Paulina Rangel Reyna
Expediente 34/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Paulina Rangel Reyna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Análisis del cumplimento. El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ".Las autoridades responsables de inmediato, dicten la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación propuesto dentro del juicio laboral 1133/2019 de su índice, y lo hagan del conocimiento de las partes de dicho juicio laboral, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten a este Juzgado de Distrito." Ejecutoria. Por proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés causó ejecutoria dicho fallo constitucional. Acciones de cumplimiento. Con fecha veintiuno de febrero del año en curso, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, remitió copia certificada de la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en los autos del expediente laboral 1133/2019 de su índice, a través de la cual resolvió el incidente de liquidación interpuesto en dicho controvertido. En esa tesitura, toda vez que la concesión del amparo fue para que las autoridades responsables resolvieran el incidente de liquidación propuesto en el juicio de origen, por tanto, de conformidad con el artículo 196, de la legislación en cita, se declara que no hay materia para la ejecución de la sentencia aquí dictada, ya que del oficio recibido en este juzgado el veintiuno de febrero del año en curso, se advierte que las responsables resolvieron el incidente de liquidación propuesto en la controversia de origen el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, esto es, previo a que se dictara sentencia en este asunto. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración, sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Hágase constar la valoración del expediente, en la carátula, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Acuse de recibo. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con un anexo que se acompaña; en atención a su contenido, resérvese a proveer lo conducente, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio. Notifíquese
- Principal
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Paulina Rangel Reyna, contra la omisión atribuida a las autoridades responsables Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y su Presidente, por los motivos y para los efectos establecidos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.
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