Patricia Rosalía López Santiago
Expediente 2807/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2807/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/12/2019
Partes del expediente
- Patricia Rosalía López Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Ciudad de México, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual remite el testimonio de la resolución emitida en sesión de veinte de diciembre del año en curso, en el recurso de queja Q.A.3784/2019, en el que se resolvió: Q.A.3784/2019. "ÚNICO. Ha quedado SIN MATERIA el recurso de queja interpuesto por el Presidente del República." De lo anterior, se toma conocimiento, acúsese recibo al Tribunal Colegiado, háganse las anotaciones correspondientes e infórmese a las autoridades responsables el presente proveído. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio recibido por la Actuaria Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa el proveído de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en el que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable e informa que lo registró como recurso de queja 3791/2019, la cual guarda relación con la queja 3784/2019, de lo anterior se toma conocimiento para los efecto legales conducentes. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad de México, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos los oficios de cuenta remitidos por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos sus informes justificados; en consecuencia, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que señalan y como domicilio para oír y recibir notificaciones los que indican. Finalmente, como lo solicita la primer autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, expídase y remítasele la copia que solicita. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve Visto el estado procesal de los autos de los cuales se advierte que o se acredita en auto que se haya admitido a trámite las ampliaciones de demanda promovidas por la quejosa aún y cuando en auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve se haya hecho la aclaración de que dichas ampliaciones se encuentran admitidas con el propósito de no dejar en estado de indefensión a las partes se provee respecto a las ampliaciones de demanda correspondientes: En relación con el segundo escrito de ampliación de demanda, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción I, de la Ley de Amparo, cuyo texto señala: Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: I Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; El precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Las adiciones y reformas a la Constitución implican agregar o modificar los principios, reglas, disposiciones y decisiones fundamentales referidas al funcionamiento, atribuciones y organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos constitucionales autónomos, así como las relaciones con los particulares El procedimiento de adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contiene en el artículo 135, que establece: Artículo 135La presente Constitución puede ser adicionada o reformada Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas Dicho procedimiento se encuentra conferido exclusivamente al denominado poder reformador, que se conforma por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión además de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México Asimismo, el Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente, hace el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaratoria de aprobación de las adiciones o reformas Apuntado qué es una reforma o adición a la Constitución General, corresponde determinar el fundamento constitucional de la causa de improcedencia contra adiciones y reformas a éste Su fundamento se encontraba implícito en los artículos 103, fracción I y 133 que prevén: Artículo 103Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 133Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas La primera norma constitucional citada establece que los Tribunales de la Federación resolverán las controversias suscitadas por normas generales, acto u omisiones que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Por su parte, el segundo precepto, refiere que las leyes del Congreso de la Unión y todos los tratados deben ser acordes con la Constitución y emanar de ella En ese sentido, las violaciones a derechos humanos pueden provenir de normas generales, actos u omisiones, no respecto de nuestro máximo ordenamiento aunado a que todos los ordenamientos deben ser acordes a la Constitución -denominado principio de supremacía constitucional La causal de improcedencia analizada, fue creación jurisprudencial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la Ley de Amparo abrogada el dos de abril de dos mil trece, no la previó En principio, la Corte estimó que era procedente el juicio de amparo contra el proceso de reformas constitucionalesEl criterio mencionado se estableció por el Tribunal Pleno, en el amparo en revisión 1334/1998, del que derivó la tesis aislada PLXVI/99, con número de registro 193253, y rubro: REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓNPARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE LA EXPRESIÓN, EN EXCLUSIVA, DE VIOLACIONES RELACIONADAS CON EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN A raíz de la controversia constitucional 82/2001, el Alto Tribunal cambió el criterio, estableciendo que en vía jurisdiccional