Paul Horacio Jiménez

Expediente 1111/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 34 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1111/2019
Año
2019
Actuaciones
34
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Paul Horacio Jiménez
  • Luis Gustavo Ximenez Y de López
  • Paul Horacio Jiménez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintitrés. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), Capítulo Quinto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación; por lo que, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es conservable y transferible dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha. DESTINO DE INCIDENTES. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es conservable, ya que fueron concedidas las medidas. Por su parte, como el presente asunto cuenta con duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a) del citado acuerdo, una vez que se cumplan seis meses de archivo, podrá ser destruido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe/*arga*/*Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Incidental

    POR LISTA NOTIFICO A LA TERCERO INTERESADA ALMA LETICIA ÁLVAREZ CORTÉS Y/O ALMA LETICIA ÁLVAREZ CORTÉZ Y/O ALMA LETICIA ÁLVAREZ DE TINOCO, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. SE PROVEE ESCRITO Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la tercera interesada Alma Leticia Álvarez Cortés y/o Alma Leticia Álvarez Cortez y/o Alma Leticia Álvarez de Tinoco, a través del cual solicita se declare firme la resolución interlocutoria de diecinueve de julio de dos mil veintidós, que resolvió el incidente de daños y perjuicios que promovió y se dejen a su disposición los billetes de depósito exhibidos por la parte quejosa. CUENTA CON AUTOS. En consecuencia, como lo solicita la tercera interesada y vista la certificación que antecede de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 97 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra de la resolución interlocutoria dictada el diecinueve de julio de dos mil veintidós por este juzgado, que resolvió el incidente de daños y perjuicios promovido por la tercera interesada; en tal virtud, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Asimismo, como está ordenado en la resolución de mérito, se ordena la entrega de los billetes de depósito números N846173, N847451 y N847452, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, valiosos por las sumas de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) el primero y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), los restantes a la tercera interesada Alma Leticia Álvarez Cortés y/o Alma Leticia Álvarez Cortéz y/o Alma Leticia Álvarez Cortés de Tinoco y/o Alma Leticia Álvarez de Tinoco, por lo que se dejan a su disposición en la secretaría de este juzgado. En el entendido de que una vez transcurridos dos años, prescribirá a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el numeral 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada Alma Leticia Álvarez Cortés y/o Alma Leticia Álvarez Cortéz y/o Alma Leticia Álvarez Cortés de Tinoco y/o Alma Leticia Álvarez de Tinoco. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Jegp

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. SE PROVEE ESCRITO Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la tercera interesada Alma Leticia Álvarez Cortés y/o Alma Leticia Álvarez Cortez y/o Alma Leticia Álvarez de Tinoco, a través del cual solicita se declare firme la resolución interlocutoria de diecinueve de julio de dos mil veintidós, que resolvió el incidente de daños y perjuicios que promovió y se dejen a su disposición los billetes de depósito exhibidos por la parte quejosa. CUENTA CON AUTOS. En consecuencia, como lo solicita la tercera interesada y vista la certificación que antecede de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 97 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra de la resolución interlocutoria dictada el diecinueve de julio de dos mil veintidós por este juzgado, que resolvió el incidente de daños y perjuicios promovido por la tercera interesada; en tal virtud, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Asimismo, como está ordenado en la resolución de mérito, se ordena la entrega de los billetes de depósito números N846173, N847451 y N847452, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, valiosos por las sumas de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) el primero y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), los restantes a la tercera interesada Alma Leticia Álvarez Cortés y/o Alma Leticia Álvarez Cortéz y/o Alma Leticia Álvarez Cortés de Tinoco y/o Alma Leticia Álvarez de Tinoco, por lo que se dejan a su disposición en la secretaría de este juzgado. En el entendido de que una vez transcurridos dos años, prescribirá a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el numeral 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada Alma Leticia Álvarez Cortés y/o Alma Leticia Álvarez Cortéz y/o Alma Leticia Álvarez Cortés de Tinoco y/o Alma Leticia Álvarez de Tinoco. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Jegp

