resolución. Notifíquese.

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