Paula Crescencia Ucan Chim

Expediente 187/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
187/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Paula Crescencia Ucan Chim

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 187/2023-V, promovido por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Yucatán y otras autoridades, que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 123 apartado B fracción IX de la Constitución Federal; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el tres de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, turnado el siete siguiente a este Juzgado, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de: 1.- Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 2.- Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 3.- Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), con sede en esta ciudad. 4.- Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de tres de abril de dos mil veintitrés, una vez desahogada la prevención efectuada; se admitió a trámite la demanda de amparo, previamente registrada con el número de expediente 187/2023-V; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, la parte quejosa reclama: Del Congreso del Estado de Yucatán, el proceso legislativo que concluyó con la aprobación y emisión de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, del decreto ********************, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en los cuales se encuentran contenidos los artículos 19 a 50, así como los transitorios primero, sexto, séptimo, octavo y noveno. Del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, la promulgación y orden de publicar de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, del decreto ********************, por el que se aprueba la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. Del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Yucatán, la aplicación del decreto ********************, por el que se emite de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. TERCERA. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSTEY), con sede en esta ciudad, pues así lo señaló al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. Por tanto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 284, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTA. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al Gobernador y al Congreso, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo señalaron expresamente al rendir sus informes justificados. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Máxime que no es necesario acreditar la existencia de las normas reclamadas, pues basta su publicación en el Diario Oficial respectivo para comprobar esta circunstancia, ya que esa divulgación constituye un hecho notorio para un órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del código supletorio a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, visible a página 260, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Igual consideración deberá alcanzarse respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues aun cuando los negó, de sus propias manifestaciones se advierte la certeza de los mismos, por lo que con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos que en esta vía se impugnan. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo XVI, julio de mil novecientos noventa y nueve, octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página trescientos noventa y uno, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto reclamado que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar la negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. ." Ahora bien, el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;.." De conformidad con lo establecido en la fracción XI de la porción normativa reproducida, la acción de amparo se tornará improcedente contra actos que han sido materia de ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Asimismo, dicho numeral dispone que la referida causal de improcedencia, no se actualiza cuando se trata de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos, pues en este caso, para que opere tal motivo de improcedencia, resulta necesario que en alguno de los juicios se dicte sentencia firme, en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales y, de declararse la constitucionalidad de las mismas, la referida causal de improcedencia no se actualizará en relación con los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. Esta causa de improcedencia se encuentra inspirada en la figura procesal de cosa juzgada, de acuerdo con la cual, cuando existe como resultado de un juicio que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, ante la implicación de que pueda duplicarse la misma actividad jurisdiccional, impide juzgar en el segundo asunto. Lo anterior, porque no es jurídicamente factible que una causa que tenga unos mismos e idénticos elementos subjetivos (causa o relación jurídica substantiva) y objetivos (partes en el litigio), pueda ser simultánea o sucesivamente llevada al examen ante el mismo o ante otro órgano jurisdiccional del mismo grado. Es aplicable al caso por identidad de razón, la