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de daños y perjuicios relativo al juicio de amparo número III-1111/2019, promovido por Paul Horacio Jiménez y López y Luis Gustavo Ximénez y De López, por conducto de su apoderado, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Morelia, Michoacán. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Promoción del juicio de amparo. Por escrito presentado vía electrónica el ocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 2 a 15), ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, Paul Horacio Jiménez y López y Luis Gustavo Ximénez y De López, por conducto de su apoderado, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Morelia, Michoacán, de quienes reclamaron: El emplazamiento de veintidós de abril de dos mil diecinueve, dentro del juicio sumarísimo civil sobre recisión de contrato de arrendamiento número 256/2019, así como todas las consecuencias legales derivadas de dicho acto. SEGUNDO. Admisión del juicio de amparo. Por auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 48 a 51), este órgano jurisdiccional admitió la demanda; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; reservó el emplazamiento de la parte tercero interesada Alma Leticia Álvarez Cortés o Alma Leticia Álvarez Cortez o Alma Leticia Álvarez Cortés de Tinoco o Alma Leticia Álvarez de Tinoco; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Resolución del juicio de amparo. Seguido que fue el juicio por sus cauces legales, en engrose de diez de febrero de dos mil diecisiete (fojas 125 a 149), se dictó sentencia en la que en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Dicho punto es del tenor siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Paul Horacio Jiménez y López y a Luis Gustavo Ximénez y De López, en relación con los actos atribuidos a las autoridades que quedaron precisadas, por los motivos expuestos y para los efectos señalados en el último considerando de la presente sentencia." CUARTO. Impugnación de la sentencia dictada en el juicio de amparo. No conforme con la sentencia, Marco Antonio Tinoco Álvarez, autorizado de la Tercero interesada Alma Leticia Álvarez Cortés o Alma Leticia Álvarez Cortez o Alma Leticia Álvarez Cortés de Tinoco o Alma Leticia Álvarez de Tinoco, mediante escrito presentado ante el oficial de partes de este juzgado el siete de agosto de dos mil veinte, interpuso recurso de revisión, el cual se tuvo por interpuesto en auto de diecinueve del mes y año en cita (fojas 173 a 198). Por razón de turno, correspondió conocer del mencionado recurso al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, que mediante auto de catorce de octubre de dos mil veinte lo admitió a trámite, registrándolo como recurso de revisión civil número 112/2020 (foja 212). Mediante sentencia correspondiente a la sesión de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el tribunal colegiado en cita resolvió dicho recurso, en el que determinó revocar la sentencia recurrida, para ahora negar el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Paul Horacio Jiménez y López, y a Luis Gustavo Ximénez y De López (fojas 216 a 248). QUINTO. Concesión de la suspensión provisional y definitiva al quejoso. Paralelo a lo expuesto, en proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve y resolución interlocutoria de dieciséis de octubre de ese mismo año, se concedió a los quejosos Paul Horacio Jiménez y López, y Luis Gustavo Ximénez y de López, la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente, para el único efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban, esto es, si a esas fechas no se había realizado el cobro de lo condenado en el juicio sumarísimo civil de origen, no se realizaran actos que tendieran a ello, hasta en tanto las responsables recibieran notificación sobre la sentencia definitiva que se emitiera en el juicio de amparo de donde derivan cuadernos incidentales. Lo anterior previa garantía de la suspensión provisional de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y de la suspensión definitiva por 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), que exhibieran cada uno de los quejosos, sumas que se tuvieron por exhibidas en autos de dieciséis de octubre y ocho de noviembre, ambos de dos mil diecinueve (fojas 72 y 98 del incidente de suspensión), a través de los billetes de depósito números N-846173 valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), y los dos diversos de N-847451 y N-847452 valiosos cada uno por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. SEXTO. Promoción del incidente de responsabilidad de daños y perjuicios. A través del escrito presentado ante el oficial de partes de este juzgado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno (fojas 266 a 273 del juicio de amparo en que se actúa), Marco Antonio Tinoco Álvarez, autorizado en términos amplios de la tercero interesada Alma Leticia Álvarez Cortés o Alma Leticia Álvarez Cortez o Alma Leticia Álvarez Cortés de Tinoco o Alma Leticia Álvarez de Tinoco, promovió el incidente de responsabilidad de daños y perjuicios que nos ocupa, el cual se inició en auto de uno de junio de dos mil veintiuno (fojas 274 a 276), respecto del cual se ordenó correr traslado, entre otros, a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación de ese auto, para que manifestara lo que a su interés conviniera y ofreciera las pruebas que estimara pertinentes. Asimismo, en dicho auto se le tuvo por ofreciendo como medio probatorio todas las actuaciones relacionadas en el juicio de amparo en que se actúa, así como de las que