Patricia Romero Torres
Expediente 1509/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1509/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2019
Partes del expediente
- Patricia Romero Torres
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, dos de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, provéase lo conducente respecto a la suspensión de los actos reclamados señalados en el escrito de ampliación de demanda con número de registro 7149, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, interpuesto por **************, por propio derecho, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, con copia de la demanda y anexos, se requiere a las autoridades responsables para que rindan su informe previo, el cual deberán exhibir por duplicado dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído.En dicho informe, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes.Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a su informe previo cualquier documento que estimen necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. En caso de que las autoridades responsables sean omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Asimismo, con excepción de las autoridades legislativas, en caso de ser omisas se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, del ordenamiento citado. Finalmente, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir su informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Ahora bien, debe precisarse, que el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2019, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, cuyo rubro dice: " SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Precisado lo anterior, cabe señalar que este Juzgador se pronunciará únicamente respecto de la suspensión solicitada por la parte quejosa, esto es, que las responsables se abstengan de aplicar: El Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban para el Ejercicio fiscal 2019, el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando; la publicación de la Estructura Ocupacional en el Diario Oficial de la Federación y la actualización de los Tabuladores de Sueldos para el Personal de la Rama Administrativa y el de Remuneraciones para las Contrataciones bajo el Régimen de Honorarios Permanentes" con clave INE/JGE40/2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. El oficio 529-1-018/19, con sello de recepción de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 111/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Relativo al Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban para el Ejercicio fiscal 2019, el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando; la publicación de la Estructura Ocupacional en el Diario Oficial de la Federación y la actualización de los Tabuladores de Sueldos para el Personal de la Rama Administrativa y el de Remuneraciones para las Contrataciones bajo el Régimen de Honorarios Permanentes" con clave INE/JGE40/2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se acuerda lo siguiente:Como cuestión previa, resulta necesario hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." La fracción II del artículo 128 de la ley de la materia, exige como presupuesto para la concesión de la suspensión en el juicio de amparo, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, lo que en el caso no acontece. Se sostiene lo anterior, habida cuenta que proceder de la forma solicitada por la parte quejosa, y al efecto, concederle la suspensión para los efectos precisados, se estarían violentando disposiciones de orden público al paralizar actos que el constituyente emitió en beneficio de una colectividad que se vería afectada por el incumplimiento de la misma. En efecto, las medidas que reclama tienen que ver con una implementación administrativa de una ley reglamentaria de la Constitución Federal, que tiene por objeto dar operatividad en la vida pública e institucional de la nación. De manera que, contrario a lo solicitado, los efectos y consecuencias del decreto reclamado son acordes con el principio de libertad configurativa que el Congreso de la Unión detenta. Razón suficiente para estimar que su suspensión es improcedente atendiendo al orden público y al interés social, sin que, además, se advierta una afectación irreparable a la parte quejosa de no concederse la medida cautelar para los efectos que solicita, precisados con anterioridad.A mayor abundamiento, de suspender las consecuencias del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban para el Ejercicio fiscal 2019 (INE/JGE40/2019), como lo solicita el quejoso, se daría a la medida efectos restitutorios que son propios de un análisis del fondo del asunto no del incidente de suspensión, puesto que, analizar la procedencia de la medida cautelar implicaría un estudio que se hará en la sentencia de amparo.En ese sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 (dos mil diecinueve), en lo que interesa, establece: ".Artículo 16. Las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos de la Federación se refieren en el Anexo 23 de este Decreto y en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: I. Las remuneraciones se integran, conforme a lo dispuesto en la referida disposición constitucional y en el artículo 2, fracciones XXXIII, XXXIV y XLVI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la suma de la totalidad de percepciones ordinarias y extraordinarias que perciben los servidores públicos de la Federación. Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración. Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y la periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables. En aquellos puestos de personal militar y, en su caso, en los que se establezcan en las disposiciones específicas que emita la Secretaría y la Función Pública, respecto de las dependencias cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá otorgarse la potenciación del seguro de vida institucional, y un pago extraordinario por riesgo hasta por el 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual, por concepto de sueldos y salarios. Las remuneraciones de los servidores públicos a que se refiere este párrafo, incluyendo los conceptos extraordinarios señalados, deberán sujetarse en todo momento a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Función Pública evaluará la gravedad del riesgo y determinará el porcentaje del pago extraordinario en función del riesgo y, en su caso, autorizará el pago, previo dictamen favorable de la Secretaría en el ámbito presupuestario. Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causen por las percepciones señaladas en el párrafo anterior, forman parte de su remuneración; II. La remuneración total anual autorizada al Presidente de la República y los límites de remuneración mensual para la Administración Pública Federal se presentan en el Anexo 23.1. de este Decreto, conforme a lo siguiente: a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos de la Administración Pública Federal, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, se presentan en el Anexo 23.1.1. de este Decreto y comprenden los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de impuestos correspondiente: i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y ii. Los montos correspondientes a las prestaciones. Los montos presentados en el Anexo 23.1. no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el presente ejercicio fiscal, las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, ni las adecuaciones a la curva salarial del tabulador; b) La remuneración total líquida mensual neta autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2019 se incluye en el Anexo 23.1.2. de este Decreto; c) La remuneración total anual autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2019 se incluye en el Anexo 23.1.3. de este Decreto, en cumplimiento a lo dispuesto en la Base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. La remuneración total anual autorizada a la máxima representación de los ejecutores de gasto que a continuación se indican y los límites correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias, según corresponda, de los servidores públicos que se señalan de dichos ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I, primer párrafo, de este artículo, se refieren en los siguientes Anexos de este Decreto: a) Anexo 23.2. Ramo 01: Cámara de Senadores; b) Anexo 23.3. Ramo 01: Cámara de Diputados; c) Anexo 23.4. Ramo 01: Auditoría Superior de la Federación; d) Anexo 23.5. Ramo 03: Suprema Corte de Justicia de la Nación; e) Anexo 23.6. Ramo 03: Consejo de la Judicatura Federal; f) Anexo 23.7. Ramo 03: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; g) Anexo 23.8. Ramo 22: Instituto Nacional Electoral; h) Anexo 23.9. Ramo 35: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; i) Anexo 23.10. Ramo 41: Comisión Federal de Competencia Económica; j) Anexo 23.11. Ramo 42: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; k) Anexo 23.12. Ramo 43: Instituto Federal de Telecomunicaciones; l) Anexo 23.13. Ramo 44: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; m) Anexo 23.14. Ramo 40: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y IV. El desglose de las percepciones por ejecutor de gasto, se presenta en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos. Las dependencias y entidades podrán modificar las percepciones ordinarias de los puestos conforme a las disposiciones aplicables, sujetándose a los límites máximos establecidos en el Anexo 23.1., del presente Decreto, previa autorización y registro presupuestario en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, podrán efectuarse ajustes en la composición de las percepciones ordinarias por concepto de sueldos y salarios, siempre y cuando no se incremente el monto mensual previsto en dicho Anexo para el puesto correspondiente, y no se aumente su presupuesto regularizable de servicios personales. Las entidades que cuenten con planes de compensación acordes con el cumplimiento de las expectativas de aumento en el valor agregado, podrán determinar las percepciones aplicables, sin generar costos adicionales y siempre que dichos planes sean autorizados por la Secretaría en lo que se refiere a que el presupuesto total de la entidad no se incremente y no se afecten negativamente los objetivos y metas de sus programas, y por lo que se refiere a la Función Pública en cuanto a la congruencia del plan de compensación con la política de planeación y administración de personal de la Administración Pública Federal. Ningún servidor público podrá recibir emolumentos extraordinarios, sueldos, compensaciones o gratificaciones por participar en consejos, órganos de gobierno o equivalentes en las dependencias y entidades o comités técnicos de fideicomisos públicos o análogos a éstos. Los ejecutores de gasto público federal publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, y reportarán en la Cuenta Pública, los tabuladores y las remuneraciones que se cubren a los servidores públicos a su cargo y, en los casos correspondientes, al personal militar; personal de enlace; así como personal operativo de base y confianza, y categorías, especificando los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Los Poderes Legislativo y Judicial, las dependencias y entidades, así como los entes autónomos, deberán abstenerse de cubrir cualquier tipo de estímulo, pago o compensación especial a los servidores públicos a su servicio, con motivo del término de su encargo, o bien por el término de la administración correspondiente.. ANEXO 23. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN ANEXO 23.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. . ANEXO 23.1.2. REMUNERACIÓN TOTAL LÍQUIDA MENSUAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos) . ANEXO 23.1.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos) . ANEXO 23.6.2. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos) SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL De conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la remuneración mayor es la asignada al Presidente de la República. En los términos del presente presupuesto, esta remuneración está cifrada en la cantidad total anual neta de $1,663,050.00 pesos (un millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos). Para el año de 2019, las remuneraciones de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, con excepción de sus titulares cuya remuneración está señalada en el presente decreto, serán determinadas por parte del órgano de gobierno, del órgano de dirección o la instancia correspondiente, las cuales serán siempre inferiores a la fijada para el cargo de Presidente de la República en este mismo año de 2019." De lo transcrito, se advierte que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fijó la remuneración total líquida mensual y anual del Presidente de la República; que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la remuneración mayor es la asignada al Presidente de la República; en los términos del presente presupuesto, esta remuneración está cifrada en la cantidad total anual neta de $1,663,050.00 pesos (un millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos). Además, precisó que la remuneración anual de los Servidores Públicos del Instituto Nacional Electoral, para el año de dos mil diecinueve, con excepción de sus titulares cuya remuneración está señalada en el presente decreto, serán determinadas por parte del órgano de gobierno, del órgano de dirección o la instancia correspondiente, las cuales serán siempre inferiores a la fijada para el cargo de Presidente de la República en este mismo año. Precisado lo anterior, a consideración de este Juzgado Federal, no procede conceder la suspensión respecto a la aplicación del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban para el Ejercicio fiscal 2019 (INE/JGE40/2019), debido a que -atendiendo a su naturaleza-, éste carece de ejecución respecto del cual pueda decretarse la medida cautelar solicitada, dado que ello atañe al fondo del asunto que se resuelva en el cuaderno principal al dictar la sentencia correspondiente, ya que de concederse no sólo se estaría prejuzgando respecto del fondo del asunto, sino que, inclusive, se estarían dando efectos restitutorios del derecho que se pretende, lo cual en su caso, es materia de estudio en la sentencia que resuelva este juicio de amparo en lo principal. En razón de lo expuesto, en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo SE NIEGA LA SUSPENSIÓN SOLICITADA POR EL QUEJOSO. Por otra parte, respecto del oficio 529-1-018/19, con sello de recepción de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, que en lo que interesa informa lo siguiente: ... Del oficio se advierte que autoridad responsable únicamente hizo del conocimiento al quejoso lo siguiente: Que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, trajo como consecuencia la interposición de diversos juicio de amparo. Las medidas precautorias otorgadas por los Juzgados Federales han implicado el inicio de diligencias a instancia de parte o de manera oficiosa a efecto de requerir el cumplimiento de éstas. El cumplimiento que se requiere de las medidas cautelares no significa el desconocimiento de los postulados de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Que existen diversas salvedades en el otorgamiento de la medida cautelar tales como: Se aplicará en tanto que el trabajador de que se trate continúe en el activo. b. No será efectiva si la reducción a las remuneraciones del servidor público tienen como sustento una norma diversa a la reclamada. También le hace de su conocimiento que, para que dentro del ámbito de sus responsabilidades y observando la naturaleza de las medidas cautelares otorgadas por los Juzgados Federales contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, sirvan para determinar la mejor defensa de los intereses de la Federación. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión solicitada relativo a los efectos y consecuencias del acto reclamado. Lo anterior es así, en razón de que los efectos naturales del oficio reclamado son únicamente declarativos, lo que significa que no lleva implícito un principio de ejecución inmediato o que requiera (para que surta efectos) el actuar posterior de la autoridad, dado que las situaciones jurídicas que con el mismo se establecieron no requieren para su prevalencia de un acto posterior ejecutivo. Esto es, la autoridad responsable únicamente se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin que se modifiquen situaciones o derechos existentes, sin que se observe ningún acto de ejecución, ya que solo tiene efectos declarativos, resultando improcedente la suspensión solicitada, pues tales actos quedan fuera del alcance jurídico de ésta. Máxime que la medida cautelar no tiene el efecto de constituir o autorizar acto alguno, pues dicha situación en todo caso, será efecto y consecuencia de una sentencia favorable que la parte quejosa llegara a obtener en el fondo del juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa. Es aplicable al caso por analogía, la tesis aislada visible en la página 15, del volumen 163-168, sexta parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y sinopsis son: "ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Aun cuando la sentencia reclamada sea definitiva, la misma es meramente declarativa si la autoridad responsable se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin que se modifiquen situaciones o derechos existentes y, por lo tanto, de tal sentencia no se deriva ningún acto de ejecución, sino actos meramente declarativos que se ejecutan desde la fecha en que se hace la declaración, resultando en consecuencia improcedente la suspensión que en su contra se pida, pues tales actos quedan fuera del alcance jurídico de ella." En esas condiciones, la medida suspensional resulta improcedente en los términos en que fue solicitada, habida cuenta que la misma tiene el efecto de paralizar los actos de autoridad o bien mantener las cosas en el estado en que se encuentran en el momento de concederse; siempre y cuando éstos tengan ejecución, lo que en el caso, no es así. En razón de lo expuesto, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo SE NIEGA LA SUSPENSIÓN SOLICITADA POR EL QUEJOSO. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Subdirector de lo Contencioso, Titular del Área de Asuntos Contenciosos (en ausencia del titular del Área de Asuntos Pensionarios) en suplencia por ausencia del Titular de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales, quien actúa en representación del Director General del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por medio del cual manifiesta que no cuenta con las facultades de superior jerárquico de la autoridad responsable Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en su denominación actual), no obstante lo anterior, comunicó al Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, el requerimiento relativo para que éste acreditara el cumplimiento a la resolución de amparo. De lo anterior este juzgado auxiliar toma conocimiento. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a las siguientes autoridades para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten: Autoridad responsable Acto que debe realizar Superior jerárquico Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en su denominación actual). Cumplir con la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, así como la interlocutoria de veinte de junio de dos mil dieciocho dictadas por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por lo que deberá realizar lo siguiente: i) Efectué el ajuste que resulte procedente a la pensión de la actora, conforme a la modalidad establecida en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente del uno de enero de dos mil dos al treinta y uno de marzo de dos mil siete, sin que la cuota que en su caso se determine a favor de la enjuiciante, exceda el tope máximo establecido en el artículo 4° del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor; y para que en su caso, se cubran las diferencias que se hubiesen generado y que resulten con motivo del ajuste a la cuota diaria pensionaria de la demandante, y ii) Detalle las fechas, cantidades, conceptos, incrementos porcentuales y operaciones que sustenten la determinación que alcance Subdirector de Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En el entendido de que: Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Por otra parte glósese a los autos el oficio signado por el Delegado del Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual informa que se encuentra realizando las gestiones correspondientes, para dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo y solicita prórroga para tal efecto. Atento a su solicitud, con fundamento en el artículo 193, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se le concede una prórroga de diez días a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, subsistiendo el apercibimiento decretado en el acuerdo de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 74 y 75). Por otra parte la autoridad oficiante exhibe copia simple del cheque con el que aduce acreditar el cumplimiento aludido, atento a ello, con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que en el término de TRES DÍAS, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con dicha constancia. Lo anterior, en el entendido que una vez transcurrido el plazo en comento, con desahogo de la vista o sin él, este órgano judicial dictará resolución en la que se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, en el momento procesal oportuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, cinco de julio de dos mil diecinueve. INFORME PREVIO Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del cual rinde su respectivo informe previo; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por rendido dicho informe. DOMICILIO Y DELEGADOS DE LAS AUTORIDADES De conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo se tienen como delegados a las personas que mencionan, quienes tendrán las facultades de rendir pruebas, alegar y hacer promociones únicamente en el acto de la audiencia, así como para interponer recursos. RECURSO DE QUEJA Agréguese a los autos el recurso de queja presentado por el Director General de Amparos contra Leyes, adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de la Federación, en representación de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve (fojas 77 a 80), por el que se proveyó respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, en la que se concedió a la parte quejosa la medida cautelar; atento ello, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), 100 y 101 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, incluido el Ministerio Público de la Federación (hoy Fiscal Ejecutivo Titular) adscrito, copia del oficio de expresión de agravios y, remítase de inmediato el oficio del recurso al Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, en turno, copia del mismo para correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación (hoy Fiscal Ejecutivo Titular) de su adscripción y copia certificada de todo lo actuado en el incidente de suspensión en que se actúa, incluido el acuerdo recurrido. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe comuníquese al Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, en turno, que es cierto el acto que se impugna, cuya emisión se apoya en los fundamentos y consideraciones contenidas en el auto impugnado. Ahora bien, se informa al Tribunal de Alzada que una vez que se cuente con las constancias de notificación a las partes, se le remitirá copia certificada de las mismas. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa ý córrase traslado con el recurso de queja.
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- Patricia Rosa Calvo Barbeau268/2022
- Patricia Rosalía López Santiago2807/2019
- Patricia Silva Chavez4589/2022
- Patricia Sosa Ávila5016/2016
- Patricia Susana Izquierdo Delgado741/2023
- Patricia Tellez Lopez171/2017