Patricio Jose Millet Garrido
Expediente 971/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Patricio Jose Millet Garrido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio RAN/YUC/SR/DJ/2987/2023 de la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, acompañado de dos anexos, que remite en atención al requerimiento que se efectuó en proveído de diecisiete de noviembre del año en curso; lo anterior, con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este juicio, por lo que la misma se encuentra en vías de cumplimiento. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cuatro de octubre del presente año. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en cuyo punto resolutivo primero, se sobreseyó en el presente asunto, y en su punto resolutivo segundo, CONCEDIÓ A LA PARTE QUEJOSA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional y Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en la Ciudad de México, a fin de que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo. Apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por ********************, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el cual solicita a este órgano jurisdiccional se sirva proveer lo conducente, a fin de estar en condiciones de contabilizar el término relativo para causar ejecutoria la resolución constitucional dictada en el presente asunto, el cuatro de octubre de dos mil veintitrés; esto, en razón de que no obra en autos las constancias de notificación de los oficios correspondientes a las autoridades responsables foráneas. Al respecto, dígase a la ocursante que en el día hábil anterior, se recibieron en la oficialía de partes de este juzgado por parte de la oficina de Correos de México, los acuses postales correspondientes a los oficios 24364/2023 y 24365/2023, enviados vía correo postal a las autoridades responsables Director General de Registro y Control Documental y Director en Jefe, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, mediante los cuales dichas responsables fueron notificadas de la sentencia de mérito; acuses que se agregaron al presente expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 971/2023-VIII-B, promovido por ********************, en contra de los actos que reclama al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con sede en esta ciudad, y recibido el propio día en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama a la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, con sede en esta ciudad; Director General de Registro y Control Documental; y, Director en Jefe, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de ********************, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor cobra aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de resolver, en el ámbito de sus atribuciones, la solicitud de trámite ********************, relativa a la expedición del título resultante al certificado parcelario número ********************, correspondiente a la adopción del dominio pleno de la parcela ********************, ubicada en el ejido ********************, municipio del mismo nombre, en el Estado de ********************. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos a la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, con sede en esta ciudad, pues así lo señaló al rendir el informe justificado; lo que se corrobora con las constancias que remitió como apoyo a su informe de ley, las cuales alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. En ese sentido, debe decirse que por la naturaleza del trámite de registro agrario de que se trata, se tienen diversos estadios procesales en los que se involucran las diferentes autoridades responsables, el cual comienza con la integración y remisión que debe hacer la indicada Delegación correspondiente del Registro Agrario Nacional, de los expedientes relativos a las inscripciones, entre otras, que tengan relación con la adopción del dominio pleno de las parcelas, a la Dirección General de Registro y Control Documental, en términos de los artículos 16, fracción IV, inciso e) y 22, fracción IV, ambos del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. En efecto, de las constancias allegadas y lo anteriormente asentado, se aprecia que a la fecha en la que se promovió la demanda (veinte de junio de dos mil veintitrés), la responsable ya había remitido al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, la solicitud ********************, relativa a la parcela ********************, del ejido ********************, municipio de ********************, Estado de ********************; lo que hizo mediante oficio RAN/YUC/SR/5196/2022 de veinte de octubre de dos mil veintidós. Sin que obste el hecho de que del oficio en comento no se advierta la fecha cierta en que el Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, recibió las documentales relativas al trámite administrativo antes indicado, pues como se verá más adelante dicha autoridad incluso emitió calificación registral positiva, antes de la interposición de la presente demanda. Cabe acotar que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de no ser así la sentencia se ocuparía de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Así, ante la inexistencia de los actos reclamados a dicha autoridad, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; ello, en una nueva reflexión sobre el trato de este tipo de asuntos, en los que es evidente que no se está aún en el supuesto legal respectivo para subsanar la omisión que se reclama. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Director General de Registro y Control Documental y al Director en Jefe, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, pues aun cuando negaron su existencia, realizaron manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se les atribuye, por lo que se ve desvirtuado con las constancias que obran en autos de las que se constata que al día de hoy, la solicitud ******************** relativa al trámite iniciado por el quejoso, aún no se encuentra concluida. Razones por las que se tienen por existentes los actos reclamados por la parte quejosa en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por los quejosos, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. Para llegar a tal conclusión es menester establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo se establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Por otra parte, disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la Entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (doce de octubre de dos mil veintidós), a la en que se promovió la demanda (veinte de junio de dos mil veintitrés), ya habían transcurrido ocho meses y ocho días, esto es, más de sesenta días naturales. Ello significa que ha excedido el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, sin que haya sido expedido y puesto a disposición el título de propiedad correspondiente. Por lo que es incuestionable que las nombradas autoridades responsables conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues incumplieron con la función registral que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el Director de lo Contencioso, encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en el informe justificado rendido en representación de las autoridades con sede en la Ciudad de México, de donde se desprende que el día dos de marzo de dos mil veintitrés le recayó calificación positiva a la solicitud número ********************, y la cual se encuentra en proceso para la liberación de la clave para su debida inscripción. En virtud de que, si bien las autoridades responsables ya emitieron la calificación positiva correspondiente, lo cierto es que a la presente fecha no han concluido con el trámite correspondiente a la solicitud ********************, pues el Director en Jefe no ha autorizado la liberación de la clave del sistema informático y, por ende, la Dirección General de Registro y Control Documental no ha realizado la inscripción respectiva, lo que evidencia la violación al artículo 17 Constitucional. Por tanto, toda vez que de autos se advierte que hasta el momento en que se resuelve las autoridades responsables aún no ha dado cabal trámite a la solicitud materia de la litis, por tanto, el acto reclamado resulta violatorio de los principios de prontitud y expeditez en la administración de justicia establecidos en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, por lo que se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus facultades, en aras de evitar la promoción de diversos juicios de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, realicen las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo a la señalada solicitud, y en breve término, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado, sea puesto a disposición el documento respectivo a la parte promovente, sin que ello implique la entrega del mismo como parte del cumplimiento a esta ejecutoria, ya que tal circunstancia dependerá de la actuación del propio quejoso de presentarse ante la autoridad para tal efecto. Caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta resolución se ha sostenido que se pronuncien en determinado sentido. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Precisión sobre expedición de copias. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos atribuidos a la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en la consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra de los actos que reclamó del Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional y Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.
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