Pattern Helios Generation Holdings B.V.
Expediente 1206/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 27 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1206/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Pattern Helios Generation Holdings B.V.
- Pattern Tuli Energy Holdings B.V.
- Pattern Helios Generation Holdings B.V. y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario se advierte que la parte quejosa ********************y********************, por conducto de su apoderado ********************, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamaron del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, consistentes en la emisión del proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, mediante el cual ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares pre arbitrales decretadas a su favor, en el procedimiento denominado juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje ********************, que promovieron en contra de ********************; y su auto aclaratorio de dieciocho del mismo mes y año, así como su ejecución. Mediante sentencia autorizada el trece de enero de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado a la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente el auto de ocho de julio de dos mil veintidós y su auto aclaratorio de dieciocho del mismo mes y año, y en su lugar dictara otro debidamente fundado y motivado, partiendo de la base de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,425 del Código de Comercio, las partes podían, con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicitar al juez la adopción de medidas cautelares provisionales, las cuales podían tener vigencia desde antes de que inicie el procedimiento arbitral y continuar durante su sustanciación; a fin de restituir a las quejosas en el goce de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La concesión del amparo, se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Actuario responsable, toda vez que no se impugnaron por vicios propios, sino que la ilegalidad de su actuar se hizo depender de lo actuado por su superior jerárquico en el juicio de origen. En la sentencia de amparo se consideró sustancialmente que el juzgador de origen no fundó su determinación, ya que no citó el precepto legal con base en el cual, concluyó que como las medidas cautelares del procedimiento especial, se decretaron con el carácter de pre arbitrales, al haberse iniciado el proceso arbitral ante el árbitro correspondiente, éstas debían quedar insubsistentes. Asimismo, también se señaló que tampoco citó las razones particulares o circunstancias de hecho, por las cuales consideró que la hipótesis normativa que estimó aplicable, se ajustaba al caso concreto. Sobre esa base, este juzgado concluyó que el acto que se reclamó carecía de fundamentación, y de la debida motivación, en contravención al derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al no haber citado el juez responsable el precepto legal que sustentó su decisión, no se podía determinar con certeza si existió adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, si en el caso concreto se configuraron las hipótesis normativas que motivaron la emisión del acto de autoridad. Pues como se refirió en la sentencia referida, las medidas precautorias son susceptibles de revisión y modificación, ante la existencia de nuevos hechos o elementos durante la secuencia procedimental, y al final en la resolución cautelar definitiva, empero, ello no quiere decir que las medidas precautorias decretadas como acto previo al procedimiento arbitral, debían desaparecer con el inicio de dicho procedimiento, como erróneamente lo aseveró el juez responsable, ya que el artículo 1,425 del Código de Comercio, es claro al establecer que aun cuando exista un acuerdo de arbitraje, las partes podrán con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicitar al juez la adopción de medidas cautelares provisionales. Esa sentencia fue confirmada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el ********************. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio 457/2023, firmado por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, informó que dejó insubsistentes los proveídos de ocho de julio de dos mil veintidós, así como su auto aclaratorio de dieciocho del mismo mes y año, dictados en el expediente ********************. Asimismo, mediante diverso oficio 524/2023, el juez referido remitió copia certificada de su proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que consideró que la suspensión y/o extinción del plazo definido como "Outside Date", constituye una situación de hecho suceptible de preservación sin alterar la voluntad de las partes, puesto que consideró que lo que se concede a través de las medidas cautelares, es precisamente la mantención de la situación de hecho sometida al procedimiento arbitral por las partes, sin que ello implique que se invada la jurisdicción del tribunal arbitral, dado