Paula Reyes Gutierrez
Expediente 1351/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1351/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Paula Reyes Gutierrez
- Jorge Luis Merlo Rodríguez
- Jonathan Saíd González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, haya sido recurrido por la parte quejosa, que es a quien le pudo irrogar agravios, y no obstante ello, no lo recurrió; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando las constancias y actuaciones más relevantes. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que en cumplimiento al auto de quince de julio del año en curso, el actuario judicial adscrito se constituyó en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, a efecto de requerir a los quejosos 1. Paula Reyez y/o Paula Reyez Gutiérrez, 2. Bessy Yamali López Solorzano, 3. Jonatan Sayd Gonzáles Mayorquin y/o Jonathan Saíd González, 4. Jorge Luis Merlo Rodríguez, 5. Aníbal Pas Quintanilla y/o Aníbal Paz Quintanilla, 6. Henry Javier Ramíres Ávila y/o Henrri Javier Ramírez Ávila, si ratificaban o no el escrito de desistimiento presentado ante este órgano jurisdiccional el pasado trece de los corrientes; sin embargo, el personal de dicha estación migratoria le informó al fedatario público que los quejosos no se encuentran a su disposición, ya que fueron devueltos a su país con motivo de un retorno asistido, el día ocho de julio del dos mil veintidós. Por otra parte, ténganse por recibidos los oficios de cuenta suscritos por la autoridad responsable Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a los cuales adjunta diversos oficios de salida del país emitidos a los quejosos 1. Paula Reyez y/o Paula Reyez Gutiérrez, 2. Bessy Yamali López Solorzano, 3. Marco Enamorado Gonzáles y/o Marco Antonio González y/o Antonio Enamorado Gonzales, 4. Jonatan Sayd Gonzáles Mayorquin y/o Jonathan Saíd González, 5. Jorge Luis Merlo Rodríguez, 6. Aníbal Pas Quintanilla y/o Aníbal Paz Quintanilla, 7. Henry Javier Ramíres Ávila y/o Henrri Javier Ramírez Ávila. En ese sentido, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa reclama primordialmente la detención que como persona extranjera ejecuta en su contra la responsable, y como consecuencia, diversos actos relacionados con dicha detención prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Dentro de ese contexto, tenemos que la responsable anexó a su oficio de cuenta, copia de una constancia que integra el procedimiento migratorio de origen, a la cual se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que el Sub-Representante Local encargado de la Estación Migratoria, de esta ciudad, el trece de julio del año en curso, determinó otorgar a los quejosos la salida de esa instancia para que por sus propios medios abandonen el territorio mexicano por la frontera sur. Cabe resaltar que si bien la salida de la parte quejosa de la estación migratoria se dio en cumplimiento a la resolución para que abandone por sus propios medios el territorio mexicano por la frontera sur; dicha determinación fue signada por los quejosos, en la que se aprecia su conformidad con la determinación de salida. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, quedó en libertad; por ende, la detención que reclama en este juicio como acto primordial, ha cesado, habida cuenta que ello ocurrió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Al respecto, también debe mencionarse que con lo informado por la responsable se deja de manifiesto que ahora la situación migratoria de la parte quejosa depende del cumplimiento o no de las obligaciones que se le impusieron en el procedimiento migratorio que se le instaura, de ahí que ello ha generado un nuevo entorno respecto del que imperaba al presentarse la demanda de amparo, por lo que de suscitarse actos diversos relacionados con la nueva situación que guarda frente a ese procedimiento, los mismos ya no pueden ser analizables en este expediente, habida cuenta que ocurrirían con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio. Conviene agregar que, en la diligencia de ratificación de la demanda de amparo, la quejosa expresó que se encontraba bien de salud y que no había sido objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; de ahí que se tenga la plena certeza de que tales actos nunca existieron; máxime que ello constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado como principal (detención). Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, registro 193758, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572 que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.ADRO Razón. La presente foja corresponde a la parte final del acuerdo dictado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio de amparo indirecto 1351/2022 y se giraron los oficios 14461, al tenor de las minutas que antecede. Conste.