Paulina Guadalupe Vega Martínez

Expediente 515/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 58 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
515/2020
Año
2020
Actuaciones
58
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Paulina Guadalupe Vega Martínez
  • La Comisión Nacionales Bancaria y de Valores
  • Carla Valentina Vargas Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 58.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º., se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósense los incidentes de suspensión. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Así, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Luego, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión definitiva respecto de las autoridades locales y se negó por las autoridades foráneas, por tanto, el original del mismo es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General, por lo cual, deberá conservarse la resolución atinente a su otorgamiento. Por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo cual, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado. Finalmente, hágase saber a las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, sí así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa o sus autorizados deberán generar cita en Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio "Agenda OJ". Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    ... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Paulina Guadalupe Vega Martínez por su propio derecho y en cuanto representante de la menor de iniciales C.V.V.V., contra los actos reclamados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México y BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de ocho de febrero del año en curso, se tuvo por no ampliada la demanda de amparo, por lo motivos expuestos en dicho auto; en consecuencia, de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, a fin de que surta efectos la notificación del citado proveído y las partes en especial la parte quejosa, se impongan del mismo, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se difiere y se señala como nueva fecha para su desahogo las CATORCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós, señaladas para la audiencia incidental dentro del cuaderno de suspensión relativo al juicio de amparo 515/2020-V, en audiencia de derecho el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión del licenciado Crispín Ernesto Gamboa Mendoza, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla vía remota sin asistencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Enseguida, con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, el Secretario hizo relación de constancias que obran en autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de la demanda de garantías y los informes rendidos por las autoridades responsables; a lo que se acuerda. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con los exhibidos por la quejosa en su escrito inicial de demanda. A continuación, se abre la etapa de alegatos y el Secretario, hace constar que ninguna de las partes los formuló. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 515/2020-V, promovido por PAULINA GUADALUPE VEGA MARTÍNEZ por propio derecho y en cuanto representante legal de su menor hija de iniciales C.V.V.V, contra actos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad; C O N S I D E R A N D O: I. El quejoso en sus escritos de demanda señaló como autoridades y actos reclamados, en su orden: "... AUTORIDADES RESPONSABLES: Como autoridades responsables señalo las siguientes, ORDENADORAS: Manifiesto que hasta el momento desconozco del nombre y existencia de autoridad responsable ordenadora. EJECUTORAS: Desde este momento señalo a, La Institución Bancaria: BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. La Comisión Nacionales Bancaria y de Valores. ACTOS RECLAMADOS.- De las Autoridades responsables señaladas como Ejecutoras, les reclamo: El indebido bloqueo y/o aseguramiento de un cuenta bancaria propiedad de la suscrita, registrada bajo el número 2976958842 de la Institución BBVA BANCOMER S.A. fuera de todo proceso legal y sin que medie una orden judicial que esté debidamente fundada y motivada, y que la misma haya seguido los lineamientos procesales aplicables al caso para decretar aseguramiento alguno. Donde se me hubiese notificado y además se hubiese respetado mi derecho de audiencia. La flagrante violación a los derechos de mi menor hija de seguridad jurídica y de alimentos, así como mis derechos de propietaria y poseedora de la cuenta bancaria registrada bajo el número 2976958842 de la Institución BBVA BANCOMER S.A. mediante la inminente desposesión que pretende efectuar la ordenadora y que la ejecutora realizo respecto de la cuenta bancaria de mi propiedad, así como la flagrante perturbación de la legitima posesión en el ejercicio de