Patricia Rocio Rosas Cruz

Expediente 640/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
640/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Patricia Rocio Rosas Cruz
  • Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil en este Distrito Judicial

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. ACUS RECIBO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, a través del cual acusa recibo del diverso 17371 al que se adjuntaron las constancias que remitió al rendir su informe justificado, referentes al juicio ejecutivo mercantil 421/2022; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el once de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó el presente asunto, promovido por Patricia Rocío Rosas Cruz, por tanto, se acuerda lo siguiente. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A SU LUGAR DE ORIGEN. Devuélvase al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el legajo de copias certificadas relativas al juicio ejecutivo mercantil 421/2022, que acompañó a su informe justificado; solicitándole el acuse recibo correspondiente. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el precepto citado en segundo término, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por otra parte, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el original del cuaderno incidental es susceptible de conservarse, ya que se otorgó la suspensión definitiva solicitada; por tanto, una vez que se cumplan los tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, transfiérase el mismo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de mayo del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el cual por razón de turno se recibió en este órgano jurisdiccional el mismo día, ******************** promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Además, la quejosa precisó como transgredido en su perjuicio los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Previo desahogo de diversas prevenciones, en las que, entre otras cosas, la quejosa amplió su demanda y señaló una nueva autoridad como responsable, mediante proveído de veintiuno de junio anterior, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, requirió los informes justificados correspondientes, dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Blanca Leticia Villaseñor Cortés -quien alegó en este juicio- y, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual fue celebrada en términos del acta que precede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente por razón de materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 49, en relación con el 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior toda vez que la quejosa, ostentándose tercera extraña, reclama actos de autoridades jurisdiccionales, ejecutables dentro del territorio en que ejerce jurisdicción este tribunal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, atendiendo también a la causa de pedir- y demás constancias allegadas al sumario. La quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación al juicio ejecutivo mercantil 421/2022, de la estadística del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, promovido por la aquí tercera con interés Blanca Leticia Villaseñor Cortés, frente a la quejosa, y reclama lo siguiente: a) De la Jueza responsable, todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, a partir del emplazamiento correspondiente, lo que culminó con la fase de ejecución de sentencia y, posteriormente, con el acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, dentro del procedimiento de remate del inmueble de su propiedad, relativo a la casa habitación ubicada en calle Nardo número 670, lote 26, manzana A, colonia actual El Porvenir, en esta ciudad; b) Al Actuario adscrito al citado órgano jurisdiccional, la diligencia de emplazamiento practicada aparentemente con la propia demandada, el veinticinco de mayo de dos mil veintidós; y, c) La falta de notificación del acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. De los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se obtiene que aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen, respectivamente. Además, lo anterior se corrobora con las constancias que remitieron junto con sus informes justificados, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197, 200 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ese motivo, no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento sobre el alegato vertido por la Fiscal de la Federación adscrita, en el sentido de que las autoridades negaron la existencia de los actos que se les atribuyen y que ante dicha inexistencia debe sobreseerse en el presente juicio. CUARTO. Antecedentes. De las constancias remitidas por las autoridades responsables se desprenden los siguientes antecedentes sustanciales: 1. La aquí tercera interesada, a través de sus endosatarios en procuración, promovió juicio ejecutivo mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa frente a la quejosa; procedimiento identificado con el consecutivo 421/2022 y admitido a trámite en proveído de dos de mayo anterior; asimismo, en esa actuación se ordenó emplazar a la accionada; 2. En cumplimiento a dicha orden de llamado a juicio, el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, el fedatario responsable se constituyó en el domicilio proporcionado como el de la buscada y, al no encontrarse, dejó citatorio en poder de Miriam Edith Rosas Cruz, quien refirió bajo protesta de decir verdad ser hermana de la demandada, para que esperara al Actuario a las diecisiete horas con treinta minutos del veinticinco próximo; 3. Llegada la hora y fecha del citatorio, el fedatario responsable, asentó que entendió la diligencia de que se trata con la propia demandada, quien se identificó con la credencial para votar con clave de elector RSCRPT88123116M200, firmó el acta de la diligencia, así como la razón de recepción de las copias de traslado de la demanda, de la cédula