Patricia Tepale Alonso
Expediente 1319/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1319/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Patricia Tepale Alonso
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado, por el que, se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese este expediente..., se establece que el presente expediente es destruible, toda vez que en el caso se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales de los previstos por la fracción XX, del artículo 3, del Acuerdo General citado. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción ..., Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de garantías que promueve Patricia Tepale Alonso, por su propio derecho, contra actos del Juez Trigésimo Quinto Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno como 1319/2023, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de garantías. Del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, a contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, los citados artículos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." Por actos de imposible reparación debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso a estudio, la quejosa señala como acto reclamado el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, del juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario 584/2020, en el que aún no se ha dictado sentencia definitiva. Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa es demandada en el juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario 584/2020; que fue emplazada y que el estado procesal de dicha controversia es que se encuentra sustanciándose un incidente de falsedad de documento respecto del documento que ofreció como base de la acción la parte ahí actora, y que por su parte la actora Cristina Ezparragoza Mejía también promovió diverso incidente de falsedad de documento ofrecido por la hoy quejosa consistente en un contrato de promesa de compraventa, que en dicha sustanciación, el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el juez responsable no acordó de conformidad la petición de la hoy quejosa de regularizar el procedimiento por los motivos que indicó la solicitante de amparo, y que no dejo sin efectos la designación de un perito tercero en discordia, en materia de grafoscopía, lo que constituye el acto reclamado. En virtud de lo anteriormente narrado se advierte que el proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, dictado dentro de los autos del juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario 584/2020, del índice del Juzgado Trigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es un acto dictado dentro de juicio en el que no se ha dictado sentencia definitiva y por tanto no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, pues el origen del acto reclamado deriva de la determinación del juez responsable de no dejar sin efectos la designación de un perito tercero en discordia en materia de grafoscopía, para resolver las incidencias de las que se ha hecho mención en líneas que anteceden, lo que implica que una vez sustanciadas dichas incidencias, el juicio continuará porque no es una resolución con la que culmina el juicio de origen, y en su momento el juez natural dictara la sentencia definitiva que resolverá el fondo del asunto; se afirma lo anterior, ya que el juicio natural seguirá su curso, lo que hace innegable la posibilidad que en su momento la parte quejosa pueda obtener una determinación con efectos favorables a su causa; por tanto, resulta claro que la resolución reclamada por sí misma, no lesiona los intereses de la quejosa de forma directa e inmediata, y en virtud de que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de aquellos considerados de ejecución imposible de reparar; y siendo que el estado procesal del juicio natural es que se encuentra en trámite, conlleva a que la demanda de garantías resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis V.2o. J/68, visible a foja 46, del tomo 66, correspondiente al mes de junio de 1993, octava época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la ley de amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito." Así las cosas, al dejarse establecido que los actos reclamados no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107, de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el citado artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu del mismo ordenamiento, por lo que en términos del artículo 113, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En otro orden de ideas, en virtud de que la Ley de Amparo no prevé la figura de los estrados para oír y recibir notificaciones como lo solicita la quejosa, y que también solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en esa virtud, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como de conformidad con los artículos 9, 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se privilegia su segunda petición y se autoriza la consulta y notificaciones del presente asunto por vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al usuario "********************", por tanto, realícense las gestiones necesarias, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y ante los órganos jurisdiccionales, y por autorizados en términos del segundo supuesto del artículo en cita, a las demás personas que indica, no así para recoger valores, dado que por seguridad jurídica serán entregados únicamente a representante legal con facultades expresas para ello. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto que así lo requiera. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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