Patricia Reyes Arellano

Expediente 120/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
120/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Patricia Reyes Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con un escrito recibido mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, registrado bajo el folio 10639. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. SE DEVUELVEN DOCUMENTOS. Visto el escrito de cuenta, como lo solicita Oscar Alejandro Galena Corona, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos a que hace referencia, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos y la razón que se asiente. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida del Secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.

  2. Principal

    En diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, El suscrito Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: Que el plazo de diez días que contaba la parte quejosa para recurrir la sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio, transcurrió de la siguiente manera: Para la quejosa del veintisiete de julio al nueve de agosto del año en curso, toda vez que fue notificado electrónicamente en veintiséis de julio pasado; y, Para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, del veintiocho de julio al diez de agosto pasado, toda vez, que fue notificado personalmente el veintiséis de julio del año en curso. Sin que lo hicieren. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Con la certificación secretarial anterior, el Secretario da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no fue impugnada la sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio, por lo que, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ORDEN DE ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como que las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 3. VALORACIÓN. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente principal ES DESTRUIBLE EN UN PLAZO DE TRES AÑOS. Sin que sea el caso, ordenar a las partes que acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperar documentos originales, mucho menos realizar el apercibimiento respectivo; toda vez que de la revisión de las constancias del asunto, se advierte que no se exhibieron documentos de esa naturaleza. 3.1. De conformidad con el artículo 20, párrafo tercero, del referido acuerdo, una vez que cumpla tres años de archivo, en su oportunidad, destrúyase el presente cuaderno; esto es, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda; debiendo remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida del Secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.

  3. Principal

    C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Primero, fracción XI, Segundo, fracción XI, punto 3, y Cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto dictado por una autoridad distinta a la judicial con ejecución en la demarcación territorial donde este Juzgado ejerce su jurisdicción y competencia. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Del Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Delegación Michoacán; 2. Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Delegación Michoacán; 3. Jefe de Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Delegación Michoacán; y, 4. Subdelegado de Prestaciones Económicas, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Delegación Michoacán: ? El oficio No. SP/MICH/0188/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por las autoridades responsables señaladas en el capítulo anterior, y marcadas con los numerales 3 y 4, en el cumplimiento a la ejecutoria de fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del amparo indirecto 583/2021, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Cabe hacer la aclaración que el acto reclamado que señala la quejosa como: La omisión de emitir respuesta congruente, fundada y motivada al escrito solicitud de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, ante la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Delegación Michoacán, a fin de expedir y entregarle constancia en la que fehacientemente se establezca que se encuentra para efectos pensionarios en el Régimen del Artículo decimo Transitorio de la Ley del ISSSTE; corresponde a un concepto de violación de fondo que, de ser el caso, se estudiará más adelante. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al: Delegado Estatal; Subdelegado Estatal; Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene; y, Jefe de Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Delegación Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, pues al rendir su informe con justificación por conducto del Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del citado Instituto, así lo reconocieron. En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, las cuales gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, al tener carácter de documentales públicas por haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El ocurso de amparo fue promovido en tiempo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa quedó notificada personalmente del oficio que se duele el dos de febrero pasado; sin que existiera controversia al respecto. En esas condiciones, el plazo para la promoción del juicio de amparo transcurrió del siete al veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, con exclusión de los días; once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero siguiente, por ser inhábiles (sábados y domingos); y, el seis de febrero, por haber comprendido el primer lunes de febrero, en conmemoración del cinco de