Patricia Delgado Duarte
Expediente 672/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Patricia Delgado Duarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo recibidos electrónicamente vía SISE INTERCONEXIÓN, los cuales quedaron registrados bajo el folio 15254; además, se da cuenta con la razón suscrita por la actuaria de la adscripción encargada del asunto y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. DEVOLUCIÓN DE EXHORTO. Agréguese a los autos el oficio y anexo provenientes del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, devolviendo diligenciado el exhorto 251******************** (número de orden 786********************), que se envió para emplazar al presente juicio a la tercera interesada ********************, lo que aconteció el pasado veintitrés de noviembre, como se desprende de la lista de acuerdos del juzgado exhortado; en consecuencia, dese de baja y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno correspondiente. Sin que sea el caso acusar recibo, toda vez que el propio sistema lo genera. Por otro lado, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el homólogo oficiante adjunta a su oficio de cuenta la lista de acuerdos publicada el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, de la que se desprende que hace alusión a una diversa comunicación oficial, empero de la totalidad de la lista de acuerdos en cita publicada en el Consejo de la Judicatura Federal queda de manifiesto que llevó a cabo la publicación correcta del exhorto encomendado -por lo tanto se ordena recabar copia simple de dicha publicación para que sea agregada en autos. ESTADO PROCESAL. En otro tenor, del estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se advierte que en proveído de nueve de noviembre del año en curso, se ordenó a la actuaria de la adscripción encargada del asunto notificar a los terceros interesados ******************** y ********************, en el domicilio el ubicado en avenida ********************número ********************, en el Fraccionamiento ******************** en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, empero de lo anterior, de la razón actuarial que suscribe levantada se advierte la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la diligencia y llamar a juicio a los terceros interesados, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo, específicamente del juicio ejecutivo mercantil ********************, se advierte que los aludidos terceros interesados tienen señalado como domicilio procesal el ubicado en calle ******************** número ********************, en la Colonia ********************, en Morelia, Michoacán de Ocampo. SE ORDENA EMPLAZAMIENTO. En esa virtud, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto, vía SISE INTERCONEXIÓN, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, para que por su conducto ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio procesal indicado anteriormente y emplace a juicio a los multicitados terceros interesados, corriéndoles traslado con copia de la demanda de amparo, del auto admisorio y les requieran para que: a) Si lo consideran necesario, comparezcan al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos); b) En el acto de la diligencia o en el plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que, de no hacerlo, se le practicarán por lista las siguientes, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la habilitación de días y horas inhábiles para que el actuario notificador lleve a cabo la diligencia encomendada. Asimismo, se solicita de la manera más atenta, al órgano jurisdiccional exhortado que, lo devuelva a la brevedad, por la misma vía, para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a los terceros interesados ******************** y ********************. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
- Incidental
CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 48 en relación con el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. La parte quejosa hace consistir su reclamo en: "Señalo como acto reclamado la falta de llamamiento al juicio ordinario mercantil 996/2004, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo. De la autoridad indicada como ejecutora se reclama la ejecución material de haber llevado a cabo en calidad de autoridad exhortada, la ejecución de la orden de lanzamiento, entrega de inmueble a la señora ALEJANDRA ISAIS SERRATO en su calidad según eso de "dueña", privándome así del acceso a mi posesión y propiedad ya que incluso se cambió la combinación de chapas todo ello en relación al inmueble en la avenida Tepalcatepec número 40 de la unidad habitacional Infonavit los Pochotes de la ciudad de Apatzingán, Michoacán." (Sic). TERCERO. Interés suspensional. La parte quejosa acredita su interés suspensional, con la copia cotejada ante notario público de la sentencia definitiva de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en los autos que integran el juicio ordinario civil 178/2021, sobre prescripción positiva que promovió la quejosa frente a José Guerrero Valencia, en cuyo resolutivo tercero se declaró que la quejosa, de simple poseedora se ha convertido en legítima propietaria del inmueble que ahora defiende; así como con el contrato privado de arrendamiento que adjunta al escrito aclaratorio, celebrado el veinte de febrero del año en curso, entre la parte quejosa y José Guerrero Valencia. CUARTO. Norma, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Son ciertos los actos que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia y Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, pues así lo manifestaron al rendir su informe de ley, respectivamente. QUINTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL PETICIONADA. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: I. Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; II. Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; III. Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, IV. Las previsiones que el Juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: ? La petición de parte; ? La existencia de los actos reclamados. ? La naturaleza de los actos reclamados. ? La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión de los actos reclamados; y ? La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Orienta a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, XXVII.3o.J/2., de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". Siguiendo el orden lógico y secuencial, antes enunciado, se procede al análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión definitiva: El primer requisito se encuentra colmado, en virtud de que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, y por ende, existe la petición de parte agraviada. Asimismo, para la procedencia de la medida cautelar se requiere que los actos sean ciertos; por lo tanto el segundo de los requisitos se encuentra colmado, dado que, así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe previo, respectivamente. Luego, el tercero de los requisitos, en relación a que los actos reclamados sean susceptibles de ser suspendidos conforme a su naturaleza, de igual forma, se encuentra colmado, dado que los actos de que se duele la parte quejosa pueden ser suspendidos al tratarse de actos positivos con efectos permanentes susceptibles de ejecutarse. Respecto del cuarto requisito, tendente a que debe existir la afectación al interés jurídico o legítimo, también se encuentra colmado, toda vez que acreditó de manera indiciaria la titularidad sobre el bien inmueble ubicado en la avenida Tepalcatepec número 40 de la unidad habitacional Infonavit los Pochotes de la ciudad de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Por lo que ve al quinto de los extremos, resulta inconcuso que no se satisface lo que dispone el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, a que con el otorgamiento de la suspensión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En efecto, la jurisprudencia del Alto Tribunal establece que los conceptos de orden público e interés social, se encuentran estrechamente vinculados y ha concluido que se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, como se advierte de la jurisprudencia 8, publicada en la página 44, séptima época, informe 1973, parte II, Apéndice 1917-1995, tomo VI, primera parte, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917- 1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". Ahora, en el caso concreto, la promovente del amparo -quien se ostenta tercera extraña a juicio-manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que es una persona con sesenta y tres años de edad, que se ocupa de labores domésticas y es comerciante ambulante -abonera en perfumería-, con un ingreso que oscila entre los mil y mil quinientos pesos semanales y que percibía un ingreso por la renta del bien inmueble que defiende por la suma de $ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100). Asevera que, la ejecución de la orden de lanzamiento dictada el juicio ordinario mercantil 996/2004, tramitado ante el Juzgado Primero Civil de Morelia, Michoacán y ejecutada el pasado doce de septiembre del año en curso por el Juez Tercero en Materia Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, le causa perjuicio pues la priva del acceso al inmueble de su propiedad, sin haber sido oída ni vencida en juicio. En los antecedentes narrados en su demanda, refiere que en el mes de febrero del año en curso arrendó el bien inmueble materia del presente juicio a José Guerrero Valencia y Blanca Olivia Plancarte Manzo. Por otro lado, en data diez de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional, aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda 1295/2023 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la cual se admitió a trámite registrándose bajo el número 703/2023; misma, que fue promovida por José Guerrero Valencia y Blanca Olivia Plancarte Manzo, quienes señalan como tercera interesada a Patricia Delgado Duarte -quejosa en el presente juicio-, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo, dentro del Juicio Ordinario Mercantil número 996/2004 y, de cuyo contenido se desprende la tramitación previa de un diverso juicio de amparo 446/2017 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán y su revisión 10/2019, de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en Morelia, Michoacán, interpuesta en contra de la sentencia dictada en el referido amparo. De la ejecutoria que dictó la superioridad, en lo que interesa se destaca lo siguiente: (.) "Para evidenciar tal aserto citó algunos de los antecedentes que se desprenden de las constancias y que resultaron relevantes para sustentar el sentido de la resolución recurrida, señalando que: "Por escrito recibido el veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro en el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, los apoderados de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable demandaron en la vía ordinaria mercantil de José Guerreo valencia y de Blanca Olivia Plancarte Manzo el pago de diversas prestaciones (fojas 1 a 10 del cuaderno de pruebas). Después, por auto de uno de octubre de ese año el indicado Juzgado radicó el escrito de demanda bajo el expediente 996/2004; la admitió a trámite en la vía y forma propuestas; ordenó girar exhorto para emplazar a los demandados y se les corriera traslado con copias del escrito inicial de demanda y se decretó los apercibimientos de ley (foja 96 ídem). Luego, en ocurso presentado el cuatro de enero de dos mil cinco, Dante Ochoa Herrejón y Miguel Ángel Reyes Camacho en su calidad de apoderados de los demandados José Guerrero Valencia y Blanca Olivia Plancarte Manzo dieron contestación a la demanda inicial, para lo cual exhibieron el poder general para pleitos y cobranzas de trece de diciembre de dos mil cuatro otorgado ante el Notario Público Trece con ejercicio y residencia en Morelia, Michoacán, y cuya autenticidad se declaró en el incidente planteado en el presente juicio, lo que conlleva como consecuencia lógica que todos los actos celebrados en representación de José Guerrero Valencia y de Blanca Olivia Plancarte Manzo sean ciertos y válidos. Con lo anterior tuvo por evidenciado que contrario a lo manifestado por los disconformes José Guerrero Valencia y Blanca Olivia Plancarte Manzo no les asiste el carácter de terceros extraños por equiparación con el que instaron el juicio de derechos fundamentales, tal como quedó evidenciado de los antecedentes relatados, en virtud de que éstos comparecieron como parte demandada al procedimiento ordinario, toda vez que contestaron la demanda, ofrecieron en la etapa procesal oportuna los medios de prueba que consideraron pertinentes para acreditar su pretensión (fojas 227 a 230 del cuaderno de pruebas) e, incluso, interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia (foja 260)." De ahí era factible concluir que los inconformes tenían pleno conocimiento de las actuaciones que involucraban su llamamiento al contradictorio natural; circunstancia que les impedía acudir a esa instancia constitucional con el aludido carácter. " Lo que se toma, como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; así como, con apoyo en la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País del rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)" Una vez establecido lo anterior, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida; por lo que, se encuentra encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. Por tanto, dicho procedimiento de ejecución, es de orden público e interés social, la razón de ello es impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, ya que la misma, es el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, por tanto, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible, pues de no ser así, se impide el cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia y la tutela judicial efectiva, pues con ello se evita que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. El interés social en que las sentencias se ejecuten resulta de tal magnitud que, inclusive el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, pues éste sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento y de manera excepcional cuando se afectan derechos sustantivos de los promoventes que sean ajenos a la cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que aduce, la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284, con registro digital 2018637, de rubro y texto: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos." De igual forma, por no contravenir las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia la jurisprudencia 1ª./J.28/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, con número de registro 164639, que señala: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio". Así como la diversa jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, Novena Época, con número de registro 163152, que señala "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Establecido lo anterior, queda de manifiesto que la ejecución de las sentencias es de orden público e interés social, tenemos que la parte quejosa -quien se ostenta tercera extraña a juicio-, solicita la suspensión de los actos reclamados para que se le permita el acceso al inmueble que defiende para seguir gozando de la propiedad del mismo, pues argumenta que es uno de sus principales sustentos, así como para que se impida que la persona a quien se adjudicó el bien, pueda disponer del mismo. Bajo tal aspecto, se considera que no es procedente conceder la medida cautelar solicitada, pues al efectuar un juicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, se asume que debe prevalecer este último sobre aquél, habida cuenta que, de los antecedentes destacados en esta resolución, en una primera aproximación, se advierte, por lo menos indiciariamente, que la aquí quejosa no formó parte del juico de origen 996/2004 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo, pues en dicha controversia intervinieron el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, como parte actora; y, José Guerrero Valencia y Blanca Olivia Plancarte Manzo, como parte demandada y, una vez seguida por todas sus etapas procesales, de la ejecutoria emitida se ha involucrado el inmueble que defiende la aquí quejosa Patricia Delgado Duarte. Todo lo cual implica que, en el caso concreto, debe darse prelación a la ejecución derivada del referido expediente 996/2004, pues como se dijo previamente, el cumplimiento de los fallos resulta de orden público e interés social. Lo anterior ser robustece, tomando en cuenta que la quejosa aduce que adquirió la titularidad del inmueble que defiende, ubicado en la avenida Tepalcatepec número 40 de la unidad habitacional Infonavit los Pochotes de la ciudad de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, en virtud de un juicio ordinario civil 178/2021, sobre prescripción positiva que promovió frente a José Guerrero Valencia, es decir, un juicio más reciente, con respecto a la controversia de la que derivan los actos reclamados en esta instancia constitucional. Además, con la negativa de la medida suspensional solicitada, no debe considerarse que su consumación tenga como resultado, que sus efectos se tornen de imposible reparación, pues de concederse el amparo al resolver el juicio en lo principal, se restituiría a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que, en su caso, le hayan sido violados. De igual forma, no pasa inadvertido que la quejosa se ostenta como adulta mayor, y que manifiesta que el bien inmueble materia del presente juico es uno de sus sustentos ya que de él obtiene aproximadamente $ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), no obstante ello, de sus propias manifestaciones se advierte que dicho inmueble no es su casa habitación, ya que se encontraba en posesión de José Guerrero Valencia y Blanca Olivia Plancarte Manzo, en virtud del contrato de arrendamiento que celebraron, asimismo, que obtiene ingresos como comerciante ambulante -abonera en perfumería- por lo que, en base a los elementos probatorios que se tienen hasta esta etapa, no es dable considerar que de no concederse la suspensión peticionada, se le deje en un estado de vulnerabilidad o que exista peligro en la demora. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.7 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, página 1379, con registro digital 2002824, de rubro y texto: "LANZAMIENTO EJECUTADO. AUN CUANDO SE TRATE DE UN ACTO CONSUMADO, PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN, SIEMPRE QUE SE REALICE UN ANÁLISIS PONDERADO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y DEL INTERÉS SOCIAL, EN ATENCIÓN A LA REFORMA DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE ENTRÓ EN VIGOR EL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE. Conforme a la reforma de la fracción X del artículo 107 de la Carta Magna, que entró en vigor el cuatro de octubre de dos mil once, para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, aunado a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 16, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", estableció que la suspensión del acto reclamado participa de la naturaleza de las medidas cautelares cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora y que, además, éstos deben sopesarse con los otros elementos requeridos para su otorgamiento; con base en la teoría valorada-concreta, inmersa en el nuevo esquema legal que debe considerarse para determinar la procedencia o no de la suspensión del acto reclamado, tratándose de una orden de lanzamiento ya ejecutada, no es válido negar la medida cautelar con el argumento de que se trata de un acto consumado pues, de reunirse los demás requisitos legales para su procedencia, deberá otorgarse para que, entretanto se resuelve el amparo en lo principal, cese el estado de desposesión del inmueble." Asimismo, la Jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, página 672, con registro digital 2011829, de rubro y texto: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado." En esa virtud, con fundamento en el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a la quejosa PATRICIA DELGADO DUARTE, la suspensión definitiva de los actos reclamados, en términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese
- Incidental
En nueve de noviembre de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio 13938. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de noviembre de dos mil veintitrés.********************SIN MAYOR TRÁMITE. Intégrese a los autos sin mayor trámite el oficio signado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, lo anterior, toda vez que dicho oficio ya fue recibido electrónicamente y proveído en auto de dieciséis de octubre del año en curso.********************Cúmplase.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
- Principal
En nueve de noviembre de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo recibidos físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrados bajo el folio 13926. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de noviembre de dos mil veintitrés.********************1. SE RECIBE OFICIO. Intégrese a los autos sin mayor trámite el oficio signado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, lo anterior, toda vez que dicho oficio ya fue recibido electrónicamente y proveído en auto de treinta de octubre del año en curso.********************1.1. SE ORDENA FORMAR TOMO DE PRUEBA. Por otro lado, con el oficio de cuenta la autoridad oficiante remite las copias certificadas del cuadernillo formado con motivo del exhorto ********************, de su índice, con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente; fórmense por separado un tomo de pruebas con dichas constancias.********************2. TERCEROS INTERESADOS. De conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se les reconoce carácter de terceros interesados a:****************************************y ********************, mismos que tiene como domicilio el ubicado en avenida ******************** número ********************, en el ******************** en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo y que son la parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo.****************************************, misma que tiene como domicilio procesal el ubicado en calle ******************** número ********************, en el Fraccionamiento ********************, en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, quien es la adjudicataria del inmueble ubicado en la avenida ******************** número ******************** de la unidad habitacional ******************** ******************** de la ciudad de Apatzingán, Michoacán.********************2.1. SE ORDENA EMPLAZAMIENTO. Por tanto, se comisiona a la actuaria encargada del asunto, a fin de que se constituya en el domicilio de los terceros interesados ********************y ******************** mencionado con anterioridad y lleve a cabo los emplazamientos correspondientes, les corra traslado con copia simple de la demanda de amparo, del auto admisorio y del presente proveído; asimismo, les requiera para que: a) Si lo estiman necesario, comparezcan al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos); y, b) En el acto de la diligencia o en el plazo de tres días, computado legalmente, señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolos que, de no hacerlo, se les practicarán por lista las siguientes, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.********************2.1.1. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar celeridad a la diligencia encomendada, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, a fin de que la Actuaria de la adscripción practique a la brevedad dicha encomienda.********************2.2. SE GIRA EXHORTO. Con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto, vía SISE INTERCONEXIÓN, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, para que por su conducto ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio de la tercera interesada ******************** citado en párrafos que anteceden y le emplace a juicio, por sí o por conducto de su apoderado jurídico ********************, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, del auto admisorio y del presente proveído y le requiera para que: a) Si lo estima necesario, comparezca al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos); b) En el acto de la diligencia o en el plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que, de no hacerlo, se le practicarán por lista las siguientes, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.********************2.2.1. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la habilitación de días y horas inhábiles para que el actuario notificador lleve a cabo la diligencia encomendada.********************Asimismo, se solicita de la manera más atenta, al órgano jurisdiccional exhortado que, lo devuelva a la brevedad, por la misma vía, para los efectos legales que haya lugar.********************3. DIFERIMIENTO. Finalmente, para dar margen a lo anterior y no transgredir los derechos procesales de los terceros interesados mencionados en líneas primigenias, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.********************Notifíquese; y personalmente a los terceros interesados.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
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