Paulina Pérez Lucas

Expediente 186/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
186/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
12/07/2019

Partes del expediente

  • Paulina Pérez Lucas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, en atención a que la quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto de veinte de junio del año en curso (fojas 49 a 51), por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído queda firme para todos los efectos legales procedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, gírese el oficio correspondiente a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que el presente expediente fue sobreseído, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción II del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial y el estado de autos de los que se advierte que la quejosa Paulina Pérez Lucas, no hizo manifestación alguna respecto de la vista que se le dio en proveído de siete de junio de dos mil diecinueve (foja 42), para que dentro del plazo de tres días, siguiente a su legal notificación manifestara lo que a su derecho conviniera, con relación a la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ahora, es menester señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número II.1º. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Este Juzgado Federal determina que es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por actualizarse la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, del análisis de la copia certificada de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, se arriba al conocimiento pleno, que la citada autoridad responsable el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictó el laudo en el juicio laboral 256/2015, de su índice (fojas 36 a 39), así como, que mediante diligencia de tres de junio de dos mil diecinueve, se notificó la citada resolución a las partes en dicho juicio (foja 40). De lo anterior, resulta patente que han cesado los efectos del acto reclamado, en razón de que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictó el laudo en el juicio laboral 256/2015, y la actuaria de su adscripción mediante diligencia de tres de junio de dos mil diecinueve, notificó el citado laudo a las partes en dicho juicio, cuya falta de pronunciamiento se reclama, esto es, desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo anterior, resulta claro que la agraviada ya tiene conocimiento del laudo dictado en el juicio laboral 256/2015, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, motivo por el cual se originó el presente juicio de amparo. En las relatadas consideraciones, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, que se fijó por proveído de veintisiete de mayo del año en curso (foja 26), para las diez horas con veinte minutos de este día. Se invoca en apoyo de lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y datos de localización son los siguientes: "Registro No. 184572 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003 Página: 386 Tesis: 2a./J. 10/2003 Jurisprudencia Materia(s): Común Rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Texto: De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, se invoca en apoyo de lo resuelto las jurisprudencias 2a./J. 59/99 y 2a./J. 9/98, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos IX (Junio de 1999) y VII (Febrero de 1998), visibles a fojas 38 y 210, correspondiente a la Novena Época, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." y "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO: Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Finalmente, para los efectos de la publicidad de esta resolución, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta sentencia; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaria de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente en el que se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial y el estado de autos de los que se advierte que la quejosa Paulina Pérez Lucas, no hizo manifestación alguna respecto de la vista que se le dio en proveído de siete de junio de dos mil diecinueve (foja 42), para que dentro del plazo de tres días, siguiente a su legal notificación manifestara lo que a su derecho conviniera, con relación a la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ahora, es menester señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número II.1º. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Este Juzgado Federal determina que es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por actualizarse la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, del análisis de la copia certificada de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, se arriba al conocimiento pleno, que la citada autoridad responsable el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictó el laudo en el juicio laboral 256/2015, de su índice (fojas 36 a 39), así como, que mediante diligencia de tres de junio de dos mil diecinueve, se notificó la citada resolución a las partes en dicho juicio (foja 40). De lo anterior, resulta patente que han cesado los efectos del acto reclamado, en razón de que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictó el laudo en el juicio laboral 256/2015, y la actuaria de su adscripción mediante diligencia de tres de junio de dos mil diecinueve, notificó el citado laudo a las partes en dicho juicio, cuya falta de pronunciamiento se reclama, esto es, desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo anterior, resulta claro que la agraviada ya tiene conocimiento del laudo dictado en el juicio laboral 256/2015, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, motivo por el cual se originó el presente juicio de amparo. En las relatadas consideraciones, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, que se fijó por proveído de veintisiete de mayo del año en curso (foja 26), para las diez horas con veinte minutos de este día. Se invoca en apoyo de lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y datos de localización son los siguientes: "Registro No. 184572 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003 Página: 386 Tesis: 2a./J. 10/2003 Jurisprudencia Materia(s): Común Rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Texto: De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, se invoca en apoyo de lo resuelto las jurisprudencias 2a./J. 59/99 y 2a./J. 9/98, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos IX (Junio de 1999) y VII (Febrero de 1998), visibles a fojas 38 y 210, correspondiente a la Novena Época, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." y "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO: Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Finalmente, para los efectos de la publicidad de esta resolución, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta sentencia; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaria de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente en el que se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio número 542 signado por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, mediante el cual remite copia certificada de la audiencia de discusión y votación, y laudo dictado en el expediente laboral 256/2015 de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, y constancia de notificación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por presentadas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta la referida autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional aunque no exista gestión expresa de la parte interesada, mismas que se justipreciarán al dicar el fallo en el presente asunto. Con su contenido, dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a sus interés convenga. Es aplicable la tesis I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página quinientos noventa y cuatro, del tomo II, Agosto de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ahora del análisis de las constancias remitidas por la referida autoridad responsable, con pleno valor probatorio en su calidad de instrumental de actuaciones en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se advierte una posible causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, tal como lo aduce la autoridad responsable. En consecuencia, previo a acordar lo procedente, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación manifieste lo que a su derecho convenga.

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