Paula Vergara Hernandez
Expediente 1216/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 25 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1216/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 25/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Paula Vergara Hernandez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de julio de dos mil dieciséis. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Jefe de la División de Distribución Centro Sur, de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Cuernavaca, Morelos y otra autoridad. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado es: El corte de suministro de energía eléctrica en el domicilio particular de la quejosa. Al respecto, es pertinente señalar que el diecisiete de octubre de dos mil catorce, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, la tesis 2ª CVI/2014, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, a través de la cual se estableció lo siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares en lo relativo al suministro de energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito privado. Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese tenor, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales." De la transcripción que antecede se advierte que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país interrumpió el criterio sostenido en las diversas jurisprudencias 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) y 2a./J. 44/2014 (10a.), de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DERIVADO DE ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DE DICHO SUMINISTRO Y SU EJECUCIÓN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACLARACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 167/2011 [9a.]).", "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN QUE EMITE EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN FORMULADA CONTRA UN AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". De igual modo, se determinó que todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad, relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica, se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que en contra de los mismos, procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1° y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica. Consecuentemente, atendiendo a las constancias que integran el presente asunto y al mandato constitucional establecido en el artículo 17 constitucional, en el presente caso, debe de considerarse la obligación establecida en el artículo 217 de la Ley de Amparo, de la que se deduce que la emisión de tesis aisladas es una forma o sistema de integración de jurisprudencia, que tiene como finalidad preservar la unidad de interpretación de las demás normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo el criterio que debe prevalecer en torno a un mismo problema jurídico. En esos términos, la obligatoriedad de los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impone a los juzgadores el permanente seguimiento de las resoluciones del Alto Tribunal y los medios en que se difunden. De ese modo, si en el caso, el acto aquí reclamado consiste en el corte del servicio de energía eléctrica en el domicilio particular de la quejosa, efectuado por autoridades pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de prestadora del servicio público de energía eléctrica, lo cual es precisamente la materia del criterio abordado en la tesis 2ª CVI/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es inconcuso que éste debe ser aplicado de manera obligatoria al presente asunto. Luego entonces, previo a la promoción del juicio de amparo la peticionaria debió cumplir con el principio de definitividad y, por ende, agotar el recurso de revisión, en términos de los artículos 1° y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica. Lo anterior es así, pues cuando existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, resulta improcedente el juicio de amparo intentado, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, al actualizarse la causa de improcedencia ya citada. Determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio y por el contrario, ello permite a la parte quejosa acudir oportunamente a la instancia correspondiente a defender sus intereses. Con apoyo en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el artículo 2° de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica. Por autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que propone, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por dicho numeral. A efecto de agilizar la integración de este expediente, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este asunto. Finalmente, se hace del conocimiento de la promovente que en términos de los artículos 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los numerales 6 y 8 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes o sus representantes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Julián Pantaleón Suárez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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