Patricio Jose Millet Ancona
Expediente 1246/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1246/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Patricio Jose Millet Ancona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo número 1246/2023-VII-A, promovido por ********************en representación de ********************, en contra de los actos que reclama de la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y del Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. En fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el oficio 24942/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado el mismo día, mediante el cual remitió copia certificada de la demanda de amparo promovida por ********************en representación de ********************, con motivo de la separación de juicios decretada en autos del juicio de amparo 1781/2023, del índice del citado Juzgado Federal, que por razón de turno le correspondió conocer a este órgano jurisdiccional. Mediante el cual el directo quejoso compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y del Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de quince de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, así mismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo conforme a los preceptos 103, fraccio´n l y 107 de la Constitucio´n Federal, 33, fraccio´n IV, 35, y 37, u´ltimo pa´rrafo de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orga´nica del Poder Judicial de la Federacio´n, en relacio´n con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinacio´n del nu´mero y li´mites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la Repu´blica Mexicana; y al nu´mero, a la jurisdiccio´n territorial y especializacio´n por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que el embargo reclamado fue ordenado por una autoridad con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán; donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, ostentándose tercero extraña a juicio, reclama: De la Juez: El acuerdo y/o resolución dictado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, en el cual se ordenó trabar el embargo sobre el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, colonia ********************, de la localidad de ********************, municipio de ********************, con número de inscripción 236283, y folio electrónico 97283. Del Registrador: La ejecución de esa orden de embargo. TERCERO. Existencia del acto. Son ciertos los actos que se reclaman de la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y del Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad; ya que así lo reconocieron al rendir sus informes justificados. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el presente caso, por lo que corresponda a la Jueza Tercero de Distrito en el Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se desprende que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa Jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En este caso concreto, la parte quejosa reclamó de la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el acuerdo y/o resolución dictado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, en el cual se ordenó trabar el embargo sobre el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, colonia ********************, de la localidad de ********************, municipio de ********************, con número de inscripción 236283, y folio electrónico 97283. Sin embargo, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe justificado de cuenta, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Se advierte que el treinta de agosto de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó un acuerdo por el cual ordenó levantar el embargo trabado sobre el predio antes mencionado; así mismo, se ordenó girar oficio a la autoridad registral a fin de que proceda a levantar el embargo trabado e inscrito sobre el bien inmueble de referencia; circunstancia que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el nueve de agosto del presente año. De lo anterior se desprende que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, al estar acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, respecto a los actos que reclama la parte quejosa de la Juez Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; lo anterior, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. En consecuencia, es innecesario el estudio de los conceptos de violación del acto atribuido a la Jueza responsable, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Inexistencia de diversa causal de improcedencia. No advirtiendo algún otro motivo de improcedencia que se actualice de oficio o que hayan propuesto las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en relación al acto de ejecución reclamado al Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en su demanda de amparo respecto del Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán; motivo por el cual, deberá concedérsele la protección de la Justicia Federal. En principio, como antecedentes del primigenio Juicio Ejecutivo Mercantil ******************** del índice del Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Yucatán, cabe destacar que de las copias certificadas remitidas por la Jueza responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2°, se advierte lo siguiente: Auto de doce de diciembre de dos mil ocho, en el cual, se tuvo a "BANCO SANTANDER SERFÍN", Sociedad Anonima Institucion de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfín, por conducto de sus apoderadas ******************** y ********************, promoviendo formal demanda en Juicio Ejecutivo Mercantil contra ********************, como deudor principal, y ******************** y********************, como obligados solidarios, en cobro de diversas prestaciones; y comisionó al actuario adscrito a efecto de que requiriera el pago a la parte demandada. (fojas 101 a 104 del anexo) Escrito de diecinueve de febrero de dos mil nueve que contiene el convenio celebrado por las partes en el Juicio Ejecutivo Mercantil en comento, ante la fe del Notario Público Número Cinco del Estado, en el cual se estipulan diversos compromisos entre los mismos. (fojas 123 a 128 del anexo) Actuaciones de once y doce de marzo de dos mil nueve, en las