derivan del incidente de suspensión relativo; de igual modo, se dio vista al banco del Bienestar para que manifestara lo que a su interés conviniera. Cabe precisar que la audiencia incidental fue celebrada el siete de julio de dos mil veintidós, en la que se tuvo por no presentado el escrito por el que la parte quejosa pretendía dar respuesta al incidente de daños y perjuicios que el tercero interesado hizo valer; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente, en términos de lo dispuesto por los artículos 128, 156 y 157 de la Ley de Amparo y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un incidente de reclamación de daños y perjuicios, ocasionados con motivo de la suspensión de los actos reclamados, en un juicio de amparo concluido. SEGUNDO. Oportunidad. El incidente respectivo se promovió una vez que concluyó el juicio en lo principal y dentro del lapso de seis meses establecido por el artículo 156 de la Ley de Amparo. En efecto, si en auto de once de marzo de dos mil veintiuno (fojas 252 y 253 del juicio principal), se dictó el auto en el cual se tuvo por recibido el testimonio del órgano revisor, que revocó la sentencia recurrida, el que fue notificado a la parte tercero interesada mediante lista de veinticuatro de marzo del referido año (fojas 258 y 259), y el incidente se presentó el veintisiete de mayo siguiente (fojas 266 a 273); es inconcuso que no transcurrió el plazo previsto en el precepto mencionado en el párrafo que antecede, ya que el término para su presentación fenecía el veinticuatro de septiembre del año en cita. En ese sentido, se estima que la promoción del presente incidente de daños y perjuicios es oportuna. TERCERO. Estudio y decisión de la acción incidental. El incidente de daños y perjuicios es la vía legal a través de la cual el tercero interesado puede hacer efectiva la responsabilidad que se origine con motivo de la suspensión, cuestión que debe ser decidida por el juzgador; asimismo, impone al actor incidentista la carga de acreditar los extremos propuestos. Así, la litis se constriñe a demostrar que la suspensión de los actos reclamados produjo a la contraparte del quejoso daños y perjuicios, pues no puede estimarse que el hecho de haberse fijado una garantía dé por sentado que se generaron daños y perjuicios al concederse la suspensión, pues es una carga que corresponde al incidentista. Es menester tener en consideración que los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo, disponen lo que sigue: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente". De los preceptos transcritos se desprende que el incidente de daños y perjuicios tiene como objetivo restituir al tercero interesado en la situación que disfrutaba antes de que se produjera la suspensión del acto reclamado. Esto es, a través de ese medio se determina la procedencia o no de reparar económicamente el daño e indemnizar los perjuicios que se hubieren causado con motivo de la concesión de la medida cautelar, a fin de restaurar o retrotraer las cosas al estado que privaba antes de la aparición de esos eventos. De modo que podemos concluir que la materia del incidente será resarcir al tercero interesado de los daños y perjuicios generados con motivo del otorgamiento de la suspensión a la quejosa, a quien finalmente se le negó el amparo. En ese sentido, para la procedencia de la incidencia en comento, se requiere la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1. La existencia de un tercero interesado; 2. El otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados; 3. La exhibición de la garantía exigida con motivo de la suspensión de los actos reclamados. 4. El dictado, en el juicio de amparo, de una sentencia desfavorable a la parte quejosa. 5. La demostración a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Ahora, para la demostración de los daños es necesario que se acredite el hecho, acto o situación concreta que generó el menoscabo, para poder determinar el vínculo o nexo causal entre los daños y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de la ganancia no determina que genera los perjuicios no es necesario que el tercero interesado narre un acto específico que pudo haberse frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; por el contrario, basta con la narración o explicación de los hechos creíbles de donde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado. Es aplicable al caso la tesis del contenido siguiente: "Registro digital: 2019453 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.3o.C.106 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2655 Tipo: Aislada DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN. LA DEMOSTRACIÓN DEL INCIDENTISTA, DE HABERLOS RESENTIDO, DEBE SER PRESUNTIVA [ABANDONO PARCIAL DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS I.3o.C.120 K (9a.)]