Paula Hernández Bermudes
Expediente 1419/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 37 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1419/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Paula Hernández Bermudes
- Paula Hernández Bermudes y Otros.
- Juez Tercero Familiar de Primera del Quinto Distrito Judicial del Estado, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con los oficios 1493, 2010/2023, 2581/2023, 2721/2023 y 2862/2023, a través de los cuales la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Ahora bien, la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, tiene como trascendencia jurídica que la autoridad responsable, realice lo siguiente: ". 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de dieciséis de octubre de dos mil veinte dictada dentro del expediente ********************. 2. En su lugar, pronuncie otra en la cual, ordene el llamamiento de ******************** y le dé la intervención procesal correspondiente y, por tanto, le brinde la oportunidad de ofrecer pruebas, presentar alegatos y proveer lo que estime pertinente para defender sus derechos, en aras de salvaguardar a su favor la garantía de audiencia previa y el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, establecer las salvaguardias y apoyos necesarios para que la quejosa pueda ejercer plenamente su capacidad jurídica acorde con lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. a) Debe tener contacto directo con ella, con la finalidad de escucharla y observarla y así poder evaluar directamente la diversidad funcional, mediante un lenguaje accesible y una dinámica afable. b) Realice los ajustes al procedimiento que sean necesarios para garantizar el derecho de acceso a la justicia de la quejosa. c) En cuanto a las medidas de apoyo, el juez siempre deberá considerar las opiniones y requerimientos de la quejosa, de modo que sea ella quien determine qué medidas de ayuda requiere, y -si así lo desea- la designación de una o varias personas de su confianza para que, con pleno respeto a su voluntad y preferencias personales, le asistan en diferentes tareas; con la posibilidad de que pueda solicitar en cualquier momento el ajuste necesario. d) Tome en cuenta que el ejercicio de los derechos de una persona con discapacidad dependen de las medidas de apoyo, de modo que debe atenderse a las necesidades del caso concreto que manifieste la citada y a su libertad personal, la cual ha de ser respetada, sin que en ningún momento el juez sustituya su voluntad. ." Bajo los lineamientos de la sentencia ejecutoriada de amparo, la autoridad responsable informó a este órgano jurisdiccional el cumplimiento en los términos siguientes: ? Remitió copia certificada del proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el cual dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio de interdicción e inhabilitación ********************, incluyendo el auto de radicación de dieciséis de octubre de dos mil veinte y, en su lugar, dictó de nueva cuenta auto de radicación, y ajustó el procedimiento promovido atendiendo al Protocolo para Juzgar con perspectiva de Discapacidad, y ordenó el llamamiento de la aquí quejosa ********************, otorgándole un término de tres días a efecto de que contestara lo que a su derecho conviniese. ? Así también, en el referido auto, se reservó el pronunciamiento correspondiente a las medidas de apoyo que pudiera requerir la señora ********************, en razón de que manifestó tendría que considerar su opinión. Posteriormente, la Juez responsable remitió copia certificada del emplazamiento correspondiente de siete de junio de dos mil veintitrés, la cual se advierte se realizó mediante un lenguaje accesible y una dinámica afable, atendiendo a que es una persona vulnerable. Después, dicha responsable remitió copia certificada de la transcripción de la diligencia en la cual se escuchó a la aquí quejosa ********************, el veintitrés de junio del año en curso. Documentales a las que se les otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se advierta que se incurrió en exceso o defecto; conclusión a la que se arriba al tomar en cuenta que cumplió a cabalidad con los términos de la ejecutoria de amparo, lo que conlleva a establecer que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se obligó a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trata y a cumplir lo que el mismo exija. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." No obsta para la anterior conclusión, que el representante especial de la parte quejosa, mediante escrito presentado el cuatro de julio pasado, desahogó la vista que le fue concedida en relación al cumplimiento dado por la responsable, en el cual manifestó no estar conforme con el mismo, realizando diversas alegaciones. Al respecto, dígasele al ocursante que los argumentos expuestos en su escrito, no tienen los alcances que manifiesta, pues no fueron materia de la concesión del fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, el presente asunto es conservable, toda vez que encuadra en el capítulo quinto, artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al ser un asunto en el que se concedió el amparo. Asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 34, párrafo segundo, del mismo acuerdo. Por otra parte, el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado acuerdo general, dado que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo en comento, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental deberán conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha; concluido ese plazo posterior al archivo, este órgano jurisdiccional deberá transferir el expediente principal al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, y el cuaderno incidental deberá ser destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones pertinentes en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 22 del Acuerdo General de trato. Finalmente, se ordena devolver a la Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el tomo de prueba que en su momento remitió como apoyo de su informe justificado; lo anterior, por ser innecesaria su retención; en la inteligencia de que resulta innecesario se acuse el recibo correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Miriam del Rosario Morales Morales, que autoriza y da fe.ADROReynosa, Tamaulipas, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con los oficios 1493, 2010/2023, 2581/2023, 2721/2023 y 2862/2023, a través de los cuales la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Ahora bien, la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, tiene como trascendencia jurídica que la autoridad responsable, realice lo siguiente: ". 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de dieciséis de octubre de dos mil veinte dictada dentro del expediente ********************. 2. En su lugar, pronuncie otra en la cual, ordene el llamamiento de ******************** y le dé la intervención procesal correspondiente y, por tanto, le brinde la oportunidad de ofrecer pruebas, presentar alegatos y proveer lo que estime pertinente para defender sus derechos, en aras de salvaguardar a su favor la garantía de audiencia previa y el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, establecer las salvaguardias y apoyos necesarios para que la quejosa pueda ejercer plenamente su capacidad jurídica acorde con lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. a) Debe tener contacto directo con ella, con la finalidad de escucharla y observarla y así poder evaluar directamente la diversidad funcional, mediante un lenguaje accesible y una dinámica afable. b) Realice los ajustes al procedimiento que sean necesarios para garantizar el derecho de acceso a la justicia de la quejosa. c) En cuanto a las medidas de apoyo, el juez siempre deberá considerar las opiniones y requerimientos de la quejosa, de modo que sea ella quien determine qué medidas de ayuda requiere, y -si así lo desea- la designación de una o varias personas de su confianza para que, con pleno respeto a su voluntad y preferencias personales, le asistan en diferentes tareas; con la posibilidad de que pueda solicitar en cualquier momento el ajuste necesario. d) Tome en cuenta que el ejercicio de los derechos de una persona con discapacidad dependen de las medidas de apoyo, de modo que debe atenderse a las necesidades del caso concreto que manifieste la citada y a su libertad personal, la cual ha de ser respetada, sin que en ningún momento el juez sustituya su voluntad. ." Bajo los lineamientos de la sentencia ejecutoriada de amparo, la autoridad responsable informó a este órgano jurisdiccional el cumplimiento en los términos siguientes: ? Remitió copia certificada del proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el cual dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio de interdicción e inhabilitación ********************, incluyendo el auto de radicación de dieciséis de octubre de dos mil veinte y, en su lugar, dictó de nueva cuenta auto de radicación, y ajustó el procedimiento promovido atendiendo al Protocolo para Juzgar con perspectiva de Discapacidad, y ordenó el llamamiento de la aquí quejosa ********************, otorgándole un término de tres días a efecto de que contestara lo que a su derecho conviniese. ? Así también, en el referido auto, se reservó el pronunciamiento correspondiente a las medidas de apoyo que pudiera requerir la señora ********************, en razón de que manifestó tendría que considerar su opinión. Posteriormente, la Juez responsable remitió copia certificada del emplazamiento correspondiente de siete de junio de dos mil veintitrés, la cual se advierte se realizó mediante un lenguaje accesible y una dinámica afable, atendiendo a que es una persona vulnerable. Después, dicha responsable remitió copia certificada de la transcripción de la diligencia en la cual se escuchó a la aquí quejosa ********************, el veintitrés de junio del año en curso. Documentales a las que se les otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se advierta que se incurrió en exceso o defecto; conclusión a la que se arriba al tomar en cuenta que cumplió a cabalidad con los términos de la ejecutoria de amparo, lo que conlleva a establecer que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se obligó a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trata y a cumplir lo que el mismo exija. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." No obsta para la anterior conclusión, que el representante especial de la parte quejosa, mediante escrito presentado el cuatro de julio pasado, desahogó la vista que le fue concedida en relación al cumplimiento dado por la responsable, en el cual manifestó no estar conforme con el mismo, realizando diversas alegaciones. Al respecto, dígasele al ocursante que los argumentos expuestos en su escrito, no tienen los alcances que manifiesta, pues no fueron materia de la concesión del fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, el presente asunto es conservable, toda vez que encuadra en el capítulo quinto, artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al ser un asunto en el que se concedió el amparo. Asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 34, párrafo segundo, del mismo acuerdo. Por otra parte, el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado acuerdo general, dado que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo en comento, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental deberán conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha; concluido ese plazo posterior al archivo, este órgano jurisdiccional deberá transferir el expediente principal al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, y el cuaderno incidental deberá ser destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones pertinentes en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 22 del Acuerdo General de trato. Finalmente, se ordena devolver a la Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el tomo de prueba que en su momento remitió como apoyo de su informe justificado; lo anterior, por ser innecesaria su retención; en la inteligencia de que resulta innecesario se acuse el recibo correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Miriam del Rosario Morales Morales, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito presentado por el asesor jurídico de la parte quejosa, a través del cual desahoga la vista otorgada el veintinueve de junio del año en curso, con motivo del cumplimiento de la sentencia de amparo que aludió dar la autoridad responsable, realizando diversas alegaciones en lo conducente, las cuales se tomarán en consideración al momento de emitir de pronunciamiento respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Miriam del Rosario Morales Morales, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 2862/2023, signado por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo, remitiendo diversas constancias a fin de acreditar su dicho. Por tanto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes el oficio de mérito, así como los diversos 1493, 2010/2023, 2581/2023 y 2721/2023, y sus respectivos anexos, por el plazo de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente auto, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el particular. Notifíquese personalmente. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 2721/2023, signado por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento a requerimiento que le fue efectuado mediante proveído de quince de junio pasado, remite a manera de transcripción la diligencia de emplazamiento realizada a la aquí quejosa Paula Hernández Bermudes; la cual se ordena agregar a los autos para que obre como en derecho corresponda. Ahora bien, del estado que guardan los autos se advierte que mediante oficio 2581/2023, la citada responsable informó los actos tendentes a lograr el cumplimiento del fallo protector, remitiendo diversas constancias a fin de acreditar su dicho; de las cuales se desprende, entre otras, que se señalaron las doce horas con treinta minutos del veintitrés de junio del año en curso, a efecto de llevar a cabo la diligencia de escucha de la quejosa en su domicilio particular. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, una vez que se haya llevado a cabo la diligencia en mención, remita las constancias con las cuales lo acredite; asimismo, deberá de informar a esta potestad si ******************** dio contestación a la demanda interpuesta por sus descendientes y, en su caso, la manera en la que se condujo; toda vez que ello resulta necesario para que este juzgado esté en aptitud legal de pronunciarse sobre el particular. ...Notifíquese. ...
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