tesis Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, localizable con registro digital: 2027365, correspondiente a la Undécima Época, Materia Común, Tesis: XI.1o.C.4 K (10a.), del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA EN UN JUICIO EN RAZÓN DE LA SENTENCIA FIRME EMITIDA EN OTRO, CON INDEPENDENCIA DE LAS FECHAS DE SU INICIO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en jurisprudencia, que la ejecución íntegra de una sentencia sólo se alcanza en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse. En ese contexto, lo determinante para la actualización de la cosa juzgada -directa o refleja- es lo sentenciado con anterioridad en un juicio, por lo que carece de importancia cuál procedimiento inició antes, pues lo que debe ser primero en tiempo es la sentencia firme, ya que tal firmeza origina la imposibilidad de resolver sobre lo pedido en el juicio que aún no ha sido resuelto, con independencia de que éste se haya instado antes que aquél, y que por el trámite procesal seguido por uno y otro, haya sido el segundo el que alcanzó antes la sentencia ejecutoria." La configuración de la institución jurídica de cosa juzgada guarda una especial característica: si bien se exige la demostración de la identidad de sujetos (quejoso y autoridades responsables) y de objeto del litigio (acto reclamado), no resulta necesaria la identidad en la causa de pedir (violaciones constitucionales alegadas). Porque lo relevante en el señalado procedimiento constitucional, en cuanto a la finalidad de la figura jurídica de que se trata, es que no sea sometido al examen del juzgador la pretensión de un mismo gobernado (planteada en dos o más demandas de amparo), que consista en obtener la declaratoria de inconstitucionalidad de un mismo acto reclamado, aunque en la segunda o ulteriores demandas se expresen distintos preceptos constitucionales que contengan los derechos humanos que se estimen violados, así como distintos conceptos de las violaciones; lo cual persigue la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias y respetar la cosa juzgada que pudiera establecerse sobre la misma controversia. Es decir, que los efectos de la sentencia emitida en el primer juicio, devienen definitivos y obligatorios para el juzgador en cualquier juicio en el que se pretendiera reiterar lo sentenciado, o bien, que la sentencia al ser inimpugnable alcanza autoridad o fuerza de cosa juzgada en sentido formal o externo, pero si, además, resulta jurídicamente indiscutible el pronunciamiento judicial que el fallo contenga, entonces, adquiere fuerza de cosa juzgada en sentido material o interno. Es aplicable al caso, la tesis consultable con número de registro digital: 181353, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia Común, Tesis: XVII.2o.C.T.12 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Junio de 2004, página 1427, que dispone: "COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL. DIFERENCIAS Y EFECTOS. La doctrina moderna distingue dos especies de cosa juzgada, la formal y la material. La primera está encaminada a operar exclusivamente en el proceso, pues consiste en la inimpugnabilidad de la sentencia en su certeza jurídica, en virtud de que con la realización de ciertos actos o con el transcurso de los términos se extingue el derecho que pudiera haberse ejercido para realizar determinados actos procesales. En cambio, la material, además de tener como base esa inimpugnabilidad de la sentencia dentro del proceso, su firmeza o inmutabilidad debe ser respetada fuera del proceso, o en cualquier otro procedimiento en que se pretenda promover exactamente el mismo litigio. Esto es, los efectos de la sentencia devienen definitivos y obligatorios para el juzgador en cualquier juicio en el que se pretendiera reiterar lo sentenciado, es decir, la sentencia al ser inimpugnable alcanza autoridad o fuerza de cosa juzgada en sentido formal o externo, pero si, además, resulta jurídicamente indiscutible el pronunciamiento judicial que el fallo contenga, entonces, adquiere fuerza de cosa juzgada en sentido material o interno. Luego, la primera es el presupuesto de la segunda y el significado de ambas puede condensarse así: la cosa juzgada formal es igual a inimpugnabilidad, mientras que la cosa juzgada material es igual a indiscutibilidad. Por lo general coinciden los dos sentidos de la cosa juzgada, pero no en todos los casos, ya que en algunos sólo se produce el primero." Así, de lo dispuesto por el invocado numeral se desprende que son dos los requisitos exigidos para que opere la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que son: a) Que la ley o acto que se reclamen haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; y, b) Que ambos juicios de amparo hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aun cuando las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso concreto, a fin de justificar la actualización de la causal de improcedencia invocada, deviene oportuno señalar que el presente juicio de amparo lo promovió ********************, en fecha tres de febrero de dos mil veintitrés, en contra de los actos atribuidos al Congreso, Gobernador, Secretaría de Educación Pública, todos del Estado, y