Paulina Mora Vivanco

Expediente 782/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
782/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Paulina Mora Vivanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Juzgado federal remite constancia Visto el oficio de cuenta que suscribe el actuario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite un informe que fue dirigido y presentado en ese órgano, pero que corresponde al juicio de amparo en que se actúa; atento a lo anterior, se tiene por recibida dicha constancia y procédase a proveer lo que en derecho corresponda en torno de la misma. Informa trámites. En consecuencia, vista la misiva que suscribe la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a través de la cual remite copia certificada del acuerdo de dieciséis de octubre de este año, dictado en el juicio número 98/2011, donde realizó lo siguiente: I. Dejó insubsistente el proveído de veintinueve de mayo de este año; y, II. Tubo al apoderado de la parte actora, por haciendo manifestaciones en los términos de su escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés y admitió a trámite la solicitud de actualización de la plantilla de liquidación planteada, a través de la apertura del incidente correspondiente. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Juzgado federal remite constancia Visto el oficio de cuenta que suscribe el actuario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite un informe que fue dirigido y presentado en ese órgano, pero que corresponde al juicio de amparo en que se actúa; atento a lo anterior, se tiene por recibida dicha constancia y procédase a proveer lo que en derecho corresponda en torno de la misma. Informa trámites. En consecuencia, vista la misiva que suscribe la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a través de la cual remite copia certificada del acuerdo de dieciséis de octubre de este año, dictado en el juicio número 98/2011, donde realizó lo siguiente: I. Dejó insubsistente el proveído de veintinueve de mayo de este año; y, II. Tubo al apoderado de la parte actora, por haciendo manifestaciones en los términos de su escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés y admitió a trámite la solicitud de actualización de la plantilla de liquidación planteada, a través de la apertura del incidente correspondiente. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia con fecha de engrose veintitrés de agosto del año en curso, en la que por una partes se SOBRESEYÓ el juicio 04/10/24 12:38:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7d.db JOSE SIERRA ORTIZ en que se actúa y por otra, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a PAULINA MORA VIVANCO. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Consecuentemente, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se requiere a la autoridad responsable el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y 04/10/24 12:38:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7d.db JOSE SIERRA ORTIZ ??????????????? Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consistente en:  Deje insubsistente el proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés y dicte uno nuevo en el que admita a trámite la solicitud de actualización de la planilla de liquidación planteada por el apoderado de la parte actora mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, a través de la apertura del incidente correspondiente. REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, puesto que la autoridad señalada como responsable no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS los autos del juicio de amparo número IX-782/2023, promovido por Paulina Mora Vivanco, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado en la propia fecha a este juzgado, Paulina Mora Vivanco, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; ocurso en el que la quejosa narró los antecedentes del caso, precisó los preceptos constitucionales que estimó vulnerados y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Desechamiento y admisión de la demanda. En auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se desechó la demanda únicamente por lo que respecta a la autoridad que el quejoso precisó como Secretario de Acuerdos de Ejecución (sic), adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al considerarse actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 5º, ambos de la Ley de Amparo; asimismo, se admitió por lo que respecta a los actos reclamados a la Presidenta de dicho Tribunal; se solicitó el informe con justificación la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, y se reconoció el carácter de tercero interesada a la Secretaría de Educación en el Estado, con residencia en esta ciudad, a quien se emplazó por oficio 11076, recibido en la propia Secretaría el trece de julio de dos mil veintitrés. Seguido el juicio por sus trámites legales, el diez de agosto del año en curso tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto emitido por una autoridad laboral, circunscrita a la competencia mixta de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: El auto veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que el tribunal responsable se pronunció sobre los escritos presentados el dos de agosto de dos mil veintiuno; catorce de marzo, trece de junio, cinco de julio y ocho de septiembre, todos de dos mil veintidós, en los que, en esencia solicitó: ejecutar el laudo; hacer efectivos apercibimientos contra la demandada; requerir a ésta para que acreditara el cumplimiento ; y, que se actualizara el monto de lo condenado; y El auto dictado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dentro del juicio laboral 98/2011, en el que omitió pronunciarse en relación con el escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual el apoderado de la hoy quejosa insistió en la actualización de la planilla de liquidación, tendente a lograr el cumplimiento total del laudo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran expediente de origen a partir de la emisión del laudo y que la propia responsable remitió como sustento de su informe justificado; a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Cobran aplicación las jurisprudencias emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cabe decir que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a través de su pedimento presentado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que, como quedó precisado en el primer párrafo del presente considerando, la propia autoridad responsable aceptó haber emitido el acto reclamado, al rendir su informe justificado; circunstancia que de igual manera se advierte de las constancias que ésta remitió como sustento de su informe justificado. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita se advierte que no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque su análisis es de orden público. En el caso concreto, las partes no hicieron valer causales de improcedencia; no obstante, este juzgador advierte de oficio la actualización de causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, respecto del acto consistente en: El auto veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que el tribunal responsable se pronunció sobre los escritos presentados el dos de agosto de dos mil veintiuno; catorce de marzo, trece de junio, cinco de julio y ocho de septiembre, todos de dos mil veintidós, en los que, en esencia solicitó: ejecutar el laudo; hacer efectivos apercibimientos contra la demandada; requerir a ésta para que acreditara el cumplimiento ; y, que se actualizara el monto de lo condenado. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, los diversos preceptos 17 y 18 de la misma ley establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación de los preceptos de orden legal transcritos, en lo que aquí interesa, se advierte que se estiman consentidos los actos que no se reclaman dentro del plazo de quince días (aplicable al caso concreto, dado que no opera alguna de las excepciones previstas en el precepto 17; para lo cual, existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse ese espacio temporal, esto es, a partir del día siguiente: Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al peticionario de amparo de la resolución o acuerdo que reclame; Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, Al en que el solicitante de amparo se haya ostentado sabedor de ellos. De ahí el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo -en la vía indirecta-, comienza a correr a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis señaladas previamente, las cuales son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Lo anterior es así, ya que como se aprecia de las constancias que remitió la autoridad responsable, el proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós se notificó por instructivo a la parte quejosa el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, por la actuaria adscrita al tribunal responsable, en términos del artículo 743, fracción V de la Ley Federal del Trabajo, supletoria del Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Pues bien, como se advierte de lo antes descrito, la parte quejosa conoció del acto reclamado que aquí se analiza desde el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Por ello, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, esto es, más de seis meses después según se aprecia de la boleta de recepción correspondiente, expedida por la Oficina de Correspondencia Común, es inconcuso que ello tuvo lugar fuera del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Temporalidad que debe operar en la especie dada la naturaleza del acto reclamado, ya que no se trata de una norma general autoaplicativa, procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, ni se trata de actos que atentan contra derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal y tampoco implican peligro de privación de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, ni desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco se trata de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, sino que se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento administrativo. En tales condiciones, dado que la presentación de la demanda fue extemporánea y por vía de consecuencia, la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado a que se hace referencia en este apartado de consideraciones, por no haber ejercitado la acción constitucional en su contra dentro del término legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en términos de lo establecido en los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Lo que impide que este juzgado aborde la temática de los conceptos de violación relacionados con tal acto. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia del título y contenido siguientes: "Época: Octava Época Registro: 226555 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 1o. J/23 Página: 252 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Al no advertirse causa de improcedencia distinta a la ya analizada, no existe imposibilidad para analizar la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa, respecto del diverso acto que aquí reclama. QUINTO. Antecedentes. A efecto de dilucidar el asunto a estudio, primeramente se precisan los antecedentes del acto reclamado. El doce de mayo de dos mil catorce, los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, dictaron laudo en el juicio ordinario laboral 98/2011, promovido por la aquí quejosa Paulina Mora Vivanco, en contra de la Secretaría de Educación en el Estado, en cumplimiento a la ejecutoria emitida dentro del amparo directo 768/2013, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. Resolución en la que se condenó a la Secretaría demandada, a reconocer a la trabajadora actora como titular de la clave 11007692100.0E0181164489, nombramiento como Maestra en el