. Este órgano colegiado, en una nueva reflexión, determina que la demostración por parte del incidentista de haber resentido daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión decretada, debe ser presuntiva, ya que con la promoción de un juicio de amparo y, la obtención de una sentencia que sobreseyera o negara el amparo y que hubiere causado ejecutoria, se origina una afectación al tercero interesado, en tanto que se ve privado del disfrute de un derecho que le corresponde. Por tanto, es desproporcional solicitarle que la demostración de haber resentido daños y perjuicios sea plena, pues de los autos del juicio de amparo puede advertirse presuntivamente si resintió o no una afectación. Esto es acorde con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estableció que, en cuanto a la demostración de los perjuicios, es innecesario que el tercero interesado narre un acto específico que pudo haberse frustrado ante la imposibilidad de disponer de un bien; de manera que basta con la narración o explicación de los hechos de donde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado. Por lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito se aparta parcialmente del criterio sostenido en la tesis I.3o.C.120 K (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, página 1983, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS.", en la parte que establece: "...4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada.", para que ahora se lea: "...4) La demostración presuntiva de que el incidentista resintió daños o perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión decretada". Asimismo, los artículos 2108, 2109 y 2110 del Código Civil Federal, establecen lo siguiente: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación". "Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación". "Artículo 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse". Así las cosas, el artículo 2108 del Código Civil Federal establece que debe entenderse por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. El diverso 2109 del ordenamiento en cita señala que el perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. En tanto que el artículo 2110 dispone que los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación. Con relación a lo anterior, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para demostrar los daños y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, para constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. Por lo que hace a los perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto, es necesario ubicarse en un plano hipotético y tratarse de situaciones posibles. Lo anterior deriva de la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 161105 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 80/2011 Página: 148 DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista." Ahora, la caución que se exige al quejoso como requisito de efectividad de la suspensión, sólo debe responder a los daños y perjuicios que podrían generarse al tercero interesado de no otorgarse el amparo. Pero, tal garantía no tiene por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica del tercero interesado derivado de la ejecución inmediata del acto reclamado; sino que aquella se dirige a garantizar consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto, esto es, los daños y perjuicios causados por no poder incorporar a su patrimonio las prerrogativas que otorga el acto reclamado, desde que se concedió la suspensión hasta la resolución firme del amparo principal. Es por ello que los daños y perjuicios no pueden asimilarse al monto total a que asciende la condena cuya suspensión se decreta. Respecto de las controversias de arrendamiento los daños y perjuicios que debe garantizar la caución, se vinculan al tiempo por el que la parte quejosa no podrá disponer del inmueble (en caso de que no se hubiere entregado ya, antes de la medida cautelar) y al no poder proceder al cobro de cantidades liquidas o liquidables. Aplicado lo anterior en la especie, la parte quejosa reclamó en vía de amparo del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, la omisión de verificar que los emplazamientos se llevaran conforme a derecho y, como consecuencia de ello, todo lo actuado con posterioridad dentro del juicio sumarísimo civil número 256/2019; del actuario adscrito al referido órgano jurisdiccional reclamó la ilegalidad del emplazamiento. Por lo que, en su momento, la suspensión se otorgó para el efecto de las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, es decir, para que si a esa fecha no se había realizado el cobro de condenado en el juicio civil de origen, no se realizaran actos que tendentes a ello. Como requisito de eficacia, primeramente, la quejosa presentó el billete de depósito número N-846173, expedido por el Banco del ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), el cual se tuvo por exhibido y se determinó que la medida suspensiva provisional continuaba surtiendo efectos. Posteriormente, el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia incidental, en la que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva, en acatamiento a lo ahí resuelto la quejosa exhibió los billetes de depósito números N-847451 y N-847452, expedido por el Banco del ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, valiosos cada uno por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), los cuales se tuvieron por exhibidos y se determinó que la medida suspensiva definitiva continuaba surtiendo efectos. Ahora, la parte tercero interesada incidentista precisó los conceptos que generan el pago de daños y perjuicios en tres rubros: a) El tiempo por el que se impidió a la tercero interesada cobrar las rentas adeudadas, con motivo de la suspensión; b) El lapso por el cual no pudo cobrar la pena convencional pactada por la misma razón; c) Los once meses por los que, dice, no pudo disponer