Paulino Aguilar Moreno

Expediente 1299/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1299/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Paulino Aguilar Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO. Así entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACION DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la manifestación de que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis. D. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a pronunciar en relación con el cuaderno incidental, toda vez que del presente juicio de amparo, se advierte que no se formaron los cuadernos incidentales. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Por último, advirtiéndose que no existen tomos, ni documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Visto; el oficio de cuenta signado por el Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos, de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas; con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, y exhibe constancias anexas al mismo. Al efecto, se acuerda: Ahora bien, de las constancias remitidas, las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, como se evidenciará a continuación: El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es solo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, y las constancias que remitió la autoridad responsable citada en primer término se advierte lo siguiente: Acto reclamado por la quejosa. La omisión del Presidente Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, de acordar el escrito de cuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual solicitó se dicte auto de requerimiento y embargo, dentro del expediente laboral ***. Acuerdo de la autoridad responsable. Mediante oficio 003293, de veintiocho de octubre del presente año, suscrito por el Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos, de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas; con residencia en esta ciudad, anexaron copia certificada del expediente laboral ***, en el que se advierte proveído de veintitrés de octubre del año en curso, por medio del cual se tuvo por recibido el escrito de cuatro de julio actual, suscrito por la parte actora, aquí quejosa, a quien se le dijo que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que el procedimiento se encuentra suspendido por el incidente de no acatamiento de laudo presentado por el apoderado legal de la parte demandada en el juicio de origen. De lo antes expuesto, se considera que sobreviene en el presente juicio de amparo, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues atento a lo transcrito en líneas precedentes, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, dio contestación al escrito de cuatro de julio de dos mil diecinueve, presentado por el aquí quejoso en el juicio laboral ***, de su índice; por tanto, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe señala lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión al gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión; y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17, de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con quince minutos del ocho de noviembre de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    Visto; el escrito aclaratorio de demanda, presentado por ***, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada y admitida la demanda de amparo. AUTORIDAD RESPONSABLE Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que se reclama: La omisión de acordar el escrito de cuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual solicitó se dicte auto de requerimiento y embargo, dentro del expediente laboral ***. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dése la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115, de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 117, de la ley normativa del juicio de garantías, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibida que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, se le impondrá en la sentencia respectiva, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con independencia de lo anterior, a falta de éste, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1, de la ley de la materia. Se ordena a la autoridad responsable que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, se conmina a las partes, para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y Séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO INTERESADO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, quien deberá ser emplazado a juicio mediante oficio que al efecto se le envíe, anexándole copia simple de la demanda y escritos aclaratorios, de conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecida, admitida y desahogada en razón a su propia y especial naturaleza jurídica, la documental que exhibe la parte quejosa, consistente en copia simple del escrito de cuatro de julio de dos mil diecinueve, misma que será valorada al momento de dictarse la resolución que corresponda.

  4. Principal

    Visto; el escrito de cuenta signado por la parte quejosa ***, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada por acuerdo de veintisiete de septiembre del año en curso, en el juicio de amparo en que se actúa, en el que se le requirió para que bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclarara lo siguiente: "PRIMERO: Deberá señalar cuál es el acto concreto que inmediatamente le causa perjuicio, en razón que del contenido de su demanda en el capítulo respectivo, se advierte que se duele de la omisión de dictar auto de requerimiento y embargo dentro del juicio laboral ***; sin embargo, dentro del apartado dedicado a los antecedentes se observa que también reclama la omisión de contestar escrito de cuatro de julio de dos mil diecinueve, de ahí que sus manifestaciones tornan obscuro, impreciso e incongruente el acto reclamado. Lo anterior, toda vez que los actos reclamados deben ser inminentes y no de realización futura e incierta; además, fijarse en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75, y 77, de la Ley de Amparo. Al efecto, apoya la anterior consideración el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Y el diverso sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyo texto y rubro son el tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. SEGUNDO. Pormenorice detalladamente y de forma congruente los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, esto es, los hechos o abstenciones que constituyen las circunstancias y particularidades que le dieron origen y que servirán de fundamento a los conceptos de violación, para que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de verificar su constitucionalidad, ya que si bien es cierto, en su demanda los especificó bajo protesta de decir verdad, también lo es que, lo realizó de manera sucinta. Lo anterior, a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de verificar la etapa procedimental en la que se sitúa el acto que aquí se combate dentro del procedimiento laboral ***. TERCERO. Manifieste si ha promovido diversos juicios de amparo en relación con el acto que aquí reclama, y en caso de ser así, indique qué autoridades señaló como responsables, cuáles fueron los actos reclamados en éstos y precise todos y cada uno de los antecedentes de los mismos." Al efecto, se acuerda. Atento a lo anterior, se advierte que el quejoso dio cumplimiento parcial a la prevención decretada, esto es, únicamente respecto al punto primero, no así del segundo y tercero. Lo anterior porque, a pesar de narrar los antecedentes del acto reclamado, motivo de prevención el en el punto segundo, estos están incompletos, porque no refieren el desarrollo procesal de la etapa de ejecución, como por ejemplo la existencia de una resolución interlocutoria, entre otros, y por lo que respecta al tercer punto no señala los antecedentes de los juicios de amparo que aduce haber promovido. En consecuencia, mediante notificación personal que se realice en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, hágase saber a la promovente que no se tiene por desahogada la prevención señalada, por lo que continúa transcurriendo el término y el apercibimiento ahí decretados.

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