Patricio Enrique Vargas Bravo

Expediente 907/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
907/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Patricio Enrique Vargas Bravo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho ACUERDO HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el original del incidente respectivo y por lo que respecta al disco compacto de la causa penal ******************** devuélvase al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, por ser innecesario que sigan obrando en autos. Virtud a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el apartado 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", relativo al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, con independencia del sentido de la resolución emitida en la sentencia definitiva. Asimismo, como en los autos del incidente de suspensión se negó en parte la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Hágase del conocimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción el presente proveído, para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que en diverso acuerdo de veintitrés de diciembre último, se dio vista con la diligencia de ratificación de demanda que pudiera actualizar actos de tortura, por lo que este órgano jurisdiccional dio vista al fiscal adscrito, a fin de que ordenara a quien correspondiera, investigar ese probable ilícito respecto de los actos de tortura que pudo sufrir la accionante del amparo. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese y personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, en específico la certificación de cedula profesional y llamada telefónica, por una parte, se tiene que el nombre correcto del defensor particular del quejoso ********************, lo es ********************, y no así ********************; asimismo, que dicha persona indicó el número de la cédula profesional que lo faculta para ejercer la licenciatura en derecho, lo cual fue corroborado como se obtiene en la certificación de cuenta; por su parte, toda vez que el profesionista en mención aceptó el cargo de defensor que le confirió el quejoso, se le tiene como tal en el presente juicio, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, en aras de procurar la tutela jurisdiccional efectiva. Por otro lado, en atención a que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, se le tiene señalando como tal el ubicado en calle ********************. En relación con la llamada telefónica, por último, quien suscribe toma conocimiento que el referido defensor manifestó bajo protesta de decir verdad, que el quejoso ******************** fue puesto en libertad el catorce de los actuales, aproximadamente a las trece horas, con motivo del beneficio alcanzado en la causa penal ********************, de la estadística del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia. En ese orden de ideas, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el dieciocho de agosto de dos mil veintidós se dio trámite a la comparecencia de ********************, quien promovió demanda de amparo en favor de ********************, contra actos del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, los cuales se hicieron consistir en la detención, incomunicación y posibles actos de tortura del aludido quejoso; además; en esa misma fecha se radicó la demanda; se decretó la suspensión de plano de los actos de molestia; y, se ordenó la localización del referido quejoso, a fin de que ratificara su demanda de amparo. Previa ratificación de la demanda realizada por el quejoso, en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, entre otros aspectos, se admitió a trámite el presente juicio de amparo, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En mérito de lo anterior, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos de los actos reclamados. A fin de explicar la referida causal de improcedencia conviene traer a colación el contenido del citado artículo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien por una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener efectos jurídicos. De tal manera que la esfera jurídica de la persona quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso; y, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J.9/98, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, página 210; que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, crea una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de perjudicar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser restituida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de hacer efectivo el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese sentido, es patente que de la interpretación de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal, que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, página 38; del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL CTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, se actualiza la referida causa de improcedencia, en virtud de que el quejoso ********************, fue puesto en libertad a las trece horas del catorce de diciembre de dos mil veintidós, según lo narrado previamente; en la inteligencia que en los informes relativos a la suspensión de plano del Director del Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez, a través del cual informó que el aquí quejoso se encontraba detenido con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa derivada de la determinación que decretó el auto de vinculación a proceso de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, respecto a la segunda en mención, que no ha estado en las instalaciones de la Fiscalía por motivo alguno. En consecuencia, al tener conocimiento que el quejoso fue puesto en libertad, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía la promovente; motivo por el cual, cesaron los efectos del acto reclamado. De lo expuesto se colige que en el procedimiento del que emana el acto reclamado ha operado un cambio de situación jurídica respecto de la detención del quejoso, dado que las violaciones que pudiera contener la misma, ya quedaron consumadas irreparablemente con ese cambio de situación jurídica, pues a la fecha se decretó su libertad, por lo que son estas resoluciones las que ahora rigen su situación jurídica. Por lo que si el promovente del amparo se encuentran a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, ello imposibilita el examen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica del promovente del juicio de amparo, creada con motivo de esas determinaciones. Tiene aplicación a lo anterior, en lo que interesa, la tesis aislada número IV.2o.P.43 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, visible en la página 1373, tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZACUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación". También es aplicable, en lo conducente, la diversa tesis aislada XVII.23 P, del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2199, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo". En ese contexto, al haberse actualizado la causa de improcedencia en comento, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, no se abordará el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en relación con los citados actos reclamados, conforme lo establece la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, de autos se aprecia que en la diligencia de ratificación de demanda, el quejoso manifestó haber recibido un golpe en el cuello, lo que pudiera actualizar actos de tortura, este órgano jurisdiccional está obligado a denunciarlo; por tanto, dese vista al fiscal adscrito, a fin de que ordene a quien corresponda, investigar ese probable ilícito respecto de los actos de tortura que pudo sufrir la accionante del amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.), visible a página 1107, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la diligencia de requerimiento y notificación efectuada por el Actuario de la adscripción con la que se da cuenta, se obtiene que el quejoso ***en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cinco del mes y año en curso, manifestó que cuenta con la asesoría particular de ********************; asimismo, señaló que tiene el número telefónico ********************; en tal virtud, se comisiona al Secretario adscrito, a fin de que se comunique al número de teléfono de referencia, por una parte, en atención a la certificación de cuenta, cerciorarse que dicha persona cuente con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, que lo acredite como facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, para ejercer la defensa del quejoso y, por otro lado, la obtención de los datos necesarios para llamarlo a juicio; en la inteligencia que deberá certificarse la llamada, en caso de lograr entablar la comunicación. Cúmplase y realícese la llamada telefónica ordenada.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de llamada telefónica de cuenta, de la que evidencia que el Secretario de la adscripción se comunicó al número telefónico 44 31 94 35 47, a efecto de entablar comunicación con Isaac Zamudio Ruiz, quien fue señalado como defensor particular *** sin que haya sido posible comunicarse con dicha persona. No obstante, toda vez que el quejoso ***continúa recluido en el Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán, se le requiere nuevamente quejoso para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de la presente actuación, nombre a un abogado que lo represente; bajo apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional proveerá al respecto de manera oficiosa. Además, se le deberá informar que el número telefónico que proporcionó no corresponde a *** Tiene aplicación sobre el particular la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2020495, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1301, de contenido siguiente. "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". En el entendido que una vez que se cuente con la defensa del quejoso, se proveerá en relación con las notificaciones que deberán realizarse en el presente asunto, a fin de salvaguardar el derecho de acceso efectivo a la justicia del promovente del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 104/2022 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2025391, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente. "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable. Para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

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