que las partes actora y demandada, respectivamente, comparecieron a ratificar el convenio celebrado entre ellas de diecinueve de febrero del mismo año. (fojas 170 y 174 del anexo) Acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil nueve por el que la Jueza aprobó el convenio aludido y condenó a las partes a estar a pasar por él como si fuera sentencia ejecutoriada; dando por terminado el juicio de mérito y ordenando el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. (fojas 177 y 178 del anexo) Resolución de nueve de octubre de dos mil nueve, en la que se aprobó la planilla de liquidación de sentencia presentada por la parte actora, por la cantidad de $678,961.84 (seiscientos setenta y ocho mil novecientos sesenta y un pesos con ochenta y cuatro centavos, moneda nacional), en concepto de capital vigente, capital vencido, intereses ordinarios y moratorios, con base en las condenas establecidas en el convenio ejecutado. (fojas 228 a 234 del anexo) Auto de ocho de enero de dos mil diez, por el que se trabó formal embargo sobre los bienes inmuebles otorgados en garantía por la parte demandada, en virtud de la cláusula quinta del convenio aprobado en auto de dieciocho de marzo de dos mil nueve, entre ellos el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, colonia ********************, de la localidad de ********************, municipio de ********************, el cual fue motivo de precisión en auto de doce de enero de dos mil diez. (fojas 247, 252 y 253 del anexo) Oficio 197/E/2010 signado por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán con el que informó la anotación registral de embargo sobre el predio que nos ocupa ordenada en auto de ocho de enero del mismo año, con número de inscripción ********************. (foja 260 del anexo) Proveído de veinte de mayo de dos mil trece, en el que se ordenó el archivo del juicio de origen como asunto totalmente concluido, toda vez que transcurrió el termino de tres años a que se refiere el artículo 1079 fracción IV, del Código de Comercio. (foja 285 del anexo) Acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintitrés, por el cual se ordenó levantar el embargo trabado sobre el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, colonia ********************, de la localidad de ********************, municipio de ********************; y se girar oficio a la autoridad registral a fin de que proceda a levantar el embargo trabado e inscrito sobre el bien inmueble de referencia. (foja 311 del anexo) Expuesto lo anterior, cabe señalar que en el presente asunto la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio de origen; en tal virtud, para efectos de procedencia del amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Es aplicable, por identidad, la jurisprudencia P./J. 7/98, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia (s): Común, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 56, con registro digital 196932, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Como se advierte de los antecedentes previamente narrados, el Juicio Ejecutivo Mercantil de origen fue promovido por ********************, por conducto de sus apoderadas ******************** y ********************, en contra de las demandadas ********************, ********************y********************, a quienes se les reclamó el cobro del título de crédito base de la acción (pagaré), más los intereses respectivos; sin que de las constancias de autos se advierta que el aquí quejoso ********************hubiera tenido alguna intervención en el referido juicio, lo que se justifica por no ser parte de la contienda; de ahí que sea evidente que le reviste el carácter de tercero extraño en este asunto. Así, con tal carácter, la parte quejosa alega violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que refiere verse afectada en su esfera jurídica con motivo del embargo trabado sobre el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, colonia ********************, de la localidad de ********************, municipio de ********************, y su ejecución; ordenados en el referido juicio ejecutivo. Pues aduce es ilegal porque el descrito bien inmueble es de su propiedad y no debió embargársele en auto de ocho de enero de dos mil diez, ya que el predio salió del dominio de la parte demandada******************** desde el veintiocho de octubre de dos mil ocho, es decir, con fecha anterior a que se iniciará el juicio ejecutivo mercantil de origen y se declarara formal embargo sobre aquél. A fin de demostrar la titularidad del derecho subjetivo que se aduce tener sobre el citado predio, el quejoso exhibió copia certificada de la escritura pública ********************, de veintiocho de octubre de dos mil ocho, otorgada ante la fe de ********************, titular de la Notaría Pública Número Setenta y Siete del Estado de Yucatán, en la que consta el contrato de compraventa celebrado entre********************, con consentimiento conyugal de su esposo ******************** como parte vendedora; y como comprador, el aquí quejoso ********************; respecto del predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, colonia ********************, de la localidad de ********************, municipio de ********************. Esta prueba documental pública tiene el valor probatorio que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que de su lectura integral se advierte que es suficiente para acreditar que el bien raíz fue adquirido por el aquí quejosa y, por tanto, tiene pleno dominio sobre él. Ello, ya que los contratantes comparecieron el veintiocho de octubre de dos mil ocho con el Notario Público Número Setenta y Siete de esta entidad y ante su fe celebraron contrato y firmaron escritura pública, de ahí que pueda considerarse que la compraventa se contiene en un instrumento público de fecha cierta. Por aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 161/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Administrativa, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 466, con registro digital 2021218; que establece: "DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE "FECHA CIERTA" TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE. La connotación jurídica de la "fecha cierta" deriva del derecho