Paul Cruz Gómez

Expediente 143/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
143/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
16/07/2015

Partes del expediente

  • Paul Cruz Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de julio de dos mil quince. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de veintinueve de junio de este año (fojas 109 a 112), mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, transcurrió del dos al quince de julio del año en curso, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en virtud que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo y que tal determinación no fue recurrida, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que los actos reclamados no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentran comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco se encuentran comprendidos como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, toda vez que carece de objeto que continúe en la secretaría de este juzgado la copia certificada del expediente 68/2014, que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe (foja 27), devuélvase dicha documental a su lugar de origen. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil quince. Vistas las constancias procesales que obran en autos, así como en el cuaderno de pruebas anexo a este expediente, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Dicha causal de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye la inacción reclamada, de forma total e incondicional; de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que, la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ha dejado de existir por la acción de la autoridad, pues el efecto del amparo tratándose de este tipo de actos omisivos, será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa solicitó la protección constitucional contra actos de la jueza Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, consistentes en la omisión de dar respuesta a sus escritos presentados en el juicio de controversias del orden familiar 68/2014, el veintiséis de mayo, veintidós de julio, dieciocho de agosto, dieciocho de septiembre, tres y veintisiete de octubre, once de diciembre de dos mil catorce, así como doce de enero del año en curso (fojas 9 a 18), mediante los cuales da cumplimiento a la pensión alimenticia determinada provisionalmente y realiza diversas manifestaciones respecto al incumplimiento del convenio celebrado el veintisiete de mayo de dos mil catorce, por la parte actora, actos respecto de los cuales sobreviene el citado motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo, al haber cesado los efectos de las citadas omisiones. En efecto, de las constancias que remitió la jueza Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, como justificación a su informe, mismas que obran en un cuaderno de pruebas por separado, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2º, se aprecia que en la audiencia de pruebas y alegatos de veintisiete de mayo de dos mil catorce, así como en los diversos proveídos de diecinueve de junio, dos y veintidós de septiembre, veintiocho de octubre y once de diciembre de ese mismo año, y veintiocho de enero de este año, acordó los ocursos de la aquí parte quejosa presentados el veintiséis de mayo, veintidós de julio, dieciocho de agosto, dieciocho de septiembre, tres y veintisiete de octubre, once de diciembre de dos mil catorce, así como doce de enero del año en curso, en el sentido de tenerlo exhibiendo la cantidad correspondiente a la pensión alimenticia a favor de sus menores hijos Lisandro Paul y Henrry Uriel de apellidos Cruz Pérez, ordenando citar a la beneficiaria Juana Laura Pérez Canseco, para que compareciera ante la autoridad responsable para que se le entregara tal cantidad; asimismo, le dio vista a la parte actora en el juicio de controversias del orden familiar 68/2014, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las manifestaciones respecto al incumplimiento del convenio celebrado el veintisiete de mayo de dos mil catorce, mismas que serían tomadas en consideración al momento de resolver tal expediente. De igual forma, se aprecia que la notificación del proveído de veintiocho de enero de este año, en el que da contestación al último de los escritos de la aquí parte quejosa y contra el cual promovió el presente juicio de amparo, se realizó personalmente el cinco de febrero de este año. En ese orden de ideas, si a la fecha en que se resuelve este asunto, la citada responsable en la audiencia de pruebas y alegatos de veintisiete de mayo de dos mil catorce, así como en los diversos proveídos de diecinueve de junio, dos y veintidós de septiembre, veintiocho de octubre y once de diciembre de ese mismo año, y veintiocho de enero de este año, emitió unas determinaciones en las que proveyó los escritos de la parte quejosa presentados el veintiséis de mayo, veintidós de julio, dieciocho de agosto, dieciocho de septiembre, tres y veintisiete de octubre, once de diciembre de dos mil catorce, así como doce de enero del año en curso, y el último acuerdo lo notificó personalmente a la parte quejosa el cinco de febrero del año en curso (fecha posterior a la presentación de la demanda, pues ello sucedió el treinta de enero de esta anualidad en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en esta ciudad, y el tres de febrero siguiente en este juzgado), es inconcuso que han cesado los efectos de las omisiones reclamadas. De ahí que, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías cuando cesa la omisión reclamada; de tal suerte que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna en su esfera particular de derechos. Tiene aplicación al efecto la jurisprudencia número 2ª/J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo la voz: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En virtud de actualizarse la causal de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia; sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el quejoso, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia mil veintiocho, localizable en la página setecientos ocho, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Sin que el hecho de que en este caso se sobresea fuera de audiencia constitucional, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues ni aún celebrándose ésta, la impetrante podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable, por lo que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al caso, dado, no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, resulta aplicable la tesis XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, tomo XII, agosto de dos mil, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Además cabe precisar que la parte quejosa no amplió la demanda de amparo respecto de las respuestas recaídas a su ocurso de mérito, a pesar que se le dio vista con las documentales que anexó la autoridad responsable a su informe justificado. En mérito a lo anterior, desde este momento se deja sin efecto la fecha y hora que se señaló para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con cincuenta minutos del treinta de julio de esta anualidad), en virtud de lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, asistido del licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario que autoriza y da fe. JLEV*JMT*aspg

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de junio de dos mil quince. Visto el oficio 9365, firmado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada al resolver el recurso de queja número 92/2015, interpuesto contra el acuerdo de veinte de marzo de dos mil quince, por la parte quejosa Pedro Alberto Martínez Santiago autorizado de Paúl Cruz Gómez; acúsese recibo, y hágase del conocimiento de las partes que la superioridad declaró infundado el recurso de queja. En tal virtud, se levanta el suspenso decretado en este juicio de amparo, y debido a que en auto de veintitrés de abril de dos mil quince, se dejó sin efecto la hora y fecha señalada en proveído de veinte de abril del año en curso para que tuviera verificativo la audiencia constitucional hasta en tanto se resolviera el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; en consecuencia, se señala como nueva fecha para el desahogo de la audiencia constitucional las trece horas con cincuenta minutos del treinta de julio de dos mil quince. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, asistido del licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de junio de dos mil quince. Visto el oficio 9365, firmado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada al resolver el recurso de queja número 92/2015, interpuesto contra el acuerdo de veinte de marzo de dos mil quince, por la parte quejosa Pedro Alberto Martínez Santiago autorizado de Paúl Cruz Gómez; acúsese recibo, y hágase del conocimiento de las partes que la superioridad declaró infundado el recurso de queja. En tal virtud, se levanta el suspenso decretado en este juicio de amparo, y debido a que en auto de veintitrés de abril de dos mil quince, se dejó sin efecto la hora y fecha señalada en proveído de veinte de abril del año en curso para que tuviera verificativo la audiencia constitucional hasta en tanto se resolviera el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; en consecuencia, se señala como nueva fecha para el desahogo de la audiencia constitucional las trece horas con cincuenta minutos del treinta de julio de dos mil quince. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, asistido del licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario que autoriza y da fe.

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