mis derechos de propietaria de tal cuenta. De las autoridades señaladas como EJECUTORAS les reclamo: El haber cumplimentado lo ordenado por las ordenadoras de Manera indebida e inconstitucionalmente, sin que se hubiesen seguido las formalidades legales del procedimiento y mediante las cuales, se me dé la oportunidad de ser oída y vencida en juicio, ya sea dentro de una Averiguación previa penal o de un juicio, pues como lo acredito con la impresión digital original del estado de cuenta bancario la suscrita soy propietaria de la cuenta bancaria número 2976958842 de la Institución BBVA BANCOMER S.A. de la cual me privan de mis derechos de propiedad y posesión, sin que exista una orden de aseguramiento legal, en la que pudiera haber quedado demostrado de forma fundada y motivada su aseguramiento y que este implicara el bloqueo de dicha cuenta de mi propiedad y patrimonio. En la inteligencia de que esto lo señalo y lo afirmo, porque nunca he cometido delito alguno que merezca aseguramiento de mis bienes cuenta bancaria- por ende todo lo actuado, por esas autoridades responsables, deviene ilegal y fuera de todo procedimiento legal o debido, toda vez que la suscrita en mi calidad de propietaria nunca he realizado conducta alguna que amerite la retención o bloqueo de la cuenta bancaria de mi propiedad señalada con antelación, de tal forma, que al privarme así de manera inconstitucional de mi cuenta se perturban mis derechos de propiedad y posesión trasgrediendo mis derechos constitucionales. Por lo que los actos que reclamo, son violatorios de mis garantías individuales; ello es así, porque como lo digo. la suscrita no ha cometido conducta alguna para que las autoridades ejecutoras hubiesen realizado el bloqueo de la cuenta bancaria de mi propiedad, asimismo manifiesto que no existe orden debidamente fundada y motivada en la que se hubiese decretado el bloqueo o aseguramiento de la cuenta bancaria de mi propiedad, pues al efecto debo puntualizar, que al pretender tener acceso a la cuenta bancaria de mi propiedad, fui informada de manera verbal de dicho bloqueo y aseguramiento por parte de las ejecutoras so (sic) pretexto que recibieron un oficio de la comisión nacional bancaria y de valores, en el que ordenaba su bloqueo y aseguramiento, en cumplimiento de un supuesto oficio jurídico, es por ello, que ante la ausencia, de una orden debidamente fundada y motivada, en el que se hubiese seguido un proceso en mi contra en el que hubiese sido juzgada y sancionada, y que como consecuencia de ello se decretara el bloqueo y aseguramiento de algún bien de mi propiedad, en especial de la cuenta bancaria de mi propiedad, siendo ello por lo que reitero que estos actos que reclamo son inconstitucionales e ilegales toda vez que las autoridades que señalo con antelación están perturbando a la suscrita mis derechos de propiedad y posesión respecto de la cuenta bancaria de mi propiedad sin que exista mandamiento legalmente fundado y motivado.". II. Fijación de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa los actos reclamados en el juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental. Así la parte quejosa reclama: De BBVA BANCOMER Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, en Zamora, Michoacán, y de la Comisión Nacionales Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México: - La ejecución del embargo ordenado sobre la cuenta bancaria número 2976958842, registrada ante la Institución BBVA BANCOMER S.A, de la parte quejosa. III. Conviene señalar que para determinar la procedencia de la suspensión, de acuerdo con la técnica jurídica, debe estudiarse primeramente la certeza de los actos reclamados o los efectos o consecuencias combatidos; enseguida, si la naturaleza de dichos actos permite su paralización; después, si se satisfacen los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo; por último, si es necesaria la exigencia de alguna garantía ante la existencia de terceros interesados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 199, volúmenes 181-186, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, TÉCNICA QUE DEBE SEGUIRSE EN EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse, por su orden, las siguientes cuestiones: a) Si son ciertos los actos reclamados o los efectos y consecuencias combatidos (premisa). b) Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). c) Si se satisfacen las exigencias previstas por el numeral 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales); y d) Si es necesaria la exigencia de alguna garantía, por la existencia de terceros interesados (requisitos de efectividad)." IV. La autoridad responsable BBVA BANCOMER Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, en Zamora, Michoacán, manifestó que es cierto el acto que la parte quejosa le reclama. Por su parte la autoridad responsable Comisión Nacionales Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, negó