Paulino Aguilar Moreno

Expediente 1384/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1384/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Paulino Aguilar Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de lo que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veintidós de septiembre actual, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el mismo HA QUEDADO FIRME. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido que lo determinado en el proveído de trato, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses; en tanto que la autoridad responsable no se encuentra legitimada para hacerlo. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se ubica en la hipótesis establecida en su artículo 20, fracción II, por ser un asunto sobreseído fuera de audiencia; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se deja de realizar mayor pronunciamiento en virtud que no se apertura el incidente respectivo. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20, fracción II, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. En virtud que las partes no exhibieron documentos susceptibles de devolución, se deja de realizar mayor pronunciamiento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio singado por el 1. Presidente e integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado y anexa constancias en apoyo al mismo. Al efecto, se acuerda: Con base en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos el oficio y anexo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado. Con apoyo en los preceptos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que adjunta la responsable, consistentes en copia certificada de los acuerdos dictados el veinte de septiembre de este año, en el expediente laboral J/O/U/287/2014, de su índice; las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica y se agrega al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizada en el expediente electrónico. ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En ese tenor, la suscrita juzgadora, estima que respecto del acto reclamado en la demanda, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el referido numeral 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se citan. Se arriba a la convicción de que cesaron los efectos del acto reclamado, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Consideraciones las anteriores que se ven respaldadas a partir del criterio P. CL/97, con número de registro 197367, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que se inserta al efecto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, con fundamento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y del estudio integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que la parte quejosa reclamó la omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral J/0/287/2014, del índice de la autoridad responsable. En ese orden de ideas, de las constancias remitidas por la Junta oficiante, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora, tal y como quedó precisado, la parte quejosa reclama de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, la omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral J/0/287/2014, en el que solicitó la regularización del procedimiento de origen, a efecto de actualizar los montos relativos para ordenar la ejecución del laudo emitido en dicho expediente, con la asistencia del Actuario Judicial. En tesitura, del examen a las documentales exhibidas por la responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que se tratan de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de su encargo, se desprende que en efecto, el veinte de septiembre de este año, la responsable dictó un proveído en el que tuvo por recibido el escrito de veintisiete de junio de este año, signado por Paulino Aguilar Moreno (aquí quejoso) mismo en el que, por una parte y con relación a la actualización de los motos plasmados en su diverso de ocho de septiembre de dos mil veintidós -que peticionó en el escrito cuya omisión se duele-, advirtió que debía primeramente atenderse lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley Federal de Trabajo; y, por otra parte, ordenó requerir la certificación a la secretaria auxiliar de acuerdos de la sección de amparos de esa junta para que informara si existe o no la interposición de laguna de las partes de ese litigio, demanda de garantías contra todos y cada uno de los autos del aludido expediente laboral, a efecto de llevar a cabo la ejecución del laudo. Obtenida la información correspondiente a través de la certificación de mérito, la junta responsable en esa misma data, procedió a dictar un segundo acuerdo, el de ejecución con efectos de mandamiento en forma para que el fedatario judicial de su adscripción, acompañado del actor, proceda a requerir a la parte demandada del juicio de origen, del pago de la cantidad actualizada que fue condenada en el laudo de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete y resolución interlocutoria de veintinueve de abril de dos mil diecinueve; además, ordenó realizar la diligencia de reinstalación de Paulino Aguilar Moreno, al puesto que venía desempeñando, con forme a la sentencia de origen; aunado a que ordenó la notificación personal a las partes de lo ahí determinado para su debido conocimiento. De lo expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo cesó en sus efectos, pues fue subsanado con la actuación de la autoridad señalada como responsable; es decir, el veinte de septiembre de este año, dictó dos acuerdos en el que atendió lo solicitado por el actor -aquí quejoso- en su escrito de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, pues instruyó a la secretaria auxiliar de acuerdos de la sección de amparos de esa junta para que informara si existe o no la interposición de laguna de las partes de ese litigio, demanda de garantías contra todos y cada uno de los autos del aludido expediente laboral, a efecto de acordar lo conducente; y, recibida que fue la constancia correspondiente, procedió a dictar -en esa misma fecha-, auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma para efectos de llevar a cabo el requerimiento de pago a la demandada motivo de la condena del laudo así como la reinstalación del trabajador a su centro laboral; de ahí que es evidente que existe un pronunciamiento respecto de las pretensiones de la parte quejosa (actora en el juicio laboral de origen). Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus garantías violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, respecto al acto y autoridad señalada. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con el informe de cuenta, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Asimismo, no resulta necesario realizar mayor pronunciamiento en cuanto a la reserva decretada en el auto de seis de septiembre del año actual, respecto el emplazamiento de la parte tercero interesada, en virtud del sobreseimiento pronunciado en líneas que anteceden. Finalmente, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por otro lado y en ese tenor, concatenado a lo vertido en la certificación inicial que obra en este proveído, tomando en consideración que la Representación Social Federal adscrita encargada de este órgano de control constitucional, se encuentra registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "JULIRUMI", y a su vez, habilitada para consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones mediante esa misma vía, así como promover mediante el referido sistema de servicios en línea; en tanto que, la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado goza de su primer período vacacional. En tal virtud, se instruye a los Actuarios, realicen la notificación del este acuerdo, en forma personal a la encargada de esta representación social en cita, en forma electrónica a través del usuario "JULIRUMI". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; DE MANERA ELECTRÓNICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1384/2023-IV. II. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN A LA SECRETARIA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE, ACTUARIOS JUDICIALES, OFICIAL JUDICIAL "A" Y OFICIAL DE PARTES. Se instruye a la Secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III.- Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo por lo que hace a la autoridad y acto precisado a continuación: Autoridad Responsable: 1. Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Acto Reclamado: La omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral J/0/287/2014. IV. Incidente de Suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. V. Audiencia. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. VI. Informe y constancias. Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá, en la sentencia respectiva multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de conformidad con lo que establecen los artículos 14 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, podrá rendir su informe justificado a través de los medios electrónicos autorizados, atendiendo en su caso a los acuerdos de interconexión o a través del correo electrónico institucional 2jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, siempre y cuando sean signados con firma electrónica FIREL; caso contrario, no se tendrá por rendido el mismo, ni se otorgará validez a las comunicaciones recibidas, por lo que será acreedor a las multas a que fue apercibido en el párrafo que precede. En su caso, también podrá remitirlo a este juzgado en formato impreso con firma autógrafa, en el domicilio ubicado en Boulevard Ángel Albino Corzo, número 2641, colonia Las Palmas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29040. VII. Prevenciones Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir el oficio que se le gire, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirige el oficio haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que la responsable al rendir el respectivo informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedor a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Requerimiento especial a la autoridad responsable. De conformidad con lo establecido en el artículo 257 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; a efecto de privilegiar la comunicación procesal mediante la vía electrónica, y con ello implementar el mandato constitucional de impartición pronta de justicia, SE REQUIERE a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado, proporcione un correo electrónico oficial de la institución a la que pertenezca, así como un número telefónico en donde se pueda entablar comunicación con dicha autoridad; asimismo, para que este órgano jurisdiccional pueda generar una base de datos. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. VIII. Intervención de la Agente del Ministerio Público. De conformidad con los artículos 14, 21 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con la finalidad de garantizar un pronta y expedita administración de justicia, mediante la tramitación del presente asunto, a través el esquema de Juicio en Línea; y tomando en consideración que la Representación Social Federal adscrita a este órgano de control constitucional, se encuentra registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "edith.salgado", y a su vez, habilitada para consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones mediante esa misma vía, así como promover mediante el referido sistema de servicios en línea. En tal virtud, con apoyo en los artículos 17 de la Constitución Federal; y, 3, 5°, fracción IV, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención que legalmente le corresponde; para lo cual se instruye a los Actuarios, realicen la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes que conforme al ordenamiento legal en consulta deban practicarse en forma personal a la representación social en cita, en forma electrónica a través del usuario "edith.salgado". IX. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. X. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. XI. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Calle Sexta Oriente, entre Avenida Central y Primera Norte, número 132-BIS, Código Postal 29000, en esta ciudad. Asimismo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como autorizado en términos amplios de la parte quejosa a Víctor Manuel Barrios Gutierrez, dado que se trata de la parte trabajadora en el juicio de origen. Y, como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos, imponerse de autos, a Raúl Eduardo Albores Cruz, Mara Fernanda Barrios Núñez, Lester Corzo Solar, Jorge Alejandro Gutierrez Gomez y Víctor Ariosto Sánchez López por así haberlo solicitado expresamente. XII. Autorización para la consulta de expediente Electrónico. Tomando en cuenta que el promovente proporciona el usuario "VICTORMBG", para la consulta del expediente electrónico; en consecuencia, dése de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que pueda tener acceso al mismo. XIII. Parte tercera interesada. Se reserva de proveer lo conducente, hasta que la autoridad responsable rinda su informe justificado. XIV. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa, la documental que adjunta a su escrito de demanda; misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, probanza de la que se hará relación en el momento procesal oportuno. XV. Notificación por lista a la autoridad en su carácter de responsable o tercero interesada. Se hace del conocimiento de la autoridad que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XVI. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA, ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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