Paula Ramírez Martínez
Expediente 618/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Paula Ramírez Martínez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
A sus autos el oficio del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo de lo que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Luego, al haberse declarado este tribunal legalmente incompetente para conocer de este asunto y no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el acuerdo citado.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte, que el término de tres días previsto en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que Paula Ramírez Martínez, haya impugnado la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por la cual este tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de derechos promovida en contra la resolución de tres de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Jueza Cuarta Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el expediente 771/2021; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. En tal virtud, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, remítase al Juzgado de Distrito en Turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, por incompetencia legal: el presente asunto, y tres copias de la demanda de amparo, a fin de que se avoque a su conocimiento, y requiérasele para que una vez radicado, lo haga del conocimiento de la autoridad señalada como responsable.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta, de la Jueza Cuarta Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, remitido la requisitoria 27/2021 del índice de este tribunal sin diligenciar, en virtud de no haber encontrado el domicilio señalado en la demanda de derechos físicamente; en consecuencia, hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase tal notificación y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la demanda de amparo, presentada por Paula Ramírez Martínez, al que les acompaña un acuerdo de tres de agosto del año en curso, el acuse de un escrito en cuatro fojas, copias simples de dos recibos, y una credencial para votar, a cada una; regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Luego, debe precisarse, que de los artículos 107, fracciones III, inciso a); V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo; así como 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, en el caso a estudio el suscrito estima que el presente juicio de garantías debe desecharse por notoriamente improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 6/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar, que de la lectura de la demanda de amparo vista como un todo, y de las constancias remitidas por el aquí quejoso, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se observa, que mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil veintiuno, Paula Ramírez Martínez, promovió en la vía de jurisdicción voluntaria el ejercicio de la acción de prescripción positiva. Así, por proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno, la Jueza Cuarta Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, quien por razón de turno correspondió conocer la presente demanda, en el considerando II, especificó lo siguiente: "(.).- II.- No ha lugar a admitir las presente diligencias, toda vez que a las mismas, no acompaña la tarjeta de impuesto predial que corresponde al predio motivo de la presente jurisdicción voluntaria, asimismo no se exhibe certificado de no inscripción expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; en consecuencia, se desecha (sic) las presentes diligencias, y se dejan a salvo los derechos de la promovente, para que los haga valer en la vía y forma que corresponda (.)".- Inconforme con dicha determinación, la quejosa promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Luego, se estima que la presente demanda de amparo debe desecharse por improcedente, toda vez que en contra del auto de tres de agosto del año actual, dictado por la Jueza Cuarto Civil y Familiar de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en los autos del expediente 771/2021 de su índice y que ahora constituye el acto reclamado procede el recurso de queja, previsto por el artículo 711 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo el cual dispone lo siguiente: "Artículo 711.- El recurso de queja tiene lugar: I.- Contra el Juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes del emplazamiento;" En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en el proveído de tres de agosto del año actual, dictado por la autoridad responsable en comento, se concluye que en contra de dicho auto procede el recurso de queja, conforme al ya citado artículo 711 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII; 170, 179 y demás relativos de la Ley de Amparo, este tribunal DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por la quejosa Paula Ramírez Martínez. Como lo solicita la quejosa y dada la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en términos del artículo 5º, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; y para no contravenir lo establecido en el artículo 17 Constitucional; se tienen los correos electrónicos proporcionados únicamente como comunicación, sin que ello sea motivo de tomarse en cuenta como medio para notificación alguna. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme el 2° de la Ley de Amparo, líbrese atenta requisitoria a la Jueza Cuarta Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, para que en auxilio de las labores de este tribunal colegiado, ordene a quien corresponda, notifique personalmente el presente proveído a la impetrante de garantías Paula Ramírez Martínez, en el domicilio que señaló en el escrito de demanda ubicado en Giacomo Puccini número 125, colonia Jardines del Sur, en el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; y, en el mismo acto requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación refiera domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, bajo el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, le serán realizadas por medio de lista, en términos de lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley de la materia. Asimismo, requiérase al juzgador referido, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la recepción de la comunicación que para tal efecto se gira, dé cumplimiento a lo ordenado y la devuelva a este tribunal, adjuntando las constancias relativas a la diligencia encomendada, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, le será impuesta la medida de apremio prevista en la fracción I, del artículo 59 del ordenamiento legal de aplicación supletoria referido con antelación. En el momento procesal oportuno, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en los artículos 1º, 3º, 9º, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
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