febrero. En consecuencia, si la demanda de amparo se depositó el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, como se advierte del sello de del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, es inconcuso que se promovió dentro del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. ESTUDIO SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Determinada la certeza de los actos reclamados, corresponde analizar la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que es una cuestión de orden público que debe de estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia de la omisión de referencia reclamada, no será sometida a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa virtud, este Juez Federal advierte, de oficio, que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que cesaron los efectos del acto reclamado, por sustitución procesal. En efecto, dicho precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En efecto, la fracción transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo dicho, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituyen los efectos del acto reclamado, no su subsistencia formal. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en estudio, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Ello tiene sustento, en la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, existen dos supuestos en los que se pueden destruir incondicionalmente los efectos del acto reclamado: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. En esos términos, cuando se dicta un acto que incide e interrumpe la vigencia del que es materia de reclamo en el juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia en análisis, pues al sustituir al primero destruye todos sus efectos. Apoya lo expuesto, la tesis 92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, del tomo XXX, diciembre de 2009, de la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 165870, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Así como la tesis 4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se halla en la página 2546, del libro 38, enero de 2017, del tomo IV, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2013461, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia". En efecto, dicha casusa de improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En atención a lo anterior, es inconcuso que la causa de improcedencia invocada acontece en el asunto particular, en virtud de que la parte quejosa reclama el oficio SP/MICH/0188/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del amparo indirecto 583/2021, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, aduciendo en su contra la omisión de las autoridades responsables, de dar contestación a su escrito de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno y presentado el treinta de junio siguiente, ante la Delegación Estatal de Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual solicitó la constancia en la que se estableciera que se encuentra en el régimen del artículo decimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahora bien, como el acto reclamado en este juicio es, precisamente, la contestación que dieron las autoridades responsables en el oficio mencionado en el párrafo que antecede, mismo que se emitió en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 583/2021, del índice de este Juzgado de Distrito, la cual, se concedió para los efectos siguientes: OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es a efecto que: I. El Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Delegación Michoacán y II. Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, de dicho Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: ? Dejen insubsistente el oficio SP/MICH/DAPE/1355/202, de cinco de julio de dos mil veintiuno, signado por el Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, emitan otro en el que se pronuncien de manera precisa congruente, completa, fundada y motivada sobre la solicitud contenida en el escrito de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno y presentado el treinta de junio siguiente, ante la Delegación Estatal de Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; esto es, indiquen en qué régimen pensionario se encuentra la derecho habiente, ahora quejosa. Hagan del conocimiento de la quejosa la determinación que emitan; esto es, se le notifique que de conformidad con la ley aplicable al caso.". Además, mediante proveído dictado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio de amparo 583/2021, de la estadística de este juzgado, se declaró cumplida la ejecutoria dictada dentro del referido juicio, sin excesos ni defectos. Inconforme con la determinación anterior, mediante escrito presentado el diecisiete de abril pasado, la parte quejosa promovió recurso de inconformidad; medio de impugnación que se tuvo por interpuesto en esa misma fecha. Del recurso de inconformidad, tocó conocer, por razón de turno, al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, el cual, por acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés del año en curso, lo radicó y admitió a trámite bajo el número 13/2023. Ahora bien, de la captura de información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), correspondiente al recurso de inconformidad 13/2023, del índice del citato Tribunal Colegiado, misma que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en sesión de trece de julio de dos mil veintitrés, se resolvió el referido recurso, mismo que fue engrosado el veinte de julio siguiente, como se desprende de la transcripción siguiente: .En contra de dicho proveído la parte