civil, con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas. Así, la "fecha cierta" es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales. Lo anterior, en el entendido de que esos documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el Registro Público de la Propiedad, a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; sin que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio que de dichos documentos se pretende lograr." Además, la anterior probanza resulta ser la idónea para acreditar el derecho real contenido en el acto jurídico, si se considera que ante la ley civil, la propiedad es un derecho abstracto que no puede apreciarse mediante los sentidos. Ahora, previamente acreditada la propiedad, la posesión originaria se presume, por no existir prueba en contrario; ni haber sido objetada la referida documental en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo. Así, del instrumento notarial se hace evidente que desde el veintiocho de octubre de dos mil ocho, el aquí quejoso es propietario del predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, colonia ********************, de la localidad de ********************, municipio de ********************; no obstante lo anterior, el ocho de enero de dos mil diez, es decir, con fecha posterior a aquella en que la parte quejosa adquirió la propiedad, se trabó formal embargo sobre su predio, a fin de garantizar obligaciones que corresponden a la parte demandada del juicio de origen******************** y ********************, y no al aquí quejoso, ********************. Y si bien la Jueza responsable en su informe justificado, señaló que por proveído de treinta de agosto del año en curso, ordenó levantar el embargo del mismo y girar oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Pública y Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, de las actuaciones que integran ese juicio, que remitió en apoyo a su informe justificado, no se advierte que se haya levantado el embargo trabado sobre el predio en mención. Por lo que, aunque todo eso aconteció durante la tramitación del presente juicio, se advierte que aún no se han destruido todos los efectos del embargo reclamado; por cuanto sus consecuencias siguen afectando la esfera jurídica de la parte quejosa. Ya que no obra constancia alguna de la que se advierta que la autoridad registral aquí responsable, Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, haya cancelado la inscripción de embargo que reclamó la parte quejosa. Por lo que resulta incuestionable que los efectos del embargo aún constituyen actos privativos de derechos de la parte quejosa, ya que se están afectando directamente los derechos de libre disposición que tiene sobre un bien de su propiedad, con independencia de que sobre aquél pesen otros gravámenes; pues por lo que hace a la inscripción materia de análisis, derivó de un juicio donde la quejosa no es parte, con la finalidad de garantizar obligaciones de pago de los demandados******************** y ******************** anteriores propietarios del inmueble embargado, quienes a la fecha de inicio del juicio de origen y de la declaración formal de embargo, ya no tenían la propiedad del bien. Igual cabe destacar que como señala la parte quejosa, la circunstancia de que el contrato celebrado en esta entidad no se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Yucatán, no resta validez al documento de compraventa, por cuanto no es una exigencia necesaria, ya que al ser un contrato consensual, se perfecciona con el puro consentimiento de las partes. Además, porque en términos del código sustantivo de la materia, la inscripción en esta entidad federativa sólo produce efectos declarativos y no constitutivos de derechos; por lo que la falta de inscripción registral del inmueble que ha salido del dominio del deudor, únicamente produciría como sanción que el derecho no pueda ser oponible frente a terceros con derechos reales. Por ilustrativa, la Jurisprudencia VI.3o.C. J/61, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Materias(s): Civil, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2200, con registro digital: 176307; del rubro y texto siguientes: "EMBARGO. ILEGALIDAD DEL. CUANDO RECAE EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR AUNQUE LA ESCRITURA NO ESTÉ INSCRITA A FAVOR DEL NUEVO DUEÑO. El embargo sólo es legal cuando recae en bienes del deudor, pero es ineficaz cuando afecta bienes que han salido de su patrimonio, aun cuando no estén inscritos a favor del nuevo dueño, dado que la inscripción no es una exigencia necesaria para la validez de la compraventa, que por ser un contrato consensual se perfecciona por el puro consentimiento de las partes. Además, porque la inscripción en el Registro Público de la Propiedad no es constitutiva de derechos, lo que quiere decir que aun cuando el nuevo dueño no hubiere inscrito su título, es propietario del inmueble; de tal manera que el embargo es ilegal si recae en un bien que no pertenece al demandado, sin que se pueda afirmar jurídicamente que por la falta de inscripción es válido el secuestro de bienes que pertenezcan a un tercero." De ahí, que el quejoso al haber demostrado tener derechos reales sobre el bien embargado, con el contrato de compraventa que celebró el veintiocho de octubre de dos mil ocho ante la fe de un Notario Público de esta entidad, es inconcuso que ya le pertenecía su dominio cuando ocurrió su embargo (ocho de enero de dos mil diez) y, para efectos de acreditar el interés jurídico, como se explicó líneas arriba, resulta suficiente la escritura pública, pues no es prescindible la inscripción de dicha operación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Estado, para ser oponible al derecho que poseía el embargante actor en el juicio de origen, pues éste es de naturaleza personal, no real. Entonces, no obstante haberse decretado la caducidad del juicio natural y ordenado levantar el embargo respectivo, el quejoso sigue sufriendo un menoscabo en su esfera jurídica con motivo de dicho embargo, ya que no se ha cancelado dicha anotación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán; y sigue pesando ese gravamen en su contra. En apoyo a lo anterior, se cita, en lo conducente, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 69, del