al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), todos con sede en esta ciudad. Actos que hizo consistir esencialmente en la discusión, aprobación, promulgación, expedición y aplicación de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiuno de julio de dos mil veintidós (Decreto ********************). Reclamo que planteó al considerar que la ley le causaba perjuicio con motivo de su primer acto de aplicación, es decir, como si fuese heteroaplicativa. Por otra parte, se hace constar como hecho notorio que de una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte la existencia del juicio de amparo 2003/2022, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que dicho juicio fue promovido, entre otros, por ********************, en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el que señaló como actos reclamados al Congreso, Gobernador, Secretaría General y Director del Diario Oficial, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: La iniciativa, discusión, aprobación, expedición, publicación y ejecución del Decreto ********************, por el que se emitió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiuno de julio de dos mil veintidós. Reclamo que hizo al considerar que la referida ley le causaba perjuicio con su sola entrada en vigor, es decir, que se trataba de una ley autoaplicativa. Asimismo, se desprende que por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la aludida demanda de amparo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Después, el diez de noviembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en el referido juicio. Posteriormente, en atención al oficio ********************de dos del referido mes y año, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se autorizó el auxilio a dicho órgano jurisdiccional; se ordenó informar a las partes que el juicio constitucional de que se trata, sería remitido al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. En ese sentido, el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dictado en autos del cuaderno auxiliar ********************del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, se dictó la sentencia correspondiente, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó a los quejosos la protección constitucional solicitada. Dicha sentencia, causó ejecutoria mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Lo anterior constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de esta última legislación, mismo que se invoca para resolver el presente juicio, aunque no haya sido alegado ni probado por las partes, por así disponerlo el aludido precepto legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, con registro digital 2017123, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Como se puede observar, los actos reclamados en la presente instancia de control constitucional, fueron materia de una ejecutoria en diverso juicio, anterior al presente juicio de amparo, razón suficiente para decretar la improcedencia del juicio acorde a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Esto es así, porque se está ante la presencia de dos juicios de amparo promovidos por la misma quejosa, en los que hay identidad de actos reclamados a las mismas autoridades y otras diversas, ya que en ambos juicios de amparo se reclama esencialmente, como ya se dijo, la discusión, aprobación, expedición y ejecución del Decreto ********************, por el que se emitió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiuno de julio de dos mil veintidós. Y para ponerlo de manifiesto se realiza la presente tabla comparativa de los señalados juicios de amparo. Juicio de amparo 187/2023-V del índice de este Juzgado Primero de Distrito. Juicio de amparo 2003/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado. AUTORIDADES RESPONSABLES Congreso del Estado. Gobernador del Estado. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) Secretaria de Educación Pública del Gobierno del Estado de Yucatán. AUTORIDADES RESPONSABLES Congreso del Estado. Gobernador del Estado. Secretaría de Gobierno. Director de Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán ACTO RECLAMADO La iniciativa, discusión, aprobación, expedición, publicación y ejecución del Decreto ********************, por el que se emitió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiuno de julio de dos mil veintidós ACTO RECLAMADO La discusión, aprobación, promulgación, expedición y aplicación de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiuno de julio de dos mil veintidós (Decreto ********************). CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. [.] CUARTO. El proceso legislativo que culminó en la expedición del Decreto ******************** por el que se emite la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicado el día 21 de julio de 2022 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, presenta vicios que hacen inconstitucional dicha reforma por vulnerarse el principio de Progresividad y NO regresión, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EN EFECTO, EL DICTAMEN DE REFORMAS RECIÉN APROBADO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN EL QUE SE ESTABLECE EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIÓN, PARTICULARMENTE EN EL NUEVO MECANISMO PARA EL ACCESO A JUBILACIONES Y PENSIONES A LOS ACTUALES TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO EN YUCATÁN ANTES RESEÑADO Y ESTABLECIDO EN EL CITADO DECRETO. Sobre este particular, resulta importante señalar que la modificación al mecanismo para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones contenido en la nueva norma que por esta vía se combate, contraviene la obligación de progresividad señalada en el artículo 1 de la Constitución Federal. Así, la aplicación de progresividad consiste en que los derechos humanos codificados en tratados internacionales y normas nacionales no son más que un mínimo; su progresión está en manos de los Estados, por lo que las medidas que adopten, deliberadas, concretas y orientadas hacia el cumplimiento de las obligaciones. La progresividad implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que la efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, sino que se trata de un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo. El progreso patenta que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. Ahora bien, la progresividad implica un deber negativo consistente en la prohibición de regresión, que consiste en que, una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, salvo en ciertas circunstancias, disminuir el nivel alcanzado. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha referido que la progresividad exige a todas las actuaciones del estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección de los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del estado mexicano. En ese sentido, la Sala también fijó criterios para determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano deriva en la violación al principio de progresividad, en donde consideró si es necesario analizar si: dicha disminución tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano y genere un desequilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos. Para determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano viola el principio de progresividad de los derechos humanos, el operador jurídico debe de realizar un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho en relación con las implicaciones colectivas de la medida, a efecto de establecer si se encuentra justificada. Se considera que el dictamen por el que se emite la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán en cita, no justifica las razones para disminuir o aumentar derechos y obligaciones para estos, por tanto si deriva en la violación al principio de progresividad y no regresión, en virtud de su falta de justificación en relación con las implicaciones colectivas de la medida, pues más que beneficios su modificación conllevaría mayores prejuicios a nosotros los justiciables. (transcribe jurisprudencia) [.] QUINTO.- El Decreto número ******************** por el que se emite la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicado el 21 de julio de 2022 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, presenta vicios que hacen inconstitucional dicha norma general por vulnerar derechos previamente adquiridos relacionados con el derechos a la seguridad social. EN EFECTO, EL DICTAMEN QUE CONTIENE EL DECRETO IMPUGNADO, VIOLENTA LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1 EN CORRELACIÓN CON EL 14 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL CONSIDERAR ELEMENTOS DE APLICACIÓN RETROACTIVA, LO QUE OCASIONA SU INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENCIONALIDAD. En ese sentido, las disposiciones normativas en combate, desconocen los derechos adquiridos de los servidores públicos estatales al amparo de los regímenes anteriores a la vigencia del Decreto cuestionado, en contravención con el artículo 14 de la Constitución Federal, así como en detrimento del derecho de seguridad social y el principio de previsión social. Es así que los preceptos en combate establecen disposiciones con efectos retroactivos a pesar de que constituyen un derecho otorgado al amparo de las disposiciones anteriores a la vigencia del Decreto impugnado. [.] SEXTO.- En este sentido, con la denominación otorgada a los "trabajadores en transición" en el sexto transitorio del decreto, se entiende para efectos de la ley a aquellas que ya se hayan afiliado al ISSSTEY, con fecha anterior a la entrada en vigor de la nueva ley, y que no se encuentren en el supuesto del artículo cuarto transitorio (es decir, que sean personas ya pensionadas o con derecho a pensión de acuerdo con los requisitos para el acceso a la jubilación voluntaria o jubilación necesaria regulada por las fracciones I y II del artículo 63 de la ley que se abrogará), por tanto quienes no se encuentren dentro de esa esfera jurídica, serán consideradas como personas servidoras públicas en transición, y a éstas se les aplicarán las excepciones descritas en los artículos transitorios del séptimo al décimo cuarto. Lo cual evidentemente implica desde la exposición de motivos del proyecto, el reconocimiento de los derechos adquiridos de forma previa; por lo que el hecho de generar una denominación para efectos de ley, y con ello desligar