Paula Avellaneda Ortiz
Expediente 971/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Paula Avellaneda Ortiz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho,********************ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por........, por propio derecho, y con el carácter de beneficiaria única de los derechos derivados del laudo firme dictado en el expediente laboral 32/2008, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese con el número 971/2016-I, en el libro de gobierno respectivo. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es posible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia.....En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS: Del Presidente del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado: "La omisión, dilación y/o abstención a cumplir su obligación legal de promover la eficaz e inmediata ejecución del laudo firme de fecha 13 de agosto de 2012, dictado en el juicio ordinario laboral número 32/2008 (.). También le reclamo la omisión, dilación y/o abstención a dictar el acuerdo correspondiente en respuesta a mi escrito de fecha 04 de julio de 2016, presentado dentro del expediente de origen 32/2008." Del Presidente y Síndico Procurador, ambos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero: "La omisión, dilación y/o abstención sistemática a cumplir los diversos requerimientos que se le han formulado al Ayuntamiento condenado por parte del C. Presidente del H. Tribunal Laboral, para que paguen la condena económica derivada del laudo firme de fecha 13 de agosto de 2012 (.)". Ahora bien, respecto al acto reclamado al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en: "(.) También le reclamo la omisión, dilación y/o abstención a dictar el acuerdo correspondiente en respuesta a mi escrito de fecha 04 de julio de 2016, presentado dentro del expediente de origen 32/2008." En la especie se advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el arábigo 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Conforme a lo transcrito, debe establecerse que el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, prevé que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; empero, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Así las cosas, por "última resolución" debe entenderse que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordena el archivo definitivo del expediente. .....Ahora bien, en el caso, el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en la omisión en que incurre el Tribunal laboral responsable para dictar acuerdo respecto al escrito de cuatro de julio de dos mil dieciséis, en el que la parte aquí quejosa le solicitó hiciera efectivo en contra del Ayuntamiento demandado los apercibimientos insertos en los acuerdos de veintinueve de agosto de dos mil trece (embargo) y veinticinco de enero de dos mil dieciséis (multa), por no haber cumplido con el requerimiento de exhibir la cantidad condenada de $355,569.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), dentro del expediente laboral 32/2008, con lo que se evidencia que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, además de que así lo manifiesta en el capítulo de antecedentes, como se advierte a continuación: "(.) 3.- (.) Con fecha 29 de agosto de 2013, se despachó auto de ejecución por la cantidad de $....(TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 12/100 MONEDA NACIONAL) y se requirió de pago al Ayuntamiento condenado, bajo el apercibimiento que de no cumplir se le embargarían bienes propios. No obstante, con fecha 10 de febrero de 2014, el actor solicitó formalmente la ejecución del laudo firme de autos (.)". Por lo que, los actos que aquí pretende reclamar no constituyen la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de origen, toda vez que la responsable en ningún momento aprobó o reconoció de manera expresa o tácita el cumplimiento total del laudo pronunciado dentro del expediente natural 32/2008, o que se hubiese pronunciado imposibilitado para cumplir el laudo, de ahí que en la especie, esta juzgadora estime actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa. Sin que pueda tener trascendencia alguna la valoración de "irreparable" del acto que se reclama, toda vez que tal aspecto no puede incidir en el análisis de los actos actualizados en la fase de ejecución de una sentencia o laudo de acuerdo con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que a continuación se cita. ......En esa tesitura, se concluye que la tesis antes mencionada es aplicable por analogía cuando se reclaman omisiones para continuar la ejecución del laudo, puesto que no implicarían la afectación de un derecho sustantivo y por ende, el amparo indirecto en su contra resulta improcedente. Por ende, si en el asunto que nos ocupa se reclama la omisión de acordar la promoción de cuatro de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se solicitó a la responsable para que hiciera efectivo en contra del Ayuntamiento demandado los apercibimientos insertos en los acuerdos de veintinueve de agosto de dos mil trece (embargo) y veinticinco de enero de dos mil dieciséis (multa), por no haber cumplido con el requerimiento de exhibir la cantidad condenada de $355,569.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), dentro del expediente laboral 32/2008, entonces, debe concluirse que dicha omisión así planteada no constituiría la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, por lo que por regla general el amparo indirecto en su contra resulta improcedente. Inclusive, aun cuando el promovente alegue que esa omisión impliquen violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no puede considerarse como de aquellas que afecten materialmente derechos sustantivos reclamables en el amparo, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento de ejecución, sino que se da justamente dentro del mismo; siendo aplicable al caso.....Criterio que comparte el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al emitir ejecutoria en el toca relativo al recurso de queja 68/2016. Al actualizarse en forma patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de garantías, respecto a los actos reclamados al Presidente del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Por otra parte, en relación a los actos reclamados al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, Presidente y Síndico Procurador, ambos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, consistentes en: "La omisión, dilación y/o abstención a cumplir su obligación legal de promover la eficaz e inmediata ejecución del laudo firme de fecha 13 de agosto de 2012, dictado en el juicio ordinario laboral número 32/2008 (.)". "La omisión, dilación y/o abstención sistemática a cumplir los diversos requerimientos que se le han formulado al Ayuntamiento condenado por parte del C. Presidente del H. Tribunal Laboral, para que paguen la condena económica derivada del laudo firme de fecha 13 de agosto de 2012 (.)". En este sentido, se tiene que respecto de los actos precisados, consistentes concretamente en la omisión de dictar y materializar las medidas necesarias tendientes a ejecutar el laudo, se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: .....De ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que, de estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el artículo 74, fracción III, de la Ley Numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que dice: "ARTICULO 74.- Prescriben en dos años: (.) III.- Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal de Arbitraje desde que sea ejecutable su resolución". Ello es así, dado que la acción de la parte que obtuvo para solicitar la ejecución de ese laudo que no debe conceptuarse como perpetua, puesto que de conformidad con el citado numeral es temporal, ya que establece el lapso de dos años para ejercitarla, lo cual el legislador realizó en aras del principio de seguridad jurídica tutelado por el precepto 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se afirma lo anterior, en atención a que si la intención del legislador hubiese sido que no prescribiera la acción para ejecutar el laudo pronunciado por las autoridades laborales, hubiera omitido introducir esa figura jurídica en la Ley Federal del Trabajo, y no habría señalado término prescriptivo ni los casos en que se interrumpe, sino que, por el contrario, en el numeral 74, de la Ley en cita plasmó enfáticamente esa figura, regulándola expresamente. .....Consecuentemente, al ser el acto reclamado genérico, dado que no precisa de manera concreta la omisión, acto o resolución de la etapa ejecutiva que estima le causa agravio, sino que menciona actos de realización incierta, ya que únicamente se limita a expresar que la responsable omite promover la eficaz e inmediata ejecución del laudo, así como, realizar las medidas necesarias para lograr su ejecución, se actualiza en forma patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del diverso 107 de la Ley de Amparo, al tratarse de actos inexistentes; ante ello, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, promovida por Paula Avellaneda Ortiz, por lo que hace a los actos genéricos reclamados al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, Presidente y Síndico Procurador, ambos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, consistentes en: "La omisión, dilación y/o abstención a cumplir su obligación legal de promover la eficaz e inmediata ejecución del laudo firme de fecha 13 de agosto de 2012, dictado en el juicio ordinario laboral número 32/2008 (.)". "La omisión, dilación y/o abstención sistemática a cumplir los diversos requerimientos que se le han formulado al Ayuntamiento condenado por parte del C. Presidente del H. Tribunal Laboral, para que paguen la condena económica derivada del laudo firme de fecha 13 de agosto de 2012 (.)". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis Jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segundo Sala, del rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.
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