Paulina Rangel Reyna

Expediente 1011/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1011/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Paulina Rangel Reyna

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Téngase por recibido y agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Director de Amparos adscrito a la Dirección General de Amparos y Contencioso, en representación del Comandante; Coordinador de Administrador y Finanzas; Director General de Recursos Humanos; Director General de Recursos Financieros; Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante, denominada Dirección General de Servicios Especiales y Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, todos de la Guardia Nacional, Determinación Lo anterior, toda vez que el treinta y uno de agosto del presente año, se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, virtud del desistimiento del quejoso. Domicilio y autorizados No obstante lo anterior, como se solicita, se tiene como domicilio de las responsables el que señalan en la misiva de cuenta y como delegados de su parte en términos del artículo 9 de la Ley de la materia, a las personas que indican. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Se tiene por recibido y se agrega al expediente el informe justificado de cuenta rendido por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Cuatro; con su contenido y anexo. Delegados Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Sobreseimiento Luego, de la mencionada documental remitida por la autoridad responsable, se advierte que en este juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de emprender el examen de la cuestión planteada, resulta necesario precisar el contenido del citado precepto, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]". La hipótesis legal consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dictar auto de ejecución dentro del procedimiento laboral 1133/2019 del índice de la autoridad responsable. Pues bien, del informe justificado rendido por la aludida responsable, y del anexo que acompaña en copia certificada, se advierte que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable emitió el auto de ejecución el día diez de agosto de dos mil veintitrés, cuya omisión se reclamó en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues la omisión de que se trata ya fue subsanada, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Documental que al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituye prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido la vista respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable, toda vez que el sentido de la determinación que se pronuncia no les causa perjuicio alguno, dado que tratándose de actos que paralizan el juicio laboral, se cristaliza una afectación tanto el actor como al demandado. Audiencia Constitucional Queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Finalmente, se precisa que algunos de los criterios que fueron invocados en esta determinación se citaron en atención a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, en razón que lo estipulado en ellas no se contrapone a la actual legislación de la materia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Recepción de documento Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por la Subdirectora Jurídica y de Acceso a la Información del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), mediante el cual, en atención al requerimiento de veinte de julio del año en curso, señala las constancias que solicita se envíen a la Superioridad, para la tramitación del recurso de queja interpuesto por dicha Subdirectora Jurídica. Notifíquese.

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