Nivel de Alfabetización, así como al pago de la cantidad de $429,626.31 (cuatrocientos veintinueve mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de salarios devengados y que le fueron retenidos por de manera injustificada de la primera y segunda quincena de febrero y la primera y segunda quincena de marzo del año dos mil once y salarios devengados y que le fueron retenidos de manera injustificada del uno de abril de dos mil once a la fecha del laudo; de forma destacada también se condenó a la reo al pago de los salarios devengados desde la fecha del laudo hasta su cumplimiento total. En auto de ocho de agosto de dos mil catorce el tribunal responsable tuvo al órgano colegiado citado en el párrafo anterior informando que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ordenando el archivo de su expediente. En contra del laudo dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la demandada Secretaría de Educación en el Estado promovió juicio de amparo directo, el que por razón de turno correspondió conocer al mismo tribunal colegiado, quedando registrado con el número 650/2014; juicio en el que al ser resuelto se negó a la amparista la protección constitucional solicitada. Mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil quince, la parte actora solicitó al tribunal responsable ordenara al actuario llevara a cabo la ejecución forzosa del laudo, para lo cual debían computarse los salarios caídos desde el cuatro de abril de dos mil once hasta el día de la ejecución. Con motivo de la anterior solicitud en cumplimiento al auto de veintinueve de junio de dos mil quince -según se asentó en la propia diligencia-, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, la actuaria adscrita al tribunal responsable llevó a cabo el requerimiento de pago y embargo a la demandada de su participación presupuestal en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, hasta por la cantidad de $542,834.93 (quinientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos 93/100 M.N.); diligencia en la que además la actuaria ordenó dar vista al tribunal de su adscripción con la solicitud de actualización de monto realizada por la parte actora, por la suma de $664,021.78 (seiscientos sesenta y cuatro mil vientiún pesos 78/100 M.N.), a efecto de que proveyera lo conducente. En auto de uno de diciembre de dos mil dieciséis, el tribunal responsable, tomando en consideración lo manifestado por la parte actora en la diligencia de requerimiento de pago y embargo, ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración, a fin de que dentro del término de tres días contados a partir de la recepción del oficio correspondiente, remitiera el cheque a nombre de la trabajadora actora por la cantidad de $542,834.93 (quinientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos 93/100 M.N.), con el apercibimiento que de no hacerlo se haría del conocimiento de su superior jerárquico. En proveído de dos de diciembre de dos mil dieciséis, en atención al escrito presentado por la parte actora el veinticuatro de octubre de la propia anualidad, por el que solicitó se actualizara la planilla de liquidación y se dicte auto de ejecución, el tribunal responsable determinó actualizar la cantidad que debía cubrir la parte demanda por concepto de salarios devengados desde la fecha de la emisión del aludo, siendo ésta $684,991.19 (seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y un pesos 19/100 M.N.). Por escrito presentado el dos de diciembre de dos mil dieciséis, los apoderados de la actora interpusieron recurso de revisión contra los actos de ejecución del Presidente del tribunal responsable, así como de la actuaria de su adscripción, llevados a cabo en auto de veintinueve de junio de dos mil quince, así como en diligencia de pago y/o embargo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Mediante oficio 4633/2016, suscrito por la Titular del área Jurídica y Subprocuradora de lo contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, informó al tribunal responsable que se encontraba impedida para expedir el cheque a favor de la actora por la suma de $542,834.93 (quinientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos 93/100 M.N.), lo anterior en consideración a que dicha secretaría no tiene el carácter de demandada dentro del controvertido, aunado a que la Secretaría de Educación en el Estado como dependencia del Ejecutivo Estatal cuenta con su respectivo presupuesto. Respecto al recurso interpuesto (punto 7) e información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado (punto 8), en auto de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el tribunal responsable admitió a trámite el medio de impugnación, por ende, ordenó suspender el procedimiento y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental; asimismo, por lo que respecta a lo informado por dicha secretaría, se reservó pronunciarse hasta en tanto se resolviera el recurso. Por escrito presentado el tres de mayo de dos mil diecisiete, el apoderado de la quejosa desistió del embargo realizado a la fuente de trabajo demandada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que solicitó al tribunal responsable comisionara al actuario de su adscripción llevara a cabo la ejecución forzosa del laudo, debiéndose computar los salarios caídos desde el cuatro de abril de dos mil once hasta el día de la ejecución, tomando como base el salario mensual de $4,100.00 (cuatro mil cien pesos 00/100 M.N.) establecido en el propio laudo; asimismo solicitó se requiriera a la institución bancaria BBVA Bancomer, informara los números de cuentas bancarias registradas a nombre de la demandada. A lo peticionado por la parte actora, recayó el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, por el que el tribunal responsable la tuvo desistida en su perjuicio del embargo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que dejó sin materia el recurso de revisión admitido en auto de veintitrés de enero