quejosa interpuso inconformidad la que por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal y se registró con el número 13/2023. De lo anterior se concluye, que el efecto para el que se otorgó la protección constitucional fue para que la autoridad responsable dejara insubsistente el oficio SP/MICH/DAPE/1355/202 suscrito por el Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, emitiera otro en el que se pronunciara en forma precisa, congruente, completa, fundada y motivada sobre la solicitud de la quejosa contenida en escrito de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno; y le notificara la determinación que emitiera. En la inteligencia de que se concluyó que resultaba incongruente que en el oficio reclamado se le hubiera contestado a la quejosa se encontraba sin régimen, porque su sistema electrónico no detectó uno específico, precisando que los movimientos de baja e ingreso que tuvo derivados de una solicitud de corrección de datos que presentó el tres de junio de dos mil catorce se dieron en el transcurso que se encontraba en vigor la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que cuando realizó esa petición ya debía estar establecido el régimen previsto en el artículo décimo transitorio, puesto que a la fecha en que entró vigor la nueva ley estaba en servicio y cotizando al régimen de seguridad social del citado instituto; además manifestó bajo protesta de decir verdad que en el plazo que se le concedió para optar por cualquiera de los regímenes no solicitó formato alguno por lo que al no haber comunicado su elección se tuvo que haber aplicado el previsto en el artículo décimo transitorio. Asimismo, si la reforma entró en vigor el uno de enero de dos mil ocho que se prorrogó hasta el catorce de noviembre de ese año, y no el tres de junio de dos mil catorce los movimientos realizados en el sistema electrónico debieron reflejarse independientemente de la solicitud de corrección de datos. Así las cosas, bien puede establecerse que no se satisfizo la ejecutoria de amparo, y para corroborarlo basta destacar que en el pretendido cumplimiento se determinó que durante el proceso de elección de régimen pensionario realizado en los ejercicios dos mil siete y dos mil ocho la dependencia para la que labora la quejosa no certificó la información de conformidad con lo dispuesto en el Programa de Trabajo para la Determinación de los Años de Cotización de los Trabajadores afiliados al Instituto, a pesar que según información registrada en la base de datos única de derechohabientes se encontraba activa al treinta y uno de marzo de dos mil siete, hacía de su conocimiento que conforme al Compendio Sobre Aspectos Operativos en Materia de Afiliación y Vigente de Derechos emitida en uso de las facultades que el Estatuto Orgánico otorgó a la Dirección Normativa de Inversiones y recaudación, a efecto de actualizar el régimen de pensión se requería que: a) se encontraba en baja de la dependencia donde labora y comenzara el trámite de otorgamiento de la pensión que le corresponda; b) un escrito dirigido a la Delegación regional o Estatal correspondiente al domicilio en que solicitara la actualización de su regimiento de pensión con copia de su identificación oficial; y, original de la hoja de servicios con fecha de expedición no mayor a seis meses a partir de su emisión y la certificación de su dependencia de que estuvo vigente al treinta y uno de marzo de dos mil siete. Sugiriéndole que acudiera al área de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Representación Regional o Estatal para que reunidos los requisitos realizara el trámite y de acreditarse que estuvo vigente al treinta y uno de marzo de dos mil siete, ". el registro se marcará como régimen inactivo, el cual, para efectos de pensiones se lee como régimen de la ley anterior". Todo lo cual no es suficiente para colmar los extremos del fallo protector contrario a lo que se consideró en el auto recurrido. Se estima así, porque en la sentencia de amparo se determinó que en la fecha en que entró en vigor la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores estuvo en servicio activo y cotizando al régimen de seguridad, además que expuso bajo protesta de decir verdad que en el plazo concedido para optar por cualquiera de los regímenes no solicitó el formato correspondiente; es decir, al no haber comunicado su elección se le tuvo que haber aplicado el régimen previsto en el artículo décimo transitorio. Esto es, no debió responder que tenía que realizar una actualización de su información para que pudiera determinarse el régimen al que se encontraba afiliado. En esas condiciones, es dable considerar que la ejecutoria de amparo aún no se encuentra cumplida en su totalidad; y, por lo mismo, debe devolverse al Juzgado de Distrito a fin de que ordene la emisión del oficio en que se le precise su régimen de afiliación a la parte quejosa. Lo subrayado es nuestro. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja seiscientos cinco del libro doce, tomo uno, correspondiente al mes de noviembre del año dos mil catorce de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO.- El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Es fundada la inconformidad. Notifíquese; vuelvan los autos al lugar de su procedencia; y, en su oportunidad archívese el expediente. Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los ciudadanos Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Mario Oscar Lugo Ramírez, Fernando López Tovar y Darío Carlos Contreras Favila, en unión de la Secretaria de Tribunal Haydé Hernández Rentería, que autoriza y da fe, habiendo sido presidente el primero de los nombrados y relator el tercero, los que en términos de los artículos 184, segundo párrafo, y 188 primer párrafo, de la Ley de Amparo, firman electrónicamente la presente ejecutoria, hasta el día de hoy veinte de julio de dos mil veintitrés, por no haberse acordado adición ni reforma alguna.". Datos anteriores que, como se dijo, constituyen un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su arábigo 2, ya que derivan de un recurso de inconformidad cuya información se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); de ahí que resulte eficaz como medio probatorio para fundar la presente sentencia sin que resulte necesaria la certificación de las citadas constancias, pues se trata de una facultad que otorga la ley y que puede ejercer el operador jurídico para resolver una contienda jurisdiccional. Apoya a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2017123, página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Sobre ese contexto, se corrobora que respecto del acto reclamado en este amparo opera la sustitución, puesto que posteriormente a su reclamo, con motivo de la resolución que se pronunció al declarar fundado en el recurso de inconformidad 13/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo -derivado del juicio de amparo 583/2021, del índice de este juzgado-, quedará sin efecto alguno por la que se dicte en cumplimiento a dicha ejecutoria. Así pues, de la captura de información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), correspondiente al recurso de inconformidad 13/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, dentro del juicio de amparo 583/2021, del índice de este juzgado de Distrito, se desprende que el trece de julio de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, los Magistrados integrantes del aludido órgano colegiado, declararon fundado dicho medio de impugnación. Circunstancia anterior, que deja en evidencia que las omisiones de las autoridades responsables de dar contestación al escrito de la quejosa de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno y presentado el treinta de junio siguiente, ante la Delegación Estatal de Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual solicitó la constancia en la que se estableciera que se encuentra en el régimen del artículo decimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Así como el oficio SP/MICH/0188/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del amparo indirecto 583/2021, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan -acto reclamado-, ha dejado de surtir sus efectos y será sustituida procesalmente por la nueva determinación que se dicte en cumplimiento a la ejecutoria de trece de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, dentro del recurso de inconformidad 13/2023, y la nueva determinación incidirá en la vigencia y ejecutividad de la resolución aquí reclamada, lo cual impide su análisis de constitucionalidad. Esto es, no podría estudiarse en este juicio de amparo el acto reclamado al haber quedado sin efectos, en tanto que será sustituida inminentemente por la nueva determinación que dicte la responsable, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De modo que ha desaparecido la posible afectación causada a la parte quejosa, como si se le hubiera concedido el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse pronunciado la responsable en relación con la petición solicitada, lo cual se hizo de su conocimiento. En esas condiciones, se actualiza la causal advertida, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide entrar al estudio de fondo del asunto, en términos de la jurisprudencia sin número, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, del volumen 24, tercera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, que indica: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." ALEGATOS. No se soslaya que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, haya formulado los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por último, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de dicha ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Patricia Reyes Arellano, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, atribuido a las autoridades precisadas en el mismo considerando, por las razones expuestas en el correlativo quinto de esta resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    En veintiuno de julio de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un escrito, registrado bajo el folio 9340. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de julio de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE ESCRITO. Visto el escrito de cuenta signado por Oscar Alejandro Galeana Corona, autorizado de la quejosa, mediante el cual solicita la devolución del documento que acompaño en su escrito inicial de demanda, consistente en el oficio SP/MICH/0188/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés; atento a su contenido, dígasele que por el momento no ha lugar de proveer de conformidad, toda vez, que el diecisiete de mayo pasado se celebró la audiencia constitucional, quedando en estado de resolución los presentes autos. ********************Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deja a su disposición copia certificada de la constancia que indica, en su manuscrito de cuenta, a su costa, previa constancia se deje en autos; toda vez, que no indica que el documento que solicita sea estrictamente necesario para los trámites internos que indica.********************NOTIFÍQUESE.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.

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