Volumen 157-162, Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, y en el IUS con el registro 240554; del texto siguiente: "EMBARGO, NATURALEZA JURÍDICA DEL. El embargo no constituye un derecho real, ya que por su virtud la obligación que tiene el deudor, de pagar con todos sus bienes presentes y futuros, se singulariza mediante la designación que se hace de los bienes que deben quedar afectados al pago, y es claro que el embargo será legítimo, en tanto que recaiga sobre bienes del deudor, y no en bienes que hayan salido de su patrimonio, por más que no estén inscritos aún a favor del nuevo dueño; porque si esta existencia fuera necesaria, equivaldría a imponer dicha formalidad para la validez del contrato de traslación de propiedad, que se perfecciona por el solo efecto del consentimiento, y cuando de acuerdo con nuestra legislación, el registro no tiene sustantividad, ya que sus efectos son de mera publicidad, referentes a la propiedad raíz, de tal manera que los conflictos de preferencia sólo pueden surgir entre acreedores de igual derecho, es decir, de derecho real; de lo que se concluye que un acreedor quirografario no tiene más que un derecho general de prenda sobre los bienes del deudor, el cual se singulariza y hace efectivo mediante el secuestro, de tal modo que éste sólo puede ser eficaz en cuanto recaiga sobre bienes que correspondan al demandado, en el momento de efectuarse el secuestro, sin que sea jurídico afirmar que por no haberse inscrito oportunamente una escritura de compraventa, celebrada entre el deudor y un tercero, en el Registro Público de la Propiedad, el acreedor del vendedor tenga derecho para secuestrar y sujetar a las resultas del juicio, en cobro de una obligación personal, un bien que legalmente ha salido del patrimonio de su deudor, por virtud de un documento auténtico, como lo es una escritura pública, pues no es jurídico tampoco que en presencia de esa escritura, que demuestra el derecho a la propiedad y a la posesión, a favor del tercero, se sancione un despojo para realizar y perfeccionar el secuestro, con conocimiento, por parte de la autoridad, de que se realizó sobre un bien que no correspondía al deudor; pues el comprador que no ha inscrito su título, es propietario respecto de los acreedores quirografarios del vendedor, y aun cuando la inscripción es indispensable en un conflicto de derechos reales, de su omisión no pueden prevalerse aquellos acreedores que no creyeron necesario asegurar sus créditos con un derecho sobre la cosa, y puesto que no ha tratado sino con la persona, es a ésta y no a la cosa a la que deben dirigirse, razón por la que un inmueble 65 que los acreedores embargaron, puede legalmente considerarse como de la propiedad del comprador que hizo la compra antes del embargo, aunque no hubiere registrado el título de adquisición antes del secuestro, ya que este último no da al que lo practica un derecho real sobre lo secuestrado." En las relatadas consideraciones, al resultar los efectos del embargo violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección constitucional, para los efectos siguientes: Que el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, de inmediato cancele la inscripción de embargo sobre el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, colonia ********************, de la localidad de ********************, municipio de ********************, con número de inscripción ********************, de fecha catorce de enero de dos mil diez, que se originó con motivo del embargo decretado por la Jueza Tercero de Distrito en esta entidad, en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Precisión sobre expedición de copias. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************en representación de ********************, contra el acto atribuido a la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta capital; por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, por conducto de ******************** contra el acto que reclama del Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
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Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el día veintisiete de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Guillermo Bacab Pech, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.
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Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos, el escrito signado por Patricio José Millet Garrido representante legal del directo quejoso, y en atención a su contenido, se acuerda: Ténganse como autorizados de la parte quejosa a Edgar Alejandro Franco Martín y a Guillermo Israel Álvarez Uriostegui en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta que no acrediten ante este juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogados o licenciados en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, tocante a la solicitud que realiza el representante de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga autorización al usuario "galvarezu", el cual se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo. En consecuencia, proceda la Secretaría a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cuanto al señalamiento del correo electrónico y número telefónico que refiere el promovente, se tienen por proporcionados únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesarias. Asimismo, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Guillermo Bacab Pech, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.
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Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, de los que se advierte que aún no obran en autos el informe solicitado a la autoridad responsable Juez Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante proveído de siete de los corrientes, en relación al levantamiento del embargo respecto del bien inmueble materia de la litis en el presente juicio de amparo. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que la citada autoridad dé cumplimiento a dicha solictud, se difiere la referida audiencia constitucional y se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Guillermo Bacab Pech, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.
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