de dos mil diecisiete; de igual manera, despachó auto de ejecución de laudo, para lo cual comisionó al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de la demandada y la requiriera del pronto y efectivo pago de la suma actualizada de $732,724.61 (setecientos treinta y dos mil setecientos veinticuatro pesos 61/100 M.N.); por otro lado, respecto a la solicitud de girar oficio a la institución bancaria referida, determinó que no había lugar a proveer de conformidad. En auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, el tribunal responsable se pronunció en torno a tres escritos presentados por la parte actora, el veintitrés de mayo, cuatro de junio y quince de julio, todos de dos mil catorce, por los que a través del primero, se le solicitó requiriera a la demandada el cumplimiento voluntario del laudo, mediante el segundo, se le pidió ordenara al actuario llevara a cabo la ejecución forzosa del laudo y en el tercero se le solicitó la expedición de copias; al respecto, el tribunal responsable despachó auto de ejecución por la cantidad de $429,676.31 (cuatrocientos veintinueve mil seiscientos setenta y seis pesos 31/100 M.N.), para lo cual comisionó a la actuaria de su adscripción se constituyera en el domicilio de la demandada y la requiriera del pronto y efectivo pago de la aludida cantidad y, en caso de negativa, le embargara bienes de su propiedad para garantizar el monto referido, facultándola para hacer uso de la fuerza pública y medios de apremio previstos en la Ley. Por ocurso presentado el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el apoderado de la quejosa solicitó al tribunal responsable que al momento de la práctica de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, se requiera a la demandada para que a través de quien corresponda, gestionara ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, la liberación de los recursos públicos que forman parte del presupuesto asignado a la Secretaría demandada, para que ésta última se encuentre en condiciones de realizar el pago de lo laudado, bajo apercibimiento de dar vista al Ministerio Público en caso de incumplimiento. A la anterior solicitud recayó el acuerdo de treinta de enero de dos mil dieciocho, en el que el tribunal responsable dijo al solicitante que se estuviera a lo acordado en auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, por lo que una vez realizado el requerimiento de pago y embargo ordenado en dicho proveído, se acordaría lo que en derecho correspondiera. Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el apoderado de la parte actora insistió al tribunal responsable realizara los trámites necesarios para que la demandada Secretaría de Educación Pública en el Estado cumpliera con el laudo a través de su ejecución forzosa; escrito en el que solicitó requiriera a la patronal la actualización salarial de la clave presupuestal 11007692100.0E0181164489, que ampara el nombramiento de docente de la trabajadora actora; solicitara al Gobernador y Secretario de Finanzas, ambos del Estado de Michoacán, realizaran las gestiones tendentes a dicho cumplimiento y, requiriera a la institución bancaria BBVA Bancomer, a efecto de que informara los números de cuenta registrados a nombre de la Secretaría de mandada. A dichas solicitudes recayó el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en el que el tribunal responsable acordó que no había lugar a proveer de conformidad en cuanto a girar oficio a la institución bancaria, así como a notificar al Gobernador del Estado, esto último hasta en tanto se agotaran los medios de apremio previstos en la supletoria Ley Federal del Trabajo; asimismo, despacho auto de ejecución por la cantidad de $909,466.78 (novecientos nueve mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 78/100 M.N.), comisionando nuevamente al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio dela demandada y la requiriera a la demandada de su pronto y efectivo pago, facultándolo para hacer uso de los medios de apremio establecidos en la ley y, en caso de negativa, procediera al embargo de bienes suficientes para garantizar el pago del monto actualizado. El catorce de junio de dos mil diecinueve el actuario adscrito al tribunal responsable levantó acta de requerimiento de pago y/o embargo, en la que asentó que se constituyó en el domicilio de la demandada Secretaría de Educación en el Estado, cuya apoderada, luego de hacerle saber el contenido del auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, refirió que esa Secretaría se encontraba realizando todos los trámites tendentes al cumplimiento del laudo; asimismo, que ésta no cuenta con bienes muebles o inmuebles susceptibles de embargo, por tratarse de un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Michoacán. Respecto a tal manifestación, en la propia diligencia, el apoderado de la parte actora solicitó se apercibiera a la demandada para que realizara todos los trámites administrativos necesarios para el cumplimiento del laudo; asimismo, se le requiriera para que acreditara lo manifestado por su apoderada en el sentido de que se están realizando los trámites tendentes a ello. Por escritos presentados el cinco de julio y doce de agosto, ambos de dos mil diecinueve, el apoderado de la parte actora solicitó al tribunal responsable requiriera a la demandada exhibiera las constancias con las cuales acreditara que se encontraba realizando las gestiones tendentes al cumplimiento del laudo, con el apercibimiento que de no hacerlo se hicieran efectivos los medios de apremio previstos en la ley. A dichos escritos recayó el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve por el que el tribunal responsable requirió a la Secretaría de Educación en el Estado, para que dentro del término de tres días informara y diera continuidad sobre los actos administrativos realizados tendentes al cumplimiento del laudo con apercibimiento de multa por la suma de $5,069.40 (cinco mil sesenta y nueve pesos 