Patricia Ramos González

Expediente 25/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
25/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
22/06/2018

Partes del expediente

  • Presidente Municipal de la Ciudad de Morelia, Cd. y Otros.
  • Patricia Ramos González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    ...VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 25/2018, promovido por PATRICIA RAMOS GONZÁLEZ, por su propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, recibido por este Juzgado al día siguiente hábil, PATRICIA RAMOS GONZÁLEZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, respecto de los actos reclamados al Presidente Municipal de esta ciudad de Morelia, Michoacán y otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14,16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- ADMISIÓN DEMANDA.- Por razón de turno correspondió conocer de dicho libelo a este órgano jurisdiccional, quien previa su aclaración en proveído de veintiséis de enero del presente año, admitió la demanda de amparo, se registró el juicio con el número I-25/2018, para conocer de los actos reclamados al Presidente Municipal de esta ciudad de Morelia, Michoacán y otras autoridades; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y seguido el juicio por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que el quejoso, reclama los actos siguientes: La orden de aprehensión, reaprehensión, presentación, captura, detención, retención y arresto, así como su ejecución. La orden y ejecución verbal de impedir ejercer el comercio en la vía pública, en las calles que se encuentran aledañas al centro de esta ciudad. Orden y ejecución del decomiso, secuestro, retención, desposesión de su mercancía. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La totalidad de las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados hechos consistir en la orden de aprehensión, reaprehensión, presentación, captura, detención, retención y arresto, así como su ejecución. Mientras que el Director de Movilidad Urbana de la Secretaría de Desarrollo Metropolitana e Infraestructura del Municipio de Morelia, Michoacán y la Comisión Municipal de Seguridad de la Policía Morelia, esta última en su denominación correcta de la señalada en el libelo constitucional como Comisario de Seguridad Pública del Municipio de Morelia, negaron también los actos reclamados consistentes en la orden y ejecución verbal de impedir ejercer el comercio en la vía pública, en las calles que se encuentran aledañas al centro de esta ciudad; y, la orden y ejecución del decomiso, secuestro, retención, desposesión de su mercancía. Negativas que se corroboran en virtud que la parte quejosa no aportó ningún elemento de convicción idóneo para desvirtuarlas y no existen pruebas agregadas en autos de las que se pueda advertir la existencia de esos actos que la parte quejosa atribuye a las autoridades responsables en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K, con los datos de publicación, rubro y texto que a continuación se transcriben: "Época: Novena Época Registro: 187728 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.A.4 K Página: 903 PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." Lo anterior es así, pues la quejosa sólo ofreció como prueba audiovisual la contenida en el DVD, que anexó a su escrito aclaratorio del veinticuatro de enero de este año, una vez reproducido el mismo, no se advierte que las responsables hubieren intentado ejecutar los actos que se les reclaman en contra de la hoy quejosa; pues sólo se observa a una persona con camisa blanca, con el logo del Ayuntamiento, acompañado de otra persona con suéter negro y tres elementos de la policía municipal de esta ciudad de Morelia, donde al parecer la persona del Ayuntamiento y la que viste suéter negro, forcejean con la mujer que portaba dos cubetas con producto alimentario, cuyo contenido no se alcanza a distinguir claramente, se observa que la persona que viste suéter negro tira el contenido de una de las cubetas en la vía pública, mientras se retira del lugar junto con los elementos de la policía municipal y la que viste camisa con logo del Ayuntamiento, mientras que la otra cubeta con el producto era portada por una de las policías ministeriales. A dicha prueba se le concede valor probatorio de indicio, dada la facilidad con la cual puede ser manipulada. Sirve de sustento, en lo conducente la tesis: "Época: Décima Época Registro: 2008744 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III Materia(s): Laboral Tesis: IV.3o.T.26 L (10a.) Página: 2551 VIDEOGRABACIONES. SU VALOR PROBATORIO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. El artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, estatuye que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, destacando entre éstos la fracción VIII, referida a las fotografías y, en general, a aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que en la actualidad, muchas de las empresas, por seguridad para un manejo más eficaz en el desempeño de sus actividades cotidianas, se valen del empleo de determinados descubrimientos de la ciencia como son ciertos sistemas audiovisuales basados en medios digitales o electrónicos que sirven para dejar constancia de lo acontecido, entre ellos, la cámara de video, la cual, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, consiste en un: "Aparato portátil que registra imágenes y sonidos y los reproduce."; las que pueden ser almacenadas y preservadas en un registro o soporte electrónico. Además, todo lo ahí contenido logra reproducirse mediante grabaciones en formatos digitales conocidos comúnmente como "DVD", entre otros. Consecuentemente, las videograbaciones deben considerarse como pruebas en el procedimiento laboral porque son herramientas electromagnéticas que constituyen avances tecnológicos de la ciencia; no obstante lo anterior, una vez que son extraídas del lugar donde se encuentran almacenadas, por sí solas, no constituyen prueba plena, sino únicamente un indicio porque, por su naturaleza, son susceptibles de ser manipuladas por los encargados de copiar las grabaciones y, por ello, requieren estar reforzadas o adminiculadas con otra probanza. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 460/2014. María Elena Sepúlveda Montelongo. 3 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Myrna Gabriela Solís Flores, secretaria de tribunal autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos del artículo 26, párrafo segundo, en relación con el 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: M. Gerardo Sánchez Cháirez. Esta tesis se publicó el viernes 20 de marzo de 2015 a las 9:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Sin embargo, como ya se dijo el aludido medio de convicción no es suficiente para demostrar la existencia de los actos reclamados, a las responsables citadas en este considerando, pues la reproducción del mismo sólo constituiría un indicio de los hechos contenidos en él, sin siquiera contar con algún otro medio de convicción que permita a este juzgador identificar como la quejosa a la persona a la cual, según se advierte en el video le es retirada en la vía pública la mercancía contenida en dos cubetas; menos aún se advierte que las responsables hayan dictado alguna orden de aprehensión, reaprehensión, presentación, captura, detención, retención y arresto, ni que se hubiere ejecutado alguna de ellas en contra de la hoy quejosa. Por tanto, como la parte amparista no aportó prueba alguna que desvirtúe la negativa de las autoridades responsables, cobra firmeza el contenido de su informe justificado y en consecuencia, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que hace a las autoridades en comento y respecto de los actos que se les atribuye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Director de Mercados (RODOLFO BUCIO RUIZ), Jefe de Departamento de la Dirección de Mercados (TARCICIO RUIZ VEGA) y Jefe de Departamento de Comercio en la Vía Pública, (J. GUADALUPE PÉREZ GUTIÉRREZ), todos del Ayuntamiento de esta ciudad de Morelia, aceptaron la existencia de los actos precisados en los incisos b) y c) del considerando segundo de esta resolución, consistentes en: La orden y ejecución verbal de impedir ejercer el comercio en la vía pública, en las calles que se encuentran aledañas al centro de esta ciudad; y, La orden y ejecución del decomiso, secuestro, retención, desposesión de su mercancía. Lo anterior se corrobora, con el contenido de las documentales que el Director de Mercados adjuntó a su informe justificado y de la copia certificada del oficio número 013/2018, exhibido el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, a solicitud de este juzgado, suscrito el once de enero del año en curso, por el Director de Mercados, a través del cual solicitó al Jefe de Departamento de la Dirección de Mercados (TARCICIO RUIZ VEGA), instruyeran a personal a su cargo para que realizaran recorridos en la vía pública del centro histórico de esta ciudad de Morelia y resguardaran los productos de los ciudadanos que sean encontrados desarrollando indebidamente la actividad comercial, conforme a lo establecido por los artículos 34 fracción XVII, 121, 122, 124 y 127 del Reglamento Para la Centrales de Abasto, Mercados Públicos Municipales, Plazas Comerciales y Comercio en la vía pública del Municipio de Morelia. De igual forma, obra copia certificada de un acta levantada el quince de enero de dos mil dieciocho, por Inspectores de la Dirección de Mercados del Ayuntamiento de Morelia, de donde se advierte que en la Avenida Madero de esta ciudad de Morelia, encontraron a una comerciante de frituras, quien no quizo proporcionarles su nombre, quienes una vez identificados ante dicha persona, le informaron que se le encontró ofertando en la vía pública del centro histórico de esta ciudad, sin permiso por parte de la Dirección de Mercados, procedían a retirar de la vía pública la mercancía (cubetas-cacahuate). Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." Al respecto, se estima que en el presente juicio de garantías se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en atención a que la quejosa carecen de interés legítimo para acudir al presente juicio de amparo. Ahora bien, para poder analizar la propuesta de improcedencia de mérito, es preciso en principio conocer el contenido del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" La porción normativa antes reproducida establece el concepto de interés jurídico o legítimo para promover la acción constitucional contra actos, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Esto es, el artículo en cita establece que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. Ilustra lo anteriormente considerado, la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 