de notificación y de la misma acta, al igual que la razón referente a estar enterada del término que tenía para dar contestación a la acción entablada en su contra. Incluso, del contenido del acta se advierte que habría reconocido el adeudo con la actora, pero no por la cantidad que se le requirió; también, dada la falta del pago de lo reclamado, se embargó un bien inmueble su propiedad ubicado en calle Nardo número 670, lote 26, manzana A, colonia actual El Porvenir, en esta ciudad; y se le designó a esta última como depositaria judicial; 4. Llevada a cabo la secuela procesal, sin que la reo hubiera contestado la demanda u ofertado pruebas, ni comparecido, el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva, en la que se resolvió lo siguiente: "(.) PRIMERO. Este Juzgado resultó competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio. SEGUNDO. En consecuencia, se declara procedente la acción cambiaria directa que en la vía Ejecutiva Mercantil ejercitaron Jorge Alberto Cortés Pérez, Jorge Cortés Arredondo y Abel Cortés Arredondo, endosatarios en procuración de Blanca Leticia Villaseñor Cortés, frente a ********************, a quien se condena al pago de $278,000.00 doscientos setenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de suerte principal, así como a cubrir los intereses moratorios a razón del 1.70% uno punto setenta por ciento mensual, sobre la suerte principal respecto del pagaré accionado (localizable a foja 5 del expediente), a partir del 18 dieciocho de abril de 2021 dos mil veintiuno (día siguiente al vencimiento del pagaré), hasta la total solución del presente asunto; reservándose su cuantificación para la etapa de ejecución de sentencia conforme a lo dispuesto en el numeral 1330 del Código de Comercio. TERCERO. Se ordena hacer trance y remate sobre el bien inmueble embargado en autos a la parte demandada, y con su producto pago a la acreedora de las prestaciones a que resultó condenada la parte demandada. CUARTO. No se hace especial condena en constas de esta instancia. (.)" 5. Previa solicitud elevada por la parte actora, en actuación de ocho de septiembre de dos mil veintidós, la sentencia se declaró ejecutoriada por ministerio de ley y se requirió a la contraparte para que dentro del término de tres días cumpliera de forma voluntaria con la misma, bajo apercibimiento que de no hacerlo se haría de manera forzosa; 6. Los endosatarios en procuración de la actora instaron planilla de liquidación, incidencia resuelta el quince de noviembre de dos mil veintidós, bajo los siguientes puntos resolutivos: "(.) PRIMERO. Ha quedado surtida la competencia de este Tribunal para conocer y resolver la presente cuestión incidental. SEGUNDO. La parte actora, por conducto de sus endosatarios en procuración, acreditaron parcialmente los hechos conformantes del incidente de planilla de liquidación que formularon; en tanto que, la parte demandada e incidentada, nada expuso al respecto; en consecuencia, TERCERO. Se declara procedente dicha incidencia, condenándose a la parte demandada ********************, a pagar en favor de la parte actora, en ejecución de sentencia la cantidad de $80,342.00 ochenta mil trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de -interés moratorio-, en los términos que se desglosan en el considerando segundo del presente fallo. (.)" 7. En proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, a petición de la promovente de este amparo, se fijaron las doce horas con treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo una junta de conciliación, dado su interés en llegar a una solución pacífica y directamente con la actora; 8. En la hora y fecha señaladas para la conciliación, comparecieron ante el personal del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el endosatario en procuración de la actora y la demandada ********************, esta última quien se identificó con credencial para votar con misma clave de elector con la que aparentemente se identificó al momento de la diligencia de emplazamiento, documento del cual se dejó copia en tales autos, sin que hubieren alcanzado algún acuerdo conciliatorio; 9. En auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se acordó de manera favorable la solicitud elevada por la parte actora y se ordenó el remate del inmueble embargado en autos, por lo que se requirió a las partes para que exhibieran su avalúo; 10. Por escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintitrés, por segunda ocasión, la demandada y aquí quejosa solicitó una audiencia de conciliación como mecanismo alternativo de solución de controversia, para llegar a un acuerdo de manera directa con la actora, toda vez que a la anterior junta compareció su endosatario en procuración; para lo cual se fijaron las doce horas del veintisiete de enero de la presente anualidad; 11. En atención al requerimiento indicado en el punto 9 de estos antecedentes, el veinte de enero de este año, la demandada exhibió el avalúo del inmueble de su propiedad, a fin de que sea tomado en consideración en la etapa de ejecución de sentencia, particularmente, dentro del procedimiento de remate del propio bien; 12. En la hora y fecha de la segunda audiencia de conciliación, en presencia del personal del órgano jurisdiccional responsable, comparecieron personalmente las partes contendientes, sin que hubieren logrado convenir; 13. Previa solicitud de la parte actora, en auto de trece de abril de esta anualidad, se señalaron las once horas del treinta de mayo siguiente, a fin de que tuviera verificativo la audiencia de remate en su primera almoneda, respecto al inmueble embargado en el juicio de origen; desahogada dicha diligencia, no se logró rematar el bien; y, 14. Finalmente, también previa petición de la parte actora, en proveído de seis de junio del año en curso, se señalaron las once horas del ocho de agosto actual, para el verificativo de la segunda almoneda correspondiente. QUINTO. Causas de improcedencia. Quien