que será éste el que resuelva la situación de hecho que las partes le han sometido a su consideración; por lo que refirió que la suspensión o extensión solicitada tiene el propósito de darle eficacia a dicho procedimiento, para que la resolución que en su caso se dicte sea ejecutable. Por lo que conforme a los artículos 1425, 1478 y 1480 último párrafo, de la legislación mercantil, y acorde a la solicitud de la parte actora, concedió la extensión de la suspensión concedida en auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, es decir, extendió la suspensión del plazo definido como "Outside Date", el cual se estipuló para el treinta de septiembre de dos mil veinte en la cláusula 10.1, inciso f), de los contratos de compraventa y cesión de partes sociales, hasta en tanto sea resuelto el procedimiento de arbitraje promovido por las solicitantes en contra de la promovente, pues refirió que de no decretarse dicha ampliación de manera inmediata, podría ocasionar un daño no solo a los intereses del actor, sino a la colectividad, ya que la demanda arbitral versa sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los demandados en los documentos base de la acción. Como se ve de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable, dejó insubsistente el acto reclamado y dictó una nueva resolución en la que siguió los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, ya que consideró que, en términos de los artículos 1425, 1478 y 1480 último párrafo, de la legislación mercantil, debían extenderse las medidas otorgadas, hasta en tanto sea resuelto el procedimiento arbitral, bajo los motivos antes referidos; lo que pone en evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrió en exceso o defecto al momento de cumplir con el falló protector, de lo que se advierte que la responsable no dejó de realizar acto alguno adicional al ordenado en la sentencia de amparo; sino que contrario a ello, dictó un fallo conforme a los lineamientos dados por el fallo protector. En consecuencia, este juzgado procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo; por lo que, en términos del artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Sin que pase inadvertido para este juzgado que la parte tercera interesada, mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, haya realizado diversas manifestaciones dirigidas a evidenciar que la ejecutoria analizada no podía declararse cumplida en atención a que no se dictó un auto debidamente fundado y motivado que resolviera sobre la subsistencia o no de las medidas cautelares, aunado a que refiere que en las consideraciones de la ejecutoria de amparo no se desprende que el juez responsable no estuviera en aptitud de pronunciarse sobre la subsistencia, modificación o levantamiento de medidas cautelares concedidas. En ese tenor, dichas manifestaciones no aportan mayor elemento para decretar el incumplimiento a la ejecutoria de amparo otorgado por la autoridad responsable, pues como se dijo, el juez responsable emitió un nuevo proveído, en el que consideró que en términos de los artículos 1425, 1478 y 1480 último párrafo, de la legislación mercantil (fundamentación), debían extenderse las medidas otorgadas, hasta en tanto sea resuelto el procedimiento arbitral, para que la resolución que en su caso se dicte sea ejecutable, pues refirió que de no decretarse dicha ampliación de manera inmediata, podría ocasionar un daño no solo a los intereses del actor, sino a la colectividad, ya que la demanda arbitral versa sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los demandados en los documentos base de la acción (motivación). Atento a lo anterior y en cumplimiento al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente es conservable por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, se trasferirá al Depósito Documental de Expedientes de la Direccion General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo conservar la totalidad del expediente, dado que por sentencia autorizada el trece de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que, como se refirió, fue confirmada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el ********************, debiendo conservar la demanda de amparo, y las sentencias referidas. En virtud de lo anterior, hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por por proveído de veintidós y resolución interlocutoria de treinta, ambas de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por la quejosa, en ese sentido, dicho incidente es conservable ya que dicha situación encuadra en el supuesto previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y se deben conservar aquellas determinaciones relativas al otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses de archivo como asunto concluido, en términos del artículo 19, fracción II, inciso, a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en cita. Notifíquese y personalmente a la quejosa y electrónicamente a la tercera interesada.