40/100 M.N.) en caso de incumplimiento. Requerimiento que de nueva cuenta realizó el responsable en autos de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve y catorce de enero de dos mil veinte, en atención a los escritos presentados por la parte actora el cuatro de octubre y once de diciembre del año en cita. En auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, el tribunal responsable ordenó dar vista a la parte actora con la información proporcionada por la Directora de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación en el Estado en el sentido de que se procedió a elaborar el documento de ejecución presupuestaria y pago número 0120000000012, a efecto de cumplir con la gestión de pago a favor de la demandante; con lo que ordenó dar vista a esta última por el término de tres días, para que manifestar lo que a su interés conviniera. En respuesta a la vista que se le dio, mediante escritos presentados el dos de agosto de dos mil veintiuno, catorce de marzo, trece de junio y ocho de septiembre, todos de dos mil veintidós, el apoderado de la parte actora solicitó se requiriera a la demandada para que acreditara los trámites realizados para dar cumplimiento al laudo, con apercibimiento del dar vista al Ministerio Público en caso de ser omisa. Asimismo, por escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, el propio apoderado promovió incidente de planilla de liquidación tendente a obtener el pago por parte de la demandada a favor de la trabajadora actora, por los conceptos de salarios devengados, aguinaldo, apoyo a trabajadores y vacaciones, cuya suma, conforme a las operaciones aritméticas realizadas por el incidentista, arrojó la cantidad de $2´005,038.60 (dos millones cinco mil treinta y ocho pesos 607100 M.N.); sin perjuicio de los salarios caídos que se siguieran generando hasta el cumplimiento del laudo. Por lo anterior, solicitó se despachara auto de ejecución por la cantidad antes mencionada, así como la reasignación de la clave presupuestal 11007692100.0E0181164489, que ampara el nombramiento de la trabajadora actora como maestra en nivel de alfabetización que ostentaba el uno de enero de dos mil nueve y otra similar del mismo nivel. Mediante oficio SEE/SA/787/2022, el Subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación en el Estados informó al tribunal responsable que solicitó al Secretario de Finanzas y Administración su apoyo y colaboración para el pago del documento de ejecución presupuestaria y pago número 1200000004121 del ejercicio fiscal dos mil veinte, tramitado por la suma de $429,676.31 (cuatrocientos veintinueve mil seiscientos setenta y seis pesos 31/100 M.N.), a efecto de dar cumplimiento al laudo. Mediante oficio SEE/SEB/DEE/0495/2022, la Directora de Educación Extraescolar hizo del conocimiento de la responsable que comunicó al Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado, que con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós procedió a la búsqueda de la trabajadora Paulina Mora Vivanco, a efecto de realizarle la entrega de la orden de adscripción con número de clave presupuestal 11007692100.0E0181164489, sin que hubiese sido posible su localización, por lo que le solicitó hiciera del conocimiento dicha circunstancia al tribunal responsable. A los escritos de la parte actora y oficios antes citados (puntos 18, 19 y 20), recayó el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que el tribunal responsable ordenó agregar a los autos del juicio laboral, los escritos presentados por la parte actora; asimismo, con el contenido de los oficios SEE/SA/787/2022 y SEE/SEB/DEE/0495/2022, ordenó dar vista a la parte actora por el término de para que manifestara lo que a su interés conviniera y una vez hecho lo anterior se acordaría en cuanto al fondo de los escritos a que se ha hecho referencia en el punto 18 del presente considerando. Mediante escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintitrés, el apoderado de la parte actora desahogó la vista que se le dio en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, informando al tribunal responsable que determinó no aceptar la orden de adscripción porque ésta no corresponde al lugar en donde fue violentado su derecho laboral, además de que en dicho ofrecimiento nada se dijo sobre las demás prestaciones a la que fue condenada la patronal en el laudo respectivo; asimismo, insistió en el incidente de planilla de liquidación planteado mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, en el que además solicitó a la responsable despachara auto de ejecución. En auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, el tribunal responsable determinó que previo a proveer respecto a la solicitud realizada por la parte actora en el sentido de que se despachara auto de ejecución y actualización de los salarios, comisionar a actuario de su adscripción se constituyera en el domicilio de la demandada Secretaría de Educación en el Estado a fin de dar cumplimiento al laudo a través del reconocimiento y ratificación de la trabajadora actora Paulina Mora Vivanco, como titular de la clave 11007692100.0E0181164489, del nombramiento como maestra en el nivel de Alfabetización, con adscripción en el CEBA "José María Morelos", Clave 16DBA0213X ubicado en esta ciudad, fijando las diez horas del once de mayo del año en curso para tal efecto y apercibiendo a la trabajadora actora que de no presentarse perdería su derecho a ser reconocida y ratificada respecto de dicha adscripción. El ocho de mayo de dos mil veintitrés el tribunal responsable levantó acta con motivo de la comparecencia de las partes (actora y demandada), en la que éstas manifestaron que a esa fecha la actora aquí quejosa Paulina Mora Vivanco, ya se encontraba reinstalada con efectos a partir del diecisiete de abril anterior en el CEBA "José María Morelos", con clave de trabajo16DBA0213X, tomando posesión del cargo el veintiuno del propio mes y año; asimismo, que ésta fue dada de alta con la clave presupuestal 11016912E028000000953, a partir de la quincena 17 del año dos mil veintidós, comprometiéndose la Secretaría demandada a realizar los pagos correspondientes, así como a la tramitación del formato único de personal, a fin de que le sean entregados de manera personal. Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, el apoderado de la parte actora insistió, por tercera ocasión, en la actualización de la planilla de liquidación a efecto de que se establezcan los montos que debe cubrir la demandada con motivo de la totalidad de las prestaciones a cuyo pago fue condenada en el laudo. Escrito al que recayó el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que el tribunal responsable hizo del conocimiento del ocursante que para estar en condiciones de determinar la actualización de salarios devengados a que fue condenada la parte demandada en el laudo, es necesario sea aperturado y resuelto el incidente de liquidación, a fin de que la trabajadora actora demuestre la prestación de los servicios laborales desempeñados ante la Secretaría de Educación en el Estado y, en consecuencia, haber devengado los salarios indicados desde la fecha en que se emitió el laudo hasta la actualidad y la parte demandada pueda acreditar que no los devengó o que fueron cubiertos y una vez hecho lo anterior, el tribunal estará en condiciones de acordar lo que en derecho proceda con respecto a la actualización de los salarios devengados y el despacho de ejecución. Proveído en el que además tuvo por recibido el oficio SEE/SEB/DEE/0172/2023 de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, que suscribió el Director de Educación Extraescolar de la Secretaría de Educación en el Estado, por el que informó el otorgamiento de la orden de adscripción a la quejosa Paulina Vivanco Vivanco, en el CEBA "José María Morelos", en esta ciudad. Anterior determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. Estudio de fondo. A manera de preámbulo, es necesario precisar que en este juicio de amparo opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado deriva de un juicio laboral donde la aquí quejosa tiene el carácter de trabajadora; sin embargo, dicha figura se aplicará siempre y cuando le favorezca, es decir, si del análisis se advierte algún elemento por el que pueda concederse el amparo, por lo que no procede estudiar el acto reclamado bajo aquella complementariedad cuando dicho análisis, lejos de beneficiar, perjudica o no reporta utilidad alguna. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia de rubro y texto: Época: Décima Época Registro: 2014703 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 44, Julio de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 67/2017 (10a.) Página: 263 "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna.". Resulta innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sentado lo anterior, se tiene que a través de su único concepto de violación, la quejosa aduce que la el auto pronunciado por el tribunal responsable el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, vulnera en su perjuicio las garantías de audiencia, seguridad jurídica, derecho de petición, así como justicia pronta y expedida, inmersas en los artículos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales, así como los principios de congruencia y exhaustividad que deben regir en toda resolución. Ello en consideración a que en el proveído reclamado, el tribunal responsable se pronunció en torno al información proporcionada por la demandada Secretaría de Educación en el Estado, respecto a la reinstalación de la quejosa en la fuente laboral; sin embargo, respecto a la petición que ésta última realizó por conducto de su apoderado mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual, por tercera ocasión le solicitó la actualización de la planilla de liquidación a efecto de que la patronal se encuentre en condiciones de realizar el pago total de lo demandado, la responsable se limitó a decir que para ello resulta necesario sea aperturado y resuelto el incidente de liquidación. Agregó que la autoridad responsable ha dado prioridad a las promociones presentadas por la parte demandada, sin que se haya pronunciado en torno a los diversos escritos que ha presentado tendentes a lograr la ejecución del laudo. Suplido en la deficiencia de su exposición, es fundado el único concepto de violación planteado por la parte quejosa. En efecto, de la lectura íntegra de la demanda y constancias de autos se obtiene que la parte quejosa alega en esencia, la violación al derecho de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el ordinal 17 de la Constitución Federal, y no así la violación a las diversas garantías contenidas en los preceptos constitucionales en que funda la acción de amparo, tanto es así que de los autos remitidos por el tribunal responsable se desprende que a la fecha no se ha logrado ejecutar el laudo emitido desde el doce de mayo de dos mil catorce. Partiendo de esa premisa es que el acto que se reclama se analizará únicamente a la luz de la garantía prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que se realiza con fundamento en lo previsto por el artículo 79 de la Ley de Amparo y, con apoyo además en la tesis de jurisprudencia 49/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, agosto de 1996, tesis: P./J. 49/96, página 58, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto." Ahora, el invocado precepto constitucional establece: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Dicho numeral consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que otorga a favor de los gobernados los siguientes principios: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Bajo esa perspectiva, el derecho a la tutela jurisdiccional puede ser definido como el derecho público subjetivo que todo gobernado tiene, para que dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, accedan de manera expedita a los tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que en un proceso, donde se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 42/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 124, del Tomo XXV, abril de dos mil siete, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." En otras palabras, el derecho fundamental en estudio se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que en el artículo 17 Constitucional se garantiza a favor de los gobernados, entre otros derechos fundamentales, el del acceso efectivo a la justicia, el que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión jurisdiccional sobre las pretensiones deducidas, pues como deriva del propio texto constitucional, no se trata de un derecho incondicionado y absoluto a la prestación de esa actividad, por lo que el mismo no puede ejercerse al margen de los cauces establecidos por el legislador. Dicho de otra forma, si bien se deja en manos del legislador el fijar los plazos y términos con base en los que se desarrollará la actividad jurisdiccional, debe estimarse que tal regulación puede limitar esa prerrogativa fundamental siempre y cuando no establezca obstáculos o presupuestos procesales que no encuentren justificación constitucional, como sucede cuando se desconoce la naturaleza jurídica del vínculo del que emanan los derechos cuya tutela se solicita, tornándolos nugatorios. Encuentra sustento lo expuesto en la jurisprudencia número P./J. 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo XIV, Septiembre de 2001, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Además de la interpretación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación del alcance del artículo 17 Constitucional, dada la función de control convencional que se otorga a órganos jurisdiccionales, es menester complementar ese derecho fundamental previsto en nuestra Carta Constitucional, con las normas del derecho interamericano que, por disposición del artículo 1º, son aplicables en México en materia de derechos humanos, en el caso, el derecho humano contenido en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". Una vez precisado que el más Alto Tribunal de la Nación definió el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 Constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, necesariamente debe realizarse dentro del requerimiento de que los procedimientos jurisdiccionales, atento a su naturaleza y la carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, se efectúe dentro del tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en los plazos establecidos, sin que lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. También, el artículo en comento prevé la garantía a favor de los gobernados para que los fallos firmes a su favor se ejecuten a cabalidad por las autoridades, a fin de no hacer ilusorio el acceso a la jurisdicción. Luego, se precisa que se está en presencia de un procedimiento laboral que se rige por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, vigente al momento de la presentación de la demanda de origen; de tal modo que será con base en aquella norma y, en todo caso, de la supletoria Ley Federal del Trabajo, también vigente en aquél momento, que habrá de examinarse el acto dilatorio que se reclama. En efecto, como se estableció en párrafos que anteceden, el artículo 17 Constitucional garantiza a favor de los gobernados, entre otros derechos fundamentales, el del acceso efectivo a la justicia, el que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión jurisdiccional sobre las pretensiones deducidas, pues como deriva del propio texto constitucional, no se trata de un derecho incondicionado y absoluto a la prestación de esa actividad, por lo que el mismo no puede al margen de los cauces establecidos por el legislador. Ahora, tratándose de incidentes promovidos dentro de los juicios laborales, el artículo 763 de la Ley Federal de Trabajo, supletorio de la Ley de los Trabajadores del Estado de Michoacán al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, establece: "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes. Como se observa, si bien el precepto transcrito no prevé un plazo específico para la resolución de un incidente -como en el caso acontece-, lo cierto es que establece que este habrá de sustanciarse de inmediato oyendo a las partes para posteriormente continuar con el procedimiento. Ahora, de las constancias reseñadas en el considerando que antecede, se desprende que el doce de mayo de dos mil catorce, los integrantes del propio tribunal dictaron laudo en el juicio ordinario laboral 98/2011, promovido por la aquí quejosa Paulina Mora Vivanco por conducto de sus apoderados, en contra de la Secretaría de Educación en el Estado, en cumplimiento a la ejecutoria emitida dentro del amparo directo 768/2013, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. Resolución en la que claramente se condenó a la secretaría demandada, a reconocer a la trabajadora actora como titular de la clave 11007692100 nombramiento como maestra en el nivel de Alfabetización, así como al pago de la cantidad de $429,626.31 (cuatrocientos veintinueve mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de salario devengados y que le fueron retenidos por de manera injustificada de la primera y segunda quincena de febrero y la primera y segunda quincena de marzo del año dos mil once y salarios devengados y que le fueron retenidos de manera injustificada del uno de abril de dos mil once a la fecha del laudo y, sobre todo, al pago de salarios desde la emisión del laudo hasta la fecha en que se cumplimentara totalmente. Ahora, respecto a la fase de ejecución del juicio laboral, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que las partes se encuentran obligadas a participar proactivamente en el desarrollo del mismo, tomando en consideración que en esta etapa, es necesario que, quien tenga interés, impulse dicho procedimiento para que la autoridad laboral actúe en consecuencia