Paul Diego Pérez Morales
Expediente 915/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 915/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Paul Diego Pérez Morales
- Juez Cuarto de lo Penal del distrito judicial del centro, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 8.1.2 punto 3 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio que remite el titular del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, únicamente para que obre como corresponda, en virtud que el mismo se tuvo por recibido vía electrónica el pasado el veintiocho de octubre y se proveyó lo correspondiente. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la secretaria Laura Alejandra Vallejo Carrillo, con quien actúa y da fe.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 915/2021, promovido por ***, en contra de los actos de la autoridad que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso****, el ocho de mayo de dos mil diecinueve, un agente Estatal de Investigaciones se presentó ante el quejoso en el interior del Centro Federal de Readaptación Social 9 Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, para ejecutar una orden de aprehensión librada en su contra en la causa penal 140/2014, del índice del entonces Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por la supuesta comisión del delito de homicidio calificado; sin embargo por el cierre del citado Juzgado, la causa penal señalada se tramita ahora en el Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, bajo el progresivo 70/2019. En ese sentido, a la fecha de la presentación de la demanda, la autoridad responsable ha sido omisa en ejecutar de forma completa la orden aprehensión dictada en su contra, ya que a decir del promovente no se ha puesto a disposición de la responsable para que se sigan los trámites de ley Por ello, estima que esos entes públicos violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el dieciséis de agosto el año en curso. Posteriormente fue turnada al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien la registró con el número 873/2021 de su índice; sin embargo, se declaró incompetente para conocer de la demanda y la remitió a este órgano jurisdiccional, quien aceptó la competencia planteada quedando registrada con el progresivo 915/2021. Por lo tanto, el veintitrés de agosto pasado fue admitida la demanda; asimismo, se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y como actos reclamados los siguientes: Denegación de justicia pronta y expedita por parte del titular del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ya que ha sido omiso en velar que se ejecute de forma completa la orden de aprehensión que existe librada en mi contra en la causa penal número 70/2019 de su índice, por la supuesta comisión del delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja en agravio de Carlos Omar Heredia Ramos, y sea yo puesto de forma inmediata a su disposición. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a lo establecido por los arábigos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la parte quejosa reclama del Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, lo siguiente: La omisión de ejecutar la orden de aprehensión librada en la causa penal número 70/2019 del índice del Juzgado responsable, por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja en agravio de Carlos Omar Heredia Ramos. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado, las autoridad responsables, negó la existencia del acto reclamado, pues refiere que el quejoso no se ha puesto a disposición de esa autoridad judicial en virtud que al tratar de ejecutarse la orden de aprehensión, advirtió diversas omisiones por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones y no tuvo por materializada la orden de aprehensión. Ahora bien, de una revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que se tramitó en este órgano jurisdiccional el juicio de amparo 460/2018, promovido por *****. En dicho juicio de amparo, la parte quejosa reclamó lo siguiente: La negativa del entonces Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, de ejecutar la orden de aprehensión librada en su contra en la causa penal 140/2014, de su índice. La omisión de las autoridades señaladas como ejecutoras de cumplir la orden. Posteriormente, se dictó sentencia para el efecto de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente la citada Fiscalía, ejecutaran la orden de aprehensión girada contra el quejoso *********** en autos de la causa penal 140/2014, del índice del entonces Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Y, mediante auto de tres de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida dicha sentencia, ya que el ocho de mayo del dos mil diecinueve, el Agente Estatal de Investigaciones se constituyó en el lugar donde se encontraba recluido el quejoso y materializó la orden de captura, poniéndolo a disposición del entonces Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Ahora, en el presente asunto, el quejoso reclama de la autoridad responsable la omisión de ejecutar la orden de aprehensión librada en la causa penal número 70/2019 del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (antes 140/2014 de la estadística del entonces Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca), por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja en agravio de Carlos Omar Heredia Ramos. En ese sentido, al rendir su informe justificado el juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, negó el acto reclamado, pues refiere que mediante proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, tuvo por no ejecutada la orden de aprehensión librada en contra del quejoso *********** y por no puesto a disposición de dicho Juzgado, en virtud que la misma fue violatoria a sus derechos fundamentales. Por lo que ordenó dar vista a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que ejecutara dicha orden respetando los derechos fundamentales del quejoso, por lo que esa representación impugnó el auto señalado y el mismo fue confirmado. Una vez precisado lo anterior, se advierte que las autoridades que han sido omisas en ejecutar la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, son el Fiscal General del Estado de Oaxaca y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de dicha Fiscalía, como se desprende de la relatoría de antecedentes. Asimismo, como lo establece el artículo 227 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, les compete a dichas autoridades el cumplimiento de las órdenes de aprehensión. Por lo tanto, en auto de veintitrés de septiembre del año en curso, se previno a la parte quejosa a través de su defensor para que manifestara si deseaba ampliar su demanda respecto a las autoridades señaladas; sin embargo, no hizo manifestación alguna a pesar de haber quedado debidamente notificado. En ese contexto, al advertirse que el juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, negó los actos reclamados y el inconforme no desvirtuó la negativa que la referida autoridad sostuvo ni demostró con alguna prueba la intervención de ese ente público en los actos que le reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese sentido, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. VI. DECISIÓN Por lo tanto, ante la inexistencia del acto reclamado, el suscrito determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, precisados y señalada en el apartado V de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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