no podía analizarse el procedimiento de reformas y adiciones regulado en el artículo 135 constitucional, puesto que las dos terceras partes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales que intervienen en ese proceso, no actuaban en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en su función extraordinaria de Órgano Reformador de la Constitución Federal, realizando una función de carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órdenes parciales El criterio mencionado, se desprende de la jurisprudencia P/J39/2002, con número de registro 185941, de rubro siguiente: PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERALNO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL Este criterio cambió nuevamente cuando el Pleno del Alto Tribunal resolvió el amparo en revisión 186/2008, en donde sostuvo que el órgano encargado de reformar la Constitución Federal, es limitado y sujeto necesariamente a las normas de competencia establecidas en el texto constitucional, por lo cual, era jurídica y constitucionalmente posible admitir que un Estado Constitucional debe prever medios de control sobre aquellos actos reformatorios que se aparten de las reglas constitucionales Dicho criterio se estableció en las tesis aisladas PLXXV/2009 y PLXXVI/2009, con números de registro165713 y 165708; y de rubros: PODER REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓNEL PROCEDIMIENTO REFORMATORIO RELATIVO EMANADO DE ESTE ÓRGANO CON FACULTADES LIMITADAS, ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSNO ES MANIFIESTA NI INDUDABLE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA Por su parte, la Segunda Sala de la Corte estableció la improcedencia de la impugnación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente contra el artículo 116, fracción IV, inciso E, que regulaba disposiciones relativas a los partidos políticos y su derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargo de elección popular ; puesto que se permitiría registrar al quejoso como candidato a un cargo de elección popular, aun sin partido político; además se rompería con el principio de relatividad de las sentencias, pues la protección constitucional se extendería a personas extrañas El criterio referido es la tesis aislada 2aIII/2013 10a, con registro 2002821 y rubro: JUICIO DE AMPARO INDIRECTOES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR UN CIUDADANO SIN PARTIDO POLÍTICO CONTRA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO E, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Si bien es cierto que la Suprema Corte funcionando en Pleno, resolvió que era procedente impugnar vía amparo los actos que reforman la Constitución Federal; lo cierto es que, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, expresamente incorporó el impedimento para ejercer el control constitucional vía amparo contra adiciones y reformas al Máximo ordenamiento del país La Segunda Sala, ya abordó el estudio de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo En la jurisprudencia 2a/J3/2014 10a, sostuvo que los artículos constitucionales no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante alguno de los recursos establecidos en la Ley de Amparo, pues las normas que componen la Constitución General de la República constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional El criterio mencionado tiene el registro 2005466 y rubro siguiente: CONTROL DE CONSTITUCIONALIDADNO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Por otro lado, en el amparo directo en revisión 4267/2013, la Sala señaló que resultan inoperantes los conceptos de violación y agravios que impugnen el procedimiento de reformas a la Constitución Federal, dado que los derechos humanos previstos en tratados internacionales de la materia, se encuentran al mismo nivel de los derechos reconocidos en la Constitución Federal, conformando en todo momento un mismo catálogo o cuerpo de derechos humanos sin hacer referencia a una cuestión jerárquica Además, se precisó que cuando se está en presencia de un supuesto de restricción, excepción o limitación constitucional inmediatamente prevalece o tiene aplicación directa el texto constitucional, el cual constituye un esbozo y una manifestación clara del Constituyente Permanente, que no es susceptible de revisión constitucional, pues se trata de una decisión soberana del Estado Mexicano El razonamiento se plasmó en la tesis aislada 2aXXXI/2014 10a, de registro 2005939 y rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO Y AGRAVIOS EN SU REVISIÓNSON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE IMPUGNA UN PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN La razón de la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inclusive sus procesos de reformas, resulta porque el órgano reformador ejerce una función soberana no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación del órgano y en la atribución constitucional de su función se encuentra su propia garantía Aunado a que dichas decisiones soberanas se refieren a principios, reglas, disposiciones y decisiones político fundamentales referidas a la organización, así como derechos fundamentales y garantías para su protección Finalmente, importa resaltar que los artículos transitorios forman parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Corte al resolver el amparo en revisión 1238/2015 En ese asunto, se estableció si bien la vocación ordinaria de las disposiciones transitorias