de su pretensión, pues dada la naturaleza de dicho período, en ocasiones implica su participación. Tal criterio se encuentra plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), localizable en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Al respecto, de las propias constancias remitidas por la responsable se desprende que la parte quejosa ha cumplido con su obligación de impulsar el procedimiento a fin de lograr la ejecución del laudo. Es así, pues a través de sus escritos presentados el veintitrés de mayo, cuatro de junio y quince de julio, los tres de dos mil catorce, veintiocho de mayo de dos mil quince y veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, tres de mayo de dos mil diecisiete y veintiocho de agosto de dos mil dieciocho y cinco de julio de dos mil veintidós, solicitó al tribunal responsable llevara a cabo la ejecución forzosa del laudo, para lo cual incluso pidió se requiriera a la institución bancaria BBVA Bancomer, así como a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, a efecto de que la primera informara las cuentas bancarias registradas en esa institución a nombre de la demandada, en tanto que a la segunda, a fin de que liberara los recursos necesarios para que esta última cubriera el monto de lo condenado en el laudo, con su correspondiente actualización; todo ello con los apercibimientos correspondientes a la autoridad demandada. Asimismo, por escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, la actora aquí quejosa por conducto de su apoderado promovió incidente de planilla de liquidación tendente a obtener el pago por parte de la demandada, por los conceptos de salarios devengados, aguinaldo, apoyo a trabajadores y vacaciones; sin perjuicio de los salarios caídos que se siguieran generando hasta el cumplimiento del laudo; incidente en cuyo trámite insistió mediante escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintitrés. Sin embargo, el tribunal responsable ha sido reiterada y abiertamente omiso en cumplir con su obligación de administrar justicia de manera completa, pronta y expedita, pues si bien es cierto que en múltiples ocasiones despachó auto de ejecución de laudo y que la Secretaría demandada adscribió a la quejosa en el CEBA "José María Morelos", con clave de trabajo16DBA0213, dándola de alta con la clave presupuestal 11016922E02000000953, a partir de la quincena 17 del año dos mil veintidós; también lo es que evidentemente no ha hecho efectivo medio de apremio alguno para exigir el cumplimiento del laudo, ni ha materializado actos reales y efectivos para obtener precisamente el acatamiento total del fallo. Además, a la fecha no se ha pronunciado en torno al incidente de planilla de liquidación promovido desde escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós por la aquí quejosa a efecto de que se establezcan los montos que debe cubrir la demandada con motivo de la totalidad de las prestaciones a cuyo pago fue condenada en el laudo, siendo que mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, esta insistió por tercera ocasión en la actualización de la planilla de liquidación. Empero, el tribunal responsable se limitó en señalar, de forma incongruente y dilatoria, que para ello era necesaria la apertura y resolución del incidente de liquidación; sin que a la fecha en que rindió su informe justificado, se hubiese pronunciado en torno a la admisión de dicho incidente, aunque precisamente en los escritos de cinco de julio de dos mil veintidós y cinco de enero de dos mil veintitrés era lo que se estaba planteado. Lo que es claramente violatorio de garantías, habida cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo segundo, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; así como a la plena ejecución de los fallos emitidos a su favor. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultable en la página 299, Tomo XV, Mayo del 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.- La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". Consecuentemente, lo procedente es otorgar a la quejosa la protección constitucional solicitada, para el efecto de que una vez que se le comunique que la presente resolución causó ejecutoria, la responsable: Deje insubsistente el proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés y dicte uno nuevo en el que admita a trámite la solicitud de actualización de la planilla de liquidación planteada por el apoderado de la parte actora mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, a través de la apertura del incidente correspondiente. En el entendido de que la concesión del amparo no abarca aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución del presente fallo y que requieran el impulso e intervención del ejecutante o que pudieran no llegar a materializarse; y, por tanto, la supervisión que se realice vía cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se encuentra vinculada a las propias disposiciones legales que la ley que rige el acto establece, ya que se no hacerlo así, significación inobservar ordenamientos legales y principios que rigen la materia laboral, así como los plazos y fases legales correspondientes, vulnerando la garantía de audiencia de las partes. Orientan lo anterior las siguientes jurisprudencias: "Registro digital: 2000011 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materia(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771 Tipo: Jurisprudencia EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." "Registro digital: 2000025 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2772 Tipo: Jurisprudencia PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE. PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio respecto del acto y en los términos expuestos en el cuarto considerando de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Paulina Mora Vivanco, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy Fe.-

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