Patrocinio López Vásquez
Expediente 626/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 626/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Patrocinio López Vásquez
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Por recibido el oficio OCC/C13/JDM/76/2023, signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por el que en atención al oficio sin número, deducido del juicio de amparo 583/2023, promovido por ***** de este índice, remite el escrito de ampliación de demanda del referido quejoso (registro 15001), como nuevo asunto, en términos del artículo 46, fracción XV, del Acuerdo General que rige las actividades administrativas de los órgano jurisdiccionales. Por consiguiente, con el escrito de ampliación de demanda de **** contra actos de la Asamblea de la Comunidad de San Martín El Reparo, representada por la Delegada de dicha comunidad, perteneciente al municipio de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, fórmese el expediente electrónico respectivo, así como un cuaderno en el que se incorpore lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación y regístrese en el libro de control con el número 626/2023. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Asamblea de la Comunidad de San Martín El Reparo, representada por la Delegada de dicha comunidad, perteneciente al municipio de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca Asambleas celebradas el nueve y veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. ...En ese sentido, se advierte que en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo,... De la interpretación sintáctica, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquella con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el caso, se reclaman actos que no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo y que tampoco pueden considerarse aquellos de los que se conducen como autoridad o sus equivalentes, toda vez que los reclamados, no derivan de funciones que estén determinadas por una norma general, por lo que a quien se señala como responsable no le puede revestir tal carácter, según se verá a continuación.... Del anterior precepto, así como de los diversos 1, fracción I y 5o., fracción II de la Ley de Amparo, transcritos con anterioridad, es dable inferir que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se desprende que los particulares tendrán el carácter de responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), cuyas funciones estén determinadas por una norma general, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación que se hayan aducido en su contra. Esto es, que el particular ejerza facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por tanto, se traducirían en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, puesto que sus funciones se encuentran determinadas por una norma general... esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo expuesto se concluye que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad o, en su caso, de un particular cuando realice actos equivalentes a los de autoridad al tenor de dichas jurisprudencias. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. ..En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable, es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Empero, en mérito de las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, a saber, la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En correlación con los actos que reclama el quejoso, es inconcuso que a la autoridad que denominó como Asamblea de la Comunidad de San Martín El Reparo, representada por la Delegada de dicha comunidad, perteneciente al municipio de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, no le reviste el carácter de responsable, para los efectos del presente juicio de amparo; habida cuenta que se está en presencia de actos entre particulares, pues la Asamblea Comunitaria realiza la ejecución de los actos respecto del ejido y hacia su interior, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción; máxime que, no se está en la hipótesis de la fracción II, párrafo segundo, del numeral 5, de la Ley de Amparo, por virtud de que los entes ejidales no realizan actos equivalentes a los de la autoridad, sino como se dijo, se equiparan a actos entre particulares y de existir inconformidad de parte legítima, debe dirimirse el conflicto respectivo ante autoridad competente. ...En consecuencia, como los actos reclamados a la Asamblea de la Comunidad de San Martín El Reparo, representada por la Delegada de dicha comunidad, perteneciente al municipio de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, no pueden ser considerados como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, circunstancia por la que resulta notoriamente improcedente el presente juicio de amparo indirecto que se promueve, respecto de dicha responsable al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Como la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Segunda Norte número 420, centro en Santa María Jalpa del Marqués, Tehuantepec, ; en consecuencia, instrúyase al Actuario para que le notifique el presente proveído. Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deberá requerirla para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que sea legalmente notificada de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, para recibir las notificaciones personales que le corresponda en el presente asunto, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le hará por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 27, fracción III. Dese aviso de la comisión del Actuario Judicial adscrito a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México, para los efectos legales correspondientes. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES Por economía procesal, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. INTEGRACIÓN DE PROMOCIONES QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL EXPEDIENTE En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme a la tutela judicial pronta y efectiva, así como al debido proceso, contenido en los artículos 112 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles; se determina que las promociones que presenten las partes, autoridades auxiliares y tribunales relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del expediente ni constituyan determinaciones judiciales que deba emitir este juzgado, con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del referido artículo 62 del citado ordenamiento, el Secretario hará constar la hora y el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando, desde este momento, realizadas las manifestaciones respectivas, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones procesales excesivas e innecesarias en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones de manera pronta y expedita, en acatamiento la obligación de este órgano judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro aspecto, de conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se faculta al secretario de este juzgado en turno para que firme de manera electrónica los oficios y comunicaciones oficiales que se emitan en cumplimiento a lo ordenado en este proveído y de las subsecuentes actuaciones dictadas en el presente asunto durante el citado periodo, o bien, en caso de que así se requiera lo haga de manera autógrafa, previa validación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por parte del suscrito. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En atención a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones que hayan sido presentadas de manera física, para su debida integración en el expediente electrónico y, únicamente deberán imprimirse los documentos digitales e incorporarse al expediente físico lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, por lo que se instruye al Secretario de Juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización, de las promociones documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo en los términos ya indicados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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