la existencia del acto de ejecución a ella atribuido, sin embargo dicha negativa se desvirtúa, en razón a que de las constancias que adjuntó la institución bancaria citada en el párrafo que antecede, se advierte la participación de la citada Comisión en la ejecución del acto reclamado, pues al efecto emitió el oficio 214-1-3677203/2020, a efecto de que se realizara el embargo en la cuenta bancaría de la parte quejosa; de ahí que, también debe tenerse por cierto el acto reclamado a dicha autoridad responsable. V. Los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo establecen en su orden: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.". En el caso concreto, la peticionaria de amparo solicitó expresamente en su escrito de demanda, la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito a que alude el numeral 128 en cita. Por lo que ve a la fracción II del artículo 128 en comento, también se actualiza, en razón a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan. Ahora bien, el interés suspensional de la quejosa se acredita con las constancias que adjuntó a su escrito de demanda, específicamente el estado de cuenta relativo a la cuenta número 2976958842, aperturada en la sucursal "6724 SUC. 5 DE MAYO", ubicada en Avenida 5 de Mayo Sur, número 540, colonia Jardines de Catedral, en Zamora, Michoacán, de la institución bancaria denominada BBVA BANCOMER, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, y que obra en los cuadernos incidentales en que se actúa. Cabe destacar que, la finalidad de la medida suspensional es preservar la materia del asunto e impedir que por el solo transcurso del tiempo se produzca perjuicios de imposible reparación a la parte quejosa, y es el caso de que con el bloqueo e inmovilización de los recursos acumulados en la cuenta bancaria conlleva una afectación directa a las quejosas porque éstos pueden estar para su subsistencia y manutención, lo que, presumiblemente, no podrán realizar durante el lapso que persista la medida, además que de la demanda de amparo no se puede desprender algún elemento objetivo del cual pudiera conocerse el origen del bloqueo o congelamiento de la cuenta bancaria, que la parte quejosa manifiesta desconocer. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 128, 130, 135, 138 y 139 de la Ley de Amparo, se CONCEDE a la quejosa PAULINA GUADALUPE VEGA MARTINEZ, así como a la menor C.V.V.V, la suspensión definitiva de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, consistentes en el bloqueo o aseguramiento de una cuenta bancaria 2976958842, aperturada en la sucursal "6724 SUC. 5 DE MAYO", ubicada en Avenida 5 de Mayo Sur, número 540, colonia Jardines de Catedral, en Zamora, Michoacán, de la institución bancaria denominada BBVA BANCOMER, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER; esto es, para que puedan disponer de los numerarios depositados en ella, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo a que pertenecen los presentes cuadernos incidentales; la cual únicamente surtirá efectos respecto de los actos existentes a la fecha de presentación de la demanda, pues, estimar lo contrario, se estaría extendiendo su alcance a actos que no forman parte del juicio de amparo de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.15o.A.88 A, visible en la página 1702, Tomo XXVI, correspondiente al mes de Diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO PROCEDE PARA EL EFECTO DE QUE SE PERMITA AL QUEJOSO EL LIBRE MANEJO DE AQUÉLLAS, SIEMPRE QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DE UN CRÉDITO FISCAL LÍQUIDO Y EXIGIBLE. Conforme a los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora en que descansa toda medida cautelar, es posible que ante un acto de autoridad que impide el ejercicio de un derecho y que al prolongarse en el tiempo puede causar un daño irreparable al quejoso, de estar acreditados esos presupuestos y, previamente, también los previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional conceda la medida con efectos positivos, esto es, para que se permita el libre ejercicio del derecho que se paralizó con el acto, lo que implica un adelanto provisional de los efectos de una hipotética concesión del amparo, sin perjuicio que de negarse la protección constitucional, la autoridad pueda continuar ejecutando el acto hasta su total cumplimiento. Sobre tales premisas, cuando en el juicio de garantías se reclama el embargo precautorio o aseguramiento de cuentas bancarias, sin que esté demostrada la existencia de un crédito fiscal líquido y exigible, reunidos los presupuestos mencionados resulta procedente que se otorgue la medida cautelar con efectos positivos que se traducen en el levantamiento del impedimento para manejar libremente las cuentas y, así, permitir la disposición de sus cantidades y valores, dado que en ese evento no es posible evidenciar un daño económico