del inmueble afecto. Con base en ello, la incidentista reclama el pago de las rentas y pena convencional vencidos y generados entre el mes de octubre de dos mil diecinueve y febrero de dos mil veintiuno, en que duró la suspensión. Ahora, para sustentar su reclamo narró, en esencia, como hechos que sustentan el pago, el que en el juicio sumarísimo civil número 256/2019 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, que sobre recisión de contrato de arrendamiento, entrega y desocupación de inmueble se dictó sentencia el seis de junio de dos mi diecinueve, en la que se declaró la procedencia la acción llevada a juicio, la recisión del contrato de arrendamiento y se condenó a la parte demandada, aquí quejosa, a la desocupación y entrega del bien inmueble arrendado, con el apercibimiento que de no hacerlo serían lanzados, lo que así ocurrió antes de la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Además que se condenó a los demandados a cubrir en favor de la accionante, aquí tercero interesada, el pago de las rentas vencidas y no cubiertas del inmueble dado en arrendamiento, de noviembre y diciembre de dos mi dieciocho, así como enero y febrero de dos mil diecinueve, a razón de $6,000.00 seis mil pesos cada una, una vez incrementado el precio de la renta a que alude la cláusula novena del contrato relativo. También se les sentenció al pago de la pena convencional a que hizo referencia el fallo definitivo. Con motivo del juicio de amparo que nos ocupa, promovido por los quejosos Paul Horacio Jiménez y López, y Luis Gustavo Ximénez y De López, se concedió la suspensión del acto reclamado para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y no se realizara el cobro de condenado en el juicio sumarísimo civil de origen, ni se realizaran actos tendientes a ello, hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo. Motivo por el cual la parte tercero incidentista -refiere- no pudo realizar el cobro de rentas y pena convencional condenadas en el juicio natural, ni dispuso del inmueble, mientras estuvo vigente la suspensión decretada, dejando de percibir una ganancia lícita de aproximadamente $110,160.00 (ciento diez mil ciento sesenta pesos 00/100 moneda nacional) a razón 6,000.00 (seis pesos mensuales por concepto de renta), más $480.00 (cuatrocientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) de pena convencional, cuantificados por el tiempo que duró la tramitación del juicio, estos es, a partir de que se concedió la suspensión provisional (9 de octubre de dos mil diecinueve), a la fecha en que se concluyó el juicio con la sentencia ejecutoria que revocó la sentencia y negó el amparo (veinticinco de febrero de dos mil veintiuno), habiendo transcurrido diecisiete meses. Partiendo de dichas premisas, se estima que la presente incidencia es parcialmente fundada, por los siguientes motivos. 1. En principio, cabe puntualizar que de los antecedentes narrados en la sentencia definitiva (foja 131 del juicio de amparo), y el informe previo rendido por las responsables, se advierte que con fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, antes de presentarse la demanda de amparo, el inmueble le fue entregado físicamente a la tercero interesada (fojas 60 vuelta y 62 vuelta). Por ende, si el bien raíz se entregó a la tercero interesada antes de que se otorgara la suspensión, entonces es inconcuso que ya podía disponer del bien raíz. 2. Por ende, si la suspensión que se dictó después de dicha entrega evidentemente no se pronunció sobre la indisponibilidad del bien ni la generó, no procede el pago por esa circunstancia, ni el pago de rentas ni pena convencional generada por el impago de tales conceptos. Máxime que su cuantificación, acorde a lo condenado en la sentencia firme dictada en el juicio natural, sería hasta la desocupación y entrega del bien arrendado (foja 60 vuelta y 62 vuelta). Luego, al no haber siquiera generado la obligación del pago de rentas y pena convencional durante el lapso de la suspensión, no procede su pago a través de la incidencia planteada. 3. En cambio, asiste razón a la incidentista respecto del diverso concepto que reclama, porque si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de las garantías otorgadas para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar. También lo es que para reclamar los daños y perjuicios que fueron ocasionados con ese motivo, en este asunto, la parte incidentista sólo debe precisar de manera objetiva, razonable y clara los hechos y datos que conduzcan a definir de forma verosímil y aceptable la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo, ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en el lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, como ya se adelantó, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia ya precisados anteriormente. Respecto al punto que antecede, atendiendo a lo determinado en el presente fallo, es necesario precisar que la demostración por parte del incidentista de haber resentido daños y perjuicios, debe ser de manera presuntiva, dado que con la promoción de un juicio de amparo y la obtención de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado, es inconcuso que durante el lapso en que duró la suspensión, se causó una afectación al tercero interesado, en tanto que resintió la pérdida del poder adquisitivo de la cantidad que dejó de percibir por diecisiete