Paul Amador García

Expediente 1951/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1951/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
15/03/2017

Partes del expediente

  • Paul Amador García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    III. Toluca, Estado de México; quince de marzo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. En otro orden de ideas, el estado de autos evidencia que el presente asunto está concluido, por tanto en su momento archívese este expediente como asunto concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El presente juicio de amparo es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó. En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  2. Incidental

    III. Toluca, Estado de México; quince de marzo de dos mil diecisiete. Vista la cuenta precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que en el juicio principal del cual deriva este incidente se dictó el auto siguiente: Toluca, Estado de México; quince de marzo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. En otro orden de ideas, el estado de autos evidencia que el presente asunto está concluido, por tanto en su momento archívese este expediente como asunto concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El presente juicio de amparo es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó. En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1951/2016-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil dieciséis (foja 02), en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Paul Amador García por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como autoridad responsable ordenadora, al C. Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia del Ministerio Público de Valle de Bravo, Estado de México, con domicilio bien conocido ubicado en Calle Fray Gregorio Jiménez de la Cuenta, sin número, en la Ciudad de Valle de Bravo, Estado de México. Señalo como autoridad responsable ejecutora, al C. Comisario de Seguridad Pública de Donato Guerra, Estado de México, con domicilio bien conocido en el Municipio de Donato Guerra, Estado de México. IV.- ACTO RECLAMADO. De la autoridad responsable ordenadora, reclamo la inconstitucional e ilegal citatorio girado al hoy quejoso, para que comparezca ante su presencia, ello dentro de los autos de la Carpeta de Investigación VAL/VBR/00/MPI/063/00314/16709, para la práctica de una diligencia ministerial. De la autoridad responsable ejecutora, reclamo la ejecución directa del citatorio girado en mi contra." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados los protegidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 2). TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 1951/2016-III; por auto de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis (foja 7) se admitió; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, se señaló hora y día para la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos que afectan la libertad personal y que se pretenden ejecutar dentro de la jurisdicción donde este juzgado de distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: La orden de citación emitida en contra del quejoso Paul Amador García en la carpeta de investigación VAL/VBR/00/MPI/063/00314/16/09, emitida por la Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Valle de Bravo, México; y, su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Valle de Bravo, México, al rendir su informe justificado al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama; lo que se corrobora, con las documentales consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación VAL/VBR/00/MPI/063/00314/16/09, a las que se les otorga valor probatorio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Por su parte, el Comisario de Seguridad Pública de Donato Guerra, Estado de México, no rindió su informe justificado no obstante de estar notificado del auto por el que se le requirió el mismo, como se advierte del acuse de recibo que obra agregado a foja cuarenta y cuatro de autos; no obstante ello, dada su calidad de ejecutora con que fue señalada, así como la certeza del acto reclamado atribuido a la ordenadora, debe estimarse que el acto reclamado es de inminente ejecución, pues en cualquier momento podría solicitarse la ejecución de la orden de citación reclamada; por tanto, se tiene como cierto el acto a ellos reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia alegadas por las partes o advertidas de oficio por este juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que los actos que reclama el quejoso, han dejado de afectar su esfera jurídica. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y.". En ese sentido, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de que se le restituya en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio, que lo condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre esos requisitos, se destaca la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley reglamentaria de la materia, en la cual se determina que aun cuando formalmente subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se reclama, a consecuencia de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional se tornaría jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos que se estimen violados, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria de amparo que en su caso se dictara. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 173858, consultable en la página 189, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que no ha sido superada, que se transcribe a continuación: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En esa tesitura, en el presente juicio de amparo como ya quedó precisado, el quejoso reclama la orden de citación emitida en su contra en la carpeta de investigación VAL/VBR/00/MPI/063/00314/16/09, por la Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Valle de Bravo, México; y, su ejecución. Ahora, de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Valle de Bravo, México, consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación VAL/VBR/00/MPI/063/00314/16/09, se advierte que: 1. Se giró citatorio al quejoso Paul Amador García a efecto de recabar su entrevista en su calidad de testigo dentro de la carpeta de investigación señalada. 