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, quince de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por los quejosos directos 1. Paula Reyez y/o Paula Reyez Gutiérrez, 2. Bessy Yamali López Solorzano, 3. Jonatan Sayd Gonzáles Mayorquin y/o Jonathan Saíd González, 4. Jorge Luis Merlo Rodríguez, 5. Aníbal Pas Quintanilla y/o Aníbal Paz Quintanilla, 6. Henry Javier Ramíres Ávila y/o Henrri Javier Ramírez Ávila, por medio del cual ocurren a desistirse del presente juicio de amparo. En consecuencia, toda vez que se advierte el deseo de desistimiento por parte de los aquí quejosos, y como lo solicitan los mismos en su ocurso, se comisiona al Actuario de la adscripción para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, a fin de que realice lo siguiente: 1. Requiera a los quejosos 1. Paula Reyez y/o Paula Reyez Gutiérrez, 2. Bessy Yamali López Solorzano, 3. Jonatan Sayd Gonzáles Mayorquin y/o Jonathan Saíd González, 4. Jorge Luis Merlo Rodríguez, 5. Aníbal Pas Quintanilla y/o Aníbal Paz Quintanilla, 6. Henry Javier Ramíres Ávila y/o Henrri Javier Ramírez Ávila, para que ratifiquen el escrito de referencia (del que se acompaña copia para su respectiva entrega); en la inteligencia de que les deberá poner a la vista copia del ocursos de mérito y asentarlo en la correspondiente diligencia; y, 2. Aperciba a los mencionados quejosos que de no ratificar su desistimiento, se seguirá con el trámite correspondiente del juicio en que se actúa. Hecho lo cual, se proveerá lo conducente. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, con datos de publicación página 295, del Tomo XXIV, Agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." En otro orden de ideas, téngase a la autoridad responsable, Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, rindiendo su informe sobre la suspensión de plano, concedida dentro del presente juicio de amparo, por lo que respecta a los quejosos 1. Paula Reyez y/o Paula Reyez Gutiérrez, 2. Bessy Yamali López Solorzano, 3. Marco Enamorado Gonzáles y/o Marco Antonio González, 4. Jonatan Sayd Gonzáles Mayorquin y/o Jonathan Saíd González, 5. Jorge Luis Merlo Rodríguez, 6. Aníbal Pas Quintanilla y/o Aníbal Paz Quintanilla, 7. Henry Javier Ramíres Ávila y/o Henrri Javier Ramírez Ávila; con el mismo dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable, Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, para que dentro del plazo improrrogable de veinticuatro horas, haga del conocimiento de este juzgado si con motivo de la suspensión de plano que le fue concedida al quejoso Marco Enamorado Gonzáles y/o Marco Antonio González, el mismo fue puesto en libertad, o bien, informe si se encuentra pendiente de que cumpla con algún requisito de los que establece el artículo 102 de la Ley de Migración, distinto al de la exhibición de garantía, esto último respecto de lo que fueron exentos en el auto de suspensión de plano; en la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite su dicho. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Finalmente, téngase a dicha autoridad señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refiere en el informe de cuenta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.ADRO
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, ocho de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por Gustavo Alfredo Zamora Loya, autorizado de la parte quejosa, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita que el emplazamiento de la tercero interesada Verenice Hernández Villa, se realice por medio de edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que la parte quejosa es un adulto mayor de escasos recursos, pues señala que solo obtiene un 80% de pensión de invalides por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, equivalente a $3,800.00 (tres mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional); y para acreditar lo anterior, remite copia digitalizada que bajo protesta de decir verdad, son copia íntegra e inalterada del estudio socioeconómico de cinco de julio del año en curso, practicado al aquí quejoso, por parte de Clara María Maldonado Carballo, Trabajadora Social adscrita al Instituto de Defensoría Pública Federal. Ahora, del estudio socioeconómico mencionado, se advierte que la trabajadora social examinó el entorno social, familiar, condiciones de donde vive el directo quejoso, que bienes tiene, y su estatus económico, en el que se arribó a la conclusión que el quejoso de referencia carece de recursos económicos suficientes para erogar el gasto que gasto que genera la publicación de los edictos. En vista de lo anterior, requiérase a Clara María Maldonado Carballo, Trabajadora Social adscrita al Instituto de Defensoría Pública Federal, para que ratifique el contenido y firma del