suscribe estima que en el caso se actualizan diversas causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; en primer lugar, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el emplazamiento que le fue realizado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por los motivos que enseguida se exponen: De inicio, es necesario transcribir los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 62, todos de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 61. [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". De una interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio. También que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo los diversos casos de excepción previstos por la ley de la materia; y, que los términos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora, en la demanda de amparo se obtiene que el presente juicio fue promovido por ********************, por propio derecho, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Asimismo, en las constancias relativas al acto reclamado, sin siquiera analizar la diligencia de emplazamiento, se obtiene como fecha en que la aquí quejosa se ostentó sabedora de los actos reclamados, al menos, desde el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, fecha en que se le tuvo solicitando una primera junta de conciliación, como medio alternativo de solución de controversia. En efecto, como se hizo mención en los antecedentes narrados previamente, se acordó de manera favorable la petición de la aquí quejosa desde la fecha citada en el párrafo que precede; incluso, la diligencia de conciliación pedida se desahogó el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós ante la presencia de la propia quejosa, quien se identificó con la credencial para votar con el mismo folio de elector con la que se habría identificado al momento del emplazamiento. Luego, los supuestos previstos por la Ley de Amparo para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda son los siguientes: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Lo expuesto hasta aquí patentiza que, con fundamento en lo previsto por el artículo 17 de la ley de la materia, el término para la presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, en el que la quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación al juicio de origen, comenzó a correr el veinticuatro de noviembre y feneció el catorce de diciembre de dos mil veintidós, descontándose de ese término los días inhábiles correspondientes. De modo que si el escrito inicial fue presentado hasta el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se concluye que la acción constitucional fue instada en forma extemporánea, es decir, fuera del término de quince días hábiles previsto por la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 6/98, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 95, con registro digital 196930, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución". No pasa por alto que la parte quejosa en su escrito de demanda y diversos aclaratorios refirió, bajo protesta de decir verdad, haber tenido conocimiento de los actos reclamados el dos de mayo del año en curso, al revisar los edictos publicados en un periódico de circulación local y la posterior revisión física del expediente; sin embargo, conceder esa fecha como de conocimiento de los actos de molestia, sería tanto como dejar al arbitrio de las partes la fecha en que se hicieron sabedoras de los actos que deseen reclamar a través del juicio de amparo indirecto, pasando por alto las leyes procesales correspondientes. Máxime que ha quedado acreditada la fecha en que compareció la aquí quejosa al procedimiento de origen. Aunado a que la propia demandada, en cumplimiento al requerimiento hecho por el Juez responsable en el procedimiento de remate, exhibió el avalúo que a su parte corresponde, lo que daría lugar a una derivación de consentimiento. Por las razones que contiene, se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, con registro digital 2004274, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: ´PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.´, la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: ´EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.´, en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Ahora, habiendo comparecido la quejosa al juicio natural, así como teniendo conocimiento cabal del asunto, es inconcuso que perdió tal calidad de tercera extraña equiparada. Por ende, estaba facultada para agotar los recursos ordinarios contra la falta de notificación del acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, así como debía sujetarse a las reglas ordinarias de procedencia del amparo. Luego, respecto de la falta de notificación del proveído referido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, porque debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones, porción normativa que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Lo anterior indica que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen, entre otras, resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la Ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. En efecto, en contra de la omisión de notificación que se analiza en este apartado, es procedente el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 319 y 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, los cuales refieren lo que sigue: "Artículo 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. Artículo 320.