141/2002, emitida por la Segunda Sala que dice: "Época: Novena Época Registro: 185377 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Diciembre de 2002 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 141/2002 Página: 241 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Contradicción de tesis 69/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de jurisprudencia 141/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre de dos mil dos.". Ahora bien, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo, el cual señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos por la ley. Este principio es requisito básico para que el juicio de derechos fundamentales pueda iniciarse, ya que sin la promoción del agraviado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, para que proceda el amparo y protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que infiere una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención. Entendiendo por daño o perjuicio en el juicio de amparo, la existencia de una violación a derechos humanos de una persona al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Agravio personal: Significa que el sujeto que intente la acción de amparo, debe ser precisamente el titular de los derechos subjetivos públicos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue a su favor. Agravio directo: Implica el quebranto de esos derechos directamente a su titular y a ninguna otra persona. Agravio objetivo: Significa que por medio del análisis que realice la autoridad de amparo, se encuentre que efectivamente se han violado los derechos humanos del quejoso. En ese orden de ideas, conforme al artículo 6° de la Ley de Amparo la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio, con motivo de la violación a sus derechos, al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Por ende, la afectación a un derecho legítimamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente, a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. La facultad de acudir en defensa de la violación a los derechos subjetivos constituye el interés jurídico. Por tanto, sólo tendrá interés jurídico para acudir al amparo aquella persona a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Es decir, el interés jurídico de una persona, surge cuando el acto reclamado se relaciona con su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto, persona física o moral, privada u oficial. De ese modo, si el acto o ley reclamada, no se refiere a los derechos contenidos en la esfera jurídica del quejoso, éste carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, en consecuencia, debe declararse la improcedencia del juicio. En conclusión, el interés jurídico, constituye un presupuesto de la acción constitucional de amparo, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, que debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Ley Suprema, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto. Sirven de sustento lo anterior por las razones que la contienen, la jurisprudencia que a continuación se reproduce: "Época: Octava Época Registro: 220965 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Diciembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: VI. 3o. J/26 Página: 117 INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 366/88. José Alvarez Gómez. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: María Guadalupe Herrera Calderón. Amparo en revisión 24/89. Epifania Tlaseca Jiménez. 14 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera. Amparo en revisión 96/90. Jesús Olivares Urcid. 2 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretario: José Manuel Torres Pérez. Amparo en revisión 152/91. Prócoro Bravo Zayas y otro. 13 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos. Amparo en revisión 222/91. Inmobiliaria Bárcena Arriola, S. A. 21 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Yolanda Ulloa de Rebollo. Secretario: José Manuel Torres Pérez.". Ahora bien, respecto al interés legítimo debe concebirse como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad, cuyas características que permiten identificarlo, son: a) si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante; b) está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo; c) debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular; d) el titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho; e) es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante; f) la anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Cobra aplicación al caso, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "Época: Décima Época Registro: 2003067 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a. XVIII/2013 (10a.) Página: 1736 INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Amparo en revisión 553/2012. Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. 14 de noviembre de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda. Amparo en revisión 663/2012. Marco Antonio Tinoco Álvarez. 21 de noviembre de 2012. Mayoría de tres votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda. Solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2012. Magistrados Integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 21 de noviembre de 2012. Mayoría de tres votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Juan Pablo Rivera Juárez. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 365/2013, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 5 de septiembre de 2013. Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 470/2013, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 2 de diciembre de 2013. Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 480/2013, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 12 de diciembre de 2013." Por otra parte, cabe decir que se ha entendido que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir y b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. De tal manera que tendrá legitimación sólo quien tenga interés jurídico y no cuando se tenga una mera facultad o potestad, o se tenga un interés simple, es decir, cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir. Por otro lado, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. En efecto, el interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Lo anterior es así, pues la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Tiene aplicación al caso, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2002812 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a. XLIII/2013 (10a.) Página: 822 INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Amparo en revisión 366/2012. Carlos Rubén Nobara Suárez. 5 de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 470/2013, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 2 de diciembre de 2013. Este criterio ha integrado la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), publicada el viernes 26 de agosto de 2016, a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016, página 690, de título y subtítulo: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE."". En la especie, cabe recordar que la impetrante de garantías, acude al presente juicio de amparo reclamando la orden de impedir el comercio en la vía pública en las calles que se encuentran aledañas al centro de la ciudad de Morelia, Michoacán y el decomiso, secuestro, retención desposesión de su mercancía. Ahora bien, resulta menester reproducir los numerales 3°, fracciones XVII, XXXIII y XXXIX, artículo 18, fracción XV, 34, fracción XVII, 121, 122, 124 y 127 del Reglamento para las Centrales de Abasto, Mercados Públicos Municipales, Plazas Comerciales y Comercio en la Vía Pública del Municipio de Morelia, Michoacán, los cuales disponen: "ARTÍCULO 3°. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: XVII. COMERCIO SEMIFIJO: La actividad comercial que se realiza en vía pública, en áreas de uso común, plazas y lugares públicos que se encuentren destinadas al libre tránsito peatonal y vehicular; mediante la instalación y retiro diarios de cualquier tipo de estructura no anclada ni adherida al suelo o a construcción alguna, que se emplea para ofertar los productos; XXXIII. PERMISO: Documento del registro y autorización expedido por la Dirección de mercados para efectuar el comercio en la vía pública; XXXIX. VÍA PÚBLICA: Espacio de uso común que se destina al libre tránsito peatonal o vehicular." "ARTÍCULO 18. La Dirección de Mercados tendrá las siguientes atribuciones: . XV. Otorgar permisos o tolerancias en el municipio, para ejercer la actividad comercial en vía pública fuera de las zonas restringidas o en las zonas donde previa valoración puedan ser ocupadas para tal fin y siempre cuando no sea competencia de la Coordinación Ejecutiva;" "CAPÍTULO V DE LAS PROHIBICIONES DE LOS LOCATARIOS Y COMERCIANTES DE LOS MERCADOS, PLAZAS COMERCIALES, TIANGUIS Y VÍA PÚBLICA ARTÍCULO 34. Queda estrictamente prohibido lo siguiente: XVII. La instalación de puestos fijos o semifijos en vía pública y el ambulantaje en las calles que delimitan al Centro Histórico de la Ciudad de Morelia;" "CAPÍTULO XIX DEL RETIRO Y ASEGURAMIENTO DE PRODUCTOS ARTÍCULO 121. Cuando se sorprenda en flagrancia comercializando productos no permitidos, como bebidas alcohólicas, explosivos, fuegos pirotécnicos, cigarros, animales, de manera clandestina u oculta, sin la Licencia, Permiso o tolerancia correspondiente, se procederá al aseguramiento de los mismos. ARTÍCULO 122. Cuando se trate de persona que se resista e insista en instalarse en lugar, espacio o local prohibido se procederá a asegurar los productos, realizando el retiro de los mismos y resguardándolos en el lugar que para el efecto designe la Dirección de Mercados. ARTÍCULO 124. Cuando se proceda al resguardo de productos perecederos, así se hará constar en el acta correspondiente y será responsabilidad del comerciante si no acude dentro de las veinticuatro horas siguientes inmediatas a solventar el problema originado. ARTÍCULO 127. Para efectos de la devolución de los productos asegurados se deberá cubrir previamente la multa correspondiente, y éstos sólo podrán ser entregados a la persona con quien se haya entendido la diligencia o su representante legal o bien a aquella persona que acredite la propiedad de los mismos." Del contenido del artículo 18, fracción XV, del Reglamento en cita se advierte que la Dirección de Mercados del Ayuntamiento de esta ciudad de Morelia, podrá expedir licencias a fin de que se efectúe la actividad comercial en la vía pública fuera de las zonas restringidas; y del artículo 34, fracción XVII del propio reglamento se advierte que está estrictamente prohibida la instalación de puestos fijos, semifijos en vía pública y el ambulantaje en las calles que delimitan al centro histórico de la ciudad de Morelia. Por su