estudio socioeconómico antes mencionado, tomando en cuenta las siguientes consideraciones. Cabe precisar que conforme al artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se podrán realizar a distancia la aceptación de cargo y ratificaciones de los dictámenes periciales, entre otros; siempre que el juzgador pueda cerciorarse de su identidad. Al respecto, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su artículo 2, fracción XXXIII, establece que se entenderá como videoconferencia el método de comunicación virtual alternativo multidireccional que tiene por objeto reproducir imágenes y audios en tiempo real a través de una infraestructura de telecomunicaciones, utilizando como vía las conexiones entre los diversos dispositivos dedicados a esos fines (códec de videoconferencia, computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, entre otros) que permite a varios usuarios mantener una conversación virtual por medio de la transmisión de video, audio y datos a través de internet. Mientras que el artículo 31, segundo párrafo, del citado Acuerdo General 12/2020, establece que para el desahogo de las videoconferencias, podrá utilizarse el equipo de videoconferencia o bien los tipos de dispositivos, desarrollos o aplicaciones a través de los cuales se puede llevar a cabo ese método de comunicación. Sobre ese tópico, el "Anexo Técnico. Protocolo para el uso de la videoconferencia en los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal", en su punto 1.3, establece que en la actualidad existen diversas opciones desde las que se puede realizar la interconexión de dispositivos, así como diferentes tipos de enlaces de telecomunicaciones, a través de los cuales se puede llevar a cabo una videoconferencia; y de forma enunciativa enlista los siguientes tipos de dispositivos y de enlaces de telecomunicación: Códec Computadora PC o Laptop Tableta Smartphone (teléfonos inteligentes) Tipos de enlace de telecomunicación: MPLS Satelital Celular (mínimo 4G) Wireless (Inalámbrica) DSL (Residencial). En ese contexto, en la actualidad existen diferentes tipos de aplicaciones que permiten entablar comunicación entre dos o más personas ubicadas en lugares distintos, a través de una video llamada, entre las cuales, se encuentra la denominada "Whatsapp", la cual se conoce como una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes (Smartphone), en la que se pueden realizar video llamadas con varios participantes a la vez, entre otras funciones; aplicación que, en la actualidad, es de uso común entre la mayoría de usuarios de teléfonos inteligentes. En lo relativo a las video conferencias, el artículo 27, fracción IV, del mencionado acuerdo 12/2020, faculta a los titulares de los órganos jurisdiccionales a ordenar la celebración de audiencias o diligencias, ante situaciones de contingencia o emergencia generalizada, previa declaratoria emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En tal virtud, tomando en consideración el fenómeno de salud pública que se vive en la actualidad, causado por el virus Covid-19 y atendiendo a los lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal para mitigar el contagio de dicho virus, con fundamento en los artículos 27, fracción IV, del Acuerdo General 12/2020 y 25 del Acuerdo General 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la diligencia de ratificación del estudio socioeconómico a cargo de Clara María Maldonado Carballo, Trabajadora Social adscrita al Instituto de Defensoría Pública Federal, se realice por videoconferencia, a través de una video llamada que se entable mediante la aplicación denominada "whatsapp". En consecuencia, comuníquese la anterior determinación a la citada profesionista, por conducto de Gustavo Alfredo Zamora Loya, autorizado de la parte quejosa, a fin de que dentro del término de tres días computados legalmente, entable comunicación a través de una video llamada de "Whatsapp", al número 899 122 8744, y previa identificación con cédula profesional, manifieste si ratifica o no estiudio socioeconómico mencionado en párrafos precedentes; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Derivado de lo anterior, se instruye al Secretario encargado del trámite del presente asunto, para que previa identificación de la profesionista de mérito, practique la mencionada diligencia y levante acta circunstanciada de dicha diligencia. Finalmente, hágase saber que el apercibimiento de multa por veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, decretado en este proveído tiene su fundamento en lo dispuesto en las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente. Notifíquese, y personalmente al autorizado de la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario quien autoriza y da fe.
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