- No obstante lo dispuesto en el título anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." Tales numerales establecen que en caso de que las notificaciones no sean practicadas conforme a las reglas correspondientes, se concederá como un medio de defensa para las partes el incidente de nulidad ante la práctica contraria a derecho de cualquier actuación. En ese entendido se tiene que, si la amparista pretende impugnar en la presente vía constitucional la omisión de notificarle el proveído de trece de abril del año en curso, la improcedencia resulta actualizada, toda vez que no se agotó el incidente de nulidad de actuaciones como medio de defensa, con el cual la quejosa pudo obtener la nulidad de la actuación que refiere se le notificó indebidamente, o bien, no se le notificó. Por tanto, como parte en el juicio, la quejosa debió promover antes de acudir a la presente vía, el incidente de nulidad de actuaciones, sin que se esté en alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que establece la propia fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya transcritos. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número I. 6o.C.J/37, consultable en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 187016, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Por otro lado, también se configura la diversa hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo, a contrario sentido, porque los actos dentro del remate son intermedios y no los últimos, porque no ordenan escriturar ni entregar el inmueble. Tales artículos refieren lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra los actos verificados en etapa de ejecución de sentencia, únicamente cuando se trate de la última resolución de dicha fase ejecutiva; es decir, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Los anteriores razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia emitida por contradicción de tesis P./J. 32/2001 (9a.), de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ´ÚLTIMA RESOLUCIÓN´, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la ´última resolución´ que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se concluye que por regla general, los actos dictados o verificados en ejecución de sentencia sólo pueden reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de garantías indirecto cuando el acto reclamado, aún dictado en la etapa de ejecución, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; o bien, cuando se vulneren derechos sustantivos de los intervinientes. Así, también, se estableció que el contenido de la fracción IV, del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, y su aplicación respecto a la hipótesis que se analiza, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencias que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía dicha fracción para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin que dicha aplicación permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos de ejecución que entrañen violaciones procesales relevantes cometidas durante la fase ejecutiva de que se habla. En el caso la quejosa reclama actuaciones relativas al procedimiento de remate del inmueble embargado en el juicio de origen, precisado con antelación, particularmente, se duele del auto de trece de abril de dos mil veintitrés, que señaló hora y fecha para la celebración del remate del referido bien, en su primera almoneda. De lo anterior se concluye tales actos reclamados dictados dentro de la etapa de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 421/2022, de la estadística del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, implica que se trata de actuaciones que guardan relación directa con el procedimiento que se sigue para lograr el cumplimiento de lo sentenciado, pues el proveído en que se señala hora y fecha para la primera almoneda, necesariamente tiene como consecuencia el que se continúe con los trámites necesarios para la propia fase de ejecución. Sin embargo, no constituye el acto definitivo al que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, no es la resolución que pone fin a esa etapa, declarando cumplida la sentencia definitiva, o bien, determinando la imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento, ni siquiera una resolución que guarde autonomía respecto de la ejecución de sentencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, con registro digital 2011474, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Al igual que la diversa sustentada por la misma Primera Sala, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 110, con registro digital 2020631, de contenido siguiente: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo". Ahora, por la amplitud del contenido de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que dicha disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la también invocada fracción IV, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos exclusivamente cuando: a) El acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Esto es, el acto que se reclame en la etapa de ejecución deberá reunir esas dos características; afectar directamente algún derecho sustantivo, estar desvinculado con lo resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta, o lo que es lo mismo, que no sea consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; ello, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Sin embargo, se insiste, la parte quejosa pretende reclamar, particularmente, el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia de remate en su primera almoneda, respecto del inmueble de su propiedad, el cual fue embargado en el juicio de origen, por lo que se considera que no se trata de un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Los anteriores razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia emitida por contradicción de tesis P./J. 32/2001 (9a.), del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, con registro digital 163152, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En tal virtud, al haberse actualizado las hipótesis de improcedencia anunciadas, con fundamento en lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en los autos del juicio promovido por ********************, por propio derecho. En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación, hechos valer por la parte peticionaria del amparo, ya que al haberse actualizado las causales de