meses respecto de las rentas de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, más la pena convencional de $480.00 (cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.), de los meses de noviembre y diciembre de dos mil dieciocho, enero y febrero de dos mil diecinueve, más las ganancias lícitas que obtendría la tercera interesada de haber tenido bajo su dominio dicho monto; y, de la que se vio privada del disfrute con motivo de la suspensión. Por tanto, es desproporcional solicitar que la demostración de haber resentido daños y perjuicios sea plena, pues de los autos del juicio de amparo se puede advertir de forma presuntiva si el tercero interesado resintió o no una afectación. Esto es acorde con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que estableció que en cuanto a la demostración de los perjuicios no es necesario que el tercero interesado narre un acto específico que pudo haberse frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; es decir, basta con la narración o explicación de hechos creíbles de donde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado. Precisado lo anterior, como ya se dijo, asiste razón a la recurrente en virtud de que del análisis de la instrumental de actuaciones, puede inferirse que con la concesión de la suspensión decretada en el juicio de amparo, se le provocó una afectación, en tanto que no pudo realizar el cobro de lo condenado en el juicio de origen, respecto de las rentas de noviembre y diciembre de dos mil dieciocho, enero y febrero de dos mil diecinueve, al no poder además realizar actos que tendientes a ello. De ahí que, con ese retraso, es jurídicamente aceptable considerar que se causó una afectación a la recurrente, pues el dinero perdió valor adquisitivo (daños) y no pudo disponer de lo condenado en sentencia dictada dentro del juicio de origen (perjuicios), por lo que la suspensión provocó un retraso en la ejecución de ese fallo. De modo que quedaron demostrados el daño y el perjuicio que se ocasionó a la inconforme, pues si bien es cierto no es necesario que se narre un acto específico que pudo haberse frustrado ante la imposibilidad de cobrar lo condenado en sentencia; también lo es que, como sucedió en la especie, basta con la narración o explicación de los hechos creíbles de donde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privada, pues no pudo cobrar lo condenado. Así, de lo expuesto se infiere que: a) La parte quejosa al momento de ejecutarse la sentencia definitiva del juicio de origen, acudió al juicio de amparo generador a su vez del incidente. b) Se benefició con la medida suspensional, respecto de la cual exhibió la garantía que se le fijó. c) No obtuvo sentencia favorable en el amparo. En ese contexto, se concluye que la tercero interesada no pudo realizar el cobro de lo condenado en el juicio sumarísimo civil de origen, virtud a la concesión de la medida suspensional, lo que por sí solo demuestra los daños y perjuicios resentidos con motivo de la suspensión de los actos reclamados. Así, se consideran acreditados los elementos de la acción incidental, pues la intentó la tercero interesada; hubo concesión de la medida suspensional; se exhibió la garantía; la quejosa no obtuvo sentencia favorable; se acreditó el hecho de que se benefició con la medida; y, con las pruebas ofrecidas en el incidente y las constancias del expediente se acredita que la tercera interesada, derivado de no poder realizar el cobro de lo condenado en sentencia dictada en el juicio natural, por virtud de la suspensión de los actos reclamados, sufrió los daños (pérdida del poder adquisitivo) y perjuicios (ganancia lícita que no obtuvo de las rentas) que ello lo generó, al menos por las cantidades otorgadas para que surtieran efectos las suspensiones provisional y definitiva, esto es, al menos de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional). Cabe destacar que aun y cuando pudiera llegar a considerarse que los daños y perjuicios resentidos por el tercero interesado pudieran ascender a una cantidad mayor a las exhibidas por la quejosa como garantías para que surtieran efectos la suspensión provisional y definitiva, lo cierto es que en el juicio de amparo únicamente podrán hacerse efectivas las garantías hasta por el monto total por el que fueron fijadas y otorgadas, sin perjuicio de que el tercero interesado pueda hacer valer lo que a su interés crea conveniente en diversa vía ordinaria que eventualmente pudiera llegar a ser procedente, en términos del artículo 156 de la Ley de Amparo. Lo anterior tomando en consideración que el parámetro discrecional adoptado por este juzgado constitucional, al fijar el monto de la garantía para que siguiera surtiendo efectos la suspensión, y las determinaciones adoptadas al respecto en el acuerdo que proveyó sobre la suspensión provisional y la interlocutoria que resolvió sobre la definitiva, no fueron impugnadas oportunamente por la tercero interesada, aquí incidentista; por ende, precluyó el derecho de la incidentista para reclamar un monto mayor con base en los mismos elementos, circunstancias y constancias que ya existían al resolver sobre tales medidas cautelares (suspensión de la ejecución de la sentencia). Apoyan lo anterior los criterios de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2022594 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: II.4o.C.33 