Patricia Pineda Macias

Expediente 1144/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1144/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Patricia Pineda Macias

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de nueve de octubre de dos mil veintitrés, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo hayan realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en dicha resolución se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que la autoridad responsable, realice lo siguiente: "a) De conformidad con los artículos 886, 887 y 889 de la ley en comento; ordene de inmediato la elaboración del proyecto de laudo relativo al referido laboral, el cual deberá formularse dentro del plazo de diez días; en su momento, entregar copia del proyecto de laudo a los miembros de la junta responsable; b) De no solicitar la práctica de otras diligencias, dentro del plazo de cinco días, citar a los miembros de la junta para la discusión y votación del proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes; y, c) Una vez aprobado el proyecto, elevarlo a la categoría de laudo y firmarlo de inmediato, mandando notificar a las partes." En consecuencia, dado que dicho cumplimiento es de orden público, el Juez de Distrito debe vigilar su efectivo acatamiento; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la junta responsable para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que reciba notificación del presente auto, cumpla con la sentencia ejecutoria de referencia, sin dilaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1144/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 18005, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. El Juez provee: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, con ellos dése cuenta en la etapa respectiva del desarrollo de la presente audiencia constitucional. Por otro lado, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia, una vez dictada entréguesele la misma. Enseguida se da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta al Juez con las documentales ofertadas por la parte quejosa así como las allegadas por la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. El Juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que exhibió la parte quejosa y autoridad responsable; asimismo, a las demás partes se les tiene por precluído el derecho para ofrecerlas. Abierto el periodo de alegatos la secretaria hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado los formuló. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la citada agente; asimismo, a las demás partes se les tiene por precluído el derecho para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado cinco septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Patricia Pineda Macías, a través de su apoderado jurídico, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la siguiente autoridad responsable: Autoridad responsable: - Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, registrándose en el libro de gobierno con el número 1144/2023, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues se reclama un acto omisivo proveniente de una autoridad laboral con sede en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar laudo correspondiente al juicio laboral 692/2016. Tercera. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Ahora bien, de las constancias que remitió dicha autoridad se advierte que en auto de treinta y uno de marzo del año en curso, dejó los autos en estado de emitir la resolución correspondiente dentro del juicio laboral 692/2016. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. Cuarta. Estudio de las causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, este Juzgado de Distrito no advierte de oficio causa de improcedencia que se actualice en el presente juicio ni alegada por las partes|. Quinta. Estudio de fondo. La parte peticionaria de amparo en el planteamiento formulado básicamente argumentó que el Tribunal responsable vulnera el contenido del artículo 17 Constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es esencialmente fundado el concepto de violación. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que la última actuación realizada dentro del juicio de origen lo es el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual la responsable ordenó turnar los autos para proyecto de resolución del juicio laboral de origen, sin que a la fecha se advierta que haya emitido el laudo respectivo. Lo anterior revela que, como lo sostiene la parte quejosa, la omisión del Tribunal responsable vulnera en su perjuicio el derecho contenido en el artículo 17 Constitucional, pues al omitir formular el proyecto de laudo, origina un retardo o dilación en el procedimiento. En efecto, el artículo 17 Constitucional consagra el derecho de seguridad jurídica, al disponer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Conforme a dicho precepto, las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales están obligadas a impartir justicia pronta, lo cual implica resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la prontitud en la impartición de justicia comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva que dirima la controversia y que tales principios generales, aplicados a la materia laboral, se deben entender referidos al juicio laboral y al laudo. Asimismo, el máximo tribunal del país se ha pronunciado en el sentido de que en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso prevé lo siguiente: "Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador." "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (...)." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. (.)." De la anterior transcripción se advierte que el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, instituye que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción II y 79, de la Ley de Amparo, en un análisis sistemático de los motivos de disenso que formula la parte quejosa en su demanda relativos a la omisión de la responsable de emitir el laudo dentro del expediente laboral 692/2016, son fundados los conceptos de violación, ya que efectivamente se advierte que la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ha incurrido en la dilación de la que se duele la parte quejosa. Por lo que se advierte que la autoridad responsable ordenó turnar los autos para proyecto de resolución, sin que a la fecha se advierta que haya emitido laudo respectivo, violando así el derecho a la administración de justicia pronta al no tramitar el juicio de origen en los plazos y términos previstos en la ley en cita, pues de las constancias que adjuntó a su informe se aprecia que han transcurrido siete meses sin emitir el laudo, lo que trae como consecuencia la dilación del trámite del juicio de origen. En esas condiciones, resulta indudable que la autoridad responsable vulnera los derechos de la parte quejosa, dado que en su calidad de tribunal responsable de la administración de justicia en materia laboral, debe acatar lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo; pues si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado en la solución de las controversias sometidas a su conocimiento; y de actualizarse dicho retardo, se configura la violación al derecho humano previsto en el citado precepto constitucional. Ello, aun cuando en el fondo del asunto llegare a emitirse laudo favorable a los intereses del quejoso, pues aun así, no podrá remediarse la violación de garantías ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. En consecuencia, está demostrada la violación de los derechos reclamados, por tanto, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la junta responsable una vez que cause ejecutoria la presente resolución realice lo siguiente: a) De conformidad con los artículos 886, 887 y 889 de la ley en comento; ordene de inmediato la elaboración del proyecto de laudo relativo al referido laboral, el cual deberá formularse dentro del plazo de diez días; en su momento, entregar copia del proyecto de laudo a los miembros de la junta responsable; b) De no solicitar la práctica de otras diligencias, dentro del plazo de cinco días, citar a los miembros de la junta para la discusión y votación del proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes; y, c) Una vez aprobado el proyecto, elevarlo a la categoría de laudo y firmarlo de inmediato, mandando notificar a las partes. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en la quinta consideración de esta resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Patricia Pineda Macías, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; para los efectos indicados en la parte final de dicha consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se desprende que feneció el término concedido a la responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a fin de que cumpla con la sentencia ejecutoria sin que a la fecha lo haya hecho; lo anterior, toda vez que dicho termino transcurrió del uno al dieciocho de septiembre de actual, ya que el auto de fecha veintinueve de agosto del año en curso se le notificó, por lista el treinta siguiente. Ahora bien, dado que dicho cumplimiento es de orden público, el Juez de Distrito debe vigilar su efectivo acatamiento; por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la referida autoridad responsable para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que reciba notificación del presente auto, cumpla con la sentencia ejecutoria de referencia, o bien informe sobre el cumplimiento de la misma, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia autorizada de la notificación practicada el treinta de agosto del presente año a la demandada ********************) del proveído seis de julio actual, en el que requirió para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de que recibiera la notificación de dicho auto, acreditara los ajustes pertinentes en su presupuesto de egresos o en su caso, las partidas presupuestales adicionales, para dar cumplimiento con el laudo emitido en el expediente de origen, por lo que se encuentra e espera de que la demanda desahogue la vista, o en su caso, fenezca el término concedido. En ese contexto, téngase a la responsable en vías de cumplimiento al fallo protector. En atención a lo anterior, en caso de que la autoridad responsable no informe de manera oportuna sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dentro del plazo de diez días, dése nueva cuenta con autos para realizar el requerimiento respectivo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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