Paul Piña Ortega
Expediente 1760/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1760/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/01/2017
Partes del expediente
- Paul Piña Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
IV. Toluca, Estado de México; veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Vista la cuenta precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que en el juicio principal del cual deriva este incidente se dictó el auto siguiente: "Toluca, Estado de México; veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el nueve de enero de dos mil diecisiete, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. Devuélvanse a la responsable las constancias que remitió como complemento a su informe justificado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto de referencia. 4. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia, que autoriza, firma y da fe." Cúmplase. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 1760/2016-IV; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, Paúl Piña Ortega por conducto de su defensor particular Gustavo Fernando Rojas Florencio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca." Acto reclamado: El auto de fecha siete de noviembre de 2016 dictada dentro de la causa penal número 60/2014-IV y COMO CONSECUECIA LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DEL SUSCRITO". SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. El impetrante señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y admisión de demanda. Mediante auto de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como al representante social adscrito al juzgado responsable, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la resolución reclamada fue emitida por una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional, emitida dentro del proceso penal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye la determinación pronunciada el siete de noviembre de dos mil dieciséis en la causa penal 60/2014-V, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos penales Federales en el Estado de México, en la cual en atención a la petición formulada por al ahora quejoso mediante escrito presentado el siete de noviembre pasado, reiteró la cantidad impuesta mediante diligencia de declaración preparatoria de diecisiete de octubre de dos mil quince, que éste debía garantizar a efecto de que gozara de su libertad provisional bajo caución. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000 con registro 192097, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, con número de registro 181810, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza o inexistencia del acto reclamado. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 10, con número de registro 212775, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese orden, se precisa que el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la determinación pronunciada el siete de noviembre de dos mil dieciséis en la causa penal 60/2014-V, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos penales Federales en el Estado de México, en la cual en atención a la petición formulada por al ahora quejoso mediante escrito presentado el siete de noviembre pasado, reiteró la cantidad impuesta mediante diligencia de declaración preparatoria de diecisiete de octubre de dos mil quince, que éste debía garantizar a efecto de que gozara de su libertad provisional bajo caución. Circunstancia que se corrobora con las constancias que la responsable remitió como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de los tomos I y II del proceso penal 60/2014-V, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, porque se trata de actuaciones emitidas por funcionarios públicos en el ejercicio de su encargo. A lo expuesto resulta aplicable la jurisprudencia publicada en la página 231, con número de registro 917812, del Tomo VI, materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo contenido es: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia 226 con número de registro 394182, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario que la acción intentada sea procedente; es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible debe sobreseerse el juicio; esto es, abstenerse del conocimiento del asunto y limitarse a emitir una determinación en la cual se expresen los motivos por los cuales se estima que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, la improcedencia del juicio constituye un obstáculo que impide resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. Establecido lo anterior, se concluye que en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna que en el caso cobre vigor, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, bajo el tenor siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Y la tesis publicada con la clave I.7o.P.11 K, con número de registro 169036, en la página 1200 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2008, Tomo XXVIII, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." En ese sentido, en el caso este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción XVIII del precepto legal en cita dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquellos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o agrarios, establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o agrarios; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Además, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Ahora bien, la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque el auto que se reclama fue emitido por el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en la causa penal 60/2014, lo que evidencia que se trata de un proveído proveniente de una autoridad judicial y, en consecuencia, que se satisface el primero de los requisitos antes señalados. Asimismo, en lo tocante a los requisitos identificados con los números dos, tres y cuatro ya precisados, conviene invocar los siguientes artículos del Código Federal de Procedimientos Penales: ARTICULO 361. Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia. ARTICULO 366. Son apelables en ambos efectos solamente las sentencias definitivas en que se imponga alguna sanción. ARTICULO 367. Son apelables en el efecto devolutivo: I. Las sentencias definitivas que absuelven al acusado, excepto las que se pronuncien en relación con delitos punibles con no más de seis meses de prisión o con pena no privativa de libertad, en los términos del primer párrafo del artículo 152; II. Los autos en que se decrete el sobreseimiento en los casos de las fracciones III a VI del artículo 298 y aquéllos en que se niegue el sobreseimiento. III. Los autos en que se niegue o conceda la suspensión del procedimiento judicial; los que concedan o nieguen la acumulación de autos; los que decreten o nieguen la separación de autos; los que concedan o nieguen la recusación; III bis. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional; IV. Los autos de formal prisión; los de sujeción a proceso; los de falta de elementos para procesar; y aquéllos que resuelvan situaciones concernientes a la prueba. V. Los autos en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución; los que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos, y los que resuelvan algún incidente no especificado; VI. Los autos en que se niegue la orden de aprehensión o se niegue la citación para preparatoria. Estos autos sólo son apelables por el Ministerio Público. VII. Los autos que nieguen el cateo, las medidas precautorias de carácter patrimonial, el arraigo del indiciado o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica; VIII. Los autos en que un tribunal se niegue a declarar su incompetencia por declinatoria, o a librar el oficio inhibitorio a que se refiere el artículo 436, y IX. Las demás resoluciones que señala la Ley." De la interpretación de los preceptos legales transcritos, se tiene que los autos contra los cuales no proceda el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. Son apelables las sentencias definitivas, así como los autos que de manera expresa indica el artículo 367, a saber: Aquellos en que se decrete o niegue el sobreseimiento. Se niegue o conceda la suspensión del procedimiento. Se conceda o niegue la acumulación de autos. Se decrete o niegue la separación de autos. Se conceda o niegue la recusación. Se ratifique la constitucionalidad de una detención. Los autos de formal prisión, de sujeción a proceso, de falta de elementos para procesar; y aquéllos que resuelvan situaciones concernientes a la prueba. Se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución o por desvanecimiento de datos, y los que resuelvan algún incidente no especificado. Se niegue la orden de aprehensión o la citación para preparatoria. Se nieguen el cateo, las medidas precautorias de carácter patrimonial, el arraigo del indiciado o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica. Se niegue a declarar incompetencia. Por último, la fracción IX del artículo 367 en cita, dispone que el recurso de apelación procede en contra las demás resoluciones que la Ley expresamente disponga. Ahora bien, en el presente juicio se reclama el auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se proveyó respecto de la solicitud formulada por el defensor particular del inculpado mediante escrito presentado el siete de noviembre pasado, donde se determinó que el promovente se debía estar a lo ordenado en la diligencia de declaración preparatoria de diecisiete de octubre de dos mil quince, en el que el juez de origen se pronunció en cuanto a las cantidades que el inculpado debería exhibir a efecto de gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución. De tal forma que es lógico concluir que se trata de una determinación en contra de la cual no procede el recurso de apelación, toda vez que no se trata de una sentencia definitiva, tampoco encuadra en alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 367 del propio cuerpo normativo, ni existe alguna disposición expresa de la ley que así lo establezca. Por lo tanto, en contra de ese auto procede el recurso de revocación previsto en el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales. Por otra parte, se cumple también con el tercero de los requisitos que contempla la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional, referente a que el recurso se dé dentro del procedimiento en que se emitió el acto reclamado, pues de los numerales citados en párrafos precedentes se advierte que la revocación está contemplada en la normativa que rige el juicio penal federal del que deriva la determinación impugnada. Igualmente, se satisface la última de las hipótesis de inejercitabilidad, en razón de que por medio del recurso previsto en el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales se puede lograr la modificación o revocación del auto reclamado. Además, en el caso no se está en los supuestos de excepción previstos en los incisos a) y b) de la causa de improcedencia invocada, pues que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que es un acto emitido dentro de procedimiento judicial. Tampoco se está ante la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trata de una sentencia definitiva, pues el auto combatido no establece los requisitos para el disfrute de la libertad provisional bajo caución, sino que remite a determinación diversa en el que se estableció el monto para gozar de la libertad provisional bajo caución, la cual no es acto reclamado ni fue impugnado en su oportunidad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Debe indicarse que resulta innecesario estudiar si se actualiza alguna otra causa de improcedencia, en tanto que tal examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, con número de registro 195744, se consulta en la página 414, tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211352, se consulta en la página 544, tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que se transcribe: DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Paúl Piña Ortega, contra el acto y la autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; ante el Secretario Marco Antonio Maya García, que da fe. Doy fe.
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IV. Toluca, Estado de México; diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para su celebración hoy a las diez horas con cuarenta minutos, como se determinó en auto de diecisiete de noviembre pasado; sin embargo, en autos no obra constancia del oficio 47344 con la cual acreditar que el representante social adscrito al juzgado responsable, en su calidad de tercero interesado, haya sido notificado de la radicación del presente asunto. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Amparo, reexpídase el oficio en comento con copia del escrito de demanda, auto admisorio de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, así como de la presente determinación, córrasele traslado al tercero interesado referido a fin de notificarle la radicación del presente asunto, hacerle saber el derecho que tiene para apersonarse al mismo y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Consecuentemente, a fin de dar oportunidad a dar cumplimiento a lo anterior y evitar cualquier tipo de violación procesal, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las once horas con cinco minutos del nueve de enero de dos mil diecisiete para su celebración. Al respecto se estima aplicable el criterio sustentando por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 2418 del Libro 10, Tomo III, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2014, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2007475, que establece: "EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, COMO TERCERO INTERESADO, QUE HAYA INTERVENIDO EN LA CAUSA PENAL DE LA QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO Y NO TENGA EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. LA OMISIÓN DE REALIZARLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De lo dispuesto en los artículos 5o., fracción III, inciso e), y 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que la omisión de ordenar y realizar el emplazamiento respecto de la demanda formulada por la parte quejosa, como tercero interesada, al agente del Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del que derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable, actualiza una violación a las reglas esenciales del procedimiento que hace procedente su reposición, ya que tal omisión puede influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, pues la Ley de Amparo, de conformidad con el primero de los artículos invocados, le otorgó el derecho de ser oído en la litis como parte tercero interesada, con la finalidad de garantizar su intervención en relación con aquellos procedimientos." Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia, que autoriza, firma y da fe.
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IV. Toluca, Estado de México; seis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio signado por el Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales del Estado de México, a través del cual rinde informe justificado y remite copias certificadas de los tomos I y II del proceso penal 60/2014-IV. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de la Amparo, a las partes dése vista para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; hágase nueva relación de las constancias de referencia, en la celebración de la audiencia constitucional. Es aplicable la tesis XXI.2o.16 K visible en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Téngase como anexo las constancias remitidas, previa identificación con la caratula respectiva. Finalmente en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo se tiene reconocida la personalidad del promoverte. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido del Secretario Marco Antonio Maya Garcia que autoriza, firma y da fe.
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