improcedencia en el presente juicio, impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/15, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992, página 115, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". De igual manera, sin que haya lugar a formular un estudio de los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, así como por la tercera interesada, en virtud que de conformidad con la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los alegatos no forman parte de la litis en el juicio de amparo. Criterio publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, página 14, Octava Época, con registro digital 205449, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos reclamados a la Jueza y Actuario del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de mayo del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el cual por razón de turno se recibió en este órgano jurisdiccional el mismo día, ******************** promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Además, la quejosa precisó como transgredido en su perjuicio los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Previo desahogo de diversas prevenciones, en las que, entre otras cosas, la quejosa amplió su demanda y señaló una nueva autoridad como responsable, mediante proveído de veintiuno de junio anterior, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, requirió los informes justificados correspondientes, dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Blanca Leticia Villaseñor Cortés -quien alegó en este juicio- y, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual fue celebrada en términos del acta que precede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente por razón de materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 49, en relación con el 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior toda vez que la quejosa, ostentándose tercera extraña, reclama actos de autoridades jurisdiccionales, ejecutables dentro del territorio en que ejerce jurisdicción este tribunal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, atendiendo también a la causa de pedir- y demás constancias allegadas al sumario. La quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación al juicio ejecutivo mercantil 421/2022, de la estadística del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, promovido por la aquí tercera con interés Blanca Leticia Villaseñor Cortés, frente a la quejosa, y reclama lo siguiente: a) De la Jueza responsable, todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, a partir del emplazamiento correspondiente, lo que culminó con la fase de ejecución de sentencia y, posteriormente, con el acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, dentro del procedimiento de remate del inmueble de su propiedad, relativo a la casa habitación ubicada en calle Nardo número 670, lote 26, manzana A, colonia actual El Porvenir, en esta ciudad; b) Al Actuario adscrito al citado órgano jurisdiccional, la diligencia de emplazamiento practicada aparentemente con la propia demandada, el veinticinco de mayo de dos mil veintidós; y, c) La falta de notificación del acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. De los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se obtiene que aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen, respectivamente. Además, lo anterior se corrobora con las constancias que remitieron junto con sus informes justificados, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197, 200 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ese motivo, no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento sobre el alegato vertido por la Fiscal de la Federación adscrita, en el sentido de que las autoridades negaron la existencia de los actos que se les atribuyen y que ante dicha inexistencia debe sobreseerse en el presente juicio. CUARTO. Antecedentes. De las constancias remitidas por las autoridades responsables se desprenden los siguientes antecedentes sustanciales: 1. La aquí tercera interesada, a través de sus endosatarios en procuración, promovió juicio ejecutivo mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa frente a la quejosa; procedimiento identificado con el consecutivo 421/2022 y admitido a trámite en proveído de dos de mayo anterior; asimismo, en esa actuación se ordenó emplazar a la accionada; 2. En cumplimiento a dicha orden de llamado a juicio, el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, el fedatario responsable se constituyó en el domicilio proporcionado como el de la buscada y, al no encontrarse, dejó citatorio en poder de Miriam Edith Rosas Cruz, quien refirió bajo protesta de decir verdad ser hermana de la demandada, para que esperara al Actuario a las diecisiete horas con treinta minutos del veinticinco próximo; 3. Llegada la hora y fecha del citatorio, el fedatario responsable, asentó que entendió la diligencia de que se trata con la propia demandada, quien se identificó con la credencial para votar con clave de elector RSCRPT88123116M200, firmó el acta de la diligencia, así como la razón de recepción de las copias de traslado de la demanda, de la cédula de notificación y de la misma acta, al igual que la razón referente a estar enterada del término que tenía para dar contestación a la acción entablada en su contra. Incluso, del contenido del acta se advierte que habría reconocido el adeudo con la actora, pero no por la cantidad que se le requirió; también, dada la falta del pago de lo reclamado, se embargó un bien inmueble su propiedad ubicado en calle Nardo número 670, lote 26, manzana A, colonia actual El Porvenir, en esta ciudad; y se le designó a esta última como depositaria judicial; 4. Llevada a cabo la secuela procesal, sin que la reo hubiera contestado la demanda u ofertado pruebas, ni comparecido, el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva, en la que se resolvió lo siguiente: "(.) PRIMERO. Este Juzgado resultó competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio. SEGUNDO. En consecuencia, se declara procedente la acción cambiaria directa que en la vía Ejecutiva Mercantil ejercitaron Jorge Alberto Cortés Pérez, Jorge Cortés Arredondo y Abel Cortés Arredondo, endosatarios en procuración de Blanca Leticia Villaseñor Cortés, frente a ********************, a quien se condena al pago de $278,000.00 doscientos setenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de suerte principal, así como a cubrir los intereses moratorios a razón del 1.70% uno punto setenta por ciento mensual, sobre la suerte principal respecto del pagaré accionado (localizable a foja 5 del expediente), a partir del 18 dieciocho de abril de 2021 dos mil veintiuno (día siguiente al vencimiento del pagaré), hasta la total solución del presente asunto; reservándose su cuantificación para la etapa de ejecución de sentencia conforme a lo dispuesto en el numeral 1330 del Código de Comercio. TERCERO. Se ordena hacer trance y remate sobre el bien inmueble embargado en autos a la parte demandada, y con su producto pago a la acreedora de las prestaciones a que resultó condenada la parte demandada. CUARTO. No se hace especial condena en constas de esta instancia. (.)" 5. Previa solicitud elevada por la parte actora, en actuación de ocho de septiembre de dos mil veintidós, la sentencia se declaró ejecutoriada por ministerio de ley y se requirió a la contraparte para que dentro del término de tres días cumpliera de forma voluntaria con la misma, bajo apercibimiento que de no hacerlo se haría de manera forzosa; 6. Los endosatarios en procuración de la actora instaron planilla de liquidación, incidencia resuelta el quince de noviembre de dos mil veintidós, bajo los siguientes puntos resolutivos: "(.) PRIMERO. Ha quedado surtida la competencia de este Tribunal para conocer y resolver la presente cuestión incidental. SEGUNDO. La parte actora, por conducto de sus endosatarios en procuración, acreditaron parcialmente los hechos conformantes del incidente de planilla de liquidación que formularon; en tanto que, la parte demandada e incidentada, nada expuso al respecto; en consecuencia, TERCERO. Se declara procedente dicha incidencia, condenándose a la parte demandada ********************, a pagar en favor de la parte actora, en ejecución de sentencia la cantidad de $80,342.00 ochenta mil trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de -interés moratorio-, en los términos que se desglosan en el considerando segundo del presente fallo. (.)" 7. En proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, a petición de la promovente de este amparo, se fijaron las doce horas con treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo una junta de conciliación, dado su interés en llegar a una solución pacífica y directamente con la actora; 8. En la hora y fecha señaladas para la conciliación, comparecieron ante el personal del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el endosatario en procuración de la actora y la demandada ********************, esta última quien se identificó con credencial para votar con misma clave de elector con la que aparentemente se identificó al momento de la diligencia de emplazamiento, documento del cual se dejó copia en tales autos, sin que hubieren alcanzado algún acuerdo conciliatorio; 9. En auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se acordó de manera favorable la solicitud elevada por la parte actora y se ordenó el remate del inmueble embargado en autos, por lo que se requirió a las partes para que exhibieran su avalúo; 10. Por escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintitrés, por segunda ocasión, la demandada y aquí quejosa solicitó una audiencia de conciliación como mecanismo alternativo de solución de controversia, para llegar a un acuerdo de manera directa con la actora, toda vez que a la anterior junta compareció su endosatario en procuración; para lo cual se fijaron las doce horas del veintisiete de enero de la presente anualidad; 11. En atención al requerimiento indicado en el punto 9 de estos antecedentes, el veinte de enero de este año, la demandada exhibió el avalúo del inmueble de su propiedad, a fin de que sea tomado en consideración en la etapa de ejecución de sentencia, particularmente, dentro del procedimiento de remate del propio bien; 12. En la hora y fecha de la segunda audiencia de conciliación, en presencia del personal del órgano jurisdiccional responsable, comparecieron personalmente las partes contendientes, sin que hubieren logrado convenir; 13. Previa solicitud de la parte actora, en auto de trece de abril de esta anualidad, se señalaron las once horas del treinta de mayo siguiente, a fin de que tuviera verificativo la audiencia de remate en su primera almoneda, respecto al inmueble embargado en el juicio de origen; desahogada dicha diligencia, no se logró rematar el bien; y, 14. Finalmente, también previa petición de la parte actora, en proveído de seis de junio del año en curso, se señalaron las once horas del ocho de agosto actual, para el verificativo de la segunda almoneda correspondiente. QUINTO. Causas de improcedencia. Quien suscribe estima que en el caso se actualizan diversas causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; en primer lugar, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el emplazamiento que le fue realizado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por los motivos que enseguida se exponen: De inicio, es necesario transcribir los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 62, todos de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 61. [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". De una interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio. También que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo los diversos casos de excepción previstos por la ley de la materia; y, que los términos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora, en