tales derechos, implica un retroceso y la violación a los derechos fundamentales de todos los empleados que caemos en el supuesto de ser "trabajadores en transición"; por tanto, no basta con denominar en la ley el supuesto para con ello pretender tener por cumplido con los requisitos, sino que no existen parámetros, estudios, ni resultados o supuestos legales que puedan darnos certeza jurídica con la emisión de la ley, ya que a todas luces vulnera tales derechos adquiridos desde el momento de haber sido afiliados al tenor de la ley ahora abrogada. [.] CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. [.] TERCERO. El proceso legislativo que culminó en la expedición del Decreto ******************** por el que se emite la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicado el día 21 de julio de 2022 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, presenta vicios que hacen inconstitucional dicha reforma por vulnerarse el principio de Progresividad y NO regresión, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EN EFECTO, EL DICTAMEN DE REFORMAS RECIÉN APROBADO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN EL QUE SE ESTABLECE EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIÓN, PARTICULARMENTE EN EL NUEVO MECANISMO PARA EL ACCESO A JUBILACIONES Y PENSIONES A LOS ACTUALES TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO EN YUCATÁN ANTES RESEÑADO Y ESTABLECIDO EN EL CITADO DECRETO. Sobre este particular, resulta importante señalar que la modificación al mecanismo para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones contenido en la nueva norma que por esta vía se combate, contraviene la obligación de progresividad señalada en el artículo 1 de la Constitución Federal. Así, la aplicación de progresividad consiste en que los derechos humanos codificados en tratados internacionales y normas nacionales no son más que un mínimo; su progresión está en manos de los Estados, por lo que las medidas que adopten, deliberadas, concretas y orientadas hacia el cumplimiento de las obligaciones. La progresividad implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que la efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, sino que se trata de un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo. El progreso patenta que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. Ahora bien, la progresividad implica un deber negativo consistente en la prohibición de regresión, que consiste en que, una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, salvo en ciertas circunstancias, disminuir el nivel alcanzado. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha referido que la progresividad exige a todas las actuaciones del estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección de los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del estado mexicano. En ese sentido, la Sala también fijó criterios para determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano deriva en la violación al principio de progresividad, en donde consideró si es necesario analizar si: dicha disminución tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano y genere un desequilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos. Para determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano viola el principio de progresividad de los derechos humanos, el operador jurídico debe de realizar un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho en relación con las implicaciones colectivas de la medida, a efecto de establecer si se encuentra justificada. Se considera que el dictamen por el que se emite la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán en cita, no justifica la modificación estructural del sistema para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones a los actuales trabajadores de los poderes estatales, ni las razones para disminuir o aumentar derechos y obligaciones para estos, por tanto si deriva en la violación al principio de progresividad y no regresión, en virtud de su falta de justificación en relación con las implicaciones colectivas de la medida, pues más que beneficios su modificación conllevaría mayores prejuicios a nosotros los justiciables. (transcribe jurisprudencia) CUARTO.- El Decreto número ******************** por el que se emite la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicado el 21 de julio de 2022 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, presenta vicios que hacen inconstitucional dicha norma general por vulnerar derechos previamente adquiridos relacionados con el derechos a la seguridad social. EN EFECTO, EL DICTAMEN QUE CONTIENE EL DECRETO IMPUGNADO, VIOLENTA LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1 EN CORRELACIÓN CON EL 14 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL CONSIDERAR ELEMENTOS DE APLICACIÓN RETROACTIVA, LO QUE OCASIONA SU INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENCIONALIDAD. En ese sentido, las disposiciones normativas en combate, desconocen los derechos adquiridos de los servidores públicos estatales al amparo de los regímenes anteriores a la vigencia del Decreto cuestionado, en contravención con el artículo 14 de la Constitución Federal, así como en detrimento del derecho de seguridad social y el principio de previsión social. Es así que los preceptos en combate establecen disposiciones con efectos retroactivos a pesar de que constituyen un derecho otorgado al amparo de las disposiciones anteriores a la vigencia del Decreto impugnado. [.] QUINTO.