Paul Emmanuel Cervantes Bobadilla y Otros.

Expediente 1299/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1299/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
24/12/2018

Partes del expediente

  • Paul Emmanuel Cervantes Bobadilla y Otros.
  • Paul Emmanuel Cervantes Bobadilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de treinta de noviembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo indirecto; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquel proveído ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el acuerdo citado se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo y no obran agregados documentos originales, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentado la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Por otra parte, de conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, y con el fin de facilitar el manejo del presente juicio de amparo, se ordena formar un cuaderno auxiliar con las constancias remitidas con el informe de cuenta, así como las diversas que eventualmente se exhiban y que no resulte indispensable su glosa a este expediente, en el entendido que el cuaderno auxiliar de referencia queda formalmente vinculado al presente juicio de amparo para los efectos legales correspondientes, y a disposición de las partes para su consulta. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, de acordar en cuanto al régimen de convivencia con su hija menor de iniciales A.C.A., petición formulada en su escrito de contestación de demanda en el expediente 418/2018, relativo al procedimiento oral familiar de divorcio sin causales. Sin embargo, de las copias certificadas que la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, remitió en apoyo a su informe justificado (cuaderno auxiliar), a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en el expediente 418/2018, relativo al procedimiento oral familiar de divorcio sin causales del índice de ese juzgado, el veintiséis de noviembre del presente año, el juez responsable acordó lo conducente respecto de la solicitud realizada por el aquí quejoso en su escrito de contestación de demanda, fijando el régimen de convivencia con su hija menor de iniciales A.C.A. (fojas 109 y 110 del cuaderno auxiliar). Siendo que el acuerdo dictado por la responsable le fue notificado a la parte quejosa por medio de lista en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de noviembre del año en curso (foja 110 cuaderno auxiliar); esto es, posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el siete de noviembre último; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Sin que sea obstáculo que no haya sido emplazado la tercera interesada, Selene Alcudia Arellano, toda vez que por el sentido en que se resuelve este juicio de amparo, es evidente que no se vulnera derecho alguno, aunado de que en la especie se actualizó de una manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia antes citada. Asimismo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado, licenciado René Rubio Escobar, ante la secretaria Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CITATORIO. Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Por otra parte, de conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, y con el fin de facilitar el manejo del presente juicio de amparo, se ordena formar un cuaderno auxiliar con las constancias remitidas con el informe de cuenta, así como las diversas que eventualmente se exhiban y que no resulte indispensable su glosa a este expediente, en el entendido que el cuaderno auxiliar de referencia queda formalmente vinculado al presente juicio de amparo para los efectos legales correspondientes, y a disposición de las partes para su consulta. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, de acordar en cuanto al régimen de convivencia con su hija menor de iniciales A.C.A. , petición formulada en su escrito de contestación de demanda en el expediente 418/2018, relativo al procedimiento oral familiar de divorcio sin causales. Sin embargo, de las copias certificadas que la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, remitió en apoyo a su informe justificado (cuaderno auxiliar), a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en el expediente 418/2018, relativo al procedimiento oral familiar de divorcio sin causales del índice de ese juzgado, el veintiséis de noviembre del presente año, el juez responsable acordó lo conducente respecto de la solicitud realizada por el aquí quejoso en su escrito de contestación de demanda, fijando el régimen de convivencia con su hija menor de iniciales A.C.A. (fojas 109 y 110 del cuaderno auxiliar). Siendo que el acuerdo dictado por la responsable le fue notificado a la parte quejosa por medio de lista en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de noviembre del año en curso (foja 110 cuaderno auxiliar); esto es, posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el siete de noviembre último; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Sin que sea obstáculo que no haya sido emplazado la tercera interesada, Selene Alcudia Arellano, toda vez que por el sentido en que se resuelve este juicio de amparo, es evidente que no se vulnera derecho alguno, aunado de que en la especie se actualizó de una manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia antes citada. Asimismo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado, licenciado René Rubio Escobar, ante la secretaria Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a este expediente el memorial suscrito por Paul Emmanuel Cervantes Bobadilla, parte quejosa en este asunto, mediante el cual cumple con la prevención que se le hizo en proveído de ocho de noviembre del presente año. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I°, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos promovida por Paul Emmanuel Cervantes Bobadilla, por su propio derecho y en representación de la menor de iniciales A.C.A., en contra del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; en consecuencia, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 6 y 10 de La Ley de Amparo, téngase por reconocida la personalidad con que se ostenta Paul Emmanuel Cervantes Bobadilla, como representante legal de su hija menor de edad A.C.A..; personalidad que se acredita con el acta de nacimiento de la referida menor, expedida el quince de noviembre de dos mil dieciocho, por el Encargado del Registro Civil del Estado, con número de folio 2020094. No se tramita el incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa y no encontrarse en los supuestos que prevé el artículo 127 de la Ley de Amparo, para su apertura de oficio. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; asimismo, en el término señalado, deberá acompañar la totalidad de las constancias que estime pertinentes, para apoyar su informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo; apercibida que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la citada ley, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que adjuntó la parte quejosa en su escrito aclaratorio, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Con fundamento en los artículos 5, 26, fracción I, inciso b), 27, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada a Selene Alcudia Arellano, quien deberá ser emplazada por el actuario adscrito, en el domicilio señalado en la demanda, haciéndole saber que con tal carácter puede comparecer en el presente juicio en defensa de sus derechos si así lo estimare pertinente, entregándole copia autorizada del presente acuerdo y de la demanda de amparo, previniéndola para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo dentro del término que para tal efecto se le señala, todas las demás notificaciones incluso las de carácter personal, se le hará por medio de lista autorizada que se fijen en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 del invocado ordenamiento legal; sin necesidad de ulterior acuerdo, hasta en tanto subsanen su omisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. De conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se previene a las partes de este juicio de amparo a efecto de que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia, lo hagan del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional y de ser posible exhiban las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que no acatar lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del invocado ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Asimismo, con apoyo en el numeral 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al juez responsable, para que informe a este Juzgado si tiene conocimiento que la parte quejosa ha promovido otra demanda de amparo contra el acto que reclama en este juicio. Con copia de la demanda de amparo y mediante oficio que al efecto se gire, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso C de la Ley de Amparo. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

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