- Incidental
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario se advierte que la parte quejosa ********************y********************, por conducto de su apoderado ********************, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamaron del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, consistentes en la emisión del proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, mediante el cual ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares pre arbitrales decretadas a su favor, en el procedimiento denominado juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje ********************, que promovieron en contra de ********************; y su auto aclaratorio de dieciocho del mismo mes y año, así como su ejecución. Mediante sentencia autorizada el trece de enero de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado a la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente el auto de ocho de julio de dos mil veintidós y su auto aclaratorio de dieciocho del mismo mes y año, y en su lugar dictara otro debidamente fundado y motivado, partiendo de la base de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,425 del Código de Comercio, las partes podían, con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicitar al juez la adopción de medidas cautelares provisionales, las cuales podían tener vigencia desde antes de que inicie el procedimiento arbitral y continuar durante su sustanciación; a fin de restituir a las quejosas en el goce de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La concesión del amparo, se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Actuario responsable, toda vez que no se impugnaron por vicios propios, sino que la ilegalidad de su actuar se hizo depender de lo actuado por su superior jerárquico en el juicio de origen. En la sentencia de amparo se consideró sustancialmente que el juzgador de origen no fundó su determinación, ya que no citó el precepto legal con base en el cual, concluyó que como las medidas cautelares del procedimiento especial, se decretaron con el carácter de pre arbitrales, al haberse iniciado el proceso arbitral ante el árbitro correspondiente, éstas debían quedar insubsistentes. Asimismo, también se señaló que tampoco citó las razones particulares o circunstancias de hecho, por las cuales consideró que la hipótesis normativa que estimó aplicable, se ajustaba al caso concreto. Sobre esa base, este juzgado concluyó que el acto que se reclamó carecía de fundamentación, y de la debida motivación, en contravención al derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al no haber citado el juez responsable el precepto legal que sustentó su decisión, no se podía determinar con certeza si existió adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, si en el caso concreto se configuraron las hipótesis normativas que motivaron la emisión del acto de autoridad. Pues como se refirió en la sentencia referida, las medidas precautorias son susceptibles de revisión y modificación, ante la existencia de nuevos hechos o elementos durante la secuencia procedimental, y al final en la resolución cautelar definitiva, empero, ello no quiere decir que las medidas precautorias decretadas como acto previo al procedimiento arbitral, debían desaparecer con el inicio de dicho procedimiento, como erróneamente lo aseveró el juez responsable, ya que el artículo 1,425 del Código de Comercio, es claro al establecer que aun cuando exista un acuerdo de arbitraje, las partes podrán con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicitar al juez la adopción de medidas cautelares provisionales. Esa sentencia fue confirmada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el ********************. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio 457/2023, firmado por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, informó que dejó insubsistentes los proveídos de ocho de julio de dos mil veintidós, así como su auto aclaratorio de dieciocho del mismo mes y año, dictados en el expediente ********************. Asimismo, mediante diverso oficio 524/2023, el juez referido remitió copia certificada de su proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que consideró que la suspensión y/o extinción del plazo definido como "Outside Date", constituye una situación de hecho suceptible de preservación sin alterar la voluntad de las partes, puesto que consideró que lo que se concede a través de las medidas cautelares, es precisamente la mantención de la situación de hecho sometida al procedimiento arbitral por las partes, sin que ello implique que se invada la jurisdicción del tribunal arbitral, dado que será éste el que resuelva la situación de hecho que las partes le han sometido a su consideración; por lo que refirió que la suspensión o extensión solicitada tiene el propósito de darle eficacia a dicho procedimiento, para que la resolución que en su caso se dicte sea ejecutable. Por lo que conforme a los artículos 1425, 1478 y 1480 último párrafo, de la legislación mercantil, y acorde a la solicitud de la parte actora, concedió la extensión de la suspensión concedida en auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, es decir, extendió la suspensión del plazo definido como "Outside Date", el cual se estipuló para el treinta de septiembre de dos mil veinte en la cláusula 10.1, inciso f), de los contratos de compraventa y cesión de partes sociales, hasta en tanto sea resuelto el procedimiento de arbitraje promovido por las solicitantes en contra de la promovente, pues refirió que de no decretarse dicha ampliación de manera inmediata, podría ocasionar un daño no solo a los intereses del actor, sino a la colectividad, ya que la demanda arbitral versa sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los demandados en los documentos base de la acción. Como se ve de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable, dejó insubsistente el acto reclamado y dictó una nueva resolución en la que siguió los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, ya que consideró que, en términos de los artículos 1425, 1478 y 1480 último párrafo, de la legislación mercantil, debían extenderse las medidas otorgadas, hasta en tanto sea resuelto el procedimiento arbitral, bajo los motivos antes referidos; lo que pone en evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrió en exceso o defecto al momento de cumplir con el