Paul Alvarez Valdez

Expediente 48/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
48/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
26/04/2018

Partes del expediente

  • Paul Alvarez Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remitido vía correo electrónico por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual comunica que se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por este juzgado en vía de incompetencia relativo al juicio de amparo 48/2018-1A, promovido por Héctor Antonio Cano Baltazar a favor de PAÚL ÁLVAREZ VALDEZ, FERNANDO DÍAZ SIERRA y FRANCISCO ERNESTO TAPIA RUIZ, del índice de este juzgado. CALIFICACIÓN DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES DE INCOMPETENCIA. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, de los que se desprende que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme al punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace la indicación que el cuaderno es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado] ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado y archívese como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual de referencia anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite vía correo electrónico por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual sólo acusa de recibido del oficio 1295, con el cual este órgano jurisdiccional remitió los autos del juicio de amparo 48/2048-1A, promovido por Héctor Antonio Cano Baltazar, en su carácter de abogado defensor de PAÚL ÁLVAREZ VALDEZ, FERNANDO DÍAZ SIERRA Y FRANCISCO ERNESTO TAPIA RUIZ, a dicho juzgado por incompetencia, sin señalar si aceptó el conocimiento del mismo. Por tanto, mediante oficio que se remita vía correo institucional, se solicita atentamente al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, informe el trato dado al juicio de amparo de merito. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.Así lo proveyó y firma, Jesús Javier Segovia Sánchez, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia académica concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicada mediante oficio CCJ/ST/1646/2018, de diez de abril del presente año, emitida por el Secretario Técnico de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación, asistido del Secretario Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite vía correo electrónico por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual sólo acusa de recibido del oficio 1295, con el cual este órgano jurisdiccional remitió los autos del juicio de amparo 48/2048-1A, promovido por Héctor Antonio Cano Baltazar, en su carácter de abogado defensor de PAÚL ÁLVAREZ VALDEZ, FERNANDO DÍAZ SIERRA Y FRANCISCO ERNESTO TAPIA RUIZ, a dicho juzgado por incompetencia, sin señalar si aceptó el conocimiento del mismo. Por tanto, mediante oficio que se remita vía correo institucional, se solicita atentamente al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, informe el trato dado al juicio de amparo de merito. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.Así lo proveyó y firma, Jesús Javier Segovia Sánchez, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia académica concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicada mediante oficio CCJ/ST/1646/2018, de diez de abril del presente año, emitida por el Secretario Técnico de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación, asistido del Secretario Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por el licenciado Héctor Antonio Cano Baltazar, en su carácter de abogado defensor de los quejosos PAÚL ÁLVAREZ VALDEZ, FERNANDO DÍAZ SIERRA y FRANCISCO ERNESTO TAPÍA RUIZ, fórmese el expediente respectivo, el cual quedó registrado con el número de juicio de amparo 48/2018-1A. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, previo a determinar si se encuentra motivo de incompetencia en el presente asunto y toda vez que los quejosos reclama la incomunicación en su contra, con apoyo en el artículo 15 y 126, de la Ley de Amparo en vigor, se decreta la suspensión de plano, para que las autoridades señaladas como responsables, de inmediato cesen la incomunicación de los sentenciados PAÚL ÁLVAREZ VALDEZ, FERNANDO DÍAZ SIERRA y FRANCISCO ERNESTO TAPÍA RUIZ. Las responsables deberán informar a este Juzgado Federal, en forma inmediata, a más tardar dentro de las VEINTICUATRO HORAS, siguientes a su notificación, sobre el cumplimiento dado a dicha suspensión de plano; previniéndoseles que la violación a este mandato, trae como consecuencia, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN RESPECTO DE CIRCULAR Y/O ORDENANZA. Ahora bien, resulta improcedente conceder la suspensión de plano solicitada respecto la circular y/o ordenanza que dispone que los abogados o defensores particulares con copia certificada del auto emitido por el órgano jurisdiccional, donde les reconozca tal carácter, para poder entrevistarse con sus defendidos; toda vez que dicho acto no encuadra en los supuestos previstos por el artículo 22 Constitucional. INCOMPETENCIA No obstante a lo anterior y toda vez que la competencia legal es de orden público, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede a analizar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Por su parte el artículo 37, de la ley de amparo, previene: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de dicho precepto se obtienen distintas reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, entre las cuales, en lo que aquí interesa, se destaca que será juez competente aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahora, los quejosos se duelen concretamente de la incomunicación en el Centro de Reinserción Social de El Hongo "II", con sede en Tecate, Baja California, por lo que, se estima, que se actualiza la hipótesis contenida en el primer párrafo del numeral ya citado, toda vez que al momento de la presentación de la demanda dicho acto se está ejecutando en la ciudad de Tecate. Por tanto, resulta evidente que la competencia no se surte a favor de este Juzgado, sino de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicio Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, los que ejercen jurisdicción en aquella ciudad. En tal virtud, se concluye, que si de la demanda se advierte que las consecuencias del acto reclamado se materializan fuera de la jurisdicción donde reside este órgano jurisdiccional, lo procedente es declararse carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, y en consecuencia, se estima que el competente para conocer del mismo es un Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicio Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, pues quedó evidenciado que en el caso, no existe algún acto de ejecución que brinde la competencia a favor de este Juzgado Federal; sostener lo contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de amparo asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 13/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 107, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. Se insiste, resulta claro que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que dentro de la jurisdicción de este juzgado no existe algún acto que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se esté ejecutando; por lo tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, comuníquese lo aquí determinado y remítase el presente expediente al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicio Federales, en Turno, en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, a fin de que comunique a éste Juzgado lo que en derecho corresponda, debiendo formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. DOMICILIO QUEJOSO Téngase como domicilio que señala el promovente para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en las listas de ingresos y egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.

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