Patricia Ontiveros Sánchez
Expediente 319/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 319/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Patricia Ontiveros Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veinte de agosto de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del veinte de agosto de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-319/2021-DSS, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por anunciadas, admitidas y desahogadas las pruebas referidas con antelación, dada su propia y especial naturaleza. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez provee: se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O Primero. Presentación del escrito de demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Patricia Ontiveros Sánchez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados 1. El no supervisar que se cumpla con lo dispuesto en las circulares 236/2020 y 236/2021 emitidas con motivo del esquema de trabajo en virtud de la pandemia generada por el virus SARS-Cov2 (Covid-19), por las que se modificó la forma de ingreso para la consulta de expedientes mediante citas; y, 2. La omisión de tramitar el juicio laboral de origen conforme a los plazos que prevé para tal efecto la ley de la materia, en específico omitir la remisión del expediente laboral 422/2019 al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en acatamiento a la resolución interlocutoria de veintinueve de enero de dos mil veinte por la que se declaró incompetente la autoridad responsable para seguir conociendo del asunto en cita. Segundo. Admisión de demanda. En auto de veintisiete de abril del dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde; en acuerdo de veinte de julio de dos mil veintiuno se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional Tercero. Celebración Audiencia Constitucional. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados provienen de autoridades laborales con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a fijar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie el acto reclamado consiste en: 1. El no supervisar que se cumpla con lo dispuesto en las circulares 236/2020 y 236/2021 emitidas con motivo del esquema de trabajo en virtud de la pandemia generada por el virus SARS-Cov2 (Covid-19), por las que se modificó la forma de ingreso para la consulta de expedientes mediante citas; y, 2. La omisión de tramitar el juicio laboral de origen conforme a los plazos que prevé para tal efecto la ley de la materia, en específico omitir la remisión del expediente laboral 3A-422/2019, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en acatamiento a la resolución interlocutoria de veintinueve de enero de dos mil veinte por la que se declaró incompetente la autoridad responsable para seguir conociendo del asunto en cita. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado señaló que son parcialmente ciertos los actos reclamados ya que refirió lo siguiente: Por lo que ve al primer acto reclamado consistente en no supervisar que se cumpla con lo dispuesto en las circulares 236/2020 y 236/2021, refiere que únicamente es cierto el proceso que actualmente se lleva para distribuir todas y cada una de las citas realizadas por los justiciables mediante correo electrónico institucional, contestando conforme a la llegada de solicitudes a las que se les asigna en el mismo acto fecha y hora para que acudan a consultar sus asuntos. Y que efectivamente existía la omisión de remitir los autos del juicio de origen a la autoridad que se considera competente, sin embargo, a la fecha ya se cumplió con la remisión del expediente al Tribunal de Conciliación de esta ciudad. Lo anterior se corrobora con las documentales remitidas por dicha autoridad, las cuales adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuarto. Improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en que la responsable omita o no supervise que se cumpla con lo dispuesto en las circulares 236/2020 y 236/2021 emitidas con motivo del esquema de trabajo en virtud de la pandemia generada por el virus SARS-Cov2 (Covid-19), por las que se modificó la forma de ingreso de los justiciables para la consulta de expedientes mediante citas Luego, a efecto de exponer las razones por las cuales se concluye en ese sentido, se estima conveniente citar el artículo de la Ley de Amparo, que es aplicable al caso: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Del anterior precepto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En este supuesto, la improcedencia deviene de un hecho extraordinario y que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe subsistir, desaparezca, por lo que ya no es dable que el acto lesione a la parte quejosa. Situación ésta que ocurre en el caso, debido a que si bien legalmente subsisten las circulares 236/2020 y 236/2021 como nuevo esquema de trabajo ante la junta responsable para le generación de citas a efecto de que acudan las partes a consultar expedientes, sus consecuencias ya no surten efecto legal alguno, con motivo de la resolución interlocutoria de incompetencia emitida por la autoridad responsable el veintinueve de enero de dos mil veinte. Además de que el expediente laboral 422/2019 fue remitido a diverso órgano jurisdiccional para su estudio correspondiente. Lo anterior, conduce a sostener que en la especie se actualizada la causal de improcedencia precisada, porque aun cuando subsista la omisión o negativa en supervisar que se cumpla con lo dispuesto en las circulares 236/2020 y 236/2021, lo cierto es que ya no puede afectar a la parte quejosa por haber dejado de existir el objeto. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con número de registro 173858, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Luego por lo que ve al diverso acto reclamado consistente en la omisión de tramitar el juicio laboral de origen conforme a los plazos y términos que prevé para tal efecto la ley de la materia, en específico omitir la remisión del expediente laboral 3A-422/2019, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, este Juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. La cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia III.2o.C. J/22 consultable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la Jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, para la resolución del presente asunto se tiene a la vista la documental que remitió la autoridad responsable consistente en copia certificada del oficio 801/2021.JLHT, en el que se advierte sello de acuse con data ocho de junio de dos mil veintiuno en la que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, tuvo por recibidos los autos del juicio laboral 3A-422/2019, tramitado inicialmente ante la autoridad responsable Circunstancia de la que se aprecia que al momento de promover la demanda de amparo (veintisiete de abril de dos mil veintiuno) existía el acto reclamado consistente en la omisión de remitir los autos del juicio natural al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad a efecto de que se pronuncie en atención a la competencia que le fue declinada por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; sin embargo, durante el transcurso del presente juicio -ocho de junio del año en curso- el referido tribunal tuvo por recibidos los autos de la contienda de origen, por lo que debe estimarse que dicho acto cesó en sus efectos. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, como en la especie se actualizan las causas de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XXI y XXII, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos en cita, mismos que fueron atribuidos a la autoridad responsable Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en el considerando cuarto de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Patricia Ontiveros Sánchez, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en párrafos que anteceden. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintiuno.**************************************** Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mismas que se tuvieron por recibidas en proveído de quince de julio del año en curso.****************************************Por tanto, para dar lugar a lo anterior y no violar las normas esenciales que rigen el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con treinta minutos del veinte de agosto de dos mil veintiuno.****************************************Notifíquese por lista.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.marilyn************************************************************
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese en autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, quien en cumplimiento al requerimiento realizado dentro del presente juicio remite las constancias que acreditan que remitió el expediente laboral 3A/442/2019, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que remite. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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