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 82, Enero de 2021, Tomo II, página 1321 Tipo: Aislada INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS. SI SU CUANTÍA CORRESPONDE A UN MONTO MAYOR AL FIJADO COMO GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR, LA CONDENA NO PUEDE EXCEDER ESTE ÚLTIMO MONTO, PUES DE HACERLO IMPLICARÍA LA TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE "COSA JUZGADA". En la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA." el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; dato que, precisó, es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; por lo que para calcular los posibles daños, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía. Asimismo, señaló que los perjuicios son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, como es la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, si la cuantificación a que ascienden los daños y perjuicios ocasionados al tercero interesado, corresponde a un monto mayor al fijado como garantía para que surta efectos la medida cautelar, el cual hubiere adquirido firmeza procesal, por no haber sido impugnado por alguna de las partes, a través del recurso de revisión que procede en su contra, en términos del artículo 81, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; entonces, la condena en el incidente de daños y perjuicios, no puede establecerse en diversa cuantía. De actuar en sentido contrario, esto es, de fijar la condena en razón de diverso monto, implicaría trastocar el principio de "cosa juzgada", al mutarse la cantidad líquida que originalmente se estableció para cubrir los posibles daños y perjuicios." "Registro digital: 2024446 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: I.5o.C.6 C (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo IV, página 2735 Tipo: Aislada INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA FIJADA EN LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE AL MODELO EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO AJUSTÓ SU DECISIÓN AL MOMENTO DE CONCEDERLA CONTRA UNA ORDEN DE LANZAMIENTO DE UN INMUEBLE. Hechos: El acto reclamado en el juicio de amparo consistió en la orden de lanzamiento emitida en la etapa de ejecución de sentencia; el Juez Federal otorgó la suspensión definitiva y la garantía para que surtiera efectos dicha medida se fijó atendiendo a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a veintiocho días; el porcentaje resultante lo aplicó a la cantidad en la que se aprobó el remate en segunda almoneda del bien inmueble materia de la litis, por concepto de perjuicios. En el incidente para hacer efectiva la garantía otorgada a la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión el actor incidental pretendió realizar una cuantificación con base en la rentabilidad del bien que posiblemente dejó de percibir, es decir, sobre referentes ajenos a aquellos en los que el Juez de amparo basó su decisión al momento de fijar la garantía. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para analizar la procedencia del incidente, debe tenerse en consideración el modelo elegido por el Juez de Distrito al momento de fijar la garantía para que surta efectos la suspensión. Justificación: En el artículo 132 de la Ley de Amparo se regulan los modelos a los que debe atender el juzgador para la cuantificación de la garantía en caso de otorgarse la suspensión definitiva; existen modelos aplicables para los distintos casos que se presenten, de acuerdo con las particularidades de cada asunto. Para los casos en los que se reclame la orden de lanzamiento de un inmueble se encuentra establecido un modelo legal que debe observarse para la fijación de los elementos, datos y parámetros para calcular la garantía, para que surta sus efectos la suspensión. Así, la cantidad fijada por el juzgador de amparo por concepto de perjuicios, con base en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), cuando se trata de un lanzamiento, presupone que se generarán los perjuicios, de modo que en el incidente, el actor tercero interesado no está obligado a probarlos y menos aduciendo un método distinto, como lo es el de la cuantificación de rentas que dejó de percibir si el bien hubiera estado a su disposición. De modo que en ese caso no cobra vigencia la tesis de jurisprudencia 1a./J. 80/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO.". Por lo tanto, el modelo utilizado por el Juez Federal para la cuantificación de la garantía para que surta efectos la suspensión en una resolución que quedó firme, constituye la medida exacta a que debe atenderse para fijar el resarcimiento solicitado y, por ende, sobre esa base corresponde establecer que se generaron los perjuicios. Ello resulta suficiente para estimar que en tal situación, debido al modelo que ocupó el Juez para la cuantificación de la garantía a la que habría de atenderse para resarcir los perjuicios que se ocasionarían al tercero interesado con la negativa del amparo, ya no es necesario probar ese concepto a resarcir, motivo por el cual se está en un caso de excepción a la regla establecida en la última parte de la citada jurisprudencia, para la demostración de los perjuicios que le fueron causados." "Registro digital: 2024447 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: I.5o.C.7 C (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo IV, página 2737 