Paul Agustin Valle Olvera

Expediente 247/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
247/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
11/05/2017

Partes del expediente

  • Paul Agustin Valle Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. TRIBUNAL COLEGIADO ADMITE QUEJA Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial Federal Adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que se admite el recurso de queja interpuesto por Paúl Agustín Valle Olvera, contra el proveído de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, dictado por este órgano jurisdiccional; el cual quedó registrado como recurso queja 55/2017.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a tres de mayo de dos mil diecisiete. RECURSO DE QUEJAAgréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta presentado por Paúl Agustín Valle Olvera, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el proveído de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a) y 99, de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el RECURSO DE QUEJA contra el auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Por tanto, con fundamento en el artículo 100 y 101 de la ley de la materia, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno de esta ciudad, el escrito original de agravios, copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente, así como el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto recurrido, de conformidad con el artículo 37 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora, tomando en consideración que la única parte agraviada en el presente caso se trata de la promovente, porque no se dio inicio al trámite del juicio de amparo; por ende, no existe necesidad de notificar a diversa parte.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a tres de mayo de dos mil diecisiete. RECURSO DE QUEJAAgréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta presentado por Paúl Agustín Valle Olvera, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el proveído de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a) y 99, de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el RECURSO DE QUEJA contra el auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Por tanto, con fundamento en el artículo 100 y 101 de la ley de la materia, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno de esta ciudad, el escrito original de agravios, copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente, así como el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto recurrido, de conformidad con el artículo 37 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora, tomando en consideración que la única parte agraviada en el presente caso se trata de la promovente, porque no se dio inicio al trámite del juicio de amparo; por ende, no existe necesidad de notificar a diversa parte.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticinco de abril de dos mil diecisiete. RADICACIÓN Vista la demanda inicial formulada por PAUL AGUSTÍN VALLE OLVERA, y copias de la misma que acompaña, fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 247/2017-3A. DESECHAMIENTO Ahora, este Juzgado advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE CUENTA. Lo anterior es así, ya que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, porque así lo expresó el quejoso en su demanda de amparo en el capítulo correspondiente al punto V, que manifestó la fecha del conocimiento de los actos reclamados, al sostener que fue: "El día 28 (veintiocho) de Marzo de 2017 (dos mil diecisiete)" En efecto, el enunciado artículo 113 de la ley de la materia establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación literal de dicho precepto jurídico, se concluye que el juez de Distrito debe desechar de plano la demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los dispositivos transcritos, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto, resulta incuestionable que los actos de autoridad que se tildan de inconstitucionales, no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; aunado a que, con la promoción de este juicio constitucional tampoco se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora, tomando en consideración que el quejoso bajo protesta de decir verdad narró los antecedentes de su demanda de amparo y adujo que los actos consistentes en auto de control de detención, auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva, fueron emitidos en audiencia de veintiocho de marzo de este año, dentro de la causa penal 90/2017, por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, mismo que presenció al encontrase detenido y ser puesto a disposición de dicho juez responsable; lo que se corrobora con lo manifestado en el apartado V de su libelo Constitucional al señalar "El día 28 (veintiocho) de Marzo de 2017 (dos mil diecisiete)" tuvo conocimiento de los actos reclamado, como se anticipó; lo cual hace prueba en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J.27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo" En este contexto, resulta inequívoco que el quejoso contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos -conforme a la ley que rige el acto- la notificación de la resolución que combate, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." En efecto, como se precisó en párrafos que anteceden, el solicitante de amparo tuvo conocimiento de los actos reclamados, el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, cuando se llevó a cabo la audiencia oral en la que se pronunció respecto del control de detención, retención ministerial, auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva, por la presunta comisión del delito CONTRA LA SALUD, en la modalidad de transporte de clorhidrato de diacetil morfina y clorhidarto (sic) de cocaina, que prevé y sanciona el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafos primero y segundo del Código Penal Federal, concatenado con los numerales 234, 235 y 237 de la Ley General de Salud, en términos de los artículos 7, 8, 9 y 13, fracción II del Código Penal Federal. Esto es así, toda vez que los artículos 63 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige el acto reclamado, establecen que surtirán sus efectos las notificaciones en propio día de la audiencia oral, siempre y cuando estén presente las partes en dicha diligencia. Robustece lo anterior, la tesis VI.2o.P.39 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que expresa lo siguiente: "RESOLUCIONES EMITIDAS EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SURTEN EFECTOS INMEDIATAMENTE, SIN NECESIDAD DE FORMALIDAD ALGUNA A LAS PARTES INTERVINIENTES Y QUIENES ESTABAN OBLIGADOS A ASISTIR A ELLAS FORMALMENTE. Del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que las partes que asistan a las audiencias orales deben tenerse por notificadas en ese acto, sin necesidad de alguna formalidad, atento a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente, los de inmediación, continuidad y concentración. En ese sentido, no se deja en estado de indefensión al imputado cuando, a pesar de haber asistido a la audiencia, pretenda que con posterioridad se le notifique personalmente el auto de vinculación a proceso, ya que las resoluciones emitidas en el proceso penal acusatorio y oral, surten efectos inmediatamente, sin necesidad de formalidad alguna a las partes intervinientes y quienes estaban obligados a asistir a ellas formalmente; máxime si en dicho auto se le hicieron saber los hechos que se le imputan, los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, de la que se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Como se expone los citados cardinales, los términos en materia penal federal aplicables al caso, no existe salvedad alguna en ese cuerpo normativo, por lo que empiezan a correr al día siguiente de la fecha en que tuvo conocimiento. Por tanto, el plazo de quince días con que contaba el quejoso para promover el juicio de amparo se computó a partir del día siguiente a la citada fecha -veintinueve de marzo de dos mil diecisiete al veintiuno de abril del año que transcurre,- es decir fuera del plazo que la ley contempla, como se ilustra a continuación: De este esquema se revela que la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea, al haber sido presentada el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, transcurriendo el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento, con motivo de que el acto reclamado fue consentido tácitamente al instar el juicio de amparo fuera del plazo previsto para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis registrada bajo el número 216152, emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, en atención a lo solicitado por la parte quejosa en su escrito de demanda, hágase de su conocimiento que no ha lugar a tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, toda vez que éste no es propiamente un domicilio para los efectos del juicio de amparo, por lo que, en consecuencia, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en su escrito. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

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