- En este sentido, con la denominación otorgada a los "trabajadores en transición" en el sexto transitorio del decreto, se entiende para efectos de la ley a aquellas que ya se hayan afiliado al ISSSTEY, con fecha anterior a la entrada en vigor de la nueva ley, y que no se encuentren en el supuesto del artículo cuarto transitorio (es decir, que sean personas ya pensionadas o con derecho a pensión de acuerdo con los requisitos para el acceso a la jubilación voluntaria o jubilación necesaria regulada por las fracciones I y II del artículo 63 de la ley que se abrogará), por tanto quienes no se encuentren dentro de esa esfera jurídica, serán consideradas como personas servidoras públicas en transición, y a éstas se les aplicarán las excepciones descritas en los artículos transitorios del séptimo al décimo cuarto. Lo cual evidentemente implica desde la exposición de motivos del proyecto, el reconocimiento de los derechos adquiridos de forma previa; por lo que el hecho de generar una denominación para efectos de ley, y con ello desligar tales derechos, implica un retroceso y la violación a los derechos fundamentales de todos los empleados que caemos en el supuesto de ser "trabajadores en transición"; por tanto, no basta con denominar en la ley el supuesto para con ello pretender tener por cumplido con los requisitos, sino que no existen parámetros, estudios, ni resultados o supuestos legales que puedan darnos certeza jurídica con la emisión de la ley, ya que a todas luces vulnera tales derechos adquiridos desde el momento de haber sido afiliados al tenor de la ley ahora abrogada. [.] Sentado lo anterior, es claro que las violaciones constitucionales reclamadas por la quejosa en el presente juicio de amparo, fueron materia de ejecutoria en un diverso juicio de amparo, en el que se hizo valer, esencialmente, la trasgresión al principio de progresividad que le atribuyó a la legislación tildada de inconstitucional. Argumento que prácticamente de manera idéntica hizo valer en este asunto. Siendo importante destacar que en el primer juicio de amparo la quejosa reclamó la ley de manera autoaplicativa, y en el segundo juicio, lo hizo con motivo de un acto concreto de aplicación, como lo fue la retención adicional de sus ingresos, atribuida a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado. Sin embargo, dicha circunstancia no cambia el hecho de que el estudio correspondiente se centrará únicamente sobre la misma norma, al no reclamarse vicios propios del acto de aplicación. En efecto, cabe señalar que el artículo 80 de la Ley de Amparo, prevé el alcance de los efectos restitutorios del agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado cuando se le ha otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo o en cuanto sea de índole negativa o constituya una abstención, se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumplir por su parte, lo que el mismo derecho exija. En tratándose de amparo contra leyes, el efecto de la sentencia que en su caso concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma consiste en la desincorporación de la norma de la esfera jurídica del gobernado, desaplicándola en el presente y en el futuro. De lo que se sigue que en un juicio de amparo contra una ley reclamada como autoaplicativa no es necesario que para satisfacer la pretensión consistente en la desaplicación de la ley a todos los casos en que pudiera tener aplicación, se reclame nuevamente en otro juicio de amparo, por más que en cada uno de ellos se aluda a un bien o derecho distinto que pudiera verse afectado por la norma tildada de inconstitucional, en la medida en que con la concesión del amparo en el primero de los juicios quedaría satisfecha cualquier pretensión de la parte quejosa, pues los efectos del amparo serían respecto de toda su esfera jurídica o de cualquier interés jurídico que pudiera ser afectado. Además, debe señalarse que permitir que una norma de observancia general pueda impugnarse en tantas ocasiones como bienes jurídicos del quejoso pudieran verse afectados, implicaría que en función de una misma persona se juzgara varias veces sobre el mismo acto reclamado, esto es, sobre la constitucionalidad de la misma norma, lo que contravendría la finalidad de la figura de la cosa juzgada, que es evitar el dictado de sentencias contradictorias, en la medida que podría suceder que en uno de los juicios, se niegue el amparo como acontece en el caso, y en el otro se conceda lo que generaría como ya se dijo, sentencias contradictorias y además contravendría el principio de cosa juzgada. De ahí que la configuración de la causa de improcedencia por cosa juzgada, se surte cuando en dos juicios de amparo una misma persona reclama la misma ley y señala como responsables a las mismas autoridades, aunque en las demandas se aluda a una distinta causa de pedir o se pretenda proteger un distinto interés jurídico. Por