es precisar circunstancias de índole temporal relacionadas con la eficacia, vigencia, aplicación, aclaración, precisión, derogación y abrogación de las normas propiamente constitucionales; sin embargo, que no existía impedimento alguno para que en ellas se incorporan obligaciones de naturaleza sustantiva derivado del principio de unidad de la Constitución que obliga a interpretarla en su conjunto, sin que sus preceptos deban estar situados en determinada parte de su texto para adquirir la misma jerarquía que les caracteriza a la totalidad de ellos El Pleno de la Corte en un diverso asunto, reiteró que las normas transitorias de una reforma a la Constitución Federal forman parte de la ley fundamental Del asunto surgió la tesis aislada PXLV/2004, de registro 180682 y rubro: CONSTITUCIONALIDAD DE LEYESEL PLANTEAMIENTO DE QUE UNA LEY SECUNDARIA CONTRADICE EL TEXTO DE LAS NORMAS TRANSITORIAS DE UNA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CONSTITUYE UN TEMA DE ESA NATURALEZA Bajo esos razonamientos se estima que los artículos transitorios de la Constitución Federal son inimpugnables al constituir un único cuerpo normativo con el resto de los preceptos, que conformar el marco constitucional origen del orden jurídico nacional El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, ya analizó el tema y decidió que es improcedente el juicio de amparo contra los artículos transitorios de la Constitución General Ese criterio está en la tesis aislada I2oAE10 K 10a, de registro 2013646 y rubro: ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN FEDERALEL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN SU CONTRA Una vez expuesta las anteriores consideraciones, procede analizar si el acto reclamado constituye una adición, reforma a la Constitución Federal, artículo transitorio o sus procesos de modificación o adición En el caso, se reclama el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al catálogo de delitos graves que implican prisión preventiva oficiosa, relativa al tipo penal de corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones publicado el doce de abril de dos mil diecinueve Luego entonces, resulta claro que en este juicio de amparo la parte quejosa está reclamando la reforma del Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al catálogo de delitos graves que implican prisión preventiva oficiosa, relativa al tipo penal de corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones publicado el doce de abril de dos mil diecinueve Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia con registro 2012958, con rubro y texto: ADICIONES O REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERALES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA El juicio de amparo es uno de los mecanismos a través de los cuales se hace efectiva la supremacía constitucional, la cual hace de la Ley Fundamental el referente de validez de la producción normativa que se somete a juicio; de ahí que, por ser auto referente, la Carta Magna no puede ser juzgada a la luz de ella misma Luego, al ser la Constitución Federal la piedra angular del resto del sistema jurídico, rige en únicos e iguales términos para todos; y es justo en este punto donde se erige como el gran obstáculo que impide su análisis a través del juicio de amparo, ya que, en caso de dictarse una sentencia estimatoria, se producirían resultados inadmisibles dentro del sistema jurídico, pues no podría existir una Constitución para los quejosos amparados y otra para los demás gobernados Por tanto, la improcedencia del juicio en contra de adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una limitación natural impuesta por el diseño constitucional del propio juicio, cuya ingeniería lo repele, en virtud de que lo único que no puede ser inconstitucional es la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Aceptar la procedencia del juicio contra reformas constitucionales, sea en lo atinente a aspectos de procedimiento legislativo o de contenido normativo, trastocaría elementos centrales del sistema de división de poderes y trastornaría, a la vez, el del propio juicio constitucional De igual forma, lo señalado con anterioridad es acorde a lo resuelto por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QA- 36/2019, en sesión de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, criterio que comparte y hace suyo este órgano jurisdiccional Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción I, se determina desechar la demanda de amparo, únicamente respecto de los actos reclamados a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Ciudad de México y las Legislaturas de los Estados de la República Mexicana, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la discusión, aprobación, sanción, expedición y promulgación del Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al catálogo de delitos graves que implican prisión preventiva oficiosa, relativa al tipo penal de corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones publicado el doce de abril de dos mil diecinueve Por otra parte, en relación al acto reclamado a la Secretaria de Gobernación, consistente en el refrendo del Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al catálogo de delitos graves que implican prisión preventiva oficiosa, relativa al tipo penal de corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones publicado el doce de abril de dos mil diecinueve; así como el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que cuando se controvierten normas generales, el quejoso deberá señalar con el carácter de autoridades responsables a aquellas que hubieren intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio respectivo, únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios, lo que no acontece en este asunto, dado que del análisis integral del escrito de ampliación de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa no formuló conceptos de violación tendientes a controvertir vicios en el refrendo y publicación de la norma reclamada Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, aplicado en sentido contrario, se determina desechar la ampliación de demanda de amparo que nos ocupa, respecto de los actos reclamados antes precisados Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 111, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admiten a trámite las ampliaciones demanda de amparo, por el resto de las autoridades responsables y actos reclamados REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS En términos de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, lo cual deberán hacerlo dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; señalando las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo y la constitucionalidad y/o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias respectivas De igual manera, se solicita a las autoridades responsables que, en caso de que el acto reclamado derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, en su informe justificado señalen el último período vacacional del que gozaron, así como los días inhábiles o aquéllos en los que suspendieron sus labores, desde la emisión de los actos reclamados hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo En consecuencia, con fundamento en el artículo 260, fracción II, del citado ordenamiento legal, se apercibe a las citadas autoridades que en caso de que omitan rendir su informe justificado, o bien, no remitan las constancias correspondientes, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización En el entendido de que no se les remite copia de los escrito de ampliación de demanda en atención a que ya les fue remitido con el acuerdo relativo a la suspensión provisional ACTUALIZACIÓN DE CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Asimismo, conforme al artículo 64 de la Ley de Amparo se requiere a las partes para que, en el supuesto de que tengan conocimiento de la actualización de alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que para el caso de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo REPRESENTACIÓN PRESIDENCIAL De conformidad con lo preceptuado por los artículos 9 y 25 de la Ley de Amparo, en términos del artículo Tercero, fracción VI, numeral 39, del ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS A QUE SE SUJETARÁ LA REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TODOS LOS TRÁMITES PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en el que se precisan las dependencias y entidades a las que se les otorga la representación presidencial en todos los trámites ahí referidos, y vista la naturaleza de los actos que se reclaman en este asunto, notifíquese este proveído, así como los subsecuentes que deban comunicarse por oficio, a la autoridad responsable denominada Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por lo que respecta al incidente de suspensión, en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, este órgano jurisdiccional se pronunció respecto a la suspensión definitiva DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE Notifíquese
- Incidental
Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos los oficios signados por el representante legal y Jefe de Unidad de Asuntos Contenciosos del Centro Nacional de Control de Energía en representación del Subdirector de Administración del Centro Nacional de Control de Energía y por el Director General de Amparos Contra Leyes de la Dirección de Leyes "C" en ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos en ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y este en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de los cuales interponen recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, incluido al Ministerio Público Federal, copias de los oficios de agravios y dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, sin ulterior acuerdo, remítanse los originales de los oficios de expresión de agravios y el cuaderno principal al Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, en turno (por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y del Centro Auxiliar de la Primer Región con Residencia en la Ciudad de México), para la substanciación y resolución de los medios de impugnación de referencia. Con copia de los recursos de revisión y de esta determinación fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, sin que sea necesario agregar alguna otra constancia, toda vez que el expediente se encuentra debidamente digitalizado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0). Asimismo, infórmese a la superioridad que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado al mismo todas y cada una de las promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, instrúyase al Analista Jurídico a efecto de que realice lo movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Notifíquese; y por medio de lista a la parte quejosa.
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