falló protector, de lo que se advierte que la responsable no dejó de realizar acto alguno adicional al ordenado en la sentencia de amparo; sino que contrario a ello, dictó un fallo conforme a los lineamientos dados por el fallo protector. En consecuencia, este juzgado procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo; por lo que, en términos del artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Sin que pase inadvertido para este juzgado que la parte tercera interesada, mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, haya realizado diversas manifestaciones dirigidas a evidenciar que la ejecutoria analizada no podía declararse cumplida en atención a que no se dictó un auto debidamente fundado y motivado que resolviera sobre la subsistencia o no de las medidas cautelares, aunado a que refiere que en las consideraciones de la ejecutoria de amparo no se desprende que el juez responsable no estuviera en aptitud de pronunciarse sobre la subsistencia, modificación o levantamiento de medidas cautelares concedidas. En ese tenor, dichas manifestaciones no aportan mayor elemento para decretar el incumplimiento a la ejecutoria de amparo otorgado por la autoridad responsable, pues como se dijo, el juez responsable emitió un nuevo proveído, en el que consideró que en términos de los artículos 1425, 1478 y 1480 último párrafo, de la legislación mercantil (fundamentación), debían extenderse las medidas otorgadas, hasta en tanto sea resuelto el procedimiento arbitral, para que la resolución que en su caso se dicte sea ejecutable, pues refirió que de no decretarse dicha ampliación de manera inmediata, podría ocasionar un daño no solo a los intereses del actor, sino a la colectividad, ya que la demanda arbitral versa sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los demandados en los documentos base de la acción (motivación). Atento a lo anterior y en cumplimiento al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente es conservable por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, se trasferirá al Depósito Documental de Expedientes de la Direccion General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo conservar la totalidad del expediente, dado que por sentencia autorizada el trece de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que, como se refirió, fue confirmada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el ********************, debiendo conservar la demanda de amparo, y las sentencias referidas. En virtud de lo anterior, hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por por proveído de veintidós y resolución interlocutoria de treinta, ambas de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por la quejosa, en ese sentido, dicho incidente es conservable ya que dicha situación encuadra en el supuesto previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y se deben conservar aquellas determinaciones relativas al otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses de archivo como asunto concluido, en términos del artículo 19, fracción II, inciso, a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en cita. Notifíquese y personalmente a la quejosa y electrónicamente a la tercera interesada.
- Incidental
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario se advierte que la parte quejosa ********************y********************, por conducto de su apoderado ********************, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamaron del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, consistentes en la emisión del proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, mediante el cual ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares pre arbitrales decretadas a su favor, en el procedimiento denominado juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje ********************, que promovieron en contra de ********************; y su auto aclaratorio de dieciocho del mismo mes y año, así como su ejecución. Mediante sentencia autorizada el trece de enero de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado a la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente el auto de ocho de julio de dos mil veintidós y su auto aclaratorio de dieciocho del mismo mes y año, y en su lugar dictara otro debidamente fundado y motivado, partiendo de la base de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,425 del Código de Comercio, las partes podían, con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicitar al juez la adopción de medidas cautelares provisionales, las cuales podían tener vigencia desde antes de que inicie el procedimiento arbitral y continuar durante su sustanciación; a fin de restituir a las quejosas en el goce de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La concesión del amparo, se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Actuario responsable, toda vez que no se impugnaron por vicios propios, sino que la ilegalidad de su actuar se hizo depender de lo actuado por su superior jerárquico en el juicio de origen. En la sentencia de amparo se consideró sustancialmente que el juzgador de origen no fundó su determinación, ya que no citó el precepto legal con base en el cual, concluyó que como las medidas cautelares del procedimiento especial, se decretaron con el carácter de pre arbitrales, al haberse iniciado el proceso arbitral ante el árbitro correspondiente, éstas debían quedar insubsistentes. Asimismo, también se señaló que tampoco citó las razones particulares o circunstancias de hecho, por las cuales consideró que la hipótesis normativa que estimó aplicable, se ajustaba al caso concreto. Sobre esa base, este juzgado concluyó que el acto que se reclamó carecía de fundamentación, y de la debida motivación, en contravención al derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al no haber citado el juez responsable el precepto legal que sustentó su decisión, no se podía determinar con certeza si existió adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, si en el caso concreto se configuraron las hipótesis normativas que motivaron la emisión del acto de autoridad. Pues como se refirió en la sentencia referida, las medidas precautorias son susceptibles de revisión y modificación, ante la existencia de nuevos hechos o elementos durante la secuencia procedimental, y al final en la resolución cautelar definitiva, empero, ello no quiere decir que las medidas precautorias decretadas como acto previo al procedimiento arbitral, debían desaparecer con el inicio de dicho procedimiento, como erróneamente lo aseveró el juez responsable, ya que el artículo 1,425 del Código de Comercio, es claro al establecer que aun cuando exista un acuerdo de arbitraje, las partes podrán con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicitar al juez la adopción de medidas cautelares provisionales. Esa sentencia fue confirmada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el ********************. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio 457/2023, firmado por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, informó que dejó insubsistentes los proveídos de ocho de julio de dos mil veintidós, así como su auto aclaratorio de dieciocho del mismo mes y año, dictados en el expediente ********************. Asimismo, mediante diverso oficio 524/2023, el juez referido remitió copia certificada de su proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que consideró que la suspensión y/o extinción del plazo definido como "Outside Date", constituye una situación de hecho suceptible de preservación sin alterar la voluntad de las partes, puesto que consideró que lo que se concede a través de las medidas cautelares, es precisamente la mantención de la situación de hecho sometida al procedimiento arbitral por las partes, sin que ello implique que se invada la jurisdicción del tribunal arbitral, dado que será éste el que resuelva la situación de hecho que las partes le han sometido a su consideración; por lo que refirió que la suspensión o extensión solicitada tiene el propósito de darle eficacia a dicho procedimiento, para que la resolución que en su caso se dicte sea ejecutable. Por lo que conforme a los artículos 1425, 1478 y 1480 último párrafo, de la legislación mercantil, y acorde a la solicitud de la parte actora, concedió la extensión de la suspensión concedida en auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, es decir, extendió la suspensión del plazo definido como "Outside Date", el cual se estipuló para el treinta de septiembre de dos mil veinte en la cláusula 10.1, inciso f), de los contratos de compraventa y cesión de partes sociales, hasta en tanto sea resuelto el procedimiento de arbitraje promovido por las solicitantes en contra de la promovente, pues refirió que de no decretarse dicha ampliación de manera inmediata, podría ocasionar un daño no solo a los intereses del actor, sino a la colectividad, ya que la demanda arbitral versa sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los demandados en los documentos base de la acción. Como se ve de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable, dejó insubsistente el acto reclamado y dictó una nueva resolución en la que siguió los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, ya que consideró que, en términos de los artículos 1425, 1478 y 1480 último párrafo, de la legislación mercantil, debían extenderse las medidas otorgadas, hasta en tanto sea resuelto el procedimiento arbitral, bajo los motivos antes referidos; lo que pone en evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrió en exceso o defecto al momento de cumplir con el falló protector, de lo que se advierte que la responsable no dejó de realizar acto alguno adicional al ordenado en la sentencia de amparo; sino que contrario a ello, dictó un fallo conforme a los lineamientos dados por el fallo protector. En consecuencia, este juzgado procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo; por lo que, en términos del artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Sin que pase inadvertido para este juzgado que la parte tercera interesada, mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, haya realizado diversas manifestaciones dirigidas a evidenciar que la ejecutoria analizada no podía declararse cumplida en atención a que no se dictó un auto debidamente fundado y motivado que resolviera sobre la subsistencia o no de las medidas cautelares, aunado a que refiere que en las consideraciones de la ejecutoria de amparo no se desprende que el juez responsable no estuviera en aptitud de pronunciarse sobre la subsistencia, modificación o levantamiento de medidas cautelares concedidas. En ese tenor, dichas manifestaciones no aportan mayor elemento para decretar el incumplimiento a la ejecutoria de amparo otorgado por la autoridad responsable, pues como se dijo, el juez responsable emitió un nuevo proveído, en el que consideró que en términos de los artículos 1425, 1478 y 1480 último párrafo, de la legislación mercantil (fundamentación), debían extenderse las medidas otorgadas, hasta en tanto sea resuelto el procedimiento arbitral, para que la resolución que en su caso se dicte sea ejecutable, pues refirió que de no decretarse dicha ampliación de manera inmediata, podría ocasionar un daño no solo a los intereses del actor, sino a la colectividad, ya que la demanda arbitral versa sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los demandados en los documentos base de la acción (motivación). Atento a lo anterior y en cumplimiento al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente es conservable por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, se trasferirá al Depósito Documental de Expedientes de la Direccion General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo conservar la totalidad del expediente, dado que por sentencia autorizada el trece de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que, como se refirió, fue confirmada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el ********************, debiendo conservar la demanda de amparo, y las sentencias referidas. En virtud de lo anterior, hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por por proveído de veintidós y resolución interlocutoria de treinta, ambas de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por la quejosa, en ese sentido, dicho incidente es conservable ya que dicha situación encuadra en el supuesto previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y se deben conservar aquellas determinaciones relativas al otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses de archivo como asunto concluido, en términos del artículo 19, fracción II, inciso, a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en cita. Notifíquese y personalmente a la quejosa y electrónicamente a la tercera interesada.