parte, cabe recordar que la parte promovente afirma haberse encontrado desempeñando la actividad de comercio ambulante en la zona centro histórico de la ciudad de Morelia, pues ello lo efectuaba en las calles Francisco I. Madero, Melchor Ocampo, Valladolid, Santiago Tapia, La Corregidora, calle Morelos Norte y Morelos Sur, Hidalgo, Abasolo, Pino Suárez, Álvaro Obregón, Vasco de Quiroga, Virrey Antonio de Mendoza, vendiendo botanas como cacahuates, pepitas, arándanos, frutas deshidratadas y pistaches. Sin embargo además de que como ya se vio, el Reglamento de mérito, dispone expresamente la prohibición de dicha actividad de comercio ambulante en las calles que delimitan el centro histórico de la ciudad de Morelia, Michoacán, la parte quejosa, no ofreció medio de convicción alguno para acreditar en su caso que el Director de Mercados del Ayuntamiento de dicha ciudad, le hubiere otorgado algún permiso para desempeñar dicha actividad y con ello demostrar el interés con que acude a la presente instancia constitucional. Lo anterior es así, pues el único medio de convicción que ofreció dentro del presente juicio de amparo lo es la prueba audiovisual contenida en el DVD, que anexó a su escrito aclaratorio del veinticuatro de enero de este año, del cual una vez reproducido, sólo se observa a una persona con camisa blanca, con el logo del Ayuntamiento, acompañado de otra persona con suéter negro y tres elementos de la policía municipal de esta ciudad de Morelia, donde al parecer la persona del Ayuntamiento y la que viste suéter negro, forcejean con la mujer que portaba dos cubetas con producto alimentario, cuyo contenido no se alcanza a distinguir claramente, se observa que la persona que viste suéter negro tira el contenido de una de las cubetas en la vía pública, mientras se retira del lugar junto con los elementos de la policía municipal y la que viste camisa con logo del Ayuntamiento, mientras que la otra cubeta con el producto era portada por una de las policías ministeriales. Consiguientemente, el anterior elemento probatorio, que ya fue valorado como indicio en considerandos precedentes, es inconducente para acreditar el interés con que se ostenta la peticionaria de garantías, esto es, que tenga interés jurídico o legítimo para controvertir los actos reclamados pues con ello no acredita se titular de permiso alguno para desempeñar la actividad de comercio ambulante en la zona que afirma la venía efectuando, máxime que el propio Reglamento dispone prohibición estricta de realizarlo en la zona ya identificada, por el cual se le ocasiones un agravio personal y directo. En efecto, la ahora parte justiciable no ofreció prueba idónea alguna por medio de la cual se diera certeza a este órgano jurisdiccional de que tal promovente efectivamente tuviera acreditada la personalidad jurídica en el procedimiento de origen y, por ello, los actos reclamados le ocasionan un perjuicio. En consecuencia, se actualiza lo previsto en el numeral 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de interés legítimo de la quejosa PATRICIA RAMOS GONZÁLEZ, procede sobreseer en el presente juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos precisados en el inciso b) del considerando segundo de esta resolución. Sin que el sobreseimiento decretado, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2002139 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. LXXXI/2012 (10a.) Página: 1587 DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y otro. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón." QUINTO.- ANÁLISIS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO c) DEL CONSIDERANDO SEGUNDO DE ESTA RESOLUCIÓN. En efecto, la parte quejosa también reclama la orden y ejecución de decomiso, secuestro, retención y desposesión de la mercancía ya mencionada en el considerando que antecede, respecto de la cual, como ya se vio, la autoridad responsable aceptó su existencia. Además de lo anterior, así se advierte del acta levantada el quince de enero de dos mil dieciocho, por los inspectores adscritos a la Dirección de Mercados, de la cual se observa asentaron en esencia que debido a haber encontrado a la ahora quejosa ofertando en la vía pública del centro histórico, sin permiso o tolerancia por parte de dicha Dirección, y con ello haber violado el contenido del artículo 47 del Reglamento para las Centrales de Abasto, Mercados Públicos, Municipales, Plazas Comerciales y Comercio en la Vía Pública en el Municipio de Morelia, procedió a retirar de la vía pública "Cubetas-Cacahuate", lo cual fue inventariado para ser depositado en las oficinas que ocupa esa Dirección e Mercados del Ayuntamiento de esta ciudad, informándole además a la afectada que quedaba a su disposición dicha mercancía, por el término de cinco días hábiles previa determinación de infracción, multa y realización de su pago, mismos que serían devueltos previa acreditación de la propiedad ya que tratándose de productos perecederos el interesado dispondría de veinticuatro horas siguientes e inmediatas a esa actuación para realizar las gestiones pertinentes y recoger su mercancía, comunicándole además que en caso de no acudir por la mercancía resguardada, esa autoridad municipal determinaría el destino de la misma, como lo señala el artículo 123, incisos a) y e) del Reglamento en cita. En relación con dicho acto procede negar el amparo solicitado pues debe atenderse al contenido de los artículos ya transcritos del Reglamento para las Centrales de Abasto, Mercados Públicos Municipales, Plazas Comerciales y Comercio en la Vía Pública del Municipio de Morelia, Michoacán, además del 47 y 123, incisos a) y e), los cuales disponen: "ARTÍCULO 47. Los permisos temporales que otorgue la Dirección de Mercados serán en razón de uno por vendedor. ARTÍCULO 123. El retiro de mobiliario, tales como estructuras metálicas, mesas, sillas, bancos, lonas, hules, lazos, alambres, tanques de gas, mangueras, reguladores, anafres, ollas, vaporeras, hieleras, accesorios de cocina, cajas, canastas, charolas, carros metálicos, triciclos, puestos fijos, semifijos, anuncios o letreros anexos a los citados objetos o cualquier otro objeto que invada la vía pública o zonas de uso común del municipio de Morelia, la autoridad Municipal los depositará en el lugar que estime conveniente, para que mediante el pago de la infracción correspondiente puedan los propietarios recogerlos en un término de 3 días, de no ocurrir así la Dirección de Mercados dispondrá de los mismos de siguiente manera: a) Tratándose de productos perecederos y no perecederos se donara la mercancía a lugares de asistencia social, albergues, casas hogares, asilos, escuelas o al DIF Municipal, para ayuda social. e) Tratándose de herramientas de trabajo y demás implementos que constituyan la estructura de los puestos y demás implementos se dispondrá de los mismos para su venta, donación o destrucción." Es decir, como ya se vio en el considerando que antecede, el artículo 3°, fracción XV de dicho Reglamento, para poder ejercer el comercio ambulante en la vía pública de este Municipio, fuera de las zonas restringidas, se deberá contar con un permiso que podrá otorgar la Dirección de Mercados del Ayuntamiento de esta ciudad. Ahora, si no se cuenta con dicho permiso el propio Reglamento faculta a la misma autoridad, para retirar o asegurar los productos respectivos, tal y como lo disponen los artículos 122, 123, incisos a) y e) y 124, ya transcritos en esta resolución. De manera que si como ya se vio, la ahora inconforme no demostró contar el permiso para realizar la actividad que afirma efectuaba en la zona ya señalada del centro histórico de esta ciudad, en la cual, además de lo anterior, existe disposición expresa en el numeral 34 del multicitado Reglamento, que prohíbe el ambulantaje en las calles que delimitan el Centro Histórico de Morelia, Michoacán, es indudable que el resguardo o aseguramiento que de su mercancía efectuó la aludida autoridad responsable, estuvo apegada a derecho, al haber actuado conforme a lo dispuesto por el Reglamento para las Centrales de Abasto, Mercados Públicos Municipales, Plazas Comerciales y Comercio en la Vía Pública del Municipio de Morelia. En consecuencia en relación con el acto en análisis procede negar el amparo solicitado. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por PATRICIA RAMOS GONZÁLEZ, contra los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo del presente fallo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTETE A PATRICIA RAMOS GONZÁLEZ, en contra de los actos y por las autoridades precisadas en el considerando quinto de esta sentencia, por los motivos expuestos en el mismo. TERCERO.- Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma GERARDO ORTÍZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, ESPERANZA FUENTES REYES.- Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta minutos, de este día, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, tomando en consideración que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia y que en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario Encargado del Despacho, solamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, por lo que no está en aptitud de celebrar la audiencia de ley; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Morales Pardo, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3765/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Fe*lsm.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. AUTORIDAD REMITE COPIA CERTIFICADA DE OFIO. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Director de Mercados del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a lo requerido en auto de once de abril del año en curso, remite copia certificada del oficio 013/2018, de once de enero pasado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable adjunta con el escrito que se provee, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/1114/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Ymch

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil dieciocho. SE DA CUENTA CON ESTADO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de quince de febrero de la presente anualidad, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Director de Mercados del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad; sin embargo, de las constancias que remitió con el mismo, se advierte que obra copia simple del oficio 013/2018, de once de enero pasado. Atento a lo anterior, requiérase al Director de Mercados del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente auto, remita copia certificada del oficio antes aludido, con el apercibimiento que de no hacerlo se impondrá en su contra una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Fe*lsm.

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