Tipo: Aislada INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA FIJADA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN LA ORDEN DE LANZAMIENTO DE UN INMUEBLE, LA FIJACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DEBE REALIZARSE SOBRE ELEMENTOS QUE EL JUEZ DE DISTRITO TUVO A SU ALCANCE AL MOMENTO DE CONCEDERLA (EXCEPCIÓN A LA REGLA ESTABLECIDA EN LA ÚLTIMA PARTE DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 80/2011). Hechos: El acto reclamado en el juicio de amparo consistió en la orden de lanzamiento emitida en la etapa de ejecución de sentencia. El Juez Federal otorgó la suspensión definitiva y la garantía para que surtiera efectos dicha medida se fijó atendiendo a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a veintiocho días; el porcentaje resultante lo aplicó a la cantidad en la que se aprobó el remate en segunda almoneda del bien inmueble materia de la litis, por concepto de perjuicios. En el incidente para hacer efectiva la garantía otorgada a la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión, el actor incidental pretendió realizar una cuantificación sobre bases ajenas a aquellas en las cuales el Juez de amparo basó su decisión al momento de fijar la garantía. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para analizar la procedencia del incidente de suspensión del acto reclamado, si el Juez de Distrito eligió un modelo en el que fijó una cantidad líquida, a éste debe estarse y ello resulta suficiente para estimar que en el caso ya no es necesario atender a un estándar probatorio que sea exigible al actor incidental para la demostración de los perjuicios que le fueron causados; de ahí que el asunto en análisis constituye un caso de excepción a la regla prevista en la última parte de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 80/2011. Justificación: De acuerdo a las particularidades del asunto, se estima que se está en un caso de excepción a la regla establecida en la última parte de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 80/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, materias común y civil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 148, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO.", para lo cual se atiende a que el monto de los perjuicios quedó fijado previamente en la resolución firme que se ocupó de la concesión de la suspensión definitiva, en el amparo cuyo acto reclamado fue la orden de lanzamiento de un inmueble, el cual fue rematado y sobre esas bases se cuantificó la garantía, tomando en cuenta el tiempo probable para la resolución del amparo y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. El asunto es un caso de excepción, toda vez que dicho criterio se basa en cargas probatorias, en el cual se hace referencia a los distintos estándares probatorios que deben observarse para la acreditación de los daños y los perjuicios. Sin embargo, cuando en ese supuesto la garantía se fijó con base en esa tasa, es innecesario atender a esas reglas, porque presupone que existirán perjuicios, cuyo monto ya fue definido en resolución firme, de modo que el Juez de Distrito no tenía la obligación de ajustar su actuación al criterio contenido en la citada jurisprudencia, sino que una vez realizada la solicitud en tiempo y por parte legítima, deberá declarar procedente el incidente de daños y perjuicios." En consecuencia, se condena a Paul Horacio Jiménez y López, y Luis Gustavo Ximénez y De López, al pago de los perjuicios reclamados, solo en lo concerniente a los billetes de depósito que por concepto de la suspensión provisional y definitiva fueron otorgados por la quejosa, a través de los billetes de depósito números N-846173, N-847451 y N-847452, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, valiosos por las sumas de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), el primero y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), los segundos. Por consiguiente, una vez que la presente resolución quede firme, entréguense dichos billetes de depósito a la tercero interesada Alma Leticia Álvarez Cortés o Alma Leticia Álvarez Cortez o Alma Leticia Álvarez Cortés de Tinoco o Alma Leticia Álvarez de Tinoco, a fin de cubrirle los daños y perjuicios que le fueron ocasionados con motivo de la suspensión provisional y definitiva decretadas en autos. Por lo expuesto, fundado, con apoyo en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Es parcialmente fundado el incidente de reclamación de daños y perjuicios. SEGUNDO. Se ordena hacer efectivas las garantías exhibidas por los quejosos Paul Horacio Jiménez y López, y Luis Gustavo Ximénez y De López. TERCERO. Una vez que la presente resolución quede firme, entréguense los billetes de depósito números N-846173, N-847451 y N-847452, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, valiosos por las sumas de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), el primero y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), los segundos, a la tercero interesada Alma Leticia Álvarez Cortés o Alma Leticia Álvarez Cortez o Alma Leticia Álvarez Cortés de Tinoco o Alma Leticia Álvarez de Tinoco, a fin de cubrirle los perjuicios que le fueron ocasionados con motivo de la suspensión provisional y definitiva decretadas en autos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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