la demanda de amparo se obtiene que el presente juicio fue promovido por ********************, por propio derecho, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Asimismo, en las constancias relativas al acto reclamado, sin siquiera analizar la diligencia de emplazamiento, se obtiene como fecha en que la aquí quejosa se ostentó sabedora de los actos reclamados, al menos, desde el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, fecha en que se le tuvo solicitando una primera junta de conciliación, como medio alternativo de solución de controversia. En efecto, como se hizo mención en los antecedentes narrados previamente, se acordó de manera favorable la petición de la aquí quejosa desde la fecha citada en el párrafo que precede; incluso, la diligencia de conciliación pedida se desahogó el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós ante la presencia de la propia quejosa, quien se identificó con la credencial para votar con el mismo folio de elector con la que se habría identificado al momento del emplazamiento. Luego, los supuestos previstos por la Ley de Amparo para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda son los siguientes: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Lo expuesto hasta aquí patentiza que, con fundamento en lo previsto por el artículo 17 de la ley de la materia, el término para la presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, en el que la quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación al juicio de origen, comenzó a correr el veinticuatro de noviembre y feneció el catorce de diciembre de dos mil veintidós, descontándose de ese término los días inhábiles correspondientes. De modo que si el escrito inicial fue presentado hasta el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se concluye que la acción constitucional fue instada en forma extemporánea, es decir, fuera del término de quince días hábiles previsto por la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 6/98, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 95, con registro digital 196930, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución". No pasa por alto que la parte quejosa en su escrito de demanda y diversos aclaratorios refirió, bajo protesta de decir verdad, haber tenido conocimiento de los actos reclamados el dos de mayo del año en curso, al revisar los edictos publicados en un periódico de circulación local y la posterior revisión física del expediente; sin embargo, conceder esa fecha como de conocimiento de los actos de molestia, sería tanto como dejar al arbitrio de las partes la fecha en que se hicieron sabedoras de los actos que deseen reclamar a través del juicio de amparo indirecto, pasando por alto las leyes procesales correspondientes. Máxime que ha quedado acreditada la fecha en que compareció la aquí quejosa al procedimiento de origen. Aunado a que la propia demandada, en cumplimiento al requerimiento hecho por el Juez responsable en el procedimiento de remate, exhibió el avalúo que a su parte corresponde, lo que daría lugar a una derivación de consentimiento. Por las razones que contiene, se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, con registro digital 2004274, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: ´PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.´, la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: ´EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.´, en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Ahora, habiendo comparecido la quejosa al juicio natural, así como teniendo conocimiento cabal del asunto, es inconcuso que perdió tal calidad de tercera extraña equiparada. Por ende, estaba facultada para agotar los recursos ordinarios contra la falta de notificación del acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, así como debía sujetarse a las reglas ordinarias de procedencia del amparo. Luego, respecto de la falta de notificación del proveído referido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, porque debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones, porción normativa que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Lo anterior indica que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen, entre otras, resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la Ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. En efecto, en contra de la omisión de notificación que se analiza en este apartado, es procedente el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 319 y 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, los cuales refieren lo que sigue: "Artículo 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. Artículo 320.- No obstante lo dispuesto en el título anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." Tales numerales establecen que en caso de que las notificaciones no sean practicadas conforme a las reglas correspondientes, se concederá como un medio de defensa para las partes el incidente de nulidad ante la práctica contraria a derecho de cualquier actuación. En ese entendido se tiene que, si la amparista pretende impugnar en la presente vía constitucional la omisión de notificarle el proveído de trece de abril del año en curso, la improcedencia resulta actualizada, toda vez que no se agotó el incidente de nulidad de actuaciones como medio de defensa, con el cual la quejosa pudo obtener la nulidad de la actuación que refiere se le notificó indebidamente, o bien, no se le notificó. Por tanto, como parte en el juicio, la quejosa debió promover antes de acudir a la presente vía, el incidente de nulidad de actuaciones, sin que se esté en alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que establece la propia fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya transcritos. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número I. 6o.C.J/37, consultable en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 187016, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Por otro lado, también se configura la diversa hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo, a contrario sentido, porque los actos dentro del remate son intermedios y no los últimos, porque no ordenan escriturar ni entregar el inmueble. Tales artículos refieren lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra los actos verificados en etapa de ejecución de sentencia, únicamente cuando se trate de la última resolución de dicha fase ejecutiva; es decir, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Los anteriores razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia emitida por contradicción de tesis P./J. 32/2001 (9a.), de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ´ÚLTIMA RESOLUCIÓN´, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la ´última resolución´ que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se concluye que por regla general, los actos dictados o verificados en ejecución de sentencia sólo pueden reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de garantías indirecto cuando el acto reclamado, aún dictado en la etapa de ejecución, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; o bien, cuando se vulneren derechos sustantivos de los intervinientes. Así, también, se estableció que el contenido de la fracción IV, del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, y su aplicación respecto a la hipótesis que se analiza, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencias que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía dicha fracción para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin que dicha aplicación permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos de ejecución que entrañen violaciones procesales relevantes cometidas durante la fase ejecutiva de que se habla. En el caso la quejosa reclama actuaciones relativas al procedimiento de remate del inmueble embargado en el juicio de origen, precisado con antelación, particularmente, se duele del auto de trece de abril de dos mil veintitrés, que señaló hora y fecha para la celebración del remate del referido bien, en su primera almoneda. De lo anterior se concluye tales actos reclamados dictados dentro de la etapa de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 421/2022, de la estadística del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, implica que se trata de actuaciones que guardan relación directa con el procedimiento que se sigue para lograr el cumplimiento de lo sentenciado, pues el proveído en que se señala hora y fecha para la primera almoneda, necesariamente tiene como consecuencia el que se continúe con los trámites necesarios para la propia fase de ejecución. Sin embargo, no constituye el acto definitivo al que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, no es la resolución que pone fin a esa etapa, declarando cumplida la sentencia definitiva, o bien, determinando la imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento, ni siquiera una resolución que guarde autonomía respecto de la ejecución de sentencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, con registro digital 2011474, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Al igual que la diversa sustentada por la misma Primera Sala, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 110, con registro digital 2020631, de contenido siguiente: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo". Ahora, por la amplitud del contenido de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que dicha disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la también invocada fracción IV, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos exclusivamente cuando: a) El acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Esto es, el acto que se reclame en la etapa de ejecución deberá reunir esas dos características; afectar directamente algún derecho sustantivo, estar desvinculado con lo resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta, o lo que es lo mismo, que no sea consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; ello, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Sin embargo, se insiste, la parte quejosa pretende reclamar, particularmente, el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia de remate en su primera almoneda, respecto del inmueble de su propiedad, el cual fue embargado en el juicio de origen, por lo que se considera que no se trata de un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Los anteriores razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia emitida por contradicción de tesis P./J. 32/2001 (9a.), del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, con registro digital 163152, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En tal virtud, al haberse actualizado las hipótesis de improcedencia anunciadas, con fundamento en lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en los autos del juicio promovido por ********************, por propio derecho. En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación, hechos valer por la parte peticionaria del amparo, ya que al haberse actualizado las causales de improcedencia en el presente juicio, impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/15, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992, página 115, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". De igual manera, sin que haya lugar a formular un estudio de los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, así como por la tercera interesada, en virtud que de conformidad con la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los alegatos no forman parte de la litis en el juicio de amparo. Criterio publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, página 14, Octava Época, con registro digital 205449, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos reclamados a la Jueza y Actuario del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano