Paula García Sánchez y Otros.

Expediente 714/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
714/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
24/06/2021

Partes del expediente

  • Paula García Sánchez y Otros.
  • Paula García Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho auto que tuvo no presentada la demanda de amparo promovida por Paula García Sánchez y Jaime Benito Flores, ha causado estado. Hágase la anotación en el libro de gobierno; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Por lo anterior, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso b), del Acuerdo General antes referido. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del multi mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la caratula de este expediente. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", implementándose diversas medidas especiales que deben adoptarse a partir del cuatro de marzo de 2021, el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. Asimismo, que se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2º, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el treinta de junio de dos mil veintiuno, en términos del acuerdo establecido en el artículo único del acuerdo general 1/2021, mencionado en último lugar del párrafo que precede. Lo anterior operará en lo individual e iniciará su cómputo -desde luego-, a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente proveído. Esto se acota así, dado que se considera que deberá atenderse tanto la reanudación de actividades de las autoridades responsables, así como la oportunidad que se tenga (de acuerdo a las cargas laborales de este órgano jurisdiccional), de notificar a las demás partes procesales. En esa tesitura, y a fin de continuar la tramitación del presente asunto, se provee: Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que el término de cinco días que se le concedió a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, feneció el veintidós de enero de la presente anualidad, sin que así lo hubiera hecho; por tanto, se declara precluido el derecho de la parte quejosa para desahogar el requerimiento ordenado en tal proveído. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en auto de siete de diciembre de dos mil veinte, y con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda, promovida por Paula García Sánchez y Jaime Benito Flores, contra actos del Juez segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siete de diciembre de dos mil veinte. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Paula García Sánchez y Jaime Benito Flores, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de Amparo indirecto 714/2020, y fórmese expediente impreso y electrónico que corresponde. Ahora bien, respecto a las formalidades de la demanda de amparo, la que suscribe realizará su análisis en uso de la facultad que le confiere el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, que señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El dispositivo trascrito otorga al Juzgador la facultad de prevenir al promovente del amparo a efecto de que aclare su demanda, cuando éste incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda. En ese orden, antes de proveer lo conducente respecto de la demanda en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 fracción II, en relación con el diverso 108, fracción II, de la Ley de Amparo, prevéngase a los promoventes para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente proveído, proporcionen los datos completos de la persona o personas a quienes en términos del artículo 5º de la Ley de la materia, les resulta el carácter de terceros interesados, así como el domicilio correcto de estos. Lo anterior es así, toda vez que del escrito de cuenta, específicamente en el capítulo relativo al señalamiento de tercero interesado, la quejosa refiere que, a quien le reviste tal carácter es al Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía del Estado de Guerrero, adscrito al Juzgado responsable; empero, de los antecedentes que bajo protesta decir verdad expone, se aprecia que también le resulta ese carácter "tercera interesada" a la parte agraviada en la causa penal de la que origina el acto reclamado en esta vía (Sabina Romero García). Ello, en razón de que la parte quejosa amparo tiene la carga procesal de proporcionar el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, deberá manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad, lo que en el caso no acontece; máxime que no son hechos que la impetrante desconozca, pues de los propios antecedentes que constituyen el acto reclamado y que bajo protesta de decir verdad narra, se aprecia que el juicio de origen del cual emana el acto reclamado en esta vía constitucional, se encuentra en instrucción, es decir que ya les fue recabada la declaración preparatoria, y que tienen acceso al expediente penal, de ahí que al ser contrapartes en el juicio de origen, es dable concluir que conoce los datos que exige la ley de amparo en la fracción II del artículo 108. A la par de lo anterior, y a fin de verificar si la demanda de amparo intentada fue presentada dentro del plazo que la ley establece para ello, con fundamento legal en la fracción V, del artículo 108 de la ley de la materia, se requiere a los directos quejosos, para que dentro del mismo plazo otrogado en párrafos que anteceden (cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente proveído), bajo protesta de decir verdad, digan cuando fueron notificados del acto que refieren les causa agravio. Resulta aplicable al caso la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5°, de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto, que legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe de procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados". Con el apercibimiento que de no cumplir con lo aquí ordenado, dentro del lapso indicado, se procederá conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Así también, hágase del conocimiento a los impetrantes del amparo que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que les consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo vigente que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Antonio Morales Ramírez y Gisela Isadora Morales Jacinto, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la estudiante de derecho Domitila Yanet Vélez Ávila, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Aunado a lo anterior, se exhorta a la parte quejosa para que de ser posible, opte voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio en línea vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, debiendo para ello hacer la correspondiente solicitud y proporcionar el usuario registrado en el portal de servicios aludido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

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