2. No obstante ello, el once de enero de dos mil diecisiete compareció ante el representante social Melitón Victoria Carbajal, quien tiene el carácter de víctima en la referida indagatoria, a manifestar en ese acto el otorgamiento del perdón más amplio que conforme a derecho procediera a favor del Ramón Amador Navarro, respecto del hecho delictuoso de lesiones y daño en los bienes, dándose por pagado de la reparación del daño a su más entera satisfacción. De lo anterior, se advierte que no existe materia para continuar con la investigación dentro de la carpeta de investigación VAL/VBR/00/MPI/063/00314/16/09. Por lo que es evidente, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues si bien los actos combatidos subsisten, lo cierto es que la materia de los mismos ha dejado de surtir efectos legales. Ello es así, pues la quejosa a través del juicio de amparo pretende controvertir la orden de citación emitida en su contra, en la carpeta de investigación VAL/VBR/00/MPI/063/00314/16/09, emitida por la Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Valle de Bravo, México; sin embargo, al haber comparecido ante el representante social Melitón Victoria Carbajal, quien tiene el carácter de víctima en la referida indagatoria y haber otorgado el perdón más amplio que conforme a derecho procediera a favor del Ramón Amador Navarro, respecto del hecho delictuoso de lesiones y daño en los bienes, dándose por pagado de la reparación del daño a su más entera satisfacción; es evidente que ya no existe materia para continuar con la investigación dentro de la carpeta de investigación VAL/VBR/00/MPI/063/00314/16/09; razón por la cual, los efectos de la orden de citación que constituye el acto reclamado ya no subsisten, lo que torna improcedente el juicio constitucional. En esas condiciones, ninguna finalidad práctica tendría que el suscrito se pronunciara sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, porque se tornaría imposible restituir al aquí quejoso en el goce de las garantías que estimó vulneradas, pues aun cuando subsistan los actos reclamados, sus consecuencias jurídicas ya no surten efectos legal o material alguno. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, por lo que es procedente decretar el sobreseimiento del presente juicio, en términos de la fracción V, del artículo 63 del ordenamiento legal invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos treinta y cinco, tomo XII-Octubre, octava época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ÉSTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Por tanto, cuando al promoverse el amparo directo en contra de la sentencia promovida por el Tribunal Fiscal de la Federación, el acto impugnado en el juicio de nulidad es cancelado, aun y cuando subsista la sentencia reclamada, ésta no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el acto impugnado en el juicio fiscal." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos que se les atribuye a la autoridad ejecutora, en virtud de que los actos que se combaten, no se reclaman por vicios propios, sino en vía de consecuencia, ello de conformidad con la jurisprudencia 231, publicada en la página 156 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, parte SCJN, bajo el rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º fracción I, 37, 61, 62, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Paul Amador García, en contra de los actos y autoridades establecidos en los considerandos segundo y cuarto, de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se agrega a los autos el escrito de cuenta presentado por la parte quejosa Paul Amador García, mediante el cual se desiste de este juicio de amparo. Ahora, toda vez que entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada conforme al cual, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto de autoridad que refuta de inconstitucional, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, de lo que se concluye lógicamente que quien está facultado conforme a la ley para promover juicio de amparo puede también válidamente desistirse de la acción intentada, lo que se traduce en la renuncia expresa del agraviado para que el órgano jurisdiccional ejerza su actividad jurisdiccional; sin embargo, dicha manifestación de voluntad para que produzca todos sus efectos legales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, debe ratificarse personalmente ante la presencia judicial, lo anterior con la finalidad de no dejar duda o incertidumbre de que efectivamente es la voluntad del quejoso la vertida en el escrito de desistimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.19K, publicado en la página 488, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y textos son: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y, además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado." Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este juzgado, para que notifique al promovente y dentro del plazo de tres días computado legalmente, previsto en el artículo 297, fracción II, de la codificación supletoria indicada, se presente en el local de este juzgado de Distrito con el objeto de ratificar el contenido del mismo; en el entendido de que deberá presentar identificación oficial vigente y copia simple de ésta para que previa certificación que realice la Secretaria sea agregada en autos. Con el apercibimiento que en caso de ser omiso al requerimiento de mérito, no se acordará favorable dicho desistimiento. Sobre el particular se invoca en lo conducente la jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, visible en la página 147 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Y por razón de contenido la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 119/2006 visible en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2006, del Tomo XXIV, Materia Común, Novena Época, que establece: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

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