Paula Hernández Pérez

Expediente 748/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
748/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
30/10/2019

Partes del expediente

  • Paula Hernández Pérez
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TÉRMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE AMPARO, TRANSCURRIÓ SIN QUE LA PARTE QUEJOSA HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHÓ POR EXTEMPORANEA LA DEMANDA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, DEVUELVANSE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE A SUS AUTOS EL ESCRITO DE ***, QUEJOSA EN EL PRESENTE ASUNTO; EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, TENGASELE REALIZANDO LAS MANIFESTACIONES QUE ESTIMO PERTINENTES PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL PROVEÍDO DE FECHA ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL EN LO QUE NOS INTERESA DICE: "...Visto el oficio de cuenta, del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes de este tribunal federal con el número 6806/2019, mediante el cual rinde informe justificado, remite original y copia de escrito de presentación, original y copia de la demanda de amparo, promovida por ***, por propio derecho, anexo certificado y los autos del expediente laboral 911/2016; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, el suscrito advierte, que respecto de la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho; en contra del acto que de la oficiante reclama, consistente en el laudo de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en los autos del expediente laboral remitido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 62, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es oficioso y aun preferente, por ser una cuestión de orden público. Primeramente cabe apuntar, que el ordinal 17 de la ley de la materia, establece como término para la interposición del juicio constitucional, quince días, los cuales se computarán de acuerdo a lo que dispone el diverso numeral 18, que textualmente refiere lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De lo anterior se deduce, que dicho término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige, o a aquél en que haya tenido conocimiento o sabedor del acto reclamado; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser la Ley Federal del Trabajo, ya que el acto reclamado se hace consistir en el laudo de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, dentro del expediente laboral 911/2016; toda vez que la notificación del acto reclamado fue realizada al impetrante por lista, el 15 de noviembre de dos mil dieciocho, tal como se advierte en la foja ciento treinta y ocho vuelta del expediente de origen, haciéndose necesario reproducir lo que dispone la Ley Federal del Trabajo, en su numeral 747, que a la letra establece: "Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la "manera siguiente: "I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la ley; y II. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín o en los estrados de la Junta.". De lo antes expuesto se desprende, que las notificaciones personales surten sus efectos el día y hora en que se practicó, en este caso, que a la parte quejosa le fue notificado el laudo que ahora combate el quince de noviembre de dos mil dieciocho, notificación que surtió efectos al día siguiente. No obstante, la demanda de amparo se presentó ante la autoridad responsable hasta el dos de agosto de dos mil diecinueve, a las once horas con dieciocho minutos, según se observa de lo asentado en la foja de la presentación de la demanda de garantías, en la primer página del escrito de presentación, así como de la certificación que obra anexa a la misma, en cumplimiento al texto del artículo 178, fracción I, de la ley de la materia; por tanto, de conformidad con el diverso 747 de la Ley Federal del Trabajo, el cómputo para su presentación transcurrió del veintiuno de noviembre al once de diciembre de dos mil dieciocho, siendo inhábiles en ese periodo los días veinticuatro y veinticinco de noviembre, uno, dos, ocho y nueve de diciembre, del dos mil dieciocho; razón por la cual, si la demanda de amparo se presentó hasta el dos de agosto de dos mil diecinueve, a las once horas con dieciocho minutos, es evidente que la misma resulta extemporánea, habiendo transcurrido en exceso el término para la presentación de la misma, por lo que el acto reclamado fue tácitamente consentido por el promovente, y toda vez que no se encuentra en ninguno de los casos excepcionales contenidos en el numeral 17 de la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 62, del cuerpo de leyes indicado. En mérito de lo anterior, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 18/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, materia Común, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO. Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones, toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.". También cobra aplicación el criterio que este tribunal federal comparte, sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la tesis visible a página ochenta y nueve, Tomo Primero, Segunda Parte-Uno, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO EN MATERIA LABORAL, CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DEL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, en su parte conducente, dispone: El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la Ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, que es el ordenamiento que rige el acto reclamado, en su artículo 747 previene que: Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: I.- Las personales el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley... Por tanto, para el cómputo del término de presentación de la demanda de amparo, no son aplicables la fracción I del artículo 24, ni la fracción II del artículo 34 de la Ley de Amparo, porque las notificaciones a que se refieren dichos preceptos son las que se realizan durante la tramitación del juicio constitucional, ya sea directo o indirecto.". Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), y III, de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes para su conocimiento. No es óbice a la anterior determinación, que la quejosa indicara en su demanda de garantías, específicamente en el punto seis, que la notificación del laudo fue ilegal; sin embargo, debió interponer el incidente de nulidad de notificación, en contra de la ilegal notificación que indica le fue realizada. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizado para tales efectos, los indicados en la demanda de amparo. En su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en los artículos 1º, 3º, 9º, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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