Paulina Anilú Vega Ortiz

Expediente 1416/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1416/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Paulina Anilú Vega Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a uno de diciembre de dos mil veintidós Vista la certificación y los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de tres días concedido a la autoridad responsable Subdirector de Recursos Administrativos de la Oficina de la Abogada General de la secretaría de Salud, mediante proveído de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, para que exhibiera las copias requeridas en dicho auto del escrito de agravios, transcurrió del ocho al diez de noviembre de dos mil veintidós, sin que dicha autoridad responsable, hubiese dado cumplimiento a dicho requerimiento; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno y se tiene por no interpuesto el citado medio de impugnación. En consecuencia a lo anterior, glósese a los autos el escrito original de agravios, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de octubre de dos mil veintidós Visto el estado de los autos, de los que se advierte que no se cuenta con el acuse de recibo del oficio 29466/2021 dirigido al Subdirector de Recursos Administrativos de la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, mediante el cual se le comunica el auto de doce de noviembre del año próximo pasado.. En consecuencia a lo anterior, requiérase al Subdirector de Recursos Administrativos de la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, para que dentro del término de veinticuatro horas, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe la fecha en que le fue notificado el oficio 29466/2021. Apercibido que en caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento o de no informar la imposibilidad que tuviere para ello, se le impondrá, como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley en de amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de marzo de dos mil veintidós Agréguese a los autos el escrito signado por el Alejandro Vega González, en representación de su menor hija de iniciales P.A.VO., al respecto se provee lo siguiente. Téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales procedentes, sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, en razón de que por acuerdo de dieciséis de marzo de esta anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós Se tiene por recibido el oficio signado por el Coordinador de las Brigadas Especiales en el Estado de Morelos, mediante el cual informa que a la menor quejosa de iniciales P.A.V.O., ya le fueron aplicadas la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer, anexando copia del comprobante de vacunación contra el virus SARS COV-2; en consecuencia de lo anterior se acuerda lo siguiente: Del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la omisión de implementar un programa de vacunación contra el VIRUS SARS COV-2, COVID-19, destinado a menores de edad de doce a diecisiete años y, por ende, la omisión de ordenar que se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer. Ahora bien, en el caso este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "................. "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y..." Para aclarar el contenido de esta porción normativa, es pertinente citar la jurisprudencia 2ª/J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, publicada en el tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". De la interpretación de la fracción antes citada, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales de un determinado acto de autoridad, que es generado sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, medio de control constitucional que el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia a la circunstancia de que el fallo protector, que en su caso, llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe considerarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo formalmente el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; lo cual, se actualiza cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió; por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se considere violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, inclusive cuando éste subsiste, pero se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De tal suerte que, si el acto reclamado en el presente sumario, concretamente, es la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México, en la parte que omite regular la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, a los menores de edad adolescentes, cuya edad oscila entre los doce y diecisiete años, quien aquí resuelve, advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno de vacunación del menor de edad. Es así, pues de autos se desprende lo siguiente: ? Mediante oficio recibido el tres de noviembre de dos mil veintiuno, el Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Morelos, informó que el veintiocho de octubre de ese año, fue inoculada la menor quejosa de iniciales P.A.V.O.,, con la vacuna contra el virus SARS-COV2: primera dosis. ? Mediante oficio recibido el quince de marzo de dos mil veintidós, el Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Morelos, informó que la menor quejosa de iniciales P.A.V.O., ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra el virus SARS-COV2 Por tales motivos, se considera se actualiza la causa de improcedencia anunciada. En tales condiciones, si bien el plan nacional de vacunación subsiste en sus términos, la materia de reclamo en la esfera jurídica de la parte quejosa dejó de existir, porque en el caso, la omisión contenida en la política pública ya no afecta la esfera de derechos de ésta. Lo anterior, debido a que los efectos del acto reclamado no se concretaran en el caso particular, dada la modificación del entorno en el cual se encuentra actualmente la menor de edad; esto es, dejó de existir el objeto o la materia de reclamo por el actual esquema de vacunación del infante. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia respecto del acto reclamado precisado, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este sumario constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Razón por la cual se deja sin efectos la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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