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CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LAS QUEJOSAS ... Y ..., EL ACUERDO DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE, SEÑALA: "Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario se advierte que la parte quejosa **** y ***, por conducto de su apoderado ***, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamaron del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, consistentes en la emisión del proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, mediante el cual ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares pre arbitrales decretadas a su favor, en el procedimiento denominado juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje ***, que promovieron en contra de ****; y su auto aclaratorio de dieciocho del mismo mes y año, así como su ejecución. Mediante sentencia autorizada el trece de enero de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado a la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente el auto de ocho de julio de dos mil veintidós y su auto aclaratorio de dieciocho del mismo mes y año, y en su lugar dictara otro debidamente fundado y motivado, partiendo de la base de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,425 del Código de Comercio, las partes podían, con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicitar al juez la adopción de medidas cautelares provisionales, las cuales podían tener vigencia desde antes de que inicie el procedimiento arbitral y continuar durante su sustanciación; a fin de restituir a las quejosas en el goce de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La concesión del amparo, se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Actuario responsable, toda vez que no se impugnaron por vicios propios, sino que la ilegalidad de su actuar se hizo depender de lo actuado por su superior jerárquico en el juicio de origen. En la sentencia de amparo se consideró sustancialmente que el juzgador de origen no fundó su determinación, ya que no citó el precepto legal con base en el cual, concluyó que como las medidas cautelares del procedimiento especial, se decretaron con el carácter de pre arbitrales, al haberse iniciado el proceso arbitral ante el árbitro correspondiente, éstas debían quedar insubsistentes. Asimismo, también se señaló que tampoco citó las razones particulares o circunstancias de hecho, por las cuales consideró que la hipótesis normativa que estimó aplicable, se ajustaba al caso concreto. Sobre esa base, este juzgado concluyó que el acto que se reclamó carecía de fundamentación, y de la debida motivación, en contravención al derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al no haber citado el juez responsable el precepto legal que sustentó su decisión, no se podía determinar con certeza si existió adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, si en el caso concreto se configuraron las hipótesis normativas que motivaron la emisión del acto de autoridad. Pues como se refirió en la sentencia referida, las medidas precautorias son susceptibles de revisión y modificación, ante la existencia de nuevos hechos o elementos durante la secuencia procedimental, y al final en la resolución cautelar definitiva, empero, ello no quiere decir que las medidas precautorias decretadas como acto previo al procedimiento arbitral, debían desaparecer con el inicio de dicho procedimiento, como erróneamente lo aseveró el juez responsable, ya que el artículo 1,425 del Código de Comercio, es claro al establecer que aun cuando exista un acuerdo de arbitraje, las partes podrán con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicitar al juez la adopción de medidas cautelares provisionales. Esa sentencia fue confirmada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el ***. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio 457/2023, firmado por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, informó que dejó insubsistentes los proveídos de ocho de julio de dos mil veintidós, así como su auto aclaratorio de dieciocho del mismo mes y año, dictados en el expediente ****. Asimismo, mediante diverso oficio 524/2023, el juez referido remitió copia certificada de su proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que consideró que la suspensión y/o extinción del plazo definido como "Outside Date", constituye una situación de hecho suceptible de preservación sin alterar la voluntad de las partes, puesto que consideró que lo que se concede a través de las medidas cautelares, es precisamente la mantención de la situación de hecho sometida al procedimiento arbitral por las partes, sin que ello implique que se invada la jurisdicción del tribunal arbitral, dado que será éste el que resuelva la situación de hecho que las partes le han sometido a su consideración; por lo que refirió que la suspensión o