específico para la autoridad y, en cambio, de conservarse esa situación, se causarían al quejoso daños de imposible reparación, pues sin estar acreditado que es el titular de una deuda tributaria líquida y exigible que amerite la observancia de una medida de aseguramiento o embargo de bienes, sufriría la restricción temporal del libre ejercicio de su patrimonio, lo que no se le resarciría ni mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, por haberse ya consumado irremediablemente los efectos temporales del acto de autoridad. En este sentido, la concesión de la suspensión sólo para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren (medida cautelar negativa), esto es, para que tampoco la autoridad pueda disponer de las cantidades y valores de las cuentas, además de que toleraría que se prolongara el daño en el derecho del quejoso, sería ociosa e inútil, ya que de cualquier manera, la facultad de la autoridad para disponer de los valores de las cuentas únicamente podría nacer de un crédito fiscal líquido y exigible cuya existencia en ese caso no está demostrada". Asimismo, dicha medida cautelar no surtiría efectos, si la cuenta bancaria no pertenece a la promovente del amparo; si el indebido bloqueo y/o aseguramiento de la cuenta bancaria defendida fue emitidas por autoridades diversas a las señaladas como responsables; tampoco, si deriva de la orden dictada dentro de una averiguación previa instruida en el Ministerio Público de la Federación o en el de alguna de las entidades federativas de la República Mexicana, de autoridades diversas a las señaladas como responsables; o bien, de la orden dictada por un Juez del orden penal, ya sea federal o de las citadas entidades federativas, o porque la cuenta bancaria señalada sea producto de la comisión de actos delictivos o esté relacionada con la comisión de los mismos, o bien, esté relacionada con los actos materia de la averiguación previa o del proceso penal respectivo, o porque la inmovilización o congelamiento de dicha cuenta tenga por objeto el garantizar la reparación del daño, dentro de la averiguación previa o proceso penal correspondiente y finalmente, si la orden no fue emitida de manera verbal. De igual forma, debe señalarse que la medida cautelar dejará de surtir sus efectos, si la orden de embargo y/o inmovilización y/o congelamiento de la cuenta bancaria defendida y su ejecución, se emitió en cumplimiento de una obligación contraída con el gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueran reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado Mexicano. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª/J.87/2019 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación visible en la página 1537, II, Decima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.A consideración de esta Segunda Sala, atendiendo a una ponderación del interés social, la no contravención a disposiciones de orden público así como al principio de apariencia del buen derecho, en el juicio de amparo es posible otorgar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, en su caso dicha suspensión provisional se concederá de manera condicionada, esto es, no surtirá efectos si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por esta Segunda Sala, consistente en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Al tratarse de un supuesto excepcional, dicha autoridad habrá de contar con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. Lo anterior no implica que al momento de dictarse la suspensión provisional la autoridad deba acreditar tal escenario, en tanto podrá no ordenar el levantamiento del bloqueo, pero tendrá la carga procesal de exhibir en el informe previo la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado de la suspensión definitiva." Finalmente, debe señalarse que en caso de que los actos reclamados derivaran de uno o varios créditos fiscales determinados a la parte quejosa, la efectividad de la medida cautelar concedida se encontrará sujeta a que se haya constituido o se constituya la garantía del importe a que asciendan dichos créditos, incluyendo accesorios, actualizaciones, multas y recargos; cantidad que podrá garantizar ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, en los términos previstos por el artículo 135 de la Ley de Amparo; y que, una vez garantizado dicho depósito ante la autoridad correspondiente, el quejoso deberá acreditarlo fehacientemente ante ella, con la constancia que expida la autoridad ante la cual realice la garantía correspondiente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se CONCEDE a PAULINA GUADALUPE VEGA MARTÍNEZ por propio derecho y en cuanto representante legal de su menor hija de iniciales C.V.V.V, la suspensión definitiva que solicita, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente interlocutoria. Notifíquese.

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