tanto, se concluye que se actualiza la improcedencia invocada, en virtud de que el acto reclamado en el presente juicio fue materia de ejecutoria en un diverso juicio de amparo promovido por la propia quejosa. Así, toda vez que en este amparo se señala también como autoridad responsable al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y a la Secretaría de Educación Pública del Estado, a quienes si bien les reclama el primer acto de aplicación del decreto ********************, lo cierto es que no fue reclamado por vicios propios; siendo que en el amparo 2003/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en esta Entidad, que se encuentra en trámite, impugnó la totalidad del decreto antes mencionado. Se arriba a la conclusión de que de obtener resolución favorable y concederse la protección de la Justicia Federal, necesariamente abarcaría cualquier acto de aplicación de la ley impugnada, como lo es el que refiere e imputa a la autoridad ejecutora. Aunado a que no es jurídicamente válido que en un diverso juicio de amparo se haya examinado la constitucionalidad de la misma ley, pues ésta sólo puede ser juzgada una ocasión. Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción previsto en la parte final de la citada fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la misma se refiere a juicios de amparo contra normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Siendo que como se señaló anteriormente, el primer juicio de amparo que promovió la quejosa, lo hizo contra normas generales con motivo de su entrada en vigor, es decir, el reclamo de la norma se realizó bajo el supuesto de que no existía un acto de aplicación, mientras que en el segundo amparo el reclamo se hizo con motivo del primer acto de aplicación. De ahí que dicho supuesto de excepción no se actualice, pues no se trata de juicios de amparo promovidos con motivo de actos de aplicación diversos. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia invocada, lo que legalmente procede es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo. Tiene apoyo lo sustentado, en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FNDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por virtud de lo anterior, es innecesario analizar las restantes causas de improcedencia que plantean las responsables, ya que su análisis no variaría el sentido del fallo. Robustece lo determinado la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia (s) Común, Tesis: 2a./J. 54/98, en la página 414, con número de registro: 195744, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." SEXTO. Publicación de datos personales. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), con residencia en esta ciudad; por los motivos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó del Congreso, Gobernador y Secretaría de Educación Pública, todos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, el día de hoy once de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la secretaria Georgina Pacheco Hernández, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio suscrito por la Delegada de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de catorce de junio del presente año, remite los documentos solicitados por la parte quejosa mediante escrito de catorce de abril del año en curso; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo aplicable, pónganse a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que a la presente fecha la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), no ha remitido las constancias requeridas por este Juzgado Federal mediante oficio 14124/2023 de veintiséis de abril del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo y artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase nuevamente a la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita los documentos solicitados por la parte quejosa mediante escrito de catorce de abril del año en curso; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al dictado del presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con trienta minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, con excepción de la autoridad requerida, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y toda vez que mediante oficio ASJ-38462 la Directora de Cooperación Penal Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remitió diversas copias certificadas en las que se informaba del desahogo de las diligencias encomendadas en la carta rogatoria 2/2019 expedida por este órgano jurisdiccional. Sin embargo, a la presente fecha no ha remitido los originales de dichas constancias de la notificación correspondiente, o bien, copias certificadas de ellas, y tampoco envió la totalidad de las documentales respectivas a la diligencia de notificación encomendada en la carta rogatoria 2/2019, girada por este juzgado; por tanto, gírese atento oficio a la Directora de Cooperación Penal Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de solicitarle que en cuanto se allegue de los originales de mérito o copia certificada, los remita a este juzgado federal, a fin de que se acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

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