extensión solicitada tiene el propósito de darle eficacia a dicho procedimiento, para que la resolución que en su caso se dicte sea ejecutable. Por lo que conforme a los artículos 1425, 1478 y 1480 último párrafo, de la legislación mercantil, y acorde a la solicitud de la parte actora, concedió la extensión de la suspensión concedida en auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, es decir, extendió la suspensión del plazo definido como "Outside Date", el cual se estipuló para el treinta de septiembre de dos mil veinte en la cláusula 10.1, inciso f), de los contratos de compraventa y cesión de partes sociales, hasta en tanto sea resuelto el procedimiento de arbitraje promovido por las solicitantes en contra de la promovente, pues refirió que de no decretarse dicha ampliación de manera inmediata, podría ocasionar un daño no solo a los intereses del actor, sino a la colectividad, ya que la demanda arbitral versa sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los demandados en los documentos base de la acción. Como se ve de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable, dejó insubsistente el acto reclamado y dictó una nueva resolución en la que siguió los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, ya que consideró que, en términos de los artículos 1425, 1478 y 1480 último párrafo, de la legislación mercantil, debían extenderse las medidas otorgadas, hasta en tanto sea resuelto el procedimiento arbitral, bajo los motivos antes referidos; lo que pone en evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrió en exceso o defecto al momento de cumplir con el falló protector, de lo que se advierte que la responsable no dejó de realizar acto alguno adicional al ordenado en la sentencia de amparo; sino que contrario a ello, dictó un fallo conforme a los lineamientos dados por el fallo protector. En consecuencia, este juzgado procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo; por lo que, en términos del artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Sin que pase inadvertido para este juzgado que la parte tercera interesada, mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, haya realizado diversas manifestaciones dirigidas a evidenciar que la ejecutoria analizada no podía declararse cumplida en atención a que no se dictó un auto debidamente fundado y motivado que resolviera sobre la subsistencia o no de las medidas cautelares, aunado a que refiere que en las consideraciones de la ejecutoria de amparo no se desprende que el juez responsable no estuviera en aptitud de pronunciarse sobre la subsistencia, modificación o levantamiento de medidas cautelares concedidas. En ese tenor, dichas manifestaciones no aportan mayor elemento para decretar el incumplimiento a la ejecutoria de amparo otorgado por la autoridad responsable, pues como se dijo, el juez responsable emitió un nuevo proveído, en el que consideró que en términos de los artículos 1425, 1478 y 1480 último párrafo, de la legislación mercantil (fundamentación), debían extenderse las medidas otorgadas, hasta en tanto sea resuelto el procedimiento arbitral, para que la resolución que en su caso se dicte sea ejecutable, pues refirió que de no decretarse dicha ampliación de manera inmediata, podría ocasionar un daño no solo a los intereses del actor, sino a la colectividad, ya que la demanda arbitral versa sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los demandados en los documentos base de la acción (motivación). Atento a lo anterior y en cumplimiento al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente es conservable por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, se trasferirá al Depósito Documental de Expedientes de la Direccion General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo conservar la totalidad del expediente, dado que por sentencia autorizada el trece de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que, como se refirió, fue confirmada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el ********************, debiendo conservar la demanda de amparo, y las sentencias referidas. En virtud de lo anterior, hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por por proveído de veintidós y resolución interlocutoria de treinta, ambas de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por la quejosa, en ese sentido, dicho incidente es conservable ya que dicha situación encuadra en el supuesto previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y se deben conservar aquellas determinaciones relativas al otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses de archivo como asunto concluido, en términos del artículo 19, fracción II, inciso, a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